martes, 13 de julio de 2010

MILLET ANOTÓ PAGOS DE DECENAS DE MILES DE EUROS A UN HISTÓRICO DE CIU

Los secretos de CIU en el PALAU

Papeles del Palau atribuyen a Jaume Camps el cobro de 32.000 euros en 2003 - El ex diputado figura en documentos relacionados con comisiones de Ferrovial

PERE RÍOS / LLUÍS PELLICER - Barcelona -

Primero fue la Fundación Trias Fargas, después el otrora líder independentista Àngel Colom, y ayer se supo que el histórico diputado de Convergència i Unió (CiU) Jaume Camps, ahora apartado de la política, también pudo cobrar del Palau de la Música cuando era parlamentario y aparece vinculado a unos pagos realizados a la constructora Ferrovial. Los documentos que supuestamente prueban esas entregas de dinero están en manos del juez instructor del caso, Juli Solaz, y de la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular de CiU.

Un documento mecanografiado datado el 12 de febrero de 2003 recoge una "propuesta de pago de marzo a octubre de 2003", con unas cantidades referidas a cada mes (véase en la página siguiente). La anotación del mes de marzo aparece con la expresión "pagat" y corresponde a un importe de 10 millones. Se refiere a pesetas, porque el saqueador confeso Fèlix Millet seguía utilizando esa moneda para la contabilidad del Palau de la Música, pese a que el euro había entrado en vigor hacía más de un año.

De esos 10 millones de pesetas abonados, 5.450.000 (32.755 euros) corresponden a "J. Camps" y 4.550.000 a "Torrent". Se trata de Carles Torrent, responsable de finanzas de Convergència Democràtica (CDC) y administrador de la Fundación Trias Fargas, fallecido en 2005. Dos de las secretarias de presidencia del Palau de la Música, Pilar Casanovas y Cristina Torruella, coincidieron ayer en declarar ante la comisión parlamentaria que Millet se reunió en varias ocasiones con Torrent, que acudía "de vez en cuando" al Palau.

En marzo de 2003, cuando supuestamente se produjo el pago, Camps era diputado de CiU y a los pocos meses, con la llegada de la izquierda a la Generalitat, fue propuesto para el extinto Consejo Consultivo de la Generalitat, un organismo asesor al que sustituyó el Consejo de Garantías Estatutarias.

Ayer trascendió también otro documento manuscrito que contiene la inscripción "Jaume Camps. Pago 105.000 m. [o "eu."] Ferrovial" y "autopista". Tanto ese documento como el anterior que alude al pago de comisiones a Camps han sido descubiertos por los nuevos gestores del Palau.

El primero de esos papeles figura en una de las tres carpetas que el actual director de la Fundación Orfeó Català, Joan Llinares, remitió al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona el pasado 23 de junio señalando que actuaba así porque lo considera "de relevante importancia para la causa" que se está investigando, ya que aparecen desglosados pagos del 4% de diversas obras públicas realizadas que podrían haber servido para financiar a CDC.La carpeta en la que aparece citado Jaume Camps en una nota manuscrita relacionada con un pago de la constructora Ferrovial contiene, además, una decena de expedientes sobre concursos de obra pública del año 2003. Toda esa documentación también ha sido entregada al juzgado y a la comisión parlamentaria.

De nuevo, el director del Consorcio del Palau de la Música, Joan Llinares, informa de que al reorganizar los archivos de la antigua presidencia de la entidad se ha hallado nueva documentación, que incluye una carpeta con el epígrafe "Jaume Camps. Lunes 24/3 a las 11". Llinares ha entregado también una copia de la agenda de Fèlix Millet correspondiente a la semana del 24 al 29 de marzo de 2003, en la que figura una cita para las 11.00 horas del lunes con "J. Camps".

La carpeta aportada por la nueva dirección del Palau se abre con un documento, sin membrete ni fecha, en el que figuran una serie de cantidades mecanografiadas, acompañado de un papel, sujeto con un clip, en el que aparece manuscrito el nombre, esta vez completo, de Jaume Camps, junto a las dos indicaciones ya citadas: "pago 105.000 m. Ferrovial" y "autopista". Concretamente, las cifras mecanografiadas del documento se desglosan de la siguiente manera: "105.000.000 euros" (y su equivalente en pesetas), "el 4%".

Los documentos fueron enviados al juez instructor, Juli Solaz, y al Parlament ayer, la víspera de la comparecencia ante la comisión parlamentaria de los ex consejeros de Política Territorial y Obras Públicas de CiU Pere Macias y Felip Puig. A la comisión acudió ayer el ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, que negó haber pagado cualquier comisión por hacerse con obras públicas. Buenaventura rechazó que Millet le hiciera de intermediario para la obtención de obras públicas, aunque sí le aconsejaba sobre proyectos privados.

