miércoles, 7 de julio de 2010

UN PARTIDO DESBORDADO POR LA CORRUPCIÓN

El PP valenciano se refugia en la teoría de la conspiración para mantener la cohesión interna

JOAQUÍN FERRANDIS / MARÍA FABRA - Valencia / Castellón -

Los populares valencianos sufrieron ayer una nueva réplica del seísmo de la corrupción. Con las estructuras ya debilitadas por el caso Fabra y los sucesivos escándalos del caso Gürtel, la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acabó por deprimir el precario estado de ánimo de la militancia popular.

El jefe del Consell reclama que se preserve la unidad del partido

González Pons alimenta la teoría conspiratoria contra el PP

La Diputación dice, pese a los hechos, que no hay cargos contra Ripoll

La principal preocupación del PP fue la de intentar mantener la imagen de unidad del partido por encima de reproches y enfrentamientos internos. Y ello, pese a que algunos cargos campistas no pudieron reprimirse a lo largo de la jornada y llegaron a solicitar, en privado, medidas disciplinarias contra su principal enemigo, el zaplanista José Joaquín Ripoll.

Fuentes del PP indicaron que el propio presidente de la Generalitat se esforzó por mantener la imagen de unidad y evitar declaraciones altisonantes. Las mismas fuentes indicaron que Camps argumentó en privado que lo sucedido con Ripoll demuestra que se trata de una causa general contra el PP.

En ese contexto, el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, criticó a última hora de ayer "la acción propagandística" desarrollada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Da la sensación de que, más que ante una operación de la policía, estamos ante una acción propagandística de Rubalcaba", dijo González Pons. El dirigente popular indicó que al ministro "le ha salido el tiro por la culata porque ha intentado que el PP se pase la semana previa al debate sobre el Estado de la nación dando explicaciones sobre la Diputación de Alicante y al final se pasará la semana explicando cómo se hace un despliegue policial tan exagerado para nada".

Para sustentar la teoría de la conspiración, González Pons recurrió a un comunicado de la propia Diputación de Alicante que anoche aseguraba, en contra de las evidencias, que Ripoll había sido puesto en libertad sin cargos por el juez.

En ese contexto, la prioridad de los populares, que hoy analizarán el impacto de la detención en la opinión pública, es evitar que las discrepancias sobre la situación interna del partido empiecen a aflorar en público. El presidente de la Generalitat no tiene hoy agenda pública prevista y personas de su confianza, como el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, anularon sus actos previstos para hoy, presumiblemente con la intención de evaluar los daños y reconducir su estrategia. Especialmente en la provincia de Alicante, donde el PP está fracturado entre zaplanistas y campistas. Sin embargo, la situación judicial de los principales dirigentes del PP valenciano no deja mucho espacio para tomar aire. Los populares están pendientes de los recursos interpuestos contra el auto del magistrado Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Madrid, que ha decidido inhibirse en favor del TSJCV en la mayor parte del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Un auto que puede traducirse en la imputación por varios supuestos delitos, como financiación irregular o delito electoral, de nuevos aforados del PP.

Además, Presidencia de la Generalitat está muy pendiente de la imputación por cohecho pasivo impropio que instruye el juez José Flors del Superior de Valencia contra el propio Camps, el ex secretario regional del PP Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos.

En Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, se enfrenta a la imputación por tres delitos, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que están a punto de sentarle en el banquillo frente a un tribunal de jurado. De momento, el titular del juzgado número 1 de Nules ha rechazado todos los intentos de Fabra de archivar la causa y el juez mantiene que hay indicios suficientes de su mediación ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de agilizar las licencias de los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, que fue quien le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Carlos Fabra, probablemente, se sentará también en el banquillo, acusado de cinco fraudes fiscales. En Castellón, el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón también está imputado, Vicent Aparici, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel por un presunto delito de prevaricación medioambiental.

Y por si fuera poco, la detención de Ripoll acabó por salpicar el reducto zaplanista que parecía ajeno a la corrupción.

