miércoles, 22 de mayo de 2013

LA FISCALÍA PIDE 7 AÑOS DE CÁRCEL POR ESTAFA PARA EL EX PRESIDENTE DE TERRA MÍTICA


TRIBUNALES | Otros 10 años para tres ex responsables
El juez abrió en 2005 una investigación al parque temático de Benidorm
Se investiga un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros
A los acusados se les pide una indemnización de 8 millones de euros

Efe | Valencia

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de prisión, que oscilan entre los 7 y 10 años, para cuatro ex cargos de la sociedad Parque Temático de Benidorm en relación a un presunto fraude fiscal cometido durante la construcción de Terra Mítica.

En su escrito provisional, en el que también pide la apertura de juicio oral, la Fiscalía también formula acusación contra otras 34 personas -para todas ellas pide tres o más años de cárcel- y, como responsables civiles subsidiarias, 25 sociedades mercantiles.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia dictó el pasado mes de abril un auto que dejaba lista para el juicio esta causa, en la que se investiga un fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque Terra Mítica.

En dicho auto, el juez emplazaba a las partes a que solicitaran la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias complementarias.

La Fiscalía ha optado, y así lo refleja en su escrito facilitado a los medios de comunicación, por la apertura de juicio oral y, por ende, ha formulado sus acusaciones por entender que se dan supuestos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos mercantiles.

Para el que fuera presidente del consejo de Administración en los años 2000 y 2001 -ejercicios objeto de la investigación-, Luis Esteban, el fiscal pide cuatro años de prisión por un delito de estafa y otros tres años por un delito contra la Hacienda Pública.

Además de ambos delitos, el Ministerio Público considera que cometieron un delito continuado de falsificación de documento mercantil el ex director general del parque Miguel Navarro, el ex responsable de Contratación Justo Valverde y el ex director técnico Antonio Rincón, por lo que eleva las penas a un total de diez años para estos tres últimos.

Relata el fiscal que, tras quedar constituida la sociedad en 1988, ésta firmó determinados contratos con cuatro empresas externas para que se encargasen de la creación, contratación, cumplimiento de la normativa y control de calidad, entre otros servicios.

"Pese a la contratación con dichas empresas", añade la Fiscalía, Navarro y Valverde "entraron en contacto" con otro de los acusados, Vicente Conesa -para quien pide 10 años de prisión-, y con "la intención de lucrarse a costa de los accionistas", idearon "un plan que les permitía sacar del control" de la gerencia de construcción y de la dirección facultativa de las empresas contratadas "una parte de la construcción del parque".

Además, este plan les permitiría "conseguir que un gran número de facturas que iban a presentar al cobro en Terra Mítica" pudiesen ser aceptadas por el Área Financiera del parque "y se abonasen las mismas".

Para ello, las facturas, a juicio del fiscal, se dotaban de "una apariencia de realidad, pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales prestados por unas empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque".

Como último paso, se buscó a personas que, o bien estaban al frente de pequeñas empresas, o se les ofreció figurar como administradores de otras empresas inactivas o con poca actividad "a cambio de una contraprestación".

Además de las cinco personas citadas anteriormente, el resto de los acusados figuran como responsables o colaboradores en distintas empresas, contratas y subcontratas, las cuales podrían haber facturado al parque por servicios que nunca llegaron a prestar.

En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente -figuran como subsidiarias las mercantiles- deberán indemnizar ya sea a la sociedad Parque Temático de Benidorm y/o a la Hacienda Pública algo más de ocho millones de euros, según señala la Fiscalía en su escrito provisional.

La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.

Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción de Terra Mítica

"CASO MERCURIO"; BUSTOS NIEGA PRESIONES PARA QUE SE CONTRATARA A UNA EX ALTO CARGO DEL PSC


Bustos a su llegada a la Audiencia de Barcelona. | Antonio Moreno

JUDICIAL | Imputado por el 'Caso Mercurio'
Daniel Fernández asegura que no presionó, sino que dio su opinión

Jordi Ribalaygue | Barcelona

El ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha declarado hoy durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relación a una de las investigaciones que cuelgan del macroproceso de presunta corrupción que traza el 'caso Mercurio'.

El ex primer edil ha negado que presionara a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la también socialista María Elena Pérez, para que nombrara como directora del Área Territorial del Consistorio a Carmina Llumà, ex alto cargo de la Generalitat y pareja del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sabadell.

