domingo, 16 de enero de 2011

"OPERACIÓN CLOACA"; EL FISCAL ACUSA A UM DE PACTAR EL PAGO POR DUPLICADO DEL RECICLAJE

Con Mascaró

* Apunta que se fraguó en 2005 con el ex conseller uemita Riera
* También afirma que participó el ex director general de Residuos

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial sostienen que el Consell de Mallorca que presidía la histórica líder de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar pactó en torno a 2005 con las concesionarias a las que adjudicó la recogida selectiva de basura inflarles el contrato pagándoles dos veces por el mismo servicio. En ese momento el conseller de Residuos era el fallecido Miquel Riera, al que sucedió Catalina Julve, un año después, en febrero de 2006. De tal manera que las adjudicatarias a las que se otorgó en 2002 este negocio, lideradas por la constructora mallorquina Melchor Mascaró, una empresa estrechamente ligada a la formación nacionalista gracias a la que gobierna Baleares el PSOE de Francesc Antich, obtuvieron un beneficio extra mediante esta artimaña que rondó el millón y medio de euros públicos que se investiga si fue utilizado para financiar ilegalmente la campaña electoral.

En el marco de la denominada Operación Cloaca han sido detenidos los principales representantes de las empresas concesionarias, que han apuntado a la figura del ex director general de Residuos de la institución insular como el responsable inmediato de este acuerdo. Guillem Riera fue detenido el pasado jueves por la noche y declaró a lo largo de la mañana de ayer tras pasar toda la noche en el calabozo. A última hora pasó a disposición judicial y prestó declaración ante el magistrado Enrique Morell asistido por el letrado Jaime Campaner, quedando a medianoche en libertad sin fianza. La única medida que se adoptó contra él fue la retirada del pasaporte.

Riera no delata a nadie
En su declaración defendió la tramitación de los pagos y evitó implicar a otros altos cargos de UM en esta práctica. Junto a él pasó a disposición judicial el uemita Simón Galmés Veny, al que el Consell le encomendó previo pago de 9.000 euros mensuales, la vigilancia del servicio, que al cierre de esta edición continuaba declarando tras sospechar los investigadores que no llevó a cabo todos los trabajos por los que cobró. No obstante, las pesquisas se centran en determinar las contraprestaciones pagadas por estas empresas a cambio de este sobreprecio.

Y, en este sentido, una de las principales líneas de investigación pasa por la participación de esta constructora en la financiación ilegal de la pasada campaña electoral de UM mediante la colocación masiva de activistas del partido. No en vano, en el seno de la histórica vieja guardia de Munar la principal preocupación por el estallido del caso Cloaca radica precisamente en sus vinculaciones con esta constructora.

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"OPERACIÓN CLOACA"; LIBERTAD PROVISIONAL TAMBIÉN PARA SIMÓN GALMÉS

El juez le retira el pasaporte

* Al igual que a Guillem Riera, el juez le retira el pasaporte
* Su declaración se prolongó hasta la madrugada
* Era el último de los detenidos por la Operación Cloaca

Hugo Sáenz | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha acordado esta madrugada libertad provisional para Simón Galmés, empresario del sector de residuos en la Part Forana y que fue detenido en la denominada operación 'cloaca', después de tomarle declaración.

Como medidas cautelares solicitadas por el fiscal, el magistrado ordenó la presentación quincenal ante la autoridad judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de no abandonar el territorio nacional. Horas antes, acordó Idénticas medidas contra el ex director general de residuos del Consell, Guillem Riera, que también pasó anoche a disposición judicial.

Durante esta nueva operación contra la corrupción en Mallorca, en la que se han detenido a seis personas, de las que cinco ya han sido puestas en libertad (el último Guillem Riera anoche sin fianza), se investiga una presunta trama de desvío de fondos en la gestión de residuos en la Part Forana de la isla.

