miércoles, 31 de octubre de 2012

"CASO OVER MARKETING"; EL JUEZ IMPUTA A OCHO EX ALTOS CARGOS DE BALEARES Y EMPRESARIOS


financiación ilegal del PP
Antoni Juaneda, hombre de confianza de Matas, dimite como director del Gobierno en Menorca

Andreu Manresa Palma de Mallorca

Archivado en:
Financiación ilegal
Corrupción política


Matas, durante el juicio por el caso Palma Arena. / TOLO RAMÓN

Dos años y medio de investigación bajo secreto concluyeron ayer con la citación por parte del juez José Castro, que instruye también el caso Urdangarin, de ocho personas como imputadas por la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares. Muchos de los imputados trabajaron para el Gobierno balear de Jaume Matas (2003-2007) y el resto para la empresa de publicidad Over MC, que recibió contratos públicos y, a cambio, financió actos electorales del PP, según la investigación judicial. Entre los imputados se halla el exgerente del PP en Baleares Antonio López Robles, sospechoso de haber manejado dinero opaco y traficado con facturas ficticias para que hoteleros sufragasen, en 2003, gastos de las campañas electorales de Matas. En aquellas elecciones, los hoteleros batallaron junto al PP para derribar al Gobierno de Francesc Antich (PSOE), que implantó la ecotasa. Cinco empresas turísticas abonaron pagos fragmentados por unos 30.000 euros.

En otra pieza del mismo caso, acerca de los sobrecostes del velódromo Palma-Arena y el enriquecimiento del expresidente, consta que López Robles abonó con 80 billetes de 500 euros seis televisores de la polémica vivienda del expolítico. Matas premió a López Robles sus servicios con la gerencia del instituto de investigación médica Cimera-Caubet.

Matas fue, según la investigación judicial, el supuesto cabecilla de la trama de financiación ilegal del PP en las elecciones de 2003 y 2007. Matas ordenó amañar contratos a favor de Over MC, que recibió por esta vía cerca de tres millones. El propietario de la agencia Over MC, el publicitario Daniel Mercado, ha confesado al juez que tenía un pacto con Matas para recibir contratos. El Gobierno balear le favoreció con adjudicaciones a su agencia que luego devolvía en trabajos para el PP.

En el sumario constan decenas de expedientes sospechosos, desde contratos de menos de 12.000 euros hasta uno de 1,09 millones para ferias turísticas. Existen facturas fragmentadas así como obsequios a autoridades y anotaciones de manejos de fondos clandestinos. La portavoz del PP y exconsejera Mabel Cabrer será imputada junto a otros tres exmiembros del Ejecutivo de Matas en las próximas semanas, según han confirmado fuentes judiciales. Al menos cuatro colaboradores directos de Cabrer han sido citados ya por el juez.

Antoni Juaneda, hombre de confianza de Matas, dimitió ayer como director insular del Gobierno en Menorca, al conocerse su imputación en la causa. Otros imputados relevantes son el alcalde de Inca, Rafael Torres; Encarnación Padilla, cuñada del expresidente Matas y ex directora general de Innovación Tecnológica, y Javier Rodrigo de Santos, exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en 2003, que cumple prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO CAMAS"; EL JUEZ ORDENA REANUDAR EL JUICIO CON LA AUDICIÓN DE LAS GRABACIONES DEL SOBORNO

Eusebio Gaviño dice que está 'arrepentido' y pide su libertad
El empresario se ha comprometido a comparecer puntualmente en el juicio
El fiscal pide que mantenga en prisión a Gaviño, acuasdo en el 'caso Camas'
La acusación popular, que ejerce el PSOE, pide que se le dé una oportunidad

Chema Rodríguez | Sevilla

El juez que preside el tribunal del juicio con jurado del caso Camas ha ordenado este mediodía reanudar el juicio con la audición de las grabaciones en las que supuestamente se gestó el presunto intento de soborno a la concejal no adscrita del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Carmen Lobo.

