miércoles, 30 de noviembre de 2011

"OPERACIÓN BABEL"; EL JUEZ JUSTIFICA LOS REGISTROS AL SOCIO DE URDANGARÍN POR LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS

El magistrado desestima el recurso del abogado de Diego Torres y justifica los registros por la "gravedad" de los hechos

Jesús García / Andreu Manresa Barcelona / Palma de Mallorca

Diego Torres, el socio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, seguirá imputado por el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro que logró, entre 2004 y 2006, contratos a dedo de los Gobiernos balear y valenciano por cuatro millones. El juez que investiga el caso, José Castro, ha desestimado el recurso del abogado de Torres, que pidió el archivo de la causa. Según el juez instructor, las órdenes de entrada y registro en el despacho y la vivienda de Torres en Barcelona están justificados por la “gravedad” de los hechos que se investigan.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, expuso en el recurso que los registros fueron “desproporcionados” y que el socio de Urdangarin había entregado, antes de ser imputado, una serie de documentos al juzgado que sirvieron de base para “construir” la causa contra él. El auto del juez Castro considera, en cambio, que “la gravedad” de los posibles delitos cometidos y las penas que conllevan “justifican sobradamente la adopción de las diligencias de entrada”, ya que es difícil imaginar “otras menos gravosas” pero igual de efectivas. Castro ratifica que la documentación requerida “no acredita suficientemente” el destino de los fondos.

La investigación sobre la actividad privada del marido de la infanta Cristina tiene su origen en el caso Palma Arena, sobre las irregularidades en la adjudicación de una de las mayores instalaciones deportivas de Baleares. En ese caso están imputados el expresidente autonómico del PP Jaume Matas y otros altos cargos de su Ejecutivo. Según la pieza separada sobre el Instituto Nóos —que sigue secreta—, Urdangarin y Torres suscribieron dos contratos con el Gobierno de Matas a través del entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos.

Las facturas presentadas por Nóos no justifican los gastos que supuso la celebración, durante dos días, de dos congresos en Baleares. El agujero supera el millón de euros.

El recurso de González Peeters reprochaba al juzgado no haber comunicado la apertura de la pieza secreta. El juez entiende que no hacerlo es de sentido común porque, de otra forma, “se llegaría al absurdo de que las intervenciones telefónicas tuvieran que ir acompañadas de una previa declaración” del secreto.


"OPERACIÓN CAMPEÓN"; UN EXCONSEJERO DEL BNG NIEGA QUE COBRASE DE DORRIBO

Fernando Blanco declara como imputado ante la juez de Lugo

Pepe Seijo Lugo

Fernando Blanco, exconsejero de Industria de la Xunta por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), negó ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo que hubiese recibido pagos ilegales del empresario Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón. Blanco dimitió como diputado en el Parlamento gallego el pasado octubre después de que se publicasen las acusaciones de Dorribo, que asegura que le pagó comisiones ilegales a cambio de favores administrativos, al igual que al ministro de Fomento, José Blanco, y al también exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián.

Durante el mandato de Fernando Blanco en el Gobierno gallego de coalición entre PSdeG y BNG, la empresa de Dorribo, Laboratorios Nupel, recibió una subvención de 1,6 millones de euros del departamento de I+D+i, integrado en la Consejería de Industria. Tras abandonar el poder el Ejecutivo de coalición, el que había sido jefe de gabinete de Blanco, Xoán Manuel Bazarra, también militante del BNG, fue contratado por Dorribo como gerente de una filial de Nupel con sede en Andorra.

Blanco, según fuentes jurídicas, admitió que mantuvo contactos personales con Dorribo, pero los situó en las conversaciones habituales que mantenía con diversos empresarios debido a su cargo de consejero de Industria. Por lo demás, el dirigente del BNG negó tajantemente que hubiese cobrado comisiones del empresario, imputado por un presunto fraude en subvenciones públicas. Fuentes próximas al caso dan por hecho que la titular del juzgado, Estela San José, llamará próximamente a declarar a Xoán Manuel Bazarra para confrontar el testimonio de este con el de su antiguo jefe y preguntarle por las relaciones entre Blanco y Dorribo.