Las personas que quedaron en libertad con cargos, son María Mascaró, directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró; Maria Morey, economista del servicio de Residuos de la Institución Insular; Gabriel Perelló, funcionario e ingeniero técnico de profesión encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores en la isla; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A). Las mismas fuentes aclaran que la operación sigue abierta y no se descantan nuevos detenidos.

El caso, bautizado como Operación Cloaca, investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia necesaria de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas. Este caso de supuesta corrupción, que afecta a la gestión en la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma tiene abiertas unas diligencias por esta causa, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Está decretado el secreto de sumario.

Además
    * Libertad sin fianza para Guillem Riera
    * La Policía interroga a varios alcaldes de Mallorca

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MORENO DECLARA ESTE VIERNES COMO IMPUTADO EN EL "CASO PALMA ARENA"

CORRUPCIÓN | Por presuntos sobornos

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, interrogará este viernes, a partir de las 12.00 horas, al productor televisivo José Luis Moreno dentro de una de las piezas separadas del caso Palma Arena, en la que se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de programas de la radiotelevisión autonómica balear, IB3, a empresas vinculadas a Moreno a cambio de supuestos sobornos.

Tal y como consta en una providencia dictada por el magistrado ese mismo día también ha sido fijada la comparecencia de la ex directora general del Ente público, Maria Umbert, quien está previsto que declare tanto en esta misma pieza, la número 1, como en la 2, relacionada con la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany como asesor externo del ex presidente del Govern, Jaume Matas.

Cabe recordar que una de las acusaciones que pesan sobre Moreno es la que efectuó el ex directivo de una productora de Moreno, Luis Velasco, quien afirmó ante el magistrado que durante la gala inaugural de IB3 Televisió, celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca, vio al empresario entregar un sobre con 250.000 euros en efectivo al entonces presidente del gobierno balear, Jaume Matas, como posible soborno por diversas adjudicaciones.

En este sentido, el juez observa indicios del cobro de este cohecho y de su relación con el presunto fraude en los concursos y licitaciones de programas y el encargo de decorados a empresas vinculadas al popular ventrílocuo con IB3, corroborado por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas.

Velasco, que fue citado el pasado mes de abril por Castro en calidad de testigo aunque finalmente fue interrogado como encausado a petición de la Fiscalía, se reafirmó en la deposición que ya realizó en dependencias de la Fiscalía cuando a finales de 2008 el Ministerio Público abrió diligencias informativas por estos hechos bajo el nombre de Operación Cámara. Unas pesquisas que, posteriormente, fueron remitidas al caso Palma Arena para que el magistrado prosiguiese con las investigaciones en el marco de una pieza separada del caso Palma Arena.

Ante su cita con el juez Castro, Moreno declaró a Europa Press que se trata de "una carambola de la vida y hay que tomarla como tal, pero estoy tranquilo y creo absolutamente en la justicia". De este modo es como el conocido productor televisivo José Luis Moreno, sereno y "encantado" de poder rebatir ante el juez las acusaciones vertidas contra él dentro de esta compleja causa, afronta la declaración a la que ha sido emplazado.

Moreno se mostró de este modo "satisfecho" ya que "cuanto antes aporte las pruebas pertinentes" que le permitan defenderse "antes acabará esta situación absurda y antes podré demostrar de dónde vienen las acusaciones contra mí". Y es que sobre Velasco apunta que se trata de una persona "con un amplio historial delictivo, numerosos juicios a sus espaldas y varias condenas que únicamente quiere venganza".

Mientras tanto, el 11 de febrero está prevista la declaración del arquitecto valenciano Santiago Calatrava, también imputado en esta causa por haber sido presuntamente favorecido de forma ilegal por el anterior Gobierno del PP al serle adjudicada la elaboración, por encargo del entonces presidente Jaume Matas, de un anteproyecto de la Ópera en Palma, por el que cobró 1,2 millones de euros.

