lunes, 23 de mayo de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL TSJ SIGUE ESTUDIANDO LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO

La mayoría del tribunal valenciano se inclina por encausar a Camps y la cúpula de su partido

AGENCIAS - Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sigue deliberando esta semana sobre la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, en relación a los presuntos delitos electorales y de financiación irregular, entre otros.

El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- se ha reunido este lunes durante aproximadamente una hora, y volverá a hacerlo el próximo miércoles, día 25, tras no llegar a una conclusión, según han señalado las mismas fuentes.

Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir. Tras ello, el pleno deberá reunirse hasta alcanzar acuerdos definitivos. Una vez llegue este momento, Ceres -que sería el instructor de la causa en el caso en que la Sala se declarase competente- recogerá todas las conclusiones en otro texto, que volverá a exhibir al resto de compañeros, para luego redactar la resolución definiiva, según han señalado fuentes judiciales.

Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electoales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana. Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecreario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La inhibición ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no supone prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas aforadas y responde a la imposibilidad de que el TSJ de Madrid iniciara proceso alguno contra aforados que no sean de la comunidad autónoma madrileña.

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LOS CIUDADANOS AVALAN CON SUS VOTOS A LOS CANDIDATOS IMPUTADOS

* Camps revalida la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana

* La corrupción se presenta a las elecciones

M. FABRA / T. CALLEJA Castellón / Madrid

La corrupción es rentable. Es la conclusión a la que puede llegarse al observar los resultados electorales de aquellas comunidades y municipios en los que se presentaban candidatos imputados en delitos de corrupción.

Comunidad Valenciana. La revalidación de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad Valenciana supone que, en el caso de que siga el proceso por el delito de cohecho impropio por el que está imputado Francisco Camps, el presidente de la Generalitat se sentará, como tal, en el banquillo de los acusados. Además, en breve, se puede conocer la decisión de los tribunales respecto a los otros delitos con los que se relaciona al PP valenciano, financiación irregular, cohecho y prevaricación y delito fiscal. Los resultados electorales no solo han sido buenos para él, sino que los otros diez imputados o implicados en causas de corrupción que figuraban en las listas han logrado los puestos a los que optaban.

Pese a aumentar en uno el número de escaños, el PP no ha obtenido un mayor porcentaje de votos que en las elecciones de 2007, sino que ha perdido más de tres puntos. La fragmentación de la izquierda ha dejado al PSOE con siete diputados menos. La suma de los minoritarios, Compromís y Esquerra Unida, ha pasado de siete a 13. 

Comunidad de Madrid. El PP de Esperanza Aguirre en el que se presentaba más de una decena de imputados amplía su mayoría absoluta, sin que los numerosos casos de corrupción hayan disminuido sus apoyos electorales. En la zona Gürtel de la Comunidad de Madrid, principalmente en el noroeste de la provincia, en la que el PP ha cosechado en las últimas elecciones varias mayorías absolutas, los populares han mantenido sus principales feudos.

El segundo avance de participación sí otorga un salto de cinco puntos en la provincia de Sevilla

Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón. Los ayuntamientos del caso Gürtel. El PP del municipio de Boadilla del Monte, localidad de 43.414 habitantes del noroeste de la comunidad en el que dimitieron dos regidores, mantiene su mayoría absoluta pese a sufrir una bajada de cuatro ediles. Los socialistas, lastrados por el debate nacional de la crisis económica, bajan un concejal, pasando a tres, y se convierten en la tercera fuerza política ante la subida de Alternativa por Boadilla encabezada por el abogado Ángel Galindo, que alcanza los cuatro ediles. También se sentará en el pleno del Ayuntamiento del conocido como el epicentro del caso Gürtel UPyD. Sin embargo, en Arganda del Rey (51.489 habitantes), cuyo exregidor del PP Ginés López dimitió por el caso Gürtel, los populares amplían su número de ediles hasta los 14. En Pozuelo de Alarcón (82.804 habitantes) los populares logran 18 ediles en un Consistorio compuesto de 25. El PSOE pierde dos concejales que pasan a UPyD.

Castellón sin Fabra. El PP parece haber conseguido el favor de los votantes por la exclusión de su presidente provincial, Carlos Fabra, de las listas de la ciudad de Castellón. El 22M ha revalidado la mayoría absoluta de los populares que, además, ganan un concejal. El PSPV ha perdido tres representantes. Los nacionalistas del Bloc aumentan los suyos de uno a dos y Esquerra Unida logra un representante en el Ayuntamiento de la capital de La Plana.

Alicante con Ripoll y Sonia Castedo. Tampoco el caso Brugal y sus ramificaciones, que implica a una buena parte del PP alicantino, ha pasado factura. La candidata del PP a la reelección como alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha aumentado el número de concejales de 15 a 18 después de haber sido acusada de recibir regalos a cambio de supuestos favores en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. El segundo en la lista del PP estaba ocupado por el presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.

El Pedroso, epicentro de los ERE. El pequeño municipio de El Pedroso (Sevilla), con poco más de 2.000 habitantes, se ha convertido en epicentro del caso de los ERE. Lugar de origen del imputado ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, quien también ocupó la alcaldía del municipio, ha dado paso a la entrada del PP en el Ayuntamiento, donde hasta ahora no tenía representación, ya que la corporación estaba conformada únicamente por concejales del Partido Andalucista y de PSOE. Los resultados obtenidos ayer suponen para los socialistas una pérdida de 14 puntos y dos ediles.

