viernes, 4 de septiembre de 2009

"GURTEL" SE COBRA OTRA VÍCTIMA: EL EMPRESARIO MARTÍNEZ NÚÑEZ (TECONSA) SUSPENDE PAGOS


@Alberto Mendoza.

José Luis Ulibarri. (Efe)

La onda expansiva del caso Gürtel derribó ayer al empresario leonés José Martínez Núñez. Su constructora, Tecnología de la Construcción (Teconsa) solicitó concurso voluntario de acreedores con un volumen de impagos de 30 millones de euros. La suspensión de pagos llega tras el fracaso de la negociación para refinanciar la deuda con diversas entidades bancarias. Teconsa venía tambaleándose desde que el juez Garzón la relacionó en marzo con adjudicaciones fraudulentas llevadas a cabo a través de la trama de Francisco Correa.

Pero Teconsa no es un caso aislado. La ramificación del caso Gürtel en Castilla y León ha cambiado el panorama del poder empresarial en esta comunidad. Martínez Núñez y su principal rival, José Luis Ulibarri, también implicado en Gürtel, han pasado de ser los reyes de la construcción, la obra pública, los medios de comunicación y las influencias políticas a convertirse en unos “apestados con los que nadie quiere retratarse”, según fuentes cercanas al ámbito empresarial y político leonés.

A la preocupación existente en Castilla y León por el futuro de Teconsa y sus 650 empleados se suma el “morbo” de que los dos empresarios estrella de la comunidad, adversarios acérrimos, se hallen en dificultades económicas y salpicados por el caso de corrupción más relevante de España. Martínez Núñez es conocido por su carácter autoritario, que a lo largo de su carrera como empresario ha sido acusado de asuntos tan rocambolescos como el de estar detrás del intento de asesinato, en el año 2000, del consejero gallego José Cuiña.

Quienes han estado a las órdenes de Martínez Núñez califican de “dictatorial” su modo de gestionar sus negocios, pero también destacan su habilidad para conseguir los favores de los políticos castellanoleoneses. Este constructor formó parte en los años 80 del Consejo de Administración del Diario de León, donde trató de imponer una cerrada línea editorial. Al no conseguirlo, apostó por La Crónica de León, medio que utiliza para reforzar sus intereses empresariales y como método de persuasión ante la clase política. Sin embargo, tras la ruptura de su alianza con El Mundo, en 2007, La Crónica ha perdido buena parte de sus lectores, un anticipo de lo que sucedería con el resto de su negocio.

Relaciones con la trama de Correa
De acuerdo con la instrucción de Gürtel, Teconsa consiguió que la Junta de Castilla y León le adjudicara la variante de la carretera de Olleros de Alba por 2,15 millones gracias a la intermediación de la trama corrupta. De ese importe, 73.650 euros habrían ido a parar a manos de Correa, “que los distribuyó entre personas que hicieron posible la adjudicación”.

El ex consejero de Fomento y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, hoy diputado del PP por Segovia, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el marco de Gürtel. Esta misma semana, el Congreso comenzó a tramitar el suplicatorio por el que el Parlamento retirará el privilegio de aforado a Merino, permitiendo así la investigación del imputado Merino.

Por otra parte, Garzón señaló en sus diligencias que, según la investigación policial, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas habría sido una de los intermediarios. Además, el también imputado Ramón Blanco, presuntamente encargado del blanqueo de capital de la trama, formaba parte de los órganos de administración la empresa de Martínez Núñez. Blanco, ex consejero delegado de Repsol e íntimo amigo de José María Aznar, sirvió a Correa también para convencer a relevantes empresarios de que participaran en el fondo inmobiliario Real State Equity Portfolio S.L. El responsable de esta sociedad, junto a Correa, no era otro que Jacobo Gordon, ex socio de Alejando Agag, y también imputado en la trama.

ELCONFIDENCIAL.COM

LA JUNTA SEÑALA AL CONSISTORIO COMO ÚNICO RESPONSABLE DEL "CASO MERCASEVILL"

TRIBUNALES | El ex director acusó a Rivas de ordenar la petición de comisiones

* «La Consejería de Empleo no es el pim, pam, pum del debate municipal»
* El PP acusa a Empleo de burlar el código ético del PSOE al no cesar a Rivas

María Rionegro | Sevilla

El caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla está dejando en evidencia la 'lucha' en el PSOE por salir indemnes del escándalo político. Mientras que el Ayuntamiento –accionista mayoritario de la empresa– insiste en que «no hay ni un sólo euro de las arcas municipales en juego», la Junta de Andalucía pretende desligarse del caso intentando que el gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín cargue en solitario con el desgaste político de Mercasevilla.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, se mostró ayer evasivo ante las preguntas del Partido Popular durante la sesión parlamentaria, sin embargo quiso dejar claro dos términos que minimizan supuestamente la intervención de la Junta en el ‘caso Mercasevilla’.