El juez Javier González ha decidido continuar con la celebración de la vista oral y no disolver el jurado tras las reiteradas incomparecencias del empresario Eusebio Gaviño, que han motivado incluso su ingreso en la cárcel para asegurar que asista al juicio.

El imputado ha sido conducido a la sala desde los calabozos de los juzgados acompañado por cuatro policías nacionales. El juez dictó auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza el martes, antes las reiteradas incomparecencias.

El propio Eusebio Gaviño, empresario al que la Policía sorprendió entregando el supuesto soborno del 'caso Camas', llegó a la Audiencia Provincial conducido desde la cárcel de Sevilla I, donde ha pasado la noche tras ser detenido por la Guardia Civil por orden del magistrado.

En una comparecencia celebrada hace unos minutos, Gaviño se ha comprometido a no ausentarse más y comparecer en la sala de vistas puntualmente para permitir así que prosiga un juicio que ha tenido que ser interrumpido en varias ocasiones por indisposiciones del imputado. "Estoy arrepentido" le ha dicho Eusebio Gaviño al magistrado Javier González, al que su abogada, Encarnación Molino, ha pedido que deje en libertad.

Gaviño ha comparecido ante el presidente del tribunal aparentemente tranquilo y conciliador, aunque su actitud no ha convencido al fiscal, Arcadio Martínez, que ha solicitado que se mantenga la prisión provisional. Por su parte, el abogado de la acusación popular, que ejerce el PSOE, se ha adherido a las tesis de la defensa y ha reclamado que se dé "una oportunidad" al empresario.

Además de Gaviño, esta mañana estaban citados el resto de los acusados, el ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, y los ex ediles del PP y del PA Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, respectivamente.

Además

"CASO SON 0MS"; EL JUEZ SUSPENDE LOS INTERROGATORIOS A VICENS Y NADAL


Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha suspendido el interrogatorio previsto a partir de las 10.30 horas al expresidente de UM Miquel Nadal -recientemente condenado a cuatro años de cárcel- y al exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens en el marco de una pieza separada del caso Son Oms, centrada en las maniobras inmobiliarias que llevaron a cabo a través de diversas sociedades mientras ambos ostentaban sus respectivos cargos como consellers en el Consell de Mallorca.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha decidido suspender la declaración de estos imputados, después de que así lo hayan solicitado los abogados de los mismos, quienes habían alegado que no habían tenido tiempo de estudiar un nuevo informe de Hacienda presentado a la causa.

Se da la circunstancia de que la Policía Nacional ya había trasladado esta mañana a Vicens desde la cárcel de Palma a los Juzgados de Palma, donde ha permanecido en los calabozos a la espera de ser interrogado. Tras suspenderse su declaración, los agentes han vuelto a conducir a Vicens a la prisión de la capital balear, donde cumple condena por otra causa.

Estaba previsto que junto a Nadal y a Vicens, defendido por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, también fueran interrogados esta mañana el empresario Juan Gea y Rosario Martín Piris, exsecretaria de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, todos ellos en calidad de imputados.

En el marco de estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción hace referencia a los supuestos pagos que la sociedad Vipasima, perteneciente a la familia de empresarios Gea, imputa como realizados en 2006 por 72.848 euros a Metalumba, mercantil creada en 2002 por Vicens mediante la cual cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono Son Oms, aprobada por el Consell en 1999.

Los investigadores apuntan a que, mientras estos pagos no sean justificados, podrían ser constitutivos de un delito de cohecho. Al margen de esta operación, Vipasima también llevó a cabo negocios inmobiliarios con la sociedad Ranum -Munar al revés-, concretados en la venta, por parte de Juan Gea padre, de varias oficinas situadas en la Avenida Jaime III, presuntamente por debajo de su valor en el mercado-, al empresario Miquel Munar, marido de la histórica dirigente de UM.