"Mi preocupación se limitó a expresar la valía personal de Llumà, no hubo más intervención. Ni se forzó, ni se propuso ni se intervino", ha defendido el ex alcalde en declaraciones a los periodistas al acabar de testificar. Por la supuesta designación a dedo de la ex dirigente del Departament de Política Territorial, a Bustos se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias.

Incriminada por los mismos hechos, la alcaldesa de Montcada rebatió la semana pasada ante el juez que fuera conminada a aceptar a Llumà y alegó que la escogió por decisión propia. Por la misma contratación, se acusa a Francisco Bustos, hermano del ex alcalde y quien ha comparecido esta mañana durante unos 70 minutos, y al ex secretario de Organización del PSC, el diputado Daniel Fernández, citado para esta tarde.

"Nadie presionó a nadie", ha añadido Bustos, "son nombramientos que corresponden al máximo responsable de un ayuntamiento, y es lo que hizo la alcaldesa de Montcada. Tenía una candidata favorita, que era Llumà". El ex alcalde ha desmentido que intermediara de ningún modo a favor de la ex cargo de confianza del tripartito. "Al ser presidente de la Federación de Municipios, recibía muchas demandas, pero no fue el caso de éste".

Fuentes judiciales han indicado que habría sido Llumà quien expresó que se encontraba sin trabajo. Asimismo, Bustos ha rechazado que manifestara un interés especial porque la ex secretaria de la conselleria que dirigió Joaquim Nadal hallara empleo, a pesar de que así lo sugieren las conversaciones transcritas.

El ex primer edil ha llegado sobre las 10.00 horas al Palacio de Justicia rodeado por ocho concejales del PSC sabadellense. En la comitiva, faltaba su sucesor en el Consistorio, Joan Carles Sánchez.

Daniel Fernández dice que sólo dio su opinión
El diputado del PSC Daniel Fernández ha negado hoy que presionara a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) para colocar a una ex alto cargo del tripartito en el consistorio y ha alegado que se limitó a "compartir" su opinión con la edil, al creer que la plaza era para un cargo de confianza.

El ex secretario de Organización del PSC, así como el ex alcalde Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos y su hermano Francisco, concejal socialista en este municipio, han declarado hoy como imputados ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga si presionaron a la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez, para que contratara a la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà como responsable de Urbanismo.

El TSJC imputó por tráfico de influencias a los tres cargos socialistas en base a varias conversaciones telefónicas intervenidas, en una de las cuales Fernández comentó a Manuel Bustos que había hablado con la alcaldesa sobre el proceso de selección que Montcada había encargado a una empresa externa para cubrir la plaza, en el que inicialmente Llumà fue descartada.

"Que cojan a la empresa y al 'no apta' que le quiten el 'no', ¿vale?", afirmó Fernández a Bustos en esa conversación de 18 de mayo de 2012, apenas diez días antes de que la alcaldesa nombrara a Llumà.

FALCÓ DECLARA QUE NO CONTRATÓ AL PRESUNTO COMISIONISTA DEL "CASO ADIGSA"


JUDICIAL | Investigan comisiones ilegales en el Govern Pujol
El diputado y ex presidente de la empresa pública comparece para reiterar que desconocía las actividades de Penín.

Jordi Ribalaygue | Barcelona

El diputado de CiU Ferran Falcó ha comparecido durante media hora en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para declarar si conocía el presunto cobro de comisiones que se intenta dilucidar en el denominado 'caso Adigsa'.

El político convergente fue presidente del consejo de administración de la empresa pública de vivienda entre 2002 y 2004 y está imputado desde 2005 a raíz de una querella que la Fiscalía interpuso al aflorar la polémica del 3%, la supuesta mordida que el ex president de la Generalitat Pasqual Maragall insinuó que dirigentes de la federación nacionalista recaudaban a cambio de conceder obras. La causa sigue en fase de instrucción, ahora trasladada al Alto Tribunal por la condición de aforado de Falcó.