“Está clarísimo que no hay caso”, sentenció tras la declaración uno de los abogados del exconsejero, Xoán Antón Pérez-Lema, quien anticipó que pedirá el sobreseímiento de la causa. La defensa de Blanco está a la espera también de que la Audiencia Provincial de Lugo resuelva un recurso de apelación para que la juez levante el secreto del sumario. El dirigente nacionalista se quejó de que se encuentra en “situación de indefensión” al no conocer exactamente los términos de las acusaciones de Dorribo contra él. “Aun así, yo declaré, como también renuncié al aforamiento, es decir al privilegio que tenía para que se pudiese aclarar cuanto antes esta investigación”, señaló Blanco, quien destacó que no había dejado sin contestar ninguna de las preguntas de la juez.

La declaración estricta del exconsejero no duró más de 45 minutos, aunque estuvo casi tres horas en el juzgado después de que se acogiese a su derecho a testificar en gallego, y la juez San José requiriera la presencia de un lingüista para transcribir correctamente sus palabras. Su abogado se quejó de que el gallego recibiese “tratamiento de lengua extranjera, aunque no por culpa de la juez”.

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* Un exconsejero del BNG niega que cobrase de Dorribo

"TRAMA GÜRTEL"; CORREA Y CRESPO ENTRAN A DECLARAR ESPOSADOS CON "LOS GRILLETES DE RUBALCABA"

Crespo, mano derecha de Francisco Correa. | Ical
Tribunales

* Están citados esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos
* El primero ha llegado en ambulancia, visiblemente más delgado
* Ambos han ejercido su derecho a permanecer en silencio

Ical | Burgos

El cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, llegaron este miércoles esposados a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, procedentes de la cárcel de Soto del Real, en Madrid, donde se encuentran en prisión preventiva.

A las 10.25 horas llegó en ambulancia Correa, visiblemente más delgado y con semblante serio. A los pocos minutos, Crespo lo hizo en un coche camuflado, un Peugeot 307 con los cristales tintados. Dirigiéndose a los medios de comunicación, y levantando las manos esposadas, gritó: "Los grilletes de Rubalcaba".

Durante la declaración, ambos se han acogido a su derecho a permanecer en silencio.

Además
    * El contable de la 'peineta'

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EL "CASO ANDRATX" SUMA SU DECIMOQUINTA CONDENA

CORRUPCIÓN | Juicio

Europa Press | Palma

El caso Andratx ha sumado su décimoquinta sentencia condenatoria -los 15 juicios celebrados hasta el momento se han saldado con imposición de penas- después de que el exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y exalto cargo del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, se haya conformado este miércoles a seis meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación para cargo público por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido.

Mientras, tanto la Fiscalía como la acusación particular han retirado sus acusaciones contra el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, quienes también han vuelto ha sentarse en el banquillo de los acusados a pesar de que finalmente no han sido juzgados por estos hechos. De esta forma, Mir ha abandonado la sala mientras que, en el caso de Gibert, el presidente del tribunal, Eduardo Calderón, le ha indicado que "puede irse pero de forma simbólica", ya que de nuevo debía ser conducido a la cárcel de Palma, donde cumple condena en el marco de esta causa.

En concreto, la Fiscalía pedía las mismas penas que a Massot para Gibert, por un delito de prevaricación urbanística y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Ayuntamiento de Andratx, solicitaba dos años de prisión para Massot, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.

Tal y como declara probado el escrito de conformidad, relativo a la pieza número 55 del caso, el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando Massot entró en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.

Así, el también exalto cargo del Govern de Jaume Matas emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Área Natural de Especial Interés (Anei) y Área Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer "perfectamente" la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx.