Por un lado, Fernández cuestionó que la Consejería de Empleo tuviera que hacer frente «a este asunto», ya que los hechos investigados tan sólo se refieren «a una empresa municipal en la que Empleo no forma parte ni de su consejo de administración, ni de sus órganos gestores, ni de su patronato». Igualmente, el consejero puso la mano en el fuego por defender la inocencia del delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas –imputado por cohecho y fraude–, para el que pidió que se respete su «presunción de inocencia».

Culpas y exculpaciones
Fernández fue más allá. A falta de que el delegado provincial preste declaración ante el Juzgado de Instrucción número 6, que investiga el ‘caso Mercasevilla’, el próximo mes de noviembre, el consejero se señaló como la persona que autorizó y tramitó la subvención de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela hostelera, cuya explotación estaría a cargo de La Raza.

Fue, precisamente, en una de estas reuniones entre la dirección de Mercasevilla y los empresarios cuando el director, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, –ambos imputados– solicitaron, presuntamente, a La Raza el pago de 450.000 euros en comisiones ilegales. Según señaló Mellet, una petición efectuada por orden de Rivas. A cambio, el grupo hostelero recibiría la explotación de «todos» los catering que organizara el Ayuntamiento hispalense.

La reacción de Antonio Fernández se produjo después de que el diputado y portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, le interpelara por el papel de la Consejería de Empleo en el escándalo. Pero tantas explicaciones no convencieron a la oposición. Zoido acusó al consejero de «saltarse el código ético» del PSOE al no haber cesado al delegado provincial de Empleo por su imputación «porque en Mercasevilla se han producido extorsiones».

ELMUNDO.ES

EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA DESPIDE A ROCA, CEREBRO DEL "CASO MALAYA"

URBANISMO
Mantenía su puesto pese a estar en prisión


El ex asesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca. | elmundo.es

efe | Málaga

El Ayuntamiento de Marbella despidió el pasado 24 de agosto al ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción del 'Caso Malaya', Juan Antonio Roca, quien pese a estar en prisión con sentencias firmes mantenía su puesto en el consistorio, según ha informado el PSOE.

La portavoz municipal socialista, Susana Radío, ha explicado que la resolución estima el despido disciplinario de Roca por comisión de una falta grave consistente en "falta repetida e injustificada a su puesto de trabajo" en el Organismo Autónomo Local Servicios Operativos desde el 31 de marzo de 2006 -cuando se detuvo por el caso Malaya- hasta la actualidad de modo ininterrumpido.

La resolución, facilitada a los periodistas por el PSOE, expresa en sus fundamentos legales que "las ausencias al puesto de trabajo por hallarse en prisión una vez recaída sentencia firme dejan de tener carácter de causa de suspensión provisional del contrato de trabajo para configurar causa de despido disciplinario".

En este sentido, el documento indica que hasta el momento el contrato que Juan Antonio Roca mantenía con el consistorio estaba en suspensión provisional al estar en situación de prisión preventiva por el referido 'Caso Malaya' tras su arresto.

El texto hace referencia en los hechos probados a que el ex asesor urbanístico ha sido condenado como autor de dos delitos de tráfico de influencia a la pena de nueve meses de prisión por favorecer económicamente a los promotores que constituyeron la empresa Belmonsa SA.

Por su parte, el abogado de Roca presentó alegaciones solicitando el archivo de este expediente al considerar que su defendido, al estar en prisión preventiva, tenía su contrato de trabajo en suspenso hasta que recayese sentencia firme y ejecutoria.

Desde el Ayuntamiento entienden en el documento resolutivo que queda acreditado en los autos 513/04 (cuyo contenido no ha sido precisado) que ya ha recaído sentencia que tiene carácter firme con respecto a Juan Antonio Roca.