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"CASO MAQUILLAJE"; MANDADO Y CAÑELLAS DECLARAN POR LAS CONTRATACIONES IRREGULARES DEL CONSELL

Fraude electoral

Europa Press | Palma

El ex presidente de la Casa Argentina de Baleares, Jorge Mandado, y la ex secretaria técnica de Vicepresidencia del Consell, Eugenia Cañellas, están citados a declarar este martes como imputados en el caso Maquillaje, en relación a las contrataciones presuntamente irregulares efectuadas la pasada legislatura de activistas de UM en empresas contratistas de la Institución insular cuando en realidad nunca llegaron a trabajar en ellas sino que únicamente realizaron trabajos en favor del partido.

En concreto, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la comparecencia de Cañellas está prevista a partir de las 10.00 horas y la de Mandado a las 12.00. Mientras tanto, este lunes el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, también interrogará a las imputadas Francisca Sampol y Margarita Tortella así como a la interventora del Consell Elena Montojo, en su caso en calidad de testigo.

Tanto Mandado como Cañellas han realizado diversas confesiones en torno a este presunto entramado de financiación irregular de UM. Así, la que fuera secretaria técnica del ex vicepresidente insular Miquel Nadal reveló en su día ante el magistrado que no sólo Vídeo U -productora supuestamente vinculada a UM- sino también empresas como Minser y el Consorcio de Informática Local (Cilma) pusieron en nómina y pagaron, con fondos públicos, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña electoral de 2007.

En este contexto, admitió que gestionó estas contrataciones después de que le transmitieran las personas que se tenían que contratar, unas veces "a instancias de Nadal" y otras del ex conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, quien entonces era director insular de Proyectos y estaba al frente de la red de colaboradores que UM creo para la campaña electoral de Nadal de 2007. "Nunca a instancias de Munar", precisó en esta primera comparecencia.

Por su parte, Mandado ya manifestó, tanto en dependencias de la Policía Nacional como el pasado mes de noviembre ante el juez, que en 2006 el entonces director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, le ofreció trabajo en Vídeo U, de la que acabó cobrando de forma presuntamente irregular por no ir a trabajar y como "agradecimiento", por parte del ex alto cargo de UM, por haber acercado al colectivo inmigrante a la formación nacionalista.

Sin embargo, el propio Lliteres aseguró días después que "ningún dinero" del Consell se desvió a UM y se desvinculó por tanto de este presunto entramado. Mientras tanto, a finales de pasado año una docena de activistas de UM prestaron declaración como imputados a finales de año apuntaron a Mateu Cañellas como una de las personas que mediaron en su contratación tanto en estas sociedades como en varias empresas públicas. También por estos hechos están citados a declarar, el próximo 27 de enero, Miquel Nadal y Josep Lliteres.


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"CASO MATSA"; EL PP PIDE A CHAVES QUE DEJE EL CARGO Y EVITE A ZAPATERO EL COMPROMISO DE CESARLE

Por no inhibirse en las subvenciones dadas a la empresa de su hija

Efe | Sevilla

El PP-A ha pedido este domingo al vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, que deje voluntariamente el cargo por "mentir y vulnerar" la ley de incompatibilidades en relación al caso Matsa, una decisión que no pondría a Zapatero en el "compromiso" de tener que aplicar la ley y cesarle.

Después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya ordenado al Gobierno andaluz abrir un expediente sancionador al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, por no inhibirse en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabaja su hija, los populares creen que el vicepresidente debe "abandonar voluntariamente" el cargo.

El vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, ha anunciado toda una ofensiva política en el Congreso, el Senado y el Parlamento andaluz, donde reclamará por segunda vez que se cree una comisión de investigación, para exigir explicaciones a Chaves y a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán.

"Chaves y Griñán, como presidente y líder de los socialistas andaluces, han intentado desde el principio ocultar, esconder y tergiversar todo aquello que pudiese afectar a la decisión de la Junta de subvencionar a Matsa", ha denunciado.