Una venta que, según justificó su hijo ante el juez, la efectuó puesto que tras adquirir estas dependencias "se dio cuenta de que había comprado un marrón y decidió venderlas lo antes posible". En concreto, la operación, centrada en los tres inmuebles de Jaime III y una finca de Marratxí, fue realizada por la entidad inversora Idueña, propiedad de Gea y accionista de la sociedad Nova Singladura.

Precisamente, sobre estas operaciones inmobiliarias el propio Miquel Munar defendió que estas oficinas tenían precio de mercado y no se hizo tasación, añadiendo que el coste "lo puso Gea". "Juan Gea padre me dijo que tenía prisa por vender porque necesitaba dinero en efectivo para invertir en otros negocios de construcción", aseveró.

En el caso de las oficinas de la avenida palmesana, Gea explicó que su padre pretendía alquilarlas aunque finalmente las compró por 300.000 euros. Sin embargo, posteriormente comprobó que estas dependencias "tenían muchas deficiencias, una altura del techo no legal, la instalación eléctrica obsoleta y sin acceso a minusválidos", tras lo cual fueron vendidas a Munar con la subrogación de la hipoteca y un talón de 17.000 euros, al tiempo que por la nave de Marratxí Ranum asumió una hipoteca de 1,3 millones de euros, 6.000 euros y otro talón de 17.000.

Munar señala que a Gea le interesaba tener efectivo
Mientras tanto, Munar apuntó que antes de comprar las fincas investigadas el promotor le dijo que no le interesaba tener inmuebles en alquiler sino dinero en efectivo para invertirlo en construcción, por lo que la compra de las oficinas de Jaime III se llevó a cabo por 365.000 euros y la de la finca de Marratxí por 1,3 millones tras la subrogación de las respectivas hipotecas, además de añadir dos talones por valor de 40.000 euros que "pertenecían a la cuenta de Ranum".

Asimismo, explicó que antes de estas compras Ranum había comprado dos inmuebles, uno en Marratxí y otro en el Polígono Son Castelló, que "siguen siendo de Ranum" y por los que pagó en efectivo "por mucho menos de 500.000 euros", de una cuenta corriente de aportaciones de capital propio. Por último, señaló que también pagó "30 ó 40 millones de pesetas" sin hipoteca por otro inmueble y un quinto a uno de los jefes de informática de una entidad bancaria.

FRANCISCO CAMPS FIGURA TAMBIÉN EN LA LISTA DE REGALOS DE LUJO DE LA TRAMA "GÜRTEL" EN BALEARES


Jaume Matas y Francisco Camps, en una reunión en Palma en 2005. | Efe
CORRUPCIÓN | Ex presidente de la Generalitat valenciana
El ex presidente figura en la lista 'vip' de la empresa Over Marketing
Esperanza Aguirre también recibió un regalo pero consta que lo devolvió
Over Marketing logró al menos tres adjudicaciones del Gobierno de Camps

M. Fuenteálamo | E. Colom | Palma

Entre la documentación incautada a la empresa de publicidad investigada en lo que se conoce como la ramificación balear del 'caso Gürtel' figuran diversos altos cargos del PP de las comunidades autónomas que controlaba el partido en las pasadas legislaturas.

Entre ellos el ex presidente valenciano Francisco Camps, que aparece en la nómina de líderes a los que el publicista Daniel Mercado elegía como beneficiarios de sus regalos navideños. Según ha explicado en sus declaraciones ante el juez José Castro, la Guardia Civil, la Fiscalía y su abogado Jaime Sanz de Bremond, se trataba de detalles para fomentar y cuidar las relaciones públicas.

Habitualmente complementos de lujo como carteras, portadocumentos, corbatas o bolsos. Mercado ha negado que regalara relojes de alta gama. Una de las firmas favoritas para realizar la compra de estos artículos era Loewe. Y así aparece registrado en ese listado.

En algunos casos, los responsables de Over no han sido capaces de recordar exactamente qué regalaron en cada caso aunque lo circunscriben a una atención habitual entre empresas.

