martes, 29 de septiembre de 2009

ESPECIAL: EL SAQUEO DEL PALAU DE LA MÚSICA

Desvíos de fondos, irregularidades, dimisiones y confesiones en la institución dirigida desde 1984 por Félix Millet

La investigación del desvío de fondos del Palau de la Música está acorralando a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso indica que su fundación, la Trias Fargas, se nutrió al menos en 2003 de aportaciones en dinero negro del Palau, entonces presidido por el imputado Fèlix Millet.
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El 'asunto Palau' apunta a la financiación de partidos
El dinero desviado por Fèlix Millet del Palau de la Música Catalana sirvió para financiar algún partido político. Así se apunta en el sumario del caso, que incluye una carta anónima remitida al juez por parte de alguien que se identifica como ex trabajador del coliseo y en la que asegura que el ex presidente del Palau habría ayudado a partidos, "también con recursos de la Fundación Orfeó Català y siempre a cambio de favores".
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Montilla escenifica su apoyo al Palau de la Música en la inauguración del ciclo de conciertos
Palau 100, el ciclo estrella de la programación musical que organiza la Fundación Orfeó Català, ha recibido esta noche el apoyo explícito de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en el concierto inaugural de la temporada. El presidente de la Generalitat, José Montilla; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el presidente del Parlament, Ernest Benach; así como consejeros del Gobierno catalán,concejales municipales, representantes del Liceo y del Auditori, patronos y mecenas de la fundación han respaldado con su presencia en el Palau de la Música a la institución en un inicio de curso marcado por el escándalo del desvío de hasta 10 millones de euros de los fondos del Orfeó y la fundación por parte de su ex presidente Fèlix Millet y el ex director administrativo, Jordi Montull, a quienes el juez que instruye la causa ha llamado a declarar el próximo 19 de octubre.
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Millet ocultó 300.000 euros en pagos a la fundación de Convergència

Los flujos de dinero que iban del Palau de la Música a la Fundació Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), siguen sin cuadrar. Al menos cerca de 300.000 euros, más la mitad de las aportaciones que la entidad de CDC admite haber recibido de la Fundació Orfeó Català entre 2001 y 2008, no figuran en las cuentas anuales auditadas que la entidad que presidía Fèlix Millet presentó a la Generalitat.
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El juez cita a declarar como imputados a Millet y Montull
El juez que investiga un presunto desvío de fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música ha acordado hoy citar a declarar como imputados al ex presidente de esta entidad Félix Millet, y al que se considera su mano derecha, Jordi Montull.
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Emisarios de Millet ofrecen sobornos para encubrir el escándalo del Palau
El entorno de Fèlix Millet está dispuesto a hacer lo que sea para salvarle el pellejo. Emisarios del ex presidente de la Fundación Orfeó Català han tratado, sin éxito, de sobornar al menos a uno de los interventores de las cuentas del Palau.
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Millet y varias empresas constructoras sustentaban la fundación de Convergència
Las donaciones opacas de Fèlix Millet, principal imputado por el saqueo del Palau de la Música, a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han puesto de relieve que el propio Millet, a través del Orfeó Català, fue el principal protector privado de la fundación nacionalista. Pero no estaba solo. Varias de las grandes constructoras y promotoras catalanas y españolas figuran entre los grandes valedores de la fundación del partido que gobernó Cataluña durante 23 años.
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El fiscal eleva a 10 millones de euros el "expolio" del Palau de la Música
El fiscal considera que el saqueo de las arcas del Palau de la Música supuestamente cometido por Fèlix Millet y Jordi Montull, el ex director administrativo, puede ascender 10 millones de euros.
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La hija de Millet presenta la dimisión de sus cargos en el Palau de la Música
Clara Millet, hija del ex presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet, se ha desvinculado hoy, a través de una carta, de la trama de apropiación de fondos de la institución y ha puesto a disposición sus cargos en la junta del Orfeó Català y del Patronato del Palau de la Música. Clara Millet es miembro de la Junta Directiva.
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Puig admite que la Fundación Trias Fargas recibió 630.554 euros del Palau de la Música
El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha admitido que la Fundación Trias Fargas, vinculada a su partido, recibió 630.554 euros de la fundación del Palau de la Música. Puig ha asegurado que descartan devolver el dinero porque todo se hizo dentro de la legalidad, "convenios legales con dinero oficial", con el objetivo de organizar actos para promocionar la cultura popular catalana.
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Colom admite ahora haberse financiado con fondos de Millet
El actual dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Àngel Colom admitió ayer haber recibido 12 millones de pesetas (72.000 euros) procedentes del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet, a pesar de que hace sólo una semana Colom negó con rotundidad a EL PAÍS haber recibido alguna aportación del querellado por la fiscalía. Colom sostiene ahora que recibió dinero para sufragar las deudas que arrastraba tras la disolución del Partit per la Independència (PI), que desapareció en 1999.
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El fiscal pide a la Audiencia que obligue al juez a citar a Millet y Montull
La fiscalía insiste en que Fèlix Millet y Jordi Montull declaren cuanto antes para esclarecer el saqueo de los fondos del Palau de la Música.
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Si necesita algo, acuda a los Millet
A los vecinos de L'Ametlla del Vallès (7.796 habitantes, Vallès Oriental) les cuesta digerir que Fèlix Millet haya robado a espuertas. Su familia es uno de los pesos pesados del municipio.
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El Palau no tenía rumbo musical
Un manifiesto reclama que haya un director artístico. Millet no acudía a los conciertos. El grueso del programa está en manos de promotores privados.
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El patrimonio de la familia Millet se triplicó desde que creó la fundación
La familia del ex presidente del Orfeó Català, Fèlix Millet, ha ido fraguando una cartera inmobiliaria que ya querrían para ellas muchas promotoras. Desde 1990, cuando se creó la fundación Orfeó Català-Palau de la Música, el patrimonio de la familia se ha más que triplicado, al pasar de 30 propiedades a las 97 de ahora.
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Las hijas de los 'saqueadores del Palau' se resisten a irse de la entidad
Las familias Millet y Montull se resisten a abandonar el Palau de la Música. Clara y Laila Millet, hijas del ex presidente de la Fundació Orfeó Català, y Gemma Montull, hija del ex director administrativo, aún mantienen sus cargos en la institución.
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Destituido el secretario del Palau por urdir un engaño a Hacienda
La Fundació Orfeó Català destituyó al secretario de la entidad, Raimon Bergós, por haber urdido un engaño ante la inspección que realizó Hacienda en 2004 y 2005 sobre las cuentas de entre 1998 y 2001.
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Ocho instituciones culturales desmienten a Millet de que pagar en negro sea habitual
Los directores y administradores del Teatro del Liceo, el Auditori de Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Centro de Artes Escénicas de Reus, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Catalunya y el Centro de Artes Escénicas de Terrassa desmienten con "rotundidad" que pagar en negro sea una práctica habitual en el mundo de la cultura.
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La auditoría eleva a más de 10 millones la estafa de Millet al Palau de la Música
El rastreo de los movimientos que efectuó Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, para apropiarse de fondos de la entidad está sirviendo para abultar la magnitud de la estafa. Según fuentes que investigan las cuentas de la entidad, el desvío de dinero de la Fundació Orfeó Català supera los 10 millones de euros.
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La falaz contrición del Madoff catalán
Al inculparse del fraude ya destapado, Millet trata de evitar que aflore el resto. De la diligencia del juez depende que lo logre
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Millet confiesa que pagó comisiones para costear las obras del Palau
Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música Catalana, ha puesto en marcha el ventilador. Acorralado por las informaciones que han ido conociéndose este mes (avanzadas por EL PAÍS) sobre cómo se apropió de fondos de la entidad para lucro personal, ahora ha reconocido que pagó comisiones a particulares para lograr fondos públicos y privados con los que sufragar las obras de restauración y ampliación del simbólico edificio modernista.
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Millet vendió al Orfeó un local de su propiedad al doble del precio tasado
Una de las operaciones del anterior equipo gestor del Palau de la Música que más ha sorprendido, por no decir indignado, a los patronos de la Fundación Orfeó Català se realizó el día antes de la intervención judicial por un supuesto desvío de 2,29 millones de euros de los fondos del Orfeó entre 2003 y 2004 del que están imputados cuatro personas, entre ellas Félix Millet, máximo directivo de la entidad, y Jordi Montull, director administrativo del consorcio y de la fundación.
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Del cacao de Guinea a patrono de la FAES regional
El Palau fue la plataforma de Millet para obtener cargos.
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Fèlix Millet, suspendido temporalmente como presidente del Palau de la Música
La junta directiva del instituto acuerda la medida hasta que se aclare la situación jurídica.
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Millet deja la presidencia del Palau tras el supuesto desvío de 2,29 millones de euros
Al cuarto día de que los Mossos d'Esquadra registraran por orden judicial las dependencias del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet puso ayer sus cargos como presidente del Orfeó Català y de la Fundación del Palau de la Música a disposición de los órganos de gobierno de ambas entidades, que decidieron "suspenderle temporalmente" de sus responsabilidades, según una nota hecha pública por el auditorio modernista.
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Los Mossos d'Esquadra entran en el Palau de la Música
Los Mossos d'Esquadra han entrado este jueves por la mañana en el Palau de la Música Catalana por orden de un juez de Barcelona que investiga el supuesto desvío de más de dos millones de euros de los fondos del Orfeó Català, que tiene su sede en ese histórico edificio del modernismo catalán.
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Las administraciones atajan la crisis del Palau nombrando a un director
Las administraciones no han tardado ni una semana en atajar la crisis del Palau de la Música abierta por la intervención de los Mossos d'Esquadra por orden judicial por presunto desvío de 2,29 millones de euros.
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El saqueo del Palau
Las irregularidades en la gestión del auditorio modernista han sorprendido a la sociedad catalana.
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elpaís.com