* Fenoll: negocios y política

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"CASO BRUGAL"; INTERIOR ASEGURA QUE LAS DETENCIONES DE ALICANTEN"SON PERFECTAMENTE LEGALES"

Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

El ministerio rechaza la denuncia del PP de que actuó sin supervisión judicial.- El TSJ valenciano aclara que los registros tenían permiso y que los agentes pueden citar a un investigado para que acuda al juzgado

EL PAÍS / S. N. - Madrid / Alicante

El Ministerio del Interior ha salido al paso de las acusaciones del PP sobre la operación desarrollada ayer en Alicante y que se saldó con 11 detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll. Tras las dudas lanzadas sobre la actuación policial por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ha acusado esta mañana a Interior de suplantar la función del juez, el ministerio ha asegurado que las detenciones "son perfectamente legales" y que los registros realizados ayer en diversas instituciones y empresas de Alicante y Orihuela relacionadas con un supuesto caso de corrupción, se hicieron con autorización judicial, lo que "evidencia" que es un juez quien dirige la operación.

El PP ha rechazado esta mañana entrar en el fondo del escándalo por las detenciones practicadas por la policía ayer en Alicante, pero sí ha mostrado su indignación por el momento y la forma de realizarlas. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de haber puesto en marcha la operación sin tener autorización del juez, aunque ha obviado, por ejemplo, que los arrestos habían sido ordenados por la Fiscalía Anticorrupción.

"Las detenciones de ayer fueron confusas, están rodeadas de misterio y echan tufo de detención publicitaria y política para echar una mano a Zapatero ante su debate sobre el estado de la nación más difícil", ha insistido el dirigente popular durante una comparecencia ante la prensa, en la que acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al departamento que dirige de conculcar derechos fundamentales. González Pons llegó a decir que con Rubalcaba al frente de Interior "las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en riesgo".

González Pons ha añadido que "la policía mintió" y que "no había ni pruebas ni orden judicial para las detenciones, que", ha dicho, "se decidieron desde Madrid". "Alguien está suplantando la función de alguien de forma gravísima", ha acusado.

Fuentes de Interior citadas por Europa Press subrayan que la Policía Nacional tiene competencias para detener a un sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la autorización expresa del juez que dirige las pesquisas. También han destacado que las detenciones practicadas ayer son "perfectamente legales", son "habituales" en este tipo de operaciones y que los registros se realizaron con autorización judicial. Además, otras fuentes del caso indican que las inspecciones de ayer se realizaron en presencia de un secretario judicial.

La polémica en torno a la operación policial, que ya criticó ayer el PP, se ha intensificado a partir de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que afirma que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que lleva el caso, no había ordenado ninguna detención ni había imputado a los arrestados. Según Interior, no hay diferencia de criterio con el TSJ y esa aclaración del juzgado se debe a que en el comunicado enviado anoche por Interior se indica que a los detenidos "se les imputan, según el caso, delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

La nota del TSJ añade, en otro punto que ha causado controversia, que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial" cuando se inició este caso, que está bajo secreto de sumario. El presidente de la Diputación de Alicante, sin embargo, tiene una citación para declarar ante el juez mañana y la ha leído hoy ante los periodistas. Al respecto, Interior indica que el juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.

En un segundo comunicado en el que pretende "aclarar" la "confusión", el TSJ insiste en que el juez no ha firmado una citación, pero añade que "la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial". "La Policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa el juez para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que consideren oportunos", explica. El TSJ también indica que esta mañana no tenía comunicación oficial del número de personas detenidas ni las fechas en que podrían comparecer ante el juzgado. No obstante, el comunicado admite que se consultaron los horarios y la disponibilidad del juzgado. Pero solo a media tarde de hoy, "el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto". El TSJ también confirma que el juzgado de Orihuela autorizó las entradas y registros de ayer.