Es más, el acusado también omitió el trámite de información pública y la remisión del expediente al Consell de Mallorca para la emisión del informe, evitando de esta forma el informe negativo de la Administración insular y posibilitando una ampliación de hasta un total de 226,1 metros cuadrados, es decir, un cien por cien del inexistente volumen inicial. "Se infringía así la Ley de Disciplina Urbanística por cuanto sin informes preceptivos no se puede otorgar licencia y en caso de concesión son nulas de pleno derecho".

Mientras tanto, el escrito recuerda cómo el celador de obras emitió un informe oficial en el que afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que "parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca". Del mismo modo, el asesor jurídico emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable, lo que posibilitó de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.

Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.


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"CASO CAN DOMENGE"; NOTIFICAN EN CASA DE MUNAR EL AUTO Y LOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN

CORRUPCIÓN | Por su grave estado de salud

Europa Press | Palma

Un agente judicial se ha desplazado este mediodía hasta la vivienda de la expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, situada en el municipio de Costitx, para notificarle en persona el auto que puso fin a la instrucción del caso Can Domenge así como los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el Consell y la mercantil Núñez y Navarro, con cuya querella fueron iniciadas las pesquisas.

Así lo ha acordado la juez instructora de la causa, Carmen González, después de que el forense al que solicitó que analizase la documentación médica aportada por Munar haya determinado la gravedad del estado de salud de la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM), de forma que finalmente no ha sido requerida para que acudiese al Juzgado a fin de que le fueran notificados la resolución judicial y los demás escritos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La pasada semana la expresidenta 'uemita' presentó, a través de su procurador, numerosa documentación médica para justificar que debido a la enfermedad que padece y al tratamiento al que está sometida no puso acudir al Juzgado la misma jornada en la que sí lo hicieron el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, el exconseller insular Miquel Àngel Flaquer y el abogado Santiago Fiol, también acusados en este caso.

De esta forma, ya le ha sido notificado el auto que decretaba una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Nadal, el exconseller Bartomeu Vicens y el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, que disponían de un día para que abonasen de forma conjunta y solidaria la caución. Así, el Juzgado prevé iniciar los trámites de embargo de su patrimonio una vez los encausados designen bienes hasta cubrir la fianza fijada para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Junto a la notificación del auto y de los escritos de calificación, se le ha dado asimismo traslado de las actuaciones a la acusada, defendida por el letrado Gabriel Garcías, para que presente su escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, en favor de la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.

Además
    * El caso Andratx, nueva condena

elmundo.es

"OPERACIÓN BABEL"; LOS INVESTIGADORES ANALIZAN UN CONVENIO ENTRE NÓOS Y EL TRIPARTITO CATALÁN

De 30.000 euros

* Se firmó cuando gobernaban el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya
* Será analizado para averiguar si se produjo algún tipo de irregularidad

Europa Press | Palma

Los investigadores analizarán, entre la numerosa documentación incautada sobre el Instituto Nóos, un convenio por valor de 30.000 euros rubricado entre la Generalitat de Cataluña y el Instituto Nóos, presidido hasta 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según han informado fuentes de la investigación.

Tal y como han precisado, el convenio fue firmado entre los años 2004 y 2006, cuando la Generalitat estaba en manos del tripartito formado por el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds, y será analizado en próximos días para averiguar si también en el marco de esta firma se produjo algún tipo de irregularidad.

Las pesquisas de la Operación Babel ya se habían extendido a Cataluña, donde se investigan los diversos contratos que el Ayuntamiento de Mataró suscribió a través del Instituto Municipal de Promoción Económica con el Instituto que presidía el marido de la Infanta Cristina.

Hace unas semanas, los Mossos d'Esquadra registraron la sede del Instituto Nóos de Barcelona así como de varias mercantiles vinculadas con Urdangarin, donde requisaron diversa documentación relativa a estas pesquisas. Una ingente información que fue posteriormente trasladada a Palma, contenida en unos 15 archivadores A-Z, a fin de ser analizada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares.