Según este partido, lo realmente trascendente de la decisión del TSJA es que "Chaves sabía y debía saber" si su hija trabajaba en dicha entidad como apoderada y que, por tanto, "incumple" la ley de incompatibilidad de altos cargos al "no inhibirse" en la concesión de la subvención a Matsa por unos 10 millones de euros.

La Justicia ha puesto en "su sitio" tanto a Chaves como al Gobierno andaluz, que "se negó a abrir" un expediente sancionador, según Tarno, para quien "la actitud de la Junta es de sonrojo, de bochorno ante una vulneración de la ley incompatibilidades", ha enfatizado.

Igualmente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha opinado que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "tiene la obligación de expedientar y sancionar" a su antecesor, Manuel Chaves, por no inhibirse en la concesión de una subvención a Matsa, empresa en la que trabajaba su hija.

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"CASO MATSA"; EL TSJA OBLIGA A INVESTIGAR A CHAVES POR LAS AYUDAS A LA EMPRESA DE SU HIJA

La Junta de andalucía recurrirá el fallo

* Critica a la Junta por dar 'carpetazo' al asunto sin comprobarlo
* Los hechos "tienen una gravedad que exigían una mínima investigación"
* La Junta dice que es un Contencioso "que ya no tiene repercusión"
* Moreno resta importancia al asunto y al fallo, pero lo recurrirá

Manuel María Becerro | Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado, por "arbitraria e injustificada", la decisión del Consejo de Gobierno del 31 de julio de 2009, presidido por el socialista José Antonio Griñán, de no abrir expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, por incumplir la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargosal no inhibirse en el procedimiento de concesión de un incentivo multimillonario a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) pese a que su hija era la apoderada de la firma minera que, incluso, llegó de hecho a firmar la aceptación de los casi 10,1 millones de euros.

En la sentencia, los magistrados del Alto Tribunal Andaluz concluyen que la decisión de Griñán y los consejeros de la Junta "vulnera el reglamento de potestad sancionadora e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna". El Gobierno andaluz, sin embargo, ya ha anunciado que recurrirá el fallo porque entiende que ha actuado "con arreglo al procedimiento administrativo".

Aun así, lo cierto es que los jueces critican abiertamente al Ejecutivo andaluz por haberse limitado a dar carpetazo al 'caso Matsa' esgrimiendo "unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba" cuando los hechos publicados en su día por ELMUNDO.es de Andalucía y elevados a los tribunales por el PP andaluz "tienen una gravedad evidente que exigían una mínima investigación y comprobación".

Se da la circunstancia de que, tras la denuncia de lo ocurrido, se comprobó que Chaves mintió al Congreso de los Diputados cuando afirmó el pasado junio que su hija no había tenido participación alguna, "ni como apoderada ni como nada".

Un voto discrepante
Hay que destacar que el fallo cuenta con el voto particular "discrepante" del presidente de la sala primera de lo Contencioso Administrativo, Julián Manuel Moreno Retamino, quien se muestra disconforme en el escrito "con el máximo respeto, de la sentencia mayoritaria".

Éste argumenta que "la existencia de una denuncia anterior a la de los hoy demandantes no puede considerarse, a mi juicio, elemento determinante para concluir que existen unos hechos que por su gravedad o verosimilitud deben ser investigados mediante un procedimiento sancionador".

Asimismo, Moreno Retamino comparte con la mayoría del Tribunal que en este proceso judicial "no procede enjuiciar cuestiones atinentes al fondo del asunto, a la procedencia o no de la subvención" sino "si han quedado debidamente justificadas las actuaciones previas que previene la norma", si bien, entiende que "no es función del TSJA determinar cuales han de ser las concretas actuaciones que han de practicarse para determinar con precisión los hechos denunciados".

La Junta recurrirá la sentencia
Tras conocerse públicamente el fallo que obliga a investigar la actuación de Chaves, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha anunciado que la Junta lo recurrirá porque entiende que ha actuado "con arreglo al procedimiento administrativo".