Sereno, pero preocupado

Poco antes de la intervención de González Pons, compareció ante los medios de comunicación el propio Ripoll, que ha dado detalles de su arresto de 12 horas, sereno, aunque con cara de preocupación: "Se presentó en mi domicilio una unidad de policía, y me comunicó que estaba detenido. (...) Me cogieron en mi casa a las ocho de la mañana en pijama, con corrección absoluta, pero ya sabe que en el ámbito familiar estas cosas son distintas. Me hicieron unas 10 o 12 preguntas, y yo las respondí. Se me llevó a comisaría, y se me dio la cédula de citación para ir a declarar ante el juzgado de primera instancia número tres de Orihuela. (...) [Además,] se registró mi domicilio, mi despacho y el de mi secretaria, y se me requirió el plan zonal XVII, de Orihuela".

"Desconozco de qué se me acusa", ha asegurado Ripoll antes de advertir de que sólo iba a "contar lo que se puede contar", porque el caso está bajo secreto sumarial. Mañana debe comparecer ante el juzgado a las dos de la tarde. Ripoll ha explicado que la Policía no se llevó ninguna documentación de su domicilio, pero sí de la Diputación de Alicante, donde los agentes pidieron el expediente de la adjudicación de las instalaciones de tratamiento de basuras de la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante. Esa adjudicación es el centro de la investigación por supuesta corrupción.

Y poco más ha contado el dirigente popular: que su estado de ánimo es "bueno", y que ayer habló por teléfono desde su casa con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el líder del PP, Mariano Rajoy. Preguntado sobre esta última conversación, dijo antes de prorrumpir en carcajadas: "Si yo le contara todo lo que me cuenta Rajoy cuando me llama". En cualquier caso, sí aclaró que el presidente popular le "transmitió todo su ánimo y apoyo".

Ripoll, que ha regresado hoy al trabajo en la Diputación, ha leído textualmente la citación que mañana le llevará ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. La cita es a las dos de la tarde.

Más información:
* Un empresario de la automoción y el gerente de Sufi, entre los 11 detenidos por supuesta corrupción en Alicante
* La policía detiene 12 horas al líder del PP de Alicante por presunta corrupción
* La mafia de la basura pasa factura al PP
* Fotografía: Ripoll afirma que desconoce de qué se le acusa
* Video: El PP califica la detención de Ripoll de "publicitaria y política" - 07-07-2010
* Audio: Ripoll lee la citación para declarar en el juzgado
* Documento: Comunicado del TSJ de Valencia (PDF - 35,5Kb) - 07-07-2010
* Documento: Segundo comunicado del TSJ valenciano (PDF - 30,5Kb) - 07-07-2010

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; LA CONFUSA DETENCIÓN DE RIPOLL

Las contradicciones

Iván Pérez | Francisco Álvarez | Valencia

La detención este martes del presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, por parte de la Policía Nacional, ha destapado la caja de los truenos en la escena política y también en la judicial. Las versiones sobre el desarrollo de la operación son confusas y contradictorias.

Y es que si el propio Ripoll ha admitido que está citado a declarar este jueves, el TSJ valenciano, en nombre del juez instructor de Orihuela, ha comunicado que no hay imputación alguna y que, además, no ha habido ninguna orden judicial para arrestar al presidente de la Diputación de Alicante ni citación alguna para los implicados.

1. Detenido, según la Policía. La propia Policía Nacional reconoció el martes la detención del presidente de la Diputación de Alicante y máximo responsable del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, y de otras 10 personas, entre ellas tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Doce horas después, Ripoll quedó en libertad (al igual que el resto de los detenidos) tras prestar declaración en la Comisaría Provincial de Alicante con la incógnita de si pesaba sobre él cargo alguno.

Al respecto, la Policía tampoco arrojó demasiada luz en su comunicado oficial, emitido ya durante la noche. "Según los casos -en alusión al grueso de los detenidos-, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias,prevaricación, fraude y encubrimiento", apunta.

Los arrestos, según dicho comunicado, se enmarcan dentro de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado número 3 de Orihuela y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y que podría estar vinculada con las adjudicaciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja y el denominado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

2. Sin orden de arresto, según el juez. El Juzgado de instrucción número 3 de Orihuela investiga desde mayo de 2007 lo que se conoce como el caso Brugal, una trama de supuestas extorsiones y sobornos en las contrataciones de los servicios de recogida de basuras en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante).