Una vez sea revisada la documentación está previsto que se reanuden los interrogatorios en torno a los hechos investigados y posteriormente el Ministerio Público analizará si solicita la imputación del Duque de Palma.

Y es que, de acuerdo a las indagaciones llevadas a cabo hasta el momento, la Fiscalía apunta a que tanto el Duque de Palma como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

Así consta en el auto que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

La resolución judicial asevera sin embargo el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

Según la resolución, que recoge la petición del Ministerio Fiscal para acordar la entrada y registro, la acusación pública señala que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

Todo ello a fin de aparentar la "no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. Es más, la resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".

JUZGAN A EX EDILES DE MARBELLA POR AUTORIZAR MÁS VIVIENDAS DE LAS PERMITIDAS

TRIBUNALES | Arranca este jueves

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar este jueves día 1 de diciembre a exediles de la localidad malagueña de Marbella por dar licencia al proyecto básico y al de ejecución para la construcción de más viviendas de las supuestamente permitidas. Además del exalcalde marbellí Julián Muñoz, están acusados exconcejales que formaron parte del gobierno tripartito, como la entonces socialista Isabel García Marcos.

En total son 12 los acusados. Los ocho primeros, Julián Muñoz, Rafael González, Marisa Alcalá, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez, ya se han acogido antes al acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que se fijaba un año de prisión para los ediles de la primera Corporación del GIL -1995-1999- y de nueve meses para los de la segunda -1999-2003-.

Los cuatro últimos procesados, que para la acusación pública aprobaron el proyecto de ejecución, son, además de García Marcos, José Jaén, María del Carmen Revilla y Pedro Pérez. Excepto estos cuatro acusados y Lendínez, que está en situación de rebeldía, el resto ha estado en prisión cumpliendo condena por delitos urbanísticos.

El fiscal señala en su escrito inicial que los que integraban la comisión de gobierno de abril de 2002 "acordaron por unanimidad otorgar licencia de obras al proyecto básico", presentado por un grupo inmobiliario, para la construcción de 20 viviendas adosadas; mientras que los cuatro últimos procesados dieron permiso para el proyecto de ejecución en marzo de 2004.

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el terreno al que se refería las licencias pertenece al sector de suelo urbanizable programado Trapiche y están calificados de unifamiliar adosada, señala la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press y en las que se indica que, no obstante, la normativa urbanística de Marbella requería la previa tramitación de un estudio detalle.

Dicho estudio cuenta con aprobación inicial de febrero de 2002, "pero sin desarrollar en sus determinaciones", indica la acusación pública, por lo que el proyecto presenta, dice el fiscal, "un exceso" de edificabilidad, ya que se proyectan 2.447 metros cuadrados, "siendo la edificabilidad máxima de 841 metros cuadrados" y proyectándose 20 viviendas "cuando el número máximo es de cinco", por lo que excede en 15 unidades.

Así, el ministerio público les acusa a todos de un delito de prevaricación urbanística y pide un año de cárcel y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Muñoz, González, Alcalá, García Marcos, Jaén, Revilla y Pedro Pérez; mientras que solicita nueve meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para Troyano, Fernández Garrosa, García Muñoz, Reñones y Lendínez.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA JUSTIFICA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MUÑOZ EN SU AVENTURA CON ISABEL PANTOJA

Pantoja y Muñoz a su llegada al pleno de la moción. | ELMUNDO.es

Declaración en el juicio

José Carlos Villanueva | Málaga

El principal acusado en el ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, ha justificado este miércoles la moción de censura contra el excalde de Marbella Julián Muñoz, en agosto de 2003, "en su aventura extraconyugal".

Lo ha hecho en alusión a la relación sentimental del exregidor con la tonadillera Isabel Pantoja. La afirmación del considerado cerebro de la trama de corrupción municipal se ha producido a preguntas del abogado del Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez, cuando éste le ha preguntado si hubo "pagos" - presuntos sobornos a concejales- antes del 1 de agosto de 2003, fecha de la maniobra política que desbancó de la Alcaldía a Muñoz.