Este diario ya adelantó el pasado mes de abril cómo la terminal de Gürtel en las Islas regaló bolsos y artículos de lujo a los políticos y altos cargos de la administración balear. En algún caso accesorios valorados en más de 500 euros.

La Policía halló en su primer registro a las empresas de la trama un listado de facturas con numerosas referencias a "Loewe" y también a joyerías de Madrid.

Entre los beneficiarios de Mercado y sus empresas había estado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Pero que en el caso de la ya ex política del PP el regalo fue devuelto al no ser aceptado ni como obsequio protocolario. No consta en el caso de Camps.

Por la documentación conocida hasta ahora, Over Marketing logró al menos tres adjudicaciones del Gobierno valenciano. Las más importante fue, por algo más de 2 millones de euros, para la "creatividad, producción, planificación de medios y difusión de la campaña publicitaria institucional de la sanidad en la Comunidad Valenciana" en noviembre de 2002.

En 2003, recibió de Administraciones Públicas casi 700.000 euros de una campaña institucional para "promover la participación electoral en las autonómicas". La firma repitió con Sanidad en 2005, para una campaña sobre el uso racional de medicamentos, más de 832.000 euros.

Además

"CASO OVER MARKETING"; CASTRO IMPUTA AL DIRECTOR INSULAR DEL GOBIERNO EN MENORCA Y AL ALCALDE DE INCA

La rama balear de 'Gürtel'
También imputa al ex gerente del PP balear y al ex concejal Rodrigo de Santos
El director insular del Gobierno en Menorca dimitirá en las próximas horas

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha citado para la próxima semana y el lunes 12 de noviembre en calidad de imputados en el marco del caso Over al director insular del Gobierno en Menorca, Antoni Luis Juaneda (7 de noviembre); al alcalde de Inca, Rafel Torres (8 de noviembre) y al ex regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos (concejal acusado de abusar de menores y pagar con la Visa del consistorio dosis de cocaína que cumple condena en prisión; citado para el 8 de noviembre por la construcción del parque de Sa Riera).

Según ha podido saber ELMUNDO.es el 'subdelegado' del Gobierno en Menorca, Antoni Luis Juaneda, dimitirá en las próximas horas tras su imputación en el marco del caso Over.

Fuentes judiciales detallan que el magistrado también interrogará en calidad de imputados al ex gerente del PP balear Antonio López (7 de noviembre) y a la cuñada del ex presidente del Govern Jaume Matas, Encarnación Padilla (el 5 de noviembre).

De este modo, Castro ha citado a una docena de personas, entre imputados y testigos, en la primera tanda de interrogatorios que llevará a cabo tras levantar el secreto del sumario del caso Over, que se centra en la presunta financiación irregular del PP y el amaño de concursos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Cabe recordar que el pasado miércoles, una comisión judicial desplazada a Madrid, con el juez José Castro a la cabeza, interrogara a entre otros al publicista Daniel Mercado, administrador de una de las empresas cuyo nombre aparece estrechamente vinculado a la trama Gürtel: Over Marketing.

Además, el pasado viernes, fueron interrogados en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos otros dos empresarios, por lo que el sábado los investigadores dieron por finalizada la operación en la capital con la comparecencia de Mercado, cuya deposición fue interrumpida en torno a las 22.00 horas del miércoles tras prolongarse durante más de seis horas.

De este modo, tanto el magistrado como el fiscal anticorrupción Pedro Horrach reanudarán la próxima semana los interrogatorios en Palma, donde se halla el foco de las investigaciones, que se encuentran en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 y están centradas en la presunta financiación ilegal del PP balear que se lleva investigando desde hace varios años en causas de presunta corrupción como los denominados casos Ibatur y Palma Arena.

Uno de los exaltos cargos del PP que según las mismas fuentes se encuentran en el punto de mira y que podría ser en próximos días citado a declarar es el ex conseller de Interior José María Rodríguez, quien el pasado mes de julio dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que incurrió en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas.