El concejal del PSOE Daniel Pérez, que es abogado laboralista, ha señalado que el despido debería haberse fundamentado en estas dos sentencias (la de Belmonsa y la de los autos 513/04) y no en sus ausencias al puesto de trabajo y añade que al tener conocimiento el Consistorio de estas decisiones judiciales debería haberse hecho efectivo antes el despido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz (PP), ha confirmado el despido, al no tener Juan Antonio Roca cabida en la nueva estructura del Consistorio de esta localidad malagueña.

"Tal y como tenía previsto, el Ayuntamiento siguió los pasos que establecieron los asesores responsables de Departamento de Personal", ha asegurado Muñoz, quien ha abogado por despedir a aquellas personas que no tienen cabida en el Consistorio y "darle todas las garantías a los trabajadores que cumplen con la labor exigida por el puesto que desempeñan".

En cuanto a los motivos esgrimidos para la restricción del contrato, Muñoz ha señalado que podría ofrecer "muchísimas razones políticas". "Los técnicos y los asesores de este Ayuntamiento han presentado las razones que tengan mayor peso ante un posible recurso por parte de Roca. De esta forma, en caso de que pueda recurrir para su readmisión, tendrá el menor resquicio posible de que pueda ser admitido", apostilló.

Además
* Lea la resolución de despido
* Quién es quién en el 'caso Malaya'
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ELMUNDO.ES

EL EX DIRECTOR DE IBATUR, RAIMUNDO ALABERN, DECLARA ANTE EL JUEZ

PALMA ARENA | Hoy tambíén lo hará el ex regidor de Hacienda

Efe | Palma

El ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Raimundo Alabern ha comenzado a prestar declaración ante el juez José Castro como imputado en el caso de presunta corrupción en la construcción del velódromo Palma Arena en la pasada legislatura, cuando la comunidad balear estaba gobernada por el PP.

Alabern ha llegado a los juzgados de Vía Alemania alrededor de las 09.00 horas de hoy acompañado por su abogado, Gregorio Sanjosé, y no ha pasado a prestar declaración en el juzgado de Instrucción número 3 hasta las 09.55.

Esta mañana también se espera que acuda a prestar declaración ante el juez otro ex alto cargo del PP: el ex regidor de Hacienda en el Ayuntamiento de Palma y actual conseller insular, Pedro Álvarez, quien todavía no se ha personado en los juzgados.

ELMUNDO.ES

LA JUEZ PIDE 38 MILLONES DE FIANZA PARA FLAQUER, SACRESA Y FERRÁ TUR

CAN DOMENGE

Por los perjuicios en la adjudicación del solar

Europa Press | Palma

Flaquer, presidente de UM/Alberto Vera

La jueza que instruye el caso Can Domenge ha impuesto una fianza de responsabilidad civil que asciende a 38.558.074 millones de euros al presidente de UM e imputado Miquel Àngel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción), y a las empresas que representan, adjudicatarias de los terrenos de Can Domenge por un precio muy inferior al del mercado en el concurso convocado en 2006 por el Consell de Mallorca y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, establece en su auto que la fianza solidaria va dirigida así a asegurar las responsabilidades pecuniarias por los perjuicios derivados de la resolución del concurso. Además, establece un plazo de 24 horas para que puedan hacerla efectiva ya que, de sobrepasar este tiempo, se procederá al embargo de bienes para cubrir las responsabilidades.

Por el momento, desde la mercantil Ferrà Tur están estudiando interponer un recurso contra la caución, en forma o en apelación, tal y como apuntaron fuentes de su defensa.


Cabe recordar que las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros, según las tasaciones que se realizaron al margen del proceso. Es por ello que, según consta en el auto, el perjuicio causado asciende a 28.918.553 euros.

La resolución judicial señala que a raíz de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, hay indicios de que los adjudicatarios del concurso, Sacresa Terrenos Promoción y Construcciones Ferrà Tur, pudieron haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble propiedad del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación, sin perjuicio de la ulterior calificación de los hechos".

Fue el pasado 28 de agosto cuando, tal y como señala el auto, el Ministerio Fiscal solicitó la apertura de una pieza separada por responsabilidades pecuniarias y se requiriese a Flaquer, Ferrà y Sanz que prestasen una fianza de 40 millones de euros, así como a las mercantiles Ferrà Tur y Sacresa. Esa misma fecha se acordó incoar la pieza de responsabilidad civil.


Las investigaciones se iniciaron a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por Sacresa, y que precisamente, ha presentado un escrito ante el Juzgado para solicitar que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio.


En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstancias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos", tal y como recuerda la resolución.

ELMUNDO.ES