Roca ha negado que hubiera pago alguno en tales fechas y ha sido contundente en sus argumentos: "La moción de censura se llevó a cabo por la aventura extraconyugal de Julián Muñoz, su forma de hacer política y mostrarse ante España".

Así pues, el que fuera brazo derecho del exalcalde Jesús Gil entre 1992 y 2004, año de su fallecimiento, ha situado en primer lugar la relación Muñoz-Pantoja como factor para acabar con el mandato del novio de la tonadillera en agosto de 2003. Hasta ahora la tesis mantenida por Juan Antonio Roca para arrebatar la Alcaldía a Muñoz se centraba en su gestión urbanística, algo que este miércoles ha venido a decir al hablar de "su forma de hacer política", pero anteponiendo antes dicha "aventura extraconyugal".

Cabe recordar que el propio Gil, cuando Marisol Yagüe y el resto de sus ediles afines firmaron la moción de censura -junto a tránsfugas del PSOE y ediles del PA- justificó la maniobra en distintos programas de televisión así: "Con Julián, su circo, su folclore y el pajarito de Del Nido no vamos a ninguna parte".

Con tales calificativos el entonces presidente del Atlético de Madrid se refería, al igual que hace ahora Roca, a la relación sentimental del que fuera su pupilo político con la famosa artista. Paralelamente, el polémico ex alcalde mostraba su disconformidad con el enorme protagonismo y poder que el abogado José María del Nido había adquirido junto a Julián Muñoz en la Alcaldía, como asesor jurídico municipal. De hecho, el letrado sevillano comenzaba a causar recelo en Gil y Gil por quedar Roca relegado a un segundo plano.

Aunque Roca sitúa ahora la relación sentimental de Muñoz con Pantoja como preeminente en su enumeración de motivos para justificar la moción de censura, lo cierto es que el ex alcalde pactó a finales de julio de 2003 con la Junta de Andalucía elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contar con el entonces asesor urbanístico municipal. De hecho, el propio Muñoz fue muy claro: «Me han puesto como condición que le corte la cabeza», en alusión al ahora principal encausado en el juicio por el 'caso Malaya'.

Fue entonces, a finales de julio de 2003, cuando se encendieron las alarmas en los cuarteles generales del Grupo Independiente Liberal (GIL). Días después, el 1 de agosto de ese año, el núcleo duro de ediles gilistas, tránsfugas del PSOE y tres munícipes del PA se unieron contra Muñoz bajo el amparo de Roca y Gil. El 13 de agosto de ese año tomaba posesión Marisol Yagüe como nueva alcaldesa.

Sorprendentemente, durante sesiones anteriores, Roca ha tratado de reinterpretar la historia, a su manera, al asegurar que la moción de censura contra Muñoz la diseñó Gil porque el entonces alcalde «quería ir contra el criterio de la Junta de Andalucía, a la hora de otorgar licencias de obras contrarias al PGOU vigente de 1986, mientras que nosotros queríamos ir de la mano» del Ejecutivo autonómico, «elaborando un nuevo Plan". Nada más lejos de la realidad.

Además
* Gráfico: Las claves del caso
* Quién es quién en 'Malaya' 

NUEVE CARGOS SOCIALISTAS Y UNO DEL PP IMPUTADOS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS

HUELVA | Mancomunidad del Andévalo Minero

* El último imputado, el ex alcalde de El Cerro, Herófito Rodríguez
* La Junta otorgó en 2008 una subvención de casi 419.000 euros
* El destino era para implantar un servicio de teleasistencia
* La Mancomunidad del Andévalo Minero aún no ha pagado a la empresa

José Carlos Aguado | Huelva

Nueve alcaldes, ex alcaldes y cargos del PSOE están imputados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos en la Mancomunidad del Andévalo Minero (Huelva) que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valverde del Camino, a raíz de la denuncia presentada por la empresa malagueña Novasoft en julio del pasado año.