Precisamente el juez que instruye el caso ha plagado de interrogantes el desarrollo de la operación través de un comunicado emitido por el TSJ valenciano. El magistrado ha asegurado que no ordenó la detención judicial de ninguno de los implicados en la presunta trama y, además, que tampoco tiene previsto citar a declarar como imputados ni al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ni al resto de detenidos.

Tal ha sido la confusión, que el juzgado número 3 ha emitido una nueva nota informativa a media tarde en la que ha atribuido a la Policía tanto las detenciones como las citaciones a los imputados.

Desde el Ministerio del Interior precisan que el arresto se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional paradetener a un sospechoso sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

3. Ripoll, citado a declarar. Sin embargo, el presidente de la Diputación de Alicante ha confirmado que la Policía le entregó una cédula de citación que le reclama este jueves, 8 de julio, para declarar en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela.

Según ha manifestado, "nadie me ha dicho de qué se me acusa". El presidente del ente provincial ha añadido que "me presentaré mañana en el juzgado a las dos del mediodía", tras manifestar su "máximo respeto y colaboración" a la autoridad judicial.

4. Los matices de la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, también ha dado su propia versión de los hechos. Si bien admite que no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del 'número 3' de Orihuela, aclara que sí contaban con un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.

Según fuentes del Ministerio Fiscal, recogidas por Europa Press, la operación desarrollada está amparada totalmente por el mandamiento del juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.

La Fiscalía de Alicante admite que se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, aunque finalmente Anticorrupción desechó esta opción.

5. El PP exige explicaciones. Las distintas explicaciones no han satisfecho al PP que por mediación de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha acusado a la Policía Nacional de "mentir" en la nota de prensa emitida el pasado martes sobre la operación.

El portavoz 'popular' ha destacado el hecho de que en la nota de prensa policial se decía que a los detenidos se les imputaba una serie de delitos, y los enumeraba, mientras que en la nota judicial se señala que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas".

"Exigimos una aclaración del Ministerio del Interior de todos los puntos oscuros", aseveró el portavoz del PP. Según González Pons, "los hechos son de tal gravedad que el ministro debe de aclararlo de inmediato". "Todo esto creemos que merece una explicación", ha apostillado.

Además
* El juez aclara que no ordenó detener a Ripoll
* El PP acusa a la Policía de mentir sobre la detención de Ripoll
* Lea el comunicado del TSJ valenciano | Citación a Ripoll
* Reacciones: Lorente | Barberá | Ortiz | Peralta | Alarte

elmundo.es

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ ATRIBUYE A LA POLICÍA LA DETENCIÓN Y LA CITACIÓN DE RIPOLL

Ha conocido esta tarde que Ripoll declarará mañana

* Asegura que no ha expedido ninguna orden de detención ni de detención
* Recuerda que la Policía tiene la potestad de arrestar a un sospechoso

Francisco Álvarez | Valencia

El cruce de comunicados y versiones contradictorias sobre el arresto del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, continúa. El juzgado número 3 de Orihuela no sólo insiste en que no había ordenado detención alguna. También dice conocer, sólo por vía extraoficial, las fechas de las citaciones que la Policía entregó a los arrestados. Según este documento, Ripoll tendrá que declarar mañana jueves.

El juzgado que instruye el 'caso Brugal' ha remitido un nuevo comunicado, a través Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para arrojar más luz sobre el operativo que el pasado martes se saldó con 19 registros y 11 detenciones. La nota informativa se suma a la emitida esta mañana, en la que se niega que Ripoll haya sido detenido por orden del juez.

En la práctica, el magistrado atribuye a la Policía tanto las detenciones como las citaciones que recibieron en comisaría los implicados, que deberán declarar ante el juez durante los próximos días. Asegura en la nota informativa que la iniciativa en ambos casos no es suya.

Ni orden expresa, ni tácita
El juez insiste en que no ha expedido ninguna orden de arresto, "ni expresa ni tácita", aunque recuerda que la Policía es competente, en el transcurso de una operación, "para efectuar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno".