La secretaria de Presidencia del Palau Pilar Casanovas, que también compareció ayer en el Parlament, no recordó haber visto a Camps en el Palau, pero sí a Torrent. "Conocíamos su cargo porque nos había dejado su tarjeta de visita", afirmó a preguntas de los diputados socialistas de la comisión. En todo caso, agregó, a partir de 2005 los convenios con Ferrovial pasaron a ser controlados por el ex director administrativo Jordi Montull y su hija, la ex directora financiera Gemma Montull.

Es la segunda vez que el ex diputado de CiU Jaume Camps es salpicado por presuntos pagos. La primera fue en el caso Grand Tibidabo, en 1999, tras haber ingresado 163,4 millones procedentes de Grupo Torras.

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elpaís.com

DOS DETENIDOS EN MALLORCA RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MATAS

El juez ordena tres registros de empresas relacionadas con la producción televisiva

ANDREU MANRESA - Palma -

El juez que investiga una supuesta trama de financiación irregular en el PP balear ha ordenado hoy registrar tres empresas de producción de televisión y servicios que contrató el Gobierno balear que presidía el ex ministro Jaume Matas. La operación se ha saldado con la detención de dos personas. Una de las firmas de servicios audiovisuales trabajó, a la vez, en las campañaselectorales del PP de 2003. La operación está ligada al denominado caso Ibatur.

* Investigadas cuatro firmas por supuesta financiación del PP

La operación parte de la investigación judicial de al menos tres agencias de publicidad -Over, Clave y Nimbus- y una productora de televisión -aún no desvelada- por su presunta vinculación con episodios de supuesta financiación irregular del PP en Baleares. Las cuatro empresas trabajaron entre 2003 y 2007 en campañas electorales del partido de Jaume Matas. Además, otra firma, Estudi Joan Rosselló, no facturó presuntamente sus trabajos para el PP de Ibiza.

Las referencias documentales y contables de estas compañías han aparecido en tres de los diez presuntos casos de malversación de caudales públicos que implican a la Administración autonómica durante el mandato popular. Tres de sus propietarios -Miguel Romero, Joan Rosselló y Joan Velasco- fueron detenidos e imputados. Romero confesó haber cobrado 50.000 euros en dinero negro del ex gerente del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, quien lo niega.

Además, hoy el PP balear ha oficializado su personación como acusación particular en el caso Palma Arena. El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, contratado por el partido para que actúe en casos relacionados con la corrupción, ha presentado dicha personación este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que investiga el desvío de fondos público durante la construcción del velódromo Palma Arena.

elpaís.com

"CASO NEVADA"; CÁRCEL E INHABILITACIÓN PARA EL EX ALCALDE Y EX EDIL DE URBANISMO DE ARMILLA

GRANADA La sentencia obliga a demoler el exceso de edificación

Los acusados del 'caso Nevada'. | Jesús García Hinchado

Efe | Granada

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo de Armilla por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la tramitación irregular del centro comercial Nevada, han informado a Efe fuentes judiciales.

La sentencia, cuyo contenido no ha trascendido al no haber sido aún notificada a las partes, condena también a Tomás Olivo, promotor del centro comercial, a siete meses de cárcel, siete años de inhabilitación y multa por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de la zona del centro comercial conocida como el laboratorio.

El resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos técnicos y dos abogados- han sido absueltos.

La sentencia, que acuerda también derribar la parte del centro comercial que invadía zona verde, absuelve al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, de los otros dos delitos que les atribuía la Fiscalía: infidelidad en la custodia de documento público y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.

elmundo.es

"CASO FABRA"; LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA FABRA

TRIBUNALES

Fabra, en su primera vez que acudió a los Juzgados, en 2006. ELMUNDO.es

* La acusación popular la ejerce la Unión de Consumidores
* Pide 13 años para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández

Este martes se cumple el plazo para que todas las partes interesadas en el caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en dicha provincia, aporten sus escritos de calificación de los hechos al Juzgado de Instrucción 1 de Nules. La acusación popular que ejerce la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha solicitado un total de 20 años de prisión por la confluencia de presuntos delitos que imputan a Fabra, tipificados en el Código Penal como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y varios delitos fiscales.

Según han confirmado fuentes de la acusación popular, este lunes presentaron su escrito en el que solicitan para Carlos Fabra tres años y tres meses de prisión por un presunto delito continuado de cohecho y otros tres años y tres meses por presunto blanqueo de dinero. A la vez, pide para el presidente de la Diputación de Castellón dos años y medio por cada uno de los cinco presuntos delitos fiscales por drefraudar presuntamente a Hacienda cerca de un millón de euros, y un año de cárcel por presunto tráfico de influencias. Todo ello suma 20 años de prisión, a la par que se pide la inhabilitación de seis años para seguir ocupando cargo público y una multa de 22 millones de euros.