DE LA RÚA ARROPÓ A CAMPS EN UN MITIN DE LAS ELECCIONES DE 2007

Además de archivar el trajegate e ignorar la financiación del PP, el juez le brindó guiños electorales

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Valencia (TSJV), Juan Luis de la Rúa, estuvo en primera fila aplaudiendo las promesas electorales de Francisco Camps durante un mitin en mayo de 2007, durante la campaña de las últimas autonómicas. En aquel acto, Camps prometió más medios judiciales y agradeció públicamente al juez su presencia. Concluido el mitin ambos se saludaron afectuosamente, y es que, como el propio presidente valenciano se precia, a ambos les une una "íntima y sentida" relación. De la Rúa, que ha archivado la causa de los trajes de la Gürtel a Camps e ignoró en aquel proceso un informe policial sobre posible financiación ilegal en el PP valenciano, era también el encargado de velar por la limpieza de aquellas elecciones de 2007. Su condición de juez limita su participación en política a su papel de votante el día de la cita electoral.

De la Rúa acudió a un acto electoral del PP celebrado en la Fundación Universidad Empresa de Valencia en mayo de 2007, según informa El País. El magistrado preside el TSJV desde 1999 –aunque desde junio de este año permanece en el cargo en situación de prórroga- y durante aquella campaña era el presidente de la Junta Electoral, es decir, el organismo encargado de velar por la limpieza de aquella cita y el respeto a las reglas.

Afecto y guiños públicos
Durante el acto, Camps prometió reforzar los órganos judiciales en la Comunidad Valenciana y agradeció la presencia de De la Rúa, y ambos se saludaron afectuosamente al concluir el acto. El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces la militancia en partidos políticos o sindicatos y limita su papel activo en las elecciones a su condición de votante el día de la cita electoral.

La Junta Electoral bloqueó un documental
Aquella campaña electoral de 2007 no estuvo exenta de polémicas, por ejemplo cuando la Junta Electoral presidida por De la Rúa prohibió la difusión del documental Ja en tenim prou, donde figuras de la cultura y de los colectivos sociales valencianos lamentaban aspectos de las políticas del PP.

Archivo y exclusión de informe
La estrecha relación entre el presidente de la Comunidad y el del TSJV, que Camps definió como “más que un amigo”, ya llevaron a una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que De la Rúa no se abstuviera de la causa de los trajes. El TSJV no sólo archivó el presunto cohecho impropio de los trajes sino que excluyó de la misma aspectos tan delicados como el informe policial que advertía de indicios de una posible financiación ilegal en el PP.

Sin alterar la acción judicial
En aquel acto de mayo de 2007 también estuvo presente Francisco de Rosa, ex consejero de Camps y ahora vicepresidente del CGPJ. Después de la polémica por el archivo de la causa de los trajes, De Rosa pidió que se deje actuar a la Justicia “siempre de forma sosegada y sin alteraciones”.

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ELPLURAL.COM

IMPUTADO UN EX ALCALDE DEL PP POR FALSIFICAR EL PGOU

V. C. - Granada

El ex alcalde de Gójar (Granada) y diputado provincial del PP, Francisco Maldonado, tendrá que acudir de nuevo a los tribunales para declarar como imputado por la supuesta falsificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio cuando él era el regidor.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha abierto, a raíz de una declaración previa por otra causa, una investigación contra él por la posible comisión de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental y le ha citado a declarar el próximo día 9 de octubre.

El actual alcalde de Gójar, Pedro Clavero (PSOE), explicó ayer en rueda de prensa que Maldonado declaró en el juzgado que había concedido una licencia de manera supuestamente irregular porque aunque el PGOU, que no estaba publicado, no lo permitía, según sus palabras "se iba a publicar con algunas modificaciones".

El ex edil y diputado provincial del PP imputado ahora por las irregularidades en el PGOU de Gójar fue absuelto recientemente por la Audiencia Provincial de Granada del delito de prevaricación del que se le acusaba en la construcción de cuatro edificaciones en suelo protegido en 2005. Maldonado está inmerso en otras causas judiciales aún sin resolver sobre Gójar, como el caso Cavifer, en el que se investiga el posible trato de favor a su hermano.