"De hecho, hay un voto particular dentro de la sentencia que avala a la Junta y compartimos los fundamentos jurídicos de ese voto particular, por lo que vamos a recurrir", ha argumentado antes de insistir en que este caso es ya un "asunto administrativo" que el PP intentó convertir en un escándalo con una acusación penal que fue "inmediatamente archivada por los tribunales".

De hecho, la consejera de Presidencia ha insistido en que se trata de un contencioso-administrativo "que ya no tiene repercusión y que es de menor cuantía política".

Además
    * Lea íntegra la sentencia del TSJA

elmundo.es

LOS JUECES ORDENAN LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE A CHAVES POR EL "CASO MATSA"

El Tribunal considera que la decisión de cerrarlo fue "arbitraria e injustificada"

ISABEL PEDROTE - Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Junta abrir un expediente al ex presidente Manuel Chaves por no inhibirse en la concesión de un incentivo a la multinacional Matsa, en la que trabaja su hija. El fallo -que no entra en el fondo del asunto (si procede o no la subvención)- es la respuesta a una denuncia que interpuso el PP andaluz contra la decisión del Consejo de Gobierno autónomo de no incoar el citado expediente, que había solicitado con anterioridad el mismo partido.

La Junta andaluza anuncia que recurrirá ante el Supremo

La vía contencioso-administrativa es el segundo frente judicial emprendido por el PP contra el ahora vicepresidente tercero del Gobierno por el llamado caso Matsa -subvención de 10 millones a una empresa en la que trabaja su hija Paula como letrada-. Antes, el Tribunal Supremo había desechado la vía penal al archivar las querellas que presentaron los populares y también el sindicato ultraderechista Manos Limpias por prevaricación y tráfico de influencias.

El PP ha desarrollado en Andalucía una intensa y larga campaña contra Chaves por este asunto, que trasladó luego -al dejar la Junta y ser nombrado ministro de Política Territorial- al Congreso de los Diputados. Un portavoz popular anunció que volverán a llevar el caso a la Cámara Baja en la próxima sesión, con la percha del TSJA.

La sentencia, que no es firme, estima que la resolución del Consejo de Gobierno de la Junta respecto a no incoar expediente para investigar la incompatibilidad de Chaves es "arbitraria e injustificada", ya que, dice, se basa en "unos informes jurídicos interpretativos". Se trata de unos trabajos de la asesoría jurídica de la Consejería de Justicia y Administración Pública y de la Inspección General de Servicios que concluyen que "no se aprecian indicios de infracción del artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta". El tribunal considera que no se investigó lo suficiente. Sostiene que lo "realmente trascendente" no es si la Administración tenía o no conocimiento de la relación de Paula Chaves con Matsa, sino si su padre, cuando presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero de 2009 que ratificó la subvención a favor de esta empresa, conocía la relación contractual de su hija. El TSJA recuerda que la apertura de expediente no implica la imposición de una sanción.

El fallo cuenta con el voto discrepante del presidente de la sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo, Julián Moreno Retamino, quien estima que las actuaciones previas fueron "suficientes, razonables y proporcionadas".

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, dijo ayer que la Junta presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, basado en los fundamentos del voto particular. Moreno agregó que se trata de un "asunto administrativo que el PP intenta estirar y convertir en un escándalo, después del varapalo que le dio el Supremo".

El alto tribunal calificó de "conjeturas" lo argumentado por el PP en su denuncia penal y le reprochó que acudiera a esta vía para unas supuestas irregularidades que, en su caso, deben ser investigadas en la vía administrativa. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, señaló ayer que la sentencia del TSJA tiene "trascendencia" porque pone de manifiesto "abusos y oscurantismo" de la Junta.

Más información:
    * Personaje: Manuel Chaves González
    * Fotografía: Manuel Chaves

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