El parlamentario no había vuelto a ser citado en los últimos siete años y, según ha confesado al abandonar la sala, ha repetido los mismos argumentos que esgrimió en 2006, cuando acudió a un juzgado ordinario. También ha señalado que cree que ha demostrado "mejor" su inocencia en esta ocasión. En ese sentido, el nacionalista volvió a negar que se responsabilizara de la contratación del ex empleado de Adigsa Josep Maria Penín, presunto intermediario y pariente lejano del conseller Felip Puig quien era el titular del Departament de Política Territorial cuando ocurrieron los hechos. Según la Fiscalía, Penín cobró comisiones de hasta el 20% a cambio de conceder reformas en viviendas destinadas a uso social.

"Era un empleado externo. No tenía capacidad para contratar, mi presidencia era muy política. No le recomendó nadie, vino y explicó su situación personal, tenía experiencia en otras consellerias y se había quedado sin trabajo, por lo que vino a ofrecerse", ha relatado Falcó a los medios de comunicación antes de marcharse del Palau de Justícia.

El diputado ha vuelto a desligar a Puig de los acontecimientos y ha achacado la decisión de fichar a Penin al ex consejero delegado de la compañía Josep Antoni Fontdevila, quien ha testificado esta mañana durante una hora.

El parlamentario, que ha llegado acompañado por el secretario de Organización de CiU, Josep Rull, ha remarcado que nunca se le ha atribuido el embolso de sobrecostes y ha opinado que la investigación se ha ido desinflando. "Ocho años después de mirárselo por todos los lados, sólo queda que quizá alguien, que no soy yo, actuaba de intermediario y cobró unas comisiones por unas obras menores, como cambiar el plato de la ducha, la caldera o pintar una vivienda. No tenemos nada que ver con el 3%. Se repasó toda la contratación de Adigsa, que alcanzaba los 12 millones anuales, y no se halló nada", se ha reafirmado Falcó, quien ha confiado en que la resolución de la causa "no tarde siete años más". Según constató la Fiscalía en 2006, el fraude ascendería a unos 60.000 euros.

"CAN DOMENGE"; NI RASTRO DEL DINERO DE LOS SOBORNOS EN LOS REGISTROS DE LAS CASAS DE MUNAR Y NADAL

Tras la confesión de Vicens
Ni rastro del dinero de los sobornos en los registros de las casas de Munar y Nadal
Sí se han hallado documentos que prueban las relaciones con Vicens para el amaño
La caja fuerte que tiene la ex presidenta del Consell de Mallorca en su piso de Palma estaba ayer noche vacía cuando la abrió la Policía Judicial

Maria Fuenteálamo | Eduardo Colom | Palma

La Policía Judicial ha reanudado a primera hora de esta mañana los registros en la casa de Costitx de Maria Antònia Munar. Hasta el lugar se han trasladado varios agentes y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Los registros comenzaron ayer tarde y se prolongaron hasta la noche en las dos viviendas que la ex presidenta del Consell de Mallorca y ex líder de Unió Mallorquina posee en la isla en busca de pruebas del millonario soborno que, a tenor de lo que declaró ayer mismo por escrito ante la Justicia su otrora socio político y ex conseller insular de Urbanismo Bartomeu Vicens, Munar cobró de la promotora catalana Sacresa en la trama de Can Domenge.

Según la demoledora revelación realizada por Vicens ante la Audiencia Provincial de Palma poco antes de los registros, fue una mordida de cuatro millones de euros exigida a cambio de amañar el concurso para edificar 500 viviendas de lujo en el mejor solar público de Palma y venderlo por la mitad de su precio: 30 millones de euros.

Los registros en las dos propiedades de Munar se prolongaron hasta bien entrada la noche. Primero en Costitx, donde debido a una cuestión sobre la titularidad de su residencia, la comitiva abandonó la casa a última hora de la tarde con la previsión de regresar hoy mismo.

Después el equipo judicial se trasladó hasta el apartamento del Paseo Marítimo que la ex presidenta tiene en Palma donde pasadas las 10 de la noche se procedió a abrir la caja fuerte de la familia Munar. Una cámara acoraza de grandes dimensiones que la Policía Judicial halló dentro del armario de uno de los dormitorios de la vivienda. La Policía tuvo que esperar a que la familia se desplazara de nuevo hasta Costitx asegurando que la llave de la misma se encontraba allí. Al abrirla, estaba vacía. Los investigadores se incautaron en ambos registros de documentación y escrituras de propiedades.

Junto a las dos viviendas de Munar –su lujosa casa rústica en Costitx y su apartamento en primera línea del Paseo Marítimo de la capital–, la Fiscalía registró también el chalé del ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal, igualmente implicado de lleno por Vicens en el reparto de esa comisión en efectivo. En casa de Nadal apenas hallaron 4.000 euros en metálico para compras particulares.