ELPAÍS.COM

UNA FIRMA SOSPECHOSA DE FINANCIAR AL PP DE CAMPS PAGÓ A LA RED GÜRTEL EN MADRID

La financiación irregular del PP valenciano
INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE LAS EMPRESAS DE CORREA

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

Las declaraciones de ingresos efectuadas por las empresas del caso Gürtel a la Agencia Tributaria en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que al menos una de las contratistas valencianas bajo sospecha de haber financiado al PP a través de Orange Market, la firma valenciana de la red de Correa, también pagó a una de las principales firmas de la trama corrupta en Madrid.

Facsa abonó 69.000 euros a la firma que montaba los actos de Esperanza Aguirre

La Sociedad Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa) aparece entre los clientes de Easy Concept, una de las principales empresas de la trama corrupta que operaba en la Comunidad de Madrid.

Easy Concept es la firma que logró, gracias al trato de favor del ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el montaje de la inmensa mayoría de los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Easy Concept, según la investigación judicial y policial, pagaba comisiones a López Viejo por todos los trabajos que hacía para la Comunidad de Madrid.

La policía que investiga el caso Gürtel interpreta que los pagos de al menos cinco constructoras valencianas a Orange Market en 2008 (480.000 euros, una parte con factura y otra sin ella) tenían como objetivo real financiar actos electorales del PP.

En los correos electrónicos incautados por la policía que fueron enviados desde Orange Market al despacho de la asesoría fiscal de esta empresa se ordenaba que se cancelasen facturas del Partido Popular valenciano por otras por idéntica cantidad a nombre de las constructoras.

Orange Market no cobraba por sus servicios directamente al partido sino que liquidaba los gastos con constructoras que, a su vez, recibían contratos multimillonarios de la Generalitat valenciana, según el informe policial.

La empresa que más dinero pagó a Orange Market fue Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), a la que la Generalitat valenciana adjudicó contratos por al menos 13 millones de euros en los últimos cuatro años. En el informe policial se habla de un pago de 200.000 euros a Orange Market en 2008. Los informes de la Agencia Tributaria acreditan otros pagos a Orange Market en 2007 (174.000 euros) y 2006 (14.906 euros).

Facsa, según el mismo informe de la Agencia Tributaria, también pagó a Easy Concept 69.600 euros en 2006. El número de NIF que encabeza los ingresos de Orange Market y de Easy Concept procedentes de Facsa es el mismo. Un portavoz de Facsa aseguró ayer que no recordaba haber contratado nada con Easy Concept.

Por otra parte, la empresa Orange Market declaró a la Agencia Tributaria unos ingresos del Partido Popular valenciano distintos a los que esta formación facilitó a EL PAÍS para justificar que sus relaciones comerciales con la trama corrupta eran legales. El PP declara un importe facturado de Orange Market de 685.464 euros en 2005 pero la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, consignó en ese ejercicio como ingresos a la Agencia Tributaria 712.322 euros. En 2006, la cifra indicada por el Partido Popular coincide con la declarada mientras que en 2007, la formación que preside Francisco Camps declara haber recibido facturas por 860.208 euros cuando Orange Market certifica ante Hacienda que ha ingresado 872.208 euros.

En los libros de contabilidad de la firma Orange Market, requisados por la policía durante los registros de su sede y la detención de sus principales responsables, aparecen perfectamente diferenciados los ingresos por los actos del Partido Popular. Una parte los consignaban como entradas en A, de los que se conservan las facturas con IVA, y otra parte en B, sin justificante alguno. De éstos, algunos fueron sufragados con fondos de constructoras, según la policía.

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Francisco Correa
A FONDO







ELPAÍS.COM

CAMPS: "SUEÑO CON SER EX PRESIDENTE DE LA GENERALITAT, CUANDO LLEGUE EL MOMENTO

'Yo tengo conciencia, cumplo la ley', ha dicho en su cruce con Ángel Luna
Ha esgrimido ante la oposición el apoyo de las urnas y el archivo del TSJ
'Si adelantase las elecciones, no sólo ganaría el PP, ampliaría su mayoría'
'Nos quitaron el agua y nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos'
'Zapatero sabe que o gana esta comunidad o perderá la guerra', ha proclamado

Rodrigo Terrasa Valencia
Tras la intervención de Ángel Luna, portavoz socialista, casi centrada en exclusiva en las últimas informaciones sobre el caso Gürtel, el presidente de la Generalitat ha regresado a la tribuna casi aguantando la risa para hablar por primera vez del último capítulo de la trama. Camps no había hecho ninguna declaración desde que se conoció el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

"Nada nuevo bajo el sol", ha sido su primera frase. La ha dicho además en latín. Luego ha recordado, con un tono premeditadamente cómico, que a la gente le interesa "la lluvia y las políticas de los grupos democráticos serios al servicio de los ciudadanos" y ha lamentado la "expectación" generada por la oposición para "intentar tapar la gestión, la modernidad y el crecimiento constante de la Comunidad". "Nos quitaron el agua y nos quieren quitar el orgullo de ser valencianos", ha proclamado.

Luego ha respondido a la petición de elecciones anticipadas anunciada por el PSPV y se ha agarrado a sus últimos triunfos en las urnas y al reciente archivo de su causa en Valencia. "Desde que empezó todo este lío arrasamos democráticamente en las Europeas y el TSJ archivó el asunto", ha dicho.

"No pararán porque no tienen una sola medida para Sanidad, Educación, empleo, infraestructuras... No he escuchado una sola ilusión, un solo sueño...", ha asegurado Camps dirigiéndose a la bancada socialista.

También se ha dirigido directamente a Luna para recordarle que el grupo popular nunca cuestionó "cómo ha llegado usted como portavoz a esta cámara", en clara alusión a la polémica dimisión de Joan Ignasi Pla. "Nosotros no dijimos nada, es la diferencia entre ellos y nosotros", ha añadido.

A continuación, Camps ha recordado casi gritando que él es el único de los políticos que tomarán la palabra en el Debate de Política General que encabezó una lista en las últimas Autonómicas. "Yo me presenté a las elecciones, los ciudadanos me dieron la mayoría absoluta. Y aquí nadie más se presentó con su cartel, con su nombre y su programa. Sólo yo, el único. Que lo sepan todos los medios de comunicación de toda España; la única persona que va a hablar aquí que fue votada democráticamente por sus ciudadanos soy yo, el único candidato", ha sentenciado entre carcajadas. "¿Dónde están los candidatos que se enfrentaron conmigo?", ha preguntado.
Luego ha vuelto a Luna. "No sé lo que durará esto, pero pese al enfado de Luna, no le dieron la razón ni los ciudadanos ni los jueces y eso duele", le ha dicho antes de vaticinar un nuevo triunfo en las urnas si se adelantasen las elecciones. "Usted ya sabe lo que ocurriría si hubiese elecciones anticipadas; no sólo ganaría el PP, sino que ampliaría su mayoría claramente".