Asimismo, recuerda que el juzgado tampoco ha expedido ninguna citación para que declaran ante el magistrado. De nuevo delega la responsabilidad en la Policía Nacional.

Según el comunicado, "tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez, para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que consideren oportunos".

Información extraoficial
Sin embargo, el juzgado número 3 de Orihuela no estaba al día de los arrestos y citaciones efectuadas por los agentes. Según este comunicado, no han sido informados por la Policía hasta la tarde de hoy, de forma verbal y, por tanto, no oficial.

De hecho, más allá de la información aparecida en los medios de comunicación, el Juzgado no tenía constancia de que los implicados en el caso fueran a declarar en los próximos días.

Precisan, no obstante, que con anterioridad a la operación sí fueron consultados por los horarios y la disponibilidad del juez ante hipotéticas tomas de declaración.

Además
* Documentos: Primer comunicado | Segundo comunicado
* El último reducto 'zaplanista' | Enrique Ortiz, bajo sospecha
* El líder 'popular' dice que no sabe de qué le acusan

elmundo.es

"CASO BOMSAI"; EL EX SOCIO DE POL AFIRMA QUE LE HIZO FALSEAR TRES FACTURAS

Juan Mas ha declarado ante el juez que el ex director de Emergencias le pidió que falsificara facturas por 140.000 euros por trabajos no realizados

EFE. PALMA Juan Mas, ex socio del que fue director de Emergencias en la pasada legislatura, Joan Pol, ha afirmado hoy al juez del "caso Bomsai" que Pol le hizo falsificar tres facturas por 140.000 euros a una empresa que no conocía y por trabajos que no se hicieron, dinero que se baraja como posible soborno al ex director.

Mas ha comparecido hoy ante el juez Joan Catany como imputado en este caso de supuesta corrupción durante la pasada legislatura del PP, en el que se investiga el desvío de fondos y sobornos en la adjudicación de obras públicas, principalmente del nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salud y Consumo.

El imputado era dueño de la empresa Masal Urbis junto con Joan Pol, aunque finalmente se desvinculó de la sociedad por problemas "políticos" con el ex director general, según ha explicado al juez.

En las diligencias del caso se investiga si estos 140.000 euros fueron un soborno a Pol por parte de la empresa que los abonó, Iturri, dedicada a la seguridad y que suministró material a las obras del parque de bomberos.

Mas, que fue presidente de Nuevas Generaciones del PP y luego dejó la política para ser empresario, ha apuntado en todo momento a Pol, en quien ha dicho que antes tenía la confianza de "un hermano" y ahora de "cero", como la persona que le dijo qué concepto e importe tenía que poner en las facturas.

Ha añadido que después de que Pol declarara en la policía, barajó la sospecha de que el dinero facturado a Iturri procediera de una comisión política relacionada con el parque de bomberos y que, por ello, preguntó insistentemente a su socio sobre estas facturas.

Ante estas preguntas, Pol le dijo que confiara en él y que no le crearía "ningún problema", ya que era una cosa "particular suya".

También ha declarado hoy ante el juez, esta vez como testigo, la la consejera delegada de Sampol Ingeniería y Obras, Carmen Sampol, cuya empresa formó parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de la nueva sede de la Conselleria de Salud.

Sampol ha calificado de "salvajada" las cantidades que se tenían que pagar a la consultora Atlas Capital -que servía supuestamente para desviar fondos- por su trabajo técnico de elaboración de los pliegos del concurso de concesión de la sede de la Conselleria.

En concreto, la UTE tuvo que pagar a Atlas -representada en Baleares por Jaime Fluxá, de Unió Mallorquina- un 1,8 por ciento del coste global de la obra en concepto de "honorarios de éxito", un concepto que, según ha declarado hoy Sampol al juez, le pareció excesivo dado que los pliegos eran "muy sencillos".

Sampol ha afirmado, asimismo, que es la primera vez que ve este tipo de honorarios a una empresa privada tratándose de una obra pública.