La misma Munar realizó una serie de declaraciones ayer tras el registro de su casa. Aseguró a Europa Press que suponía una actuación "normal" después de que Vicens hiciera entrega por la mañana de su escrito de confesión en la Audiencia. La exlíder de UM llegó a decir que no había "más remedio" [que ejecutar el registro] y agregó que la comisión judicial se llevó de su casa "recortes de periódicos y escrituras públicas".

Vicens lleva preso casi tres años por regalar 12.000 euros públicos del Consell a su contable privado por un informe falso, habiéndole comprado así con fondos públicos facturas falsas con las que el expolítico camuflaba tributariamente sus comisiones.

Pese al alud de graves escándalos de corrupción que cercan a la cúpula de UM y a pesar de que Munar tiene ya sobre sus espaldas una condena de 5 años y medio de cárcel todavía pendiente de revisión en el Tribunal Supremo, Vicens es el único integrante de la ya extinta formación que ha sido privado de libertad.

Como adelantó este diario, hace unas semanas que Vicens, cuya esposa también se enfrenta a una severa acusación y pena de cárcel por colaborar en sus manejos económicos, se derrumbó y decidió tirar de la manta. El hombre que durante el boom inmobiliario custodiaba el tiralíneas con el que el Consell recalificaba terrenos está decidido a confesar los escándalos que protagonizó junto a sus compañeros de filas a cambio de una mejora en su oscuro panorama penitenciario. Busca atenuantes y una fecha de salida de la prisión. Para ello ha pactado con la Fiscalía y ha empezado por relatar ante la Justicia la trastienda del caso que debe ser juzgado a partir de junio: el caso Can Domenge. Está dispuesto a confesar en otros casos como Son Oms o TV de Mallorca.

Ayer a mediodía, el ex conseller de Urbanismo entre 2003 y 2007 entregó su escalofriante escrito de confesión en el que desgrana cómo se amañó el concurso del solar y expone cómo Sacresa pagó el soborno de 4 millones.

En su relato, desvela cómo 1,8 millones de euros de esa suma total –a los que se les restó una parte para un intermediario que portaba el dinero– se fraccionaron en tres partes idénticas. Cada una de ellas por valor de 600.000 euros en efectivo y que fueron a parar a Munar a Nadal y a sí mismo. Afirma que 2 de los 4 millones restantes fueron para el partido y, según dice aunque sin explicar por qué, 200.000 euros –un 5%– para el empresario Pedro Ferrá Tur, que se asoció con Sacresa para la edificación del proyecto diseñado por el prestigioso arquitecto francés Jean Nouvel.

Para demostrar que dice la verdad, el exconseller envió ayer mismo a una representante legal con 160.000 euros en efectivo a la Audiencia. Es parte del dinero que él afirma haber cobrado por el pelotazo de Can Domenge mientras era político y forma parte de la suma que se ha comprometido a devolver a la Justicia para cooperar con el esclarecimiento de la trama. La Fiscalía le exige que devuelva más dinero.

Vicens sostiene en su confesión que Munar les explicó en una de sus comidas habituales que había pactado con Jaume Matas segregar la finca de Can Domenge para que el PP desarrollase el Palma Arena, en el que Matas tenía mucho interés, y que así el Consell de UM podría sacar a la venta Can Domenge. Según Vicens, la presidenta les dijo que así el Consell sacaría dinero para hacer proyectos y UM obtendría fondos para la campaña electoral gracias a la comisión que pedirían a quien comprase el solar.

El ex número tres del Consell identifica en su escrito a Munar como la política que tomaba todas las decisiones y a Nadal como la persona que luego daba las instrucciones para ejecutar los planes. Los tres, sostiene, tenían absoluto conocimiento de que el concurso para el solar de 30 millones de euros estaba amañado desde el principio.