El presidente de la Generalitat ha reiterado su compromiso "para cuatro años" y ha subrayado que prefiere "seguir hablando de lo que interesa y no abrir un debate electoral que sé de sobra que ganaríamos".

'Estoy rodeado de muy buena gente'
En su tercera intervención en las Cortes, durante la segunda réplica a Luna, Camps ha vuelto a recurrir a un tono más chistoso y ha vuelto a inaugurar su discurso con otra sentencia. "Yo tengo conciencia, cumplo la ley", le ha dicho al síndic socialista. "Y no sé si usted cumple la ley, pero ha dicho una inmoralidad, que es lo más gordo que se puede decir aquí".

Se refería Camps a las continuas alusiones del portavoz del PSPV a las supuestas diferencias internas del PP. A eso ha respondido el jefe del Consell asegurando que está "rodeado de muy buena gente en el gobierno, en el partido, en la administración y en las calles y las plazas de la Comunidad Valenciana por las que paseo".

Luego ha cerrado su intervención proclamando su satisfacción por saber que "una cosa voy a ser toda la vida y nadie me lo podrá quitar hasta que muera, una cosa muy hermosa, sueño con ese dia, con ser ex presidente de la Generalitat Valenciana cuando llegue el momento".

Y como había prometido a primera hora de la mañana le ha 'regalado' una cita a Ángel Luna. Una cita de Churchill en "los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial": "Alemania sabía que o ganaba su pequeña isla o perderia la guerra", ha dicho antes de extraer su moraleja. "Zapatero sabe que o gana esta comunidad o perderá la guerra; las próximas generales las ganará el Partido Popular".

Además

EL PSOE Y EL PES TRATAEON DE INFRAVALORAR SUELOS PARA OBTENER BENEFICIOS

ESTEPONA | Caso 'Astapa'

Europa Press | Málaga

El PSOE y el Partido Estepona (PES) trataron de cerrar convenios urbanísticos antes de las elecciones para beneficiarse. Además, muchos de estos acuerdos se basaban en infravaloraciones de suelos, según se desprende del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción municipal en Estepona.

Así, según uno de los tomos del sumario, cuyo secreto se levantó este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, tanto miembros del PSOE como del PES trataron "de cerrar todos los proyectos urbanísticos que pudieron antes de las elecciones por si acaso no salían reelegidos y no podían cobrar los beneficios que suponía el cierre de dichos proyectos".

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Según se señala, "dichas valoraciones a precio inferior de mercado serían un contrasentido, ya que saldrían beneficiadas las mercantiles firmantes del convenio y no el Ayuntamiento, pero si atendemos a las conversaciones telefónicas observadas, a las informaciones aportadas por los denunciantes y a las balanzas de pago de las mercantiles con intereses urbanísticos en Estepona podemos pensar que dicha infravaloración permite al Ayuntamiento, y más concretamente a algunos de sus miembros, solicitar aportaciones económicas a dichos empresarios destinadas a diferentes usos, dinero que no quedaría reflejado en ningún sitio".

De este modo, según se desprende del sumario, se pediría dinero "para los gastos de ciertas concejalías". Estos pagos "en ocasiones se realizarían mediante dinero en efectivo que no constaría ni en la contabilidad del Ayuntamiento ni de la mercantil" o bien "facturándose a otras empresas manejadas por personas cercanas a los responsables del Consistorio".

Según los investigadores, "se podría pensar que el único beneficiario seguiría siendo el pueblo de Estepona a través del Ayuntamiento, por lo que no tendría sentido que se realizaran aportaciones dinerarias sin contabilizar por el Ayuntamiento a no ser que con dichas aportaciones salieran beneficiadas económicamente las personas que conforman dicho Ayuntamiento".

Del sumario se desprende que en las solicitudes de dinero por parte del Ayuntamiento a los empresarios "el solicitante suele indicar al empresario qué licencias tiene pendientes de conceder, las cuales, podrían verse retrasadas e incluso ser anuladas si el empresario no se aviniera a colaborar en el gasto".

Información 'privilegiada'
Los investigadores abordan también el papel de los técnicos municipales en la gestión urbanística que se venía realizando en el Ayuntamiento. En el caso de Javier Wittmeur, que fue detenido e ingresó en prisión durante varios meses, los denunciantes, el actual alcalde de Estepona y concejal entonces, David Valadez, y la edil Cristina Rodríguez, manifiestan que la directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, les aseguró que "muchas de las valoraciones efectuadas por Javier Wittmeur no se correspondían con los precios de mercado de las fincas o de los aprovechamientos tasados".

Algunos técnicos municipales, continúa el sumario, podrían "estar utilizando información privilegiada en su vida profesional independiente del Ayuntamiento parar obtener algún tipo de beneficio", e incluso, en algunos casos, aseguran que algún técnico "podría estar siendo retribuido por extralimitarse en sus funciones".

Del mismo modo, en otro punto del sumario, se relacionan los pagos que algunos técnicos municipales imputados en el caso habrían recibido de varias mercantiles. También investigan los miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional la compraventa de terrenos por parte de miembros del Ayuntamiento o familiares de los mismos.

Terrenos
Entre los casos analizados destacan el de Atalaya Park. Según explican en el sumario, una mercantil en la que participa un familiar del edil Francisco Zamorano -expulsado del PSOE- compró el 17 de diciembre de 2004 dos fincas en Atalaya Park por 751.260 euros, terrenos que se vendieron el 15 de septiembre de 2006 por 3,6 millones, "más de cuatro veces su valor inicial" y que el 7 de noviembre se vendieron a otra mercantil por 6,1 millones.

Según los investigadores "en menos de dos años, unos terrenos multiplicaron su valor casi 10 veces, siendo la propietaria en algún momento de dichos terrenos una sociedad que podríamos considerar como patrimonial pues su único fin parece ser el gestionar la compraventa de dichos terrenos, la cual estaría directamente relacionada con un miembro del Ayuntamiento, Francisco Zamorano".

Además
* Levantan el secreto de sumario sobre siete tomos más
* Piden la nulidad por falta de instrucción policial
* Una deuda municipal de 160 millones

ELMUNDO.ES

EL PSOE DE ALCALÁ DESVÍA FONDOS DEL PLAN E A UNA EMPRESA MUNICIPAL

DENUNCIA | Los fondos para crear empleo, para un 'plan de comunicación'

Chema Rodríguez | Sevilla

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE, está desviando fondos del Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (popularmento conocido como Plan E) a una empresa municipal con la excusa de financiar un «plan de comunicación».

Según denunció ayer el Partido Popular y confirmaron fuentes municipales, el Consistorio que preside Antonio Gutiérrez Limones obliga a las constructoras adjudicatarias de las obras del Plan E en la localidad a entregarle, a modo de ‘comisión’, un 1,5% del montante total de la adjudicación, que, a su vez, sirve para financiar la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM), que monopoliza, sin concurso público alguno, la publicidad de este plan en Alcalá.