Las mismas fuentes han confirmado que para la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, la acusación popular pide 13 años y tres meses por presuntos delitos fiscales y blanqueo de dinero; y para el empresario que denunció el caso Vicente Vilar y su ex esposa, Montserrat Vives, le imputan cochecho impropio.

Desde la acusación popular añaden que han solicitado también la petición de un año de pena para funcionarios públicos, por tráfico de influencias, además de multa e inhabilitación, así como para los directores de banco que imputaban desde esta parte, para lo que piden un delito de blanqueo de dinero. Se da la circunstancia de que el juez del 1 de Nules, Jacobo Pin, rechazó todos los recursos presentados tanto por Fabra como por la acusación popular sobre la decisión de iniciar procedimiento con jurado. A la UCE le desestimó la acusación de los funcionarios y diretores de banco de los que recelaba, pero la desestimación está recurrida ante el propio juez y ante la Audiencia Provincial, por lo que la acusación popular debe mantener en su escito de acusación las penas que se solicitan para ellos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha mostrado el acuse de recibo del auto judicial trasladado por el juzgado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El caso Fabra comenzó en diciembre de 2003 y en los últimos meses, desde que asumió la titularidad del Juzgado de Instrucción 1 de Nules Jacobo Pin, ha avanzado más que en seis años. Las partes están a la espera de que el magistrado fije una fecha para el juicio.

Además
* Siete años del caso Fabra
* Fiscalía recibe documentación que faltaba para pedir la pena

elmundo.es

LOS INMIGRANTES QUE VENDIERON SU VOTO A UM COMIENZAN A DECLARAR ANTE LA POLICÍA

CORRUPCIÓN | Elecciones bajo sospecha

* Inician las investigaciones y llaman a los primeros testigos
* El caso fue destapado en abril por EL MUNDO


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

En el transcurso de los últimos días la Policía ha iniciado la investigación encargada por la Fiscalía de Baleares en torno a la presunta compra de votos por parte del partido Unió Mallorquina en las últimas elecciones autonómicas y europeas, así como el supuesto ofrecimiento de trabajos en la administración pública a cambio de la obtención de sufragios para este partido, especialmente entre el colectivo inmigrante. El escándalo fue desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares el pasado mes de abril.

La Policía lleva unas semanas realizando averiguaciones en torno a este caso y en los últimos días se habrían producido de hecho los primeros interrogatorios policiales a alguno de los militantes de UM que entrevistó este periódico, quienes han acudido para testificar sobre el caso. Se trata de unas pruebas preliminares enmarcadas en las diligencias abiertas de oficio por el Ministerio Fiscal el pasado 20 de abril con el fin de esclarecer si hubo una trama de compra de votos y voluntades que pudieran haber viciado el ajustado resultado electoral de 2007.

Según denunció, contactó por primera vez con el partido mallorquinista «en mayo de 2006» y siempre a través de la Casa Argentina de Baleares. «Tengo familiares y amigos que la integran y fui a una parrillada, un asado argentino que organizó Josep Lliteres en la rotonda de Palmanova». Siempre según la versión de M. B., allí entró en contacto con Lliteres, «y me pareció una manera de entrar en el partido porque la Casa Argentina se acopló a UM».

En su confesión recordaba que se le prometió que si Unió Mallorquina ganaba las elecciones se le daría «un empleo» en alguna de las empresas públicas o departamentos de las administraciones controladas por la formación entonces presidida por Maria Antònia Munar.

elmundo.es

JOAN POL DECLARARÁ COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ DENTRO DEL CASO BOMSAI

CORRUPCIÓN | Comparecerá el día 11 de agosto

* Le atribuyen prevaricación y cohecho
* Percibió, supuestamente, comisiones en la concesión del parque de bomberos

Efe | Palma

El que fue director de Emergencias durante la pasada legislatura del PP, Joan Pol, ha sido citado a declarar como imputado el 11 de agosto por el juez instructor del "caso Bomsai", que investiga, entre otras cosas, un supuesto desvío de fondos en las obras del nuevo parque de bomberos de Palma.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Pol tendrá que comparecer el día 11 ante el juez Joan Catany, encargado de la instrucción de esta causa de supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura.

Juan Mas, ex socio de Pol, afirmó hace unos días ante el juez que el ex director le hizo falsificar tres facturas por 140.000 euros a una empresa que no conocía y por trabajos que no se hicieron, dinero que se baraja como posible soborno a Pol.