"CASO INVERCARIA"; EL JUEZ IMPUTA A LA EX PRESIDENTA DE INVERCARIA LAURA GÓMIZ

La ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, en una fotografía de archivo. | Jesús Morón
A petición de la Fiscalía Anticorrupción
El juez imputa a la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz
Le atribuye delitos de malversación, tráfico de influencias y falsedad
Gómiz tenía información sobre las operaciones de financiación de FIVA
Anticorrupción pide que la Agencia Tributaria un informe sobre FIVA

Efe | Sevilla

El juez que investiga presuntas irregularidades en Invercaria ha citado a declarar como imputada a su expresidenta Laura Gómiz, como persona que tenía información sobre las operaciones de financiación de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

El juez de instrucción 16 de Sevilla cita para el próximo día 12 de junio a Laura Gómiz y para el día 13 a Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, analista de Invercaria, también como imputado. La declaración se hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

Además, el día 20 de junio son citados como testigos los responsables de la Cámara de Cuentas que hicieron el informe sobre Invercaria que dio lugar a estas actuaciones judiciales.

Entre el 14 el 23 de junio son citados como testigos otras siete personas que trabajaron en sociedades proveedoras de FIVA y técnicos de Invercaria que elaboraron informes de seguimiento de dicha empresa de ferias virtuales. Entre ellos el día 14 de junio está citado Cristóbal Cantos, un exdirectivo de Invercaria que denunció a Laura Gómiz por presionarle para elaborar informes falsos sobre las empresas en las que invertía esa empresa pública de capital riesgo andaluza.

El juez acuerda además solicitar varios informes sobre el alcance y compatibilidad de los trabajos desarrollados por Corporación Gráfica y Novasoft para FIVA, la utilidad de los productos elaborados a la fecha de entrega de cada uno y el uso efectivo de los mismos por clientes de FIVA.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Laura Gómiz debe ser citada como la persona que tenía información sobre las operaciones de financiación de FIVA, de la situación de esta y como la persona que, siendo directora general de Invercaria, asistió al consejo de administración en el que en 2009 se autorizó la salida de Novasoft de FIVA.

Finalmente, Anticorrupción pide que la Agencia Tributaria informe sobre los expedientes y requerimientos efectuados a FIVA y la persona designada como representante de la misma.

Además

"OPERACIÓN POKÉMON"; LA JUEZ CITA A DECLARAR NUEVAMENTE AL EX ALCALDE DE OURENSE Y A SU PAREJA


GALICIA
Será la primera vez que comparezca la pareja de Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez está imputado por un delito de blanqueo de capitales

Marcos Sueiro | Ourense

Los registros realizados por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera el pasado día 15 de mayo en propiedades del ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y su pareja, Mercedes Astorga, han propiciado que la instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, los haya ha citado a declarar el próximo 10 de junio.

Fuentes de la defensa de Rodríguez han explicado que el ex regidor, según consta en la citación judicial, está citado a las 10.00 horas en los juzgados de Lugo junto a su pareja para declarar ambos ante la juez instructora. El ex regidor comparecerá en calidad de imputado por un delito de blanqueo de capitales.

Será la primera vez para la compañera del ex alcalde, que se ve de este modo implicada en la operación Pokémon, pero supone la vuelta al juzgado de Rodríguez.

El ex regidor fue detenido en septiembre pasado en el marco de la 'Operación Pokémon' y, tras prestar declaración ante la juez, salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros y quedó imputado por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a dimitir por la cúpula del PSOE.

La nueva comparecencia en sede judicial de Rodríguez y la primera de su compañera se relacionan, según fuentes de la investigación, con los testimonios en el juzgado del ex jefe territorial de Aquagest en Galicia, Henry Laíño. La conexión está relacionada con concesiones a la empresa de aguas realizadas por el ayuntamiento de Ourense. Y es que además la propia Mercedes Astorga trabaja en Aquagest y un hijo del ex alcalde en la sede asturiana de la compañía. Estas averiguaciones han propiciado que el día 22 de mayo la juez haya prorrogado el secreto del sumario.

Tras conocerse la decisión de De Lara, la defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado Gerardo Viada, ha manifestado también su intención de volver a recurrirla, como el letrado del alcalde de Lugo, "porque no se puede mantener el secreto diez meses" y que los investigados continúen "sin saber los hechos que se les imputan".

"Es una indefensión absoluta", ha aseverado el letrado, que ha explicado que desde que se ha hecho cargo de la defensa de Rodríguez no ha tenido "ni una sola información del juzgado" sobre qué hechos se le imputan al ex alcalde de Ourense. En este sentido, el alcalde de Lugo, el también socialista, José Clemente López Orozco, ha decidido acudir a los tribunales para denunciar su "indefensión"