La empresa municipal ha recibido ya 181.000 euros por publicitar las obras financiadas

La ‘comisión’ del 1,5% aparece entre las cláusulas del contrato que el Ayuntamiento alcalareño ha suscrito con las empresas que llevan a cabo las 47 obras que financia el fondo estatal, donde también aparece que el destino del dinero es un «plan de comunicación» del que se encarga, en exclusiva, ACM.

Dicha sociedad, cuyo consejo de administración preside el alcalde, ha recibido ya cerca de 181.000 euros en concepto de publicidad de estas iniciativas a través no sólo de los carteles que las señalizan, sino, además, de folletos informativos, cuñas radiofónicas y programas especiales que ACM ha organizado en los medios que controla, la radio municipal y La Revista de Alcalá.

Pero esos 181.00 euros son sólo una parte de lo que la empresa municipal –que tiene un presupuesto anual de 2,5 millones de euros– recibirá de aquí a que terminen las actuaciones del Plan E. De acuerdo con las particulares estipulaciones de los contratos que firma el Ayuntamiento, su empresa de comunicación facturará el 1,5% de todos y cada uno de los proyectos financiados por el Estado.

El portavoz del PP en Alcalá de Guadaíra, Javier Jiménez, cuestionó ayer que el plan de comunicación al que alude la cláusula de obligado cumplimiento para las constructoras no se ha llevado a cabo, aunque fuentes municipales recordaron que los carteles de las obras están «en su sitio» y que, además, se ha llevado a cabo el reparto de folletos, al mismo tiempo que publicidad en distintos medios locales, los que gestiona ACM.

Precisamente, lo llamativo de este caso es que la ‘comisión’ del 1,5% sobre el coste de la obra es un invento del gobierno socialista de Gutiérrez Limones, que se ha sacado de la manga una obligación que no aparece en la normativa que regula el Plan E.

La normativa del plan sólo obliga a colocar un cartel anunciado junto a la actuación

Según ha podido comprobar EL MUNDO de Andalucía, la resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la que se rigen las contrataciones del Plan E no menciona en ninguna de sus líneas la obligación del adjudicatario de entregar parte del presupuesto para campaña de comunicación alguna.

Lo único que estipula es que el organismo público que promueva la obra debe «velar» por la colocación de un cartel anunciador «con un tamaño mínimo de 1,5 metros de largo y 1 metro de alto, ubicado en un lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la finalización de la obra». Nada más.

En la misma línea, fuentes de la patronal de la construcción indicaron que lo que ocurre en Alcalá de Guadaíra no es «lo habitual» y mostraron su sorpresa por la cláusula introducida por el Ayuntamiento de Gutiérrez Limones que obliga a las empresas a entregarle el 1,5% del montante de la obra. Todo lo más, reiteraron que la única obligación que llega a recaer sobre los empresarios es la sufragar el cartel anunciador. Lo demás, añadieron estas fuentes, «es raro».

ELMUNDO.ES

EL FISCAL PIDE AL SUPREMO QUE RECHACE LA QUERELLA DEL PP CONTRA CHAVES

CASO MATSA / Por prevaricación

Efe Madrid

La Fiscalía ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) que rechace la querella por prevaricación que el PP presentó contra el ex presidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación a la concesión de una subvención pública a Matsa, en la que trabaja su hija.

En un informe, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, reclama al Alto Tribunal que inadmita y archive esta querella "por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito".

La querella interpuesta por el PP el pasado mes de julio contra Chaves se basa en el hecho de que, durante su etapa como presidente de la Junta Andaluza, la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada, recibió una subvención superior a los diez millones de euros.

El informe del fiscal
El informe del fiscal recuerda que en la tramitación del expediente de concesión de incentivos a la empresa Matsa Chaves participó como presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en una reunión en enero de 2009 en la que se produjo la ratificación de la aprobación efectuada por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

"No consta del expediente administrativo que el querellado efectuara algún tipo de gestión para la concesión del incentivo", afirma.

Añade que no existen indicios de que Chaves haya influido sobre los funcionarios de la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, "bien dando una orden directa para que el expediente se resolviera de una manera concreta y determinada, bien tratando de influir en la resolución de quien no es inferior jerárquico directo".

La actuación del querellado -señala- "se redujo a aprobar en Junta de Gobierno una concesión de incentivo que, de acuerdo con la cuantía reconocida, debía ser autorizada por el órgano que presidía, limitándose, por tanto, a ratificar lo que ya se había establecido, en igual sentido, por las correspondientes instituciones de los órganos administrativos competentes".

La Fiscalía, que estima que tampoco existe un delito de prevaricación administrativa, añade que "la parte querellante, en su esfuerzo acusador, no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto".

Señala que tampoco de la cuantía del incentivo puede deducirse la existencia de ningún delito y el hecho de que en la empresa preste sus servicios la hija de Chaves "no puede llevar a la conclusión de la existencia de delito alguno".

La denuncia fue registrada el pasado 24 de junio en el Alto Tribunal por el PP, que al día siguiente informó de que había decidido retirarla para ampliarla "con los nuevos datos" obtenidos.

Así el 16 de julio presentó una ampliación de la querella, esta vez contra Chaves y no contra su hija como inicialmente ocurría.

En la querella señalan que Chaves no se abstuvo en el trámite de aprobación de la subvención concedida "a pesar de conocer de modo indubitado" que su hija era responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida con esa resolución, que, según el PP, "no se ajustaba a Derecho".

Añade respecto al delito de tráfico de influencias que Chaves prevaliéndose de su condición del jefe del Ejecutivo andaluz intervino ante las autoridades competentes "de cara a que Matsa consiguiera el incentivo", que "venían solicitando años atrás con resultados rotundos de denegación".

LOS PROTAGONISTAS DE LA RAMA MADRILEÑA DE "GÜRTEL"

CORRUPCIÓN Los imputados, ante la Justicia

Madrid

Rosalía Iglesias: Mujer del ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas, investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama. Según se ha filtrado a un medio de comunicación, la Agencia Tributaria ha hallado en una cuenta corriente de 2007 a su nombre más de un millón de euros.

Alberto López Viejo: El juez impuso al diputado regional del PP y ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre una fianza de 750.000 euros. Según los autos de Baltasar Garzón, quien inicialmente realizó la instrucción del 'caso Gürtel', «habría beneficiado» a las empresas de la 'red Gürtel' a cambio de recibir unos 563.000 euros en sobornos. Fue forzado a dimitir de su cargo en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre el 9 de febrero.

Benjamín Martín Vasco: diputado regional del PP, a quien impuso el juez una fianza de 955.000 euros. A partir del examen de la 'contabilidad B' incautada a las empresas de Francisco Correa, la Fiscalía acusa al ex portavoz adjunto del PP en la Asamblea madrileña y actual diputado autonómico de recibir 433.166 euros en sobornos. Además, según Garzón, habría mediado en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Arganda a Martinsa.