La empresa reclama a la mancomunidad el pago de 468.000 euros por la implantación de su servicio de teleasistencia y tramitación electrónica, trabajo concluido en 2008 y que aún no ha cobrado pese a que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, concedió a la Mancomunidad una subvención de casi 419.000 euros, cuyo destino nadie aclara.

El último imputado por la juez ha sido el ex alcalde de El Cerro de Andévalo, Herófito Rodríguez, quien en 2007 decidió abandonar las filas andalucistas y 'fichar' por el PSOE, y que después de perder las elecciones de aquel año fue colocado en la Gerencia de la Mancomunidad del Andévalo.

La imputación de Herófito Rodríguez se ha producido como consecuencia de que los alcaldes y ex alcaldes de los municipios que conforman la mancomunidad le han señalado, en sus declaraciones ante la juez, como conocedor "directo" de lo ocurrido con la subvención otorgada por la Administración autonómica. Rodríguez tendrá que comparecer en el Juzgado de Valverde el 12 de septiembre de 2012.

Hasta la fecha, ya han declarado como imputados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos los alcaldes socialistas de Paymogo, José María Infante; La Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; Santa Bárbara de Casa, Gonzala Gómez; y de Tharsis, Lorenzo Gómez.

Asimismo, han comparecido ante la juez los ex alcaldes del PSOE de Alosno, Benito Pérez; Cabezas Rubias, Esteban Naranjo; y Calañas, Fernando Recio. El 1 de diciembre está previsto que declare el ex primer edil socialista de La Zarza-Perrunal, Francisco Martín.

También están imputados en este caso el ex alcalde del PP de El Cerro de Andévalo, Juan Manuel Borrero, el ex secretario de la Mancomunidad, Luis Santamaría y el ex gerente, Juan José Pérez Molins.


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EL TSJM DEVUELVE EL "CASO GÜRTEL" A LA AUDIENCIA NACIONAL

Correa, a su llegada acompañado por la Guardia Civil al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para declarar. EFE
Correa y Crespo se niegan a declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

EFE Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha notificado este miércoles un decreto por el que devuelve formalmente el caso Gürtel a la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso del exsenador del PP Luis Bárcenas contra la inhibición en favor de ese órgano judicial.

En el decreto, que lleva la firma de la secretaria judicial de la sala civil y penal del TSJM y al que ha tenido acceso Efe, se declara firme el auto dictado por este tribunal el pasado 8 de junio por el que se acordaba la inhibición al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Pablo Ruz, "por pérdida sobrevenida de competencia".

Además, se acuerda "suspender la causa en el estado en que se encuentra y remitir la misma" al Juzgado de Ruz "previa elaboración de los listados oportunos de tomos, escritos y demás carpetas, folios, etc., de los que consta la misma".

La pérdida de competencia del TSJM, donde el magistrado Antonio Pedreira ha instruido el caso desde finales de marzo de 2009, se debe a que, tras las elecciones autonómicas y locales celebradas el pasado 22 de mayo, los exdiputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en la causa, perdieron su condición de aforados.

Pedreira acordó entonces devolver el caso a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón había comenzado a instruirlo, y su decisión fue confirmada por la sala civil y penal del TSJM, pero Bárcenas se opuso a la misma y recurrió al Tribunal Supremo. El pasado lunes, el alto tribunal rechazó el recurso del exsenador del PP.

Correa y Crespo se niegan a declarar
Por otro lado, Francisco Correa y Pablo Crespo se han negado a declarar ante el magistrado que instruye la Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el posible cobro de comisiones ilegales por una obra en León.

Ambos se han limitado a explicar a puerta cerrada ante el magistrado, una representante de la Fiscalía Anticorrupción y varios letrados de los imputados la razón de su negativa, amparada por el derecho a no declarar, al estar citados en calidad de imputados.


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