Pol se declaró, en su comparecencia ante la policía el pasado mes de abril, "asombrado" de esta afirmación, ya que dijo que él no llevaba la gerencia de la empresa que poseían ambos, Massal Urbis.

El ex director defendió ante los agentes cuando fue detenido -luego compareció ante el juez y quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros- que estas facturas no correspondieron a una comisión y que "el parque de bomberos es el más limpio que se ha realizado en Mallorca".

Asimismo, afirmó que los pagos de 609.000 euros que se hicieron a la consultora Atlas Capital por un trabajo técnico de elaboración de los pliegos de los concursos del parque de bomberos y la sede de la Conselleria de Salud fueron una "burrada".

Pol afirmó calificó esta cantidad de "astronómica", ya que estos pliegos técnicos tienen un coste "cero".

El juez atribuye a Pol los delitos de prevaricación y cohecho por este caso, al haber percibido supuestamente comisiones en la concesión de las obras del parque de bomberos.

Además
* El PP se persona en el Palma Arena
* Barceló ve 'estupendo' que el PP se persone como acusación

elmundo.es

"OPERACIÓN PASARELA"; LOS DOS DETENIDOS PASARÁN LA NOCHE EN LOS CALABOZOS

CORRUPCIÓN | Segunda fase de la operación

* Los dos contratistas de Ibatur han sido detenidos este martes
* La policía ha realizado tres registros en empresas de Palma, Marratxí y Sóller

Europa Press | Palma

Los dos detenidos este mediodía en el marco de la segunda fase de la Operación Pasarela, concretamente, el propietario de la empresa Espiral Producciones Televisión S.L., Guillem Deyà, y el administrador del Centro de Comunicación Creativa, pasarán esta noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, en Palma, donde serán interrogados en las próximas horas.

Así lo han informado fuentes policiales, que han señalado que lo "más seguro" es que ambos arrestados permanezcan, al menos, una noche en los calabozos, después de que ya hayan concluido los registros efectuados en la empresa Espiral Producciones Televisión S.L., ubicada en la calle Patronato Obrero, número 29 de Palma, y dedicada a producir anuncios institucionales, spots, programas de televisión, documentales y grafismo.

Asimismo, agentes policiales y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán también han registrado dos empresas más relacionadas con la comunicación y el marketing y conectadas entre sí y con Espiral. Concretamente, los registros se han producido en Fotos Deià, en la localidad mallorquina de Sóller, y en el Centro de Comunicación Creativa, ubicada en Marratxí.

La Policía Nacional ya no prevé efectuar más detenciones en el transcurso de la segunda fase de la Operación Pasarela, que se ha centrado en las tres citadas empresas contratistas del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), investigado en este nuevo caso de corrupción.

La operación pasarela estalló el pasado 29 de junio con varios registros en la agencia Clave y la Fundación Balear Sostenible y con la detención de los ex-gerentes del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern y el secretario y asesor jurídico de esta empresa, Miquel Ángel Bonet, que se enfrentaron a delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Así, el pasado 3 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, dictó prisión bajo fianza de 350.000 euros para Alabern; de 250.000 euros para Bonet; de 100.000 euros para uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación Juan Velasco y de 30.000 euros para Alía. Por su parte, el juez decretó libertad con entrega del pasaporte al empresario de relaciones públicas Kamal Dorai.

El juez les imputa diversos delitos contra la Hacienda Pública, entre los que se encuentran el de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, fraude, cohecho y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos. El procedimiento judicial se encuentra bajo secreto de sumario.

Concretamente, la Operación Pasarela indaga el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares a través del, Ibatur, empresa pública del Govern.

Durante sus declaraciones en la Policía Nacional, los cuatro funcionarios del Ibatur apuntaron hacia los ex altos cargos de la empresa como las personas de quienes emanaban las órdenes en torno a la adjudicación de contratos, la mayoría de ellos a Clave, y a la emisión de facturas falsas. Por su parte, Bonet, quien ya fue detenido en febrero de 2009 en el marco de estas investigaciones, acusó a Alía y Alabern de idear y ordenar esta presunta trama de corrupción.

Además de los cinco imputados que el 3 de julio pasaron a disposición judicial, también fueron arrestados y, posteriormente, puestos en libertad otro de los socios de Clave, Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L. S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba, y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J.
Registros en Mallorca y en Madrid

Cabe recordar que la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se abrió el 29 de junio con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera, Costa Nord, donde se ubica la Fundació Balears Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura se encontraba Pau Collado, imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing --presuntamente relacionada con el 'caso Gürtel'-- y Match Golf --dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en Pula Golf--, que también han sido registradas.

Además
* Detenidos dos contratistas de Ibatur dentro de Pasarela

elmundo.es