Alfonso Bosch Tejedor: parlamentario autonómico del PP. Ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, el magistrado Baltasar Garzón le atribuyó los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. El magistrado cree que «habría recibido pagos» del grupo Correa por su intermediación en la adjudicación de obras locales».
Durante sus comparecencias previas ante el juez, los tres parlamentarios se negaron a declarar hasta que fuera levantado el secreto sumarial.

José Galeote: El juez impuso una fianza de 1.000.000 de euros a este ex concejal del PP en Boadilla, quien ante el juez negó que hubiese cobrado los sobornos que le atribuye Garzón -612.506 euros- y sólo admitió que pidió un préstamo a Correa para comprar un coche, aclarando que se lo devolvió íntegro en tres plazos. Es el padre de Ricardo Galeote, también imputado, y del eurodiputado Gerardo Galeote, que no lo está, pese a que Garzón sostiene que percibió 652.310 euros de la 'red Gürtel'.

Arturo González Panero: El ex alcalde 'popular' de Boadilla del Monte, a quien el juez Pedreira impuso una fianza de 1.800.000 euros, tampoco quiso declarar cuando fue requerido por el magistrado, el pasado 9 de junio. Está acusado de asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Guillermo Ortega: Alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa. Aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Hasta el pasado 10 de febrero ocupaba la gerencia del Mercado Puerta de Toledo, un cargo designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Jesús Sepúlveda: El nombre del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón aparece "en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS", que corresponderían a las iniciales de su nombre y su primer apellido, y también existe, añade el magistrado, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", según Garzón.

Ginés López: ex alcalde de Arganda del Rey. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos de las empresas gestionadas por Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

IMPUTADO EL ALCALDE DE CARTAYA POR AUTORIZAR PISOS SIN QUE LA ZONA TUVIERA NORMATIVA

HUELVA | Denuncia conjunta de toda la oposición

Juan Antonio Millán, alcalde de Cartaya. | EM

* Un arquitecto, el promotor y el primer teniente de alcalde, también imputados
* PP, IU y PA denunciaron en abril el llamado 'caso Hiconsa'
* El juez cita a declarar como imputado al regidor cartayero
Efe | Huelva

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte ha citado a declarar el próximo 23 de noviembre en calidad de imputado al alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas.

Este caso comenzó a raíz de la denuncia presentada por los partidos de la oposición en el consistorio -PP, IU, PA y un concejal no adscrito- contra el alcalde tras detectar supuestas irregularidades en la construcción de viviendas en unos terrenos situados junto al centro de la localidad, en la barriada de El Almendral.

En rueda de prensa, el portavoz del PA en Cartaya, Antonio Carro, ha informado hoy de que también han sido imputados el primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; la esposa de éste -que ya ha declarado ante el juez-; el dueño de la empresa Hiconsa, y un arquitecto de Cartaya.

La denuncia fue interpuesta el pasado abril al considerar a estas personas presuntas autoras de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio.

Por su parte, el portavoz de IU, Miguel Ángel Gea, ha indicado que la imputación de los denunciados supone "un avance muy importante en el caso que viene a confirmar las sospechas de la oposición de que había indicios muy claros de delitos".

La construcción de viviendas en esos terrenos comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales.

En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, tras la valoración del arquitecto denunciado; mientras que una valoración alternativa encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa.

ELMUNDO.ES

LA MUJER DEL SENADOR DEL PP BÁRCENAS FIGURA COMO IMPUTADA EN EL "CASO GÜRTEL"

JUSTICIA Red de corrupción del empresario Francisco Correa

Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez siguen en prisión
La lista se puede reducir, pues el fiscal pidió que se sobresea el caso para 7

Luis Ángel Sanz Efe Madrid

El magistrado que instruye la trama madrileña del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha ordenado levantar parcialmente el secreto de sumario del caso en un auto en el que detalla todos los imputados en la trama. En total, Pedreira cita a 71 personas, entre ellas, la esposa del senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a todos ellos y al resto de partes para los días 6, 7 y 8 de octubre para hacerles entrega de parte de las actuaciones, en concreto, las que realizó el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Las partes personadas en la causa recogerán la documentación a partir de las 10.00 horas y han sido citados por orden alfabético.

Además de los tres imputados que continúan en prisión -los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, el juez cita como imputados al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo, a los diputados autonómicos de Madrid Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch y a los ex alcaldes de Arganda del Rey (Ginés López), Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda) y Boadilla del Monte (Arturo González Panero).

Entre los imputados también está el hombre de confianza de Antoine Sánchez en Valencia, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', y el sastre José Tomás García, que confeccionó varios trajes para el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Figuran asimismo Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la red dirigida por Francisco Correa, así como dos empresas de la trama, Easy Concept y Good & Better, que han sido intervenidas judicialmente.

17.000 folios repartidos en 20 tomos
La lista de imputados se puede reducir en breve, ya que el fiscal ha pedido que se sobresea el caso para siete de ellos, aunque sus identidades se desconocen.

El levantamiento del secreto afectará a casi un tercio de las diligencias efectuadas. Serán un total de 17.000 folios repartidos en 20 tomos. Catorce de ellos son de documentación, tres de medidas cautelares, otros tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y uno de filtraciones.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que la imputación de Rosa Iglesias aclara lo sucedido el pasado 29 de junio, cuando dos agentes de la Policía visitaron su domicilio por orden de Pedreira.

Bárcenas, quien por su condición de senador está siendo investigado por el Tribunal Supremo, denunció entonces los hechos al considerar que el magistrado del TSJM no tenía competencia para dirigir la causa contra él, pero en realidad los agentes iban a entregar una citación para su mujer a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Investigación en Madrid y Valencia
Es aproximadamente un tercio del sumario y corresponde principalmente a las investigaciones realizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que éste se inhibiera y trasladara el caso a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia.

Esa parte consta de 20 tomos del sumario principal, catorce tomos de documentación, tres de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y otro llamado "de filtraciones".

Aparte de los imputados, tendrán acceso a la causa como perjudicados la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid y como acusaciones el PP, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y varios concejales socialistas de Boadilla del Monte.

El "levantamiento parcial" del secreto no incluye las 15 comisiones rogatorias cursadas a ocho países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, por el juez Pedreira, que ha orientado buena parte de sus pesquisas a averiguar el paradero del dinero supuestamente desviado por el entramado empresarial dirigido por Francisco Correa.

De los cerca de 17.000 folios que serán entregados a los interesados se han excluido también los datos que puedan vulnerar la intimidad de las personas implicadas en el caso que asumió Pedreira el pasado 31 de marzo.

Desde entonces, el magistrado ha tomado declaración como imputados a 21 personas, de las que tres -Correa, Crespo y Sánchez- permanecen en prisión.