Además, la consejera de la empresa ha explicado que se tuvo que pagar a Atlas 12.000 euros por traducir los pliegos al catalán, cosa que, según ha añadido, no le consta que se hiciera.

Preguntada acerca de las declaraciones de Pol sobre su amistad con la familia Sampol, ha afirmado que el ex director es un "sinvergüenza", ya que esto mentira dado que las relaciones entre ellos son "muy malas"

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"CASO IBATUR"; LOS PRINCIPALES IMPUTADOS DEPOSITAN SUS FIANZAS

Alía y Alabern, el ex secretario del organismo Bonet y el publicista Velasco han constituido las fianzas por un total de 730.000 euros .

EFE. PALMA Los directores del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) la pasada legislatura, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, el ex secretario del organismo Miquel Àngel Bonet y el publicista Juan Velasco han constituido las fianzas por un total de 730.000 euros que les fueron impuestas para quedar en libertad.

Los cuatro han depositado hoy las fianzas de 30.000, 350.000, 100.000 y 250.000 euros, respectivamente, que les impuso el pasado sábado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope sola, para eludir la prisión por presunta corrupción, han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Las fianzas han sido constituidas a lo largo de esta mañana ante dicho juzgado, que es el que lleva las diligencias previas por esta causa que investiga la presunta trama de malversación de fondos públicos en torno al Ibatur durante la legislatura 2003-2007.

En el caso de Alía, la fianza de 30.000 euros ha sido constituida en metálico. Alabern también ha completado esta mañana la tramitación de la fianza de 350.000 euros, en su caso mediante un aval hipotecario.

En cuanto al copropietario de la agencia de publicidad Clave, Juan Velasco ha presentado un aval bancario por la fianza de 100.000 euros.

El ex secretario de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, ya había sido detenido en febrero de 2009 por un supuesto delito de malversación y entonces quedó en libertad tras pagar 85.000 euros de fianza. Por ello, de los 250.000 que le impuso el juez el sábado por los nuevos delitos, ha constituido hoy mediante aval 165.000 euros restantes.

Para el quinto detenido que pasó a disposición del juez el pasado sábado, el empresario de "cátering" Kamal Dorai, que realizó trabajos para el Ibatur en ferias internacionales, el magistrado dictó libertad con cargos y le impuso la retirada del pasaporte.

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"CASO SON OMS"; VICENS PIDE EL INDULTO AL GOBIERNO

El ex diputado autonómico también ha solicitado la suspensión de ejecución de su condena

EFE. PALMA El ex diputado autonómico de Unió Mallorquina (UM) Bartomeu Vicens ha pedido al Ministerio de Justicia el indulto por su pena a 3 años de cárcel por un delito de malversación, así como la suspensión de la ejecución de esta condena mientras se resuelve esta petición.

Vicens ingresó ayer en la prisión de Palma para cumplir esta condena, que es firme ya que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo (TS), convirtiéndose en el primer diputado autonómico balear que ingresa en la cárcel por un caso de corrupción.

Según ha informado hoy su abogado, Eduardo Valdivia, la petición de indulto ante el Gobierno central se ha registrado hoy, así como la de suspensión de la pena, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El encarcelamiento de Vicens, ex portavoz de UM en el Parlament balear y ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca, se produjo tras la condena firme del TS referida al "caso Son Oms".

La sentencia considera probado que el Consell de Mallorca pagó en la pasada legislatura, cuando era gobernado por UM y PP, 12.020 euros al contable de Vicens -que trabajaba gratis para el ex diputado- por un informe plagiado de internet sobre el valor del suelo en la isla, el cual no aportó ninguna utilidad a los intereses públicos.

Por este motivo, el Supremo condena a Vicens, quien abandonó su escaño en el Parlamente balear tras la condena el TSJIB, a 3 años de cárcel y seis de inhabilitación por el delito de malversación y a siete años de inhabilitación por el de prevaricación, modificando así la condena del TSJIB a 4 años y medio de prisión.

Vicens aún tiene pendiente varias imputaciones en causas de corrupción, en concreto en los casos "Plan Territorial de Mallorca", "Can Domenge" y "Maquillaje".

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