La basura de Orihuela. La extendida trama sobre la adjudicación del contrato de basuras sí ha calado entre el electorado de Orihuela. El PP obtuvo hace cuatro años 14 concejales y cerca del doble de los votos que los socialistas. El 22M le ha supuesto una rebaja hasta los 12 ediles y la pérdida de la mayoría absoluta. La llave del gobierno local pasa a manos de los independientes, con los que tratarán de pactar el PSOE y Los Verdes.


elpaís.com

"CASO SCALA"; PIDEN 21 AÑOS DE CÁRCEL PARA CARDONA POR DESVIAR SIETE MILLONES A TRAVÉS DEL CDEIB

Petición de la Fiscalía
Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción solicita, en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Sin embargo, Cardona no será el único ex alto cargo del PP que se sentará en el banquillo de los acusados en el marco del caso Scala ya que el Ministerio Público pide asimismo 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas. La acusación se dirige también contra otros 16 inculpados que presuntamente se vieron beneficiados de esta trama.

En concreto, la Fiscalía acusa a los tres principales encausados de cometer los delitos de malversación, asociación ilícita, fraude y cohecho, según han informado fuentes jurídicas. Y es que la acusación pública achaca a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos.

Tal y como ya detallaba la Fiscalía al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, relataba el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.

Robo sistemático
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.

Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía solita penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.
 
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"CASO TROYA"; EL IMPUTADO ALCALDE DE ALHAURÍN REVALIDA CON MAYORÍA ABSOLUTA TRAS SU ARRESTO

Efe | Málaga

El alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), que fue detenido en 2007 y está imputado en el 'caso Troya' sobre corrupción urbanística, ha revalidado este domingo por segunda vez su mayoría absoluta tras su arresto al lograr 12 de los 21 ediles de la Corporación, los mismos que obtuvo hace cuatro años.

La fuerza más votada ha sido el PP, con el 57,05 por ciento de los votos, y ha sumado 5.635 sufragios -88 votos más que en las elecciones de 2007-, mientras que la candidatura del PSOE, encabezada por Cristóbal Bonilla, ha logrado mantener sus siete ediles.

Martín Serón está imputado por los supuestos delitos de cohecho pasivo y prevaricación en el 'caso Troya', cuyo juicio comenzará el próximo 22 de septiembre en la Audiencia de Málaga.

Tras su detención el 18 de enero de 2007, Martín Serón revalidó su mayoría absoluta en las elecciones celebradas en mayo de ese año, que conservará tras estos comicios.

En Alhaurín el Grande, de algo más de 23.000 habitantes, han concurrido un total de cuatro candidaturas en estos comicios, de las que tres han obtenido representación.


elmundo.es

EL NUEVO ALCALDE DE EL CUERVO, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Manuel González (PSOE)

* La Fiscalía pide su inhabilitación para cargo público durante ocho años
* Está inmputado por la posible venta irregular de parcelas a un edil del PA
* Este concejal andalucista ya pactó con el ahora primer edil en el año 2003

Andros Lozano | El Cuervo (Sevilla)

La localidad sevillana de El Cuervo podría ver cómo el que en unas semanas va a ser su nuevo alcalde, el socialista Manuel González, deja de serlo si el juez lo declara culpable de prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor. Por estos presuntos delitos que se le imputan, la Fiscalía de Sevilla pide su inhabilitación en cargo público durante ocho años y 35.000 euros de multa.

Tras ganar el 22-M las elecciones municipales gracias a los seis concejales conseguidos frente a los cuatro de IU (hasta ahora en el poder) y los tres del PP, Manuel González se ha quedado a sólo un edil de la mayoría absoluta, tal como ya le sucediera entre 2003 y 2007, cuando gobernó en coalición con el PA.

Las imputaciones por las que éste deberá sentarse en el banquillo de los acusados se remontan a la anterior etapa de gobierno del PSOE, cuando tras las elecciones municipales de 2003 el PA obtuvo un concejal en la corporación local. Así, el andalucista Juan Antonio Pineda pactó con los socialistas para obtener la mayoría de gobierno, lo que dejó fuera del poder a quien hasta la fecha había sido el alcalde, Juan Garrido Lugo, quien se presentó bajo las siglas de IU y empató en representación con los socialistas.

Éste, dos años después, en 2005, denunció al concejal del PA por la supuesta compra irregular de una parcelas industriales de un polígono ubicado dentro del término municipal de esta población sevillana y que estaban gestionadas por la empresa pública Sociedad para el Desarrollo Industrial y de la Vivienda de El Cuervo (Sodivecu).

Garrido Lugo entendía que el exdelegado de Desarrollo Socioeconómico, además de empresario, no podía comprarlas al formar parte del gobierno local. De esta denuncia se derivó la implicación del exalcalde socialista y del exdelegado de Hacienda, de quienes la Fiscalía sospecha que pudieron obtener algún tipo de beneficio, económico o de otro tipo, por parte de su compañero de gobierno.

Tras este período de pacto entre PA y PSOE en el Ayuntamiento de El Cuervo, Juan Garrido Lugo volvió a acceder a la Alcaldía, que volvió a perder este domingo. La fecha para el comienzo del juicio aún no está fijada. La Audiencia Provincial de Sevilla será quien se encargue de juzgar a los implicados.

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