El juez justifica su decisión de no levantar totalmente el secreto diciendo que "de las relaciones y las personas investigadas en la trama se evidencia un riesgo más que probable" de que el alzamiento total del secreto "pudiera dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".

Además

UM DESCARTA CESAR A NADAL COMO CONSELLER O EXPULSARLE DEL PARTIDO

CASO CAN DOMENGE | El caso se eleva al TSJIB

UM subraya que su situación judicial no afectará a la gobernabilidad del Pacte

Agencias | Palma

La portavoz de Unió Mallorquina, Cati Julve, ha subrayado que la situación judicial que atraviesa su formación, con la imputación de varios de sus miembros en casos como Son Oms, Can Domenge y Peaje, no afectará a la gobernabilidad del Pacte ni a las relaciones entre sus socios -PSIB, Bloc y UM-, pese a recriminar que la política balear está "muy judicializada" y "no ayuda a centrarnos en la buena gestión de las instituciones".

Así lo ha manifestado la dirigente regionalista en la rueda de prensa que ofreció para presentar varias propuestas en materia económica y donde recalca que el partido no se plantea cesar al conseller de Turismo, Miquel Nadal, después de que la jueza que instruye el caso Can Domenge haya solicitado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares asuma el procedimiento- En este sentido Julve asevera que es Nadal quien obrará en consecuencia.

"UM no debe pedir a sus dirigentes que actúen ya que ellos lo harán desde la responsabilidad", incidió al respecto la portavoz 'uemita', quien manifesta que la formación no ha estudiado su expulsión como miembro del partido, aunque recuerda que respecto al diputado del Grupo Mixto y ex conseller insular de Territorio, también imputado en el caso Can Domenge al igual que en Son Oms, Bartomeu Vicens, la formación lo suspendió de militancia.

En contestación a si considera que el PSOE podría estar detrás de estas imputaciones, Julve ha indicado que no culpan "a nadie" y ha agregado que confía en la Justicia, a la que ha calificado de "transparente" e "independiente".

No obstante, ha puntualizado que "los partidos de ámbito estatal tienen tendencia a intentar eliminar a los partidos nacionalistas" y ha comentado que "antes era el PP y ahora es el PSOE".

En cualquier caso, la portavoz de UM ha destacado que lo que preocupa a esta formación política es que las instituciones puedan seguir "sacando el trabajo adelante".

En relación a la petición de "reflexión" solicitada por el Bloc a los miembros de UM, Julve ha afirmado que "hay gente" de esta coalición de partidos que debería "tener cierta contención verbal" y ha añadido que "lo que no se puede hacer" es lanzar críticas constantes a sus socios de gobierno y después sentarse a negociar con ellos.

ELMUNDO.ES

LEVANTAN EL SECRETO DE SUMARIO SOBRE SIETE TOMOS MÁS DEL "CASO ASTAPA"

TRIBUNALES | Corrupción en Estepona

Marga García | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha levantado el secreto de sumario sobre siete nuevos tomos del 'caso Astapa' que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de esta localidad costasoleña, según han informado fuentes próximas al caso a elmundo.es.

En concreto, se ha levantado el secreto de los sumarios que van del siete al 13, aunque esta documentación no estará en poder de las partes hasta mañana martes. Este levantamiento se produce tres meses después de que se pusieran a disposición de las partes los seis primeros tomos relativos al proceso, que se ha saldado hasta el momento con 63 imputados.

Todo se inició el 17 de junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos y los concejales de su partido Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina

También se arrestó a empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores.

Tras las detenciones, se produjeron un alud de imputaciones hasta llegar a 63 imputados y entre sus delitos están el blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Cinco de los arrestados por este caso fueron enviados directamente a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el pasado 10 de diciembre tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión.

También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros.

De los 63 imputados, 23 están en libertad con diversas fianzas y 40 en libertad sin fianza.

Además
* Valadez sigue adelante con convenios urbanísticos de la época de Barrientos
* Piden la nulidad por falta de instrucción policial

elmundo.es

DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE DE LA LANTEJUELA POR MALVESAR CAUDALES Y PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Facturas falsas y pagos sin justificar

* Un particular denunció prácticas irregulares en una empresa municipal
* El alcalde justificó con una factura falsa inflada la compra de un vehículo


Europa Press | Sevilla

La Fiscalía ha elevado una denuncia al juzgado decano de Osuna por posibles delitos de falsedad en documento mercantil, prevaricación y malversación de caudales públicos cometidas supuestamente por el alcalde de La Lantejuela, Juan José Vega (IU-CA), por su papel al frente de la sociedad municipal de desarrollo, a la que se atribuyen hechos como el pago sin justificar de una obra no realizada o la falsificación de una factura con cargo a una subvención.

Según el escrito de denuncia, recogido por Europa Press, las diligencias obedecen a una denuncia formulada por un particular sobre la posible comisión de irregularidades "de relevancia penal" en la gestión de la Empresa Municipal de Desarrollo de La Lantejuela (Emdelan), constituida en 2003 por dicho Ayuntamiento.

De las diligencias practicadas a tal efecto, tal y como figura en el documento, se desprende que, "sin perjuicio de las irregularidades contables y del incumplimiento de las obligaciones de contabilidad y registro de cuentas y llevanza de libros", en la gestión de Emdelan podrían haberse consumado hechos de posible "relevancia penal", como el pago "sin justificar" en diciembre de 2006 de la instalación de las marquesinas del estadio de fútbol, una obra "no realizada".

Además, figura la aprobación y el pago de reparaciones correspondientes a vehículos que no eran propiedad de la sociedad municipal, sino del Ayuntamiento, y la venta "irregular" y con compensaciones no justificadas de parcelas del polígono industrial La Fuentecilla, con el "posible desvío a otros fines públicos" de las percepciones obtenidas por la enajenación de las viviendas de los maestros.

Además, la denuncia de la Fiscalía alude al alcalde, porque el 29 de diciembre de 2008, adquirió un vehículo para el Ayuntamiento "mediante una subvención previamente concedida", aportando como justificación una factura "falsa" en la que figuraba un precio "superior" al coste real para "agotar" el dinero de la citada subvención.

elmundo.es

EL INTERMEDIARIO DE MERCASEVILLA NIEGA HABER OÍDO HABLAR DE "DONATIVOS"

CASO MERCASEVILLA |

Declaración judicial de Juan Lanzas

Juan Lanzas, en el momento de entrar en los juzgados. | Esther Lobato

* Niega que se hablara de subvención alguna en su presencia

* Exculpa al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas


Europa Press | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a empresarios del grupo La Raza por parte de los ex directivos de la sociedad municipal Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, tomó hoy declaración en calidad de testigo a Juan Lanzas, quien aseguró que en ninguna de las reuniones en que estuvo presente se les pidió a estos empresarios "un donativo" a cambio de la subvención para abrir una Escuela de Hostelería.

En este sentido, Juan Lanzas estuvo declarando ante la juez durante poco más de una hora, y puso de manifiesto que "cree" que fue a finales de 2006 o principios de 2007 cuando Mellet -a quien conoció entre 2004 y 2005- le pidió su opinión sobre la implantación de una Escuela de Hostelería, a lo que respondió que le parecía un proyecto "muy interesante", aconsejándole que buscara el apoyo de profesionales, tras lo que Mellet se puso en contacto con el Grupo La Raza y la Asociación de Empresarios de Hostelería.

Según el acta de su declaración, Lanzas también recomendó al ex directivo que, una vez conseguido este apoyo, buscara cobertura por parte de la Administración, argumentando que éste fue el motivo por el que acudió a dos reuniones en la Consejería de Empleo, en la primera de las cuales se le expuso al delegado provincial del ramo e imputado en esta causa, Antonio Rivas, el objeto del proyecto.

Por su parte, Lanzas apuntó que en la segunda de estas citas se planteó la necesidad de conseguir una subvención, mientras que también asistió a una comida en la que estaba presente Rivas, "dos o tres" personas de La Raza y Mellet, comida durante la cual se habló del proyecto, aunque en cuanto a la subvención dijo no recordar que se hablara "nada en especial".

Defensa de Rivas
En esta línea, puso de manifiesto que en ninguna de estas reuniones en las que él mismo estuvo presente "ni se habló de la cuantía de la subvención ni se habló de que el Grupo La Raza tuviera que hacer un donativo a cambio de la misma", diciendo no recordar si al encuentro mantenido en Empleo asistieron el ex directivo Daniel Ponce y la empleada de Mercasevilla Regla Pereira.

De igual modo, Lanzas reafirmó que tanto a las dos reuniones como a la comida asistió Antonio Rivas, pero que "en ningún caso, ni en este tema ni en ningún otro" le dijo en relación a las empresas que Lanzas asesoraba que tuvieran que realizar una donación a cambio de ayudas o subvenciones por parte de la Administración.

Además, puso de manifiesto que, en ninguno de los expedientes de negociación colectiva en que ha intervenido, ha visto que Rivas haya pedido a nadie ninguna dádiva, añadiendo que se ha dedicado a temas de negociación colectiva durante 20 o 25 años. En este punto, dijo que Mellet le llamó para la finalización de un ERE donde habían surgido "varias" complicaciones, y prestó su asesoramiento como experto.

En este punto, explicó que, a finales de 2006 o principios de 2007, y a través de la entidad Maginae Solution S.L., intervino en otro ERE en Mercasevilla, consistiendo su labor en preparar la mesa laboral y preparar también una oferta que pudiera ser aceptada por la empresa y los trabajadores.

Además
* ¿Quién es quién en el caso Mercasevilla?
* Mercasevilla no podrá ser acusación, sólo responsable civil

elmundo.es

LA JUEZA PIDE AL TSJIB QUE ASUMA LA INSTRUCCIÓN DE CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN | Vendieron los terrenos por la mitad de lo que valían

* Ve indicios de delito en la actuación de Miquel Nadal y Bartomeu Vicens

Efe | Palma

La juez del Juzgado de instrucción número 12 de Palma ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que asuma el 'caso Can Domenge' al observar indicios de delito en la actuación de los diputados autonómicos Miquel Nadal, conseller de Turismo del Govern, y Bartomeu Vicens.

Fuentes judiciales han confirmado que la juez ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB para que continúe con la instrucción de esta causa, donde se investiga un presunto caso de corrupción derivado de la venta a la empresa Sacresa de este solar público por valor de 30 millones de euros.

Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en el momento en que se formalizó la venta por parte del Consell de Mallorca era de casi 60 millones de euros.

elmundo.es

EL JUEZ ORDENA LA APERTURA DE UN JUICIO ORAL CONTRA VICENS Y NICOLAU

CASO SON OMS | Por malversación y prevaricación

* El juez considera 'innecesario e inutil' el informe encargado a Martín
* 'Procede imponer una pena de cuatro años y seis meses de prisión a Vicens'

Carla Arrieta | Palma

Antoni Capó da por finalizada la instrucción de la pieza separada de Son Oms sobre el informe pagado con dinero público al contable particular de Vicens que lo copio de internet.

Según el auto judicial, Bartomeu Vicens, siendo de Conseller Ejecutivo del Territorio Consell Mallorca decidió "de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos a Tomas Martin San Juan con quien tenia antigua amistad y a quien quería favorecer por los servicios y colaboraciones prestadas y también como medio de mantener su fidelidad" . Así encargó que se llevarán las gestiones necesarias para que se creara un expediente de contratación y se le pagara a Martín San Juan una cantidad, más de 12.000 euros, por unos servicios que el juez tilda de "innecesarios para la administración".

Asimismo el juez Capó, tras la investigación, considera que el diputado del Partido Mixto convenció al por aquel entonces Director Insular, Damià Nicolau, para que emitiera los informes pertinentes que diesen cobertura jurídica a los citados documentos elaborados por Martín y que "no entrañaban ni trabajo para su amigo ni utilidad alguna para la administración que los pagaba".

En el auto acusa a Vicens de ser autor material de los delitos de malversación de fondos y prevaricación y considera cooperantes necesarios a Nicolau y Martín.

Según recoge el auto, la fiscalía considera que procede imponer una pena de cuatro años y seis meses de prisión a Vicens, así como 16 años de inhabilitación para ocupar un cargo público. Respecto a Nicolau el texto especifica que le corresponden tres años y dos meses de cárcel así como ocho años de inhabilitación y a Tomás Martín un año y seis meses por malversación.

El asunto será juzgado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), al frente del cual está su presidente, Antonio Terrasa, y los magistrados Javier Muñoz y Felisa Vidal, sin que por el momento haya fecha para la celebración del juicio.

Por su parte las defensas tienen diez días para presentar sus escritos de defensa.

El diputado, suspendido en octubre de militancia en UM -ahora forma parte del grupo mixto y apoya con su voto al Govern balear-, está imputado por su presunta participación en la compraventa ilegal de terrenos en el polígono industrial de Son Oms.

Presuntamente, Vicens habría participado en una trama de corrupción en la gestación y explotación del polígono, mediante el cobro de más de un millón de euros por medio de la sociedad Metalumba cuando desempeñaba el cargo de conseller insular del Territorio entre los años 2003 y 2006, informa Efe.

Según la Fiscalía, Vicens usó su cargo para obtener el 15% de las diferentes parcelas de Son Oms.

Nicolau dimitió el sábado de su responsabilidad de secretario general de UM y aseguró que es "inocente" de los cargos que se le imputan.

"Pienso que ésta es la mejor decisión para mí mismo y para mi familia", dijo Nicolau, que fue elegido secretario general en el congreso que celebró la formación el pasado julio.

Según Nicolau, su decisión es totalmente personal y no ha recibido ninguna presión por parte de nadie a la hora de tomarla.

Además
* Lea el auto del juez (PDF)

elmundo.es