También otras Consellerias se encuentran bajo lupa judicial, como son la de Sanidad y la de Inmigración, tal y como han señalado las fuentes, que han apuntado que, además de las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Ejecutivo autonómico, se indagan las partidas públicas que se destinaron a Over por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.

La operación arrancó el pasado miércoles con el interrogatorio de Mercado a raíz del presunto trato de favor del que gozó durante el último Govern de Matas, cuyo partido, el PP, se habría beneficiado a su vez de desvíos de dinero procedente de los contratos adjudicados.

Y es que las investigaciones apuntan a que el empresario fue beneficiado de forma presuntamente irregular mediante la adjudicación de numerosos contratos a lo largo del mandato del PP, todo ello tras haberse encargado del diseño de la campaña electoral del partido previa a los comicios autonómicos y municipales de 2003.

Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.

Ya entonces las pesquisas apuntaban a que una de las empresas públicas del Govern, el Instituto Balear de Turismo, destinó durante esa legislatura unos 22,3 millones de euros a empresas que, a su vez, realizaron pagos a la sociedad Easy Concept Comunicación, investigada en el marco del caso Gürtel y al frente de la cual figuraba como administrador Pau Collado, imputado en este último procedimiento.

Unos hechos que constituyen una de las líneas de investigación del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío de millones de euros a través de esta sociedad. Tanto es así que un informe de la Agencia Tributaria revelaba que el Ibatur destinó 142.200 euros a Over entre 2004 y 2005, compañía que en ese mandato fue contratada por la Fundació Balears Sostenible -cuyo director gerente entonces era Collado- para promocionar la Tarjeta Verde en sustitución de la ecotasa que impulsó el anterior Pacte de Progrés.

Relaciones comerciales con la red de Gürtel
Además, el documento revelaba que directa o indirectamente tanto el Ibatur como La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos S.L. y Espiral Producciones TV han mantenido relaciones comerciales con Easy Concept, una de las principales sociedades bajo sospecha en el caso Gürtel.

De acuerdo a ese informe, el Ibatur habría adquirido, por un total de 17,4 millones entre 2004 y 2008, servicios de Match Golf Consulting, que realizó pagos a Easy Concept y que, además, durante el pasado mandato resultó adjudicataria de la organización del torneo de golf anual Mallorca Classic, que se celebra en s'Era de Pula (Son Servera). Precisamente, este evento también está siendo investigado a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al patrocinio millonario del torneo por parte del Govern.

Por otro lado, la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo, al frente de la cual se encontraba Joan Flaquer, invirtió entre 2004 y 2008 un total de 652.000 euros en la compañía Espiral Producciones TV, a la que, a su vez, Over Marketing declara haber comprado servicios por 37.436 euros, pese a que Espiral le imputa unas ventas de 64.081 euros.

Finalmente, La Moderna Organización S.L. recibió en el pasado mandato 4,1 millones de euros del Govern, mientras que en 2008 pagó un total de 40.010 euros a Easy Concept.

El informe destacaba asimismo que el Ibatur destinó un total de 826.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares, a la Asociació Independent de Joves Empresarios de Balears -de la que Collado era presidente-, integrada a su vez en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, a cuyas cuentas bancarias Collado estaba autorizado.

La Guardia Civil pide la imputación de Rosa Estaràs
Cabe recordar que una de las últimas actuaciones enmarcadas en las investigaciones sobre Over se encuentra la petición, por parte de la Guardia Civil, de la imputación de la eurodiputada Rosa Estaràs, quien fuese mano derecha de Matas y vicepresidenta del Ejecutivo balear, tras determinar en un informe aportado ante dos Juzgados su presunta intervención en el amaño de un contrato otorgado por unos 270.000 euros a Mercado, tal y como señalaron entonces fuentes de la investigación.

Así constaba en un informe entregado por el Instituto Armado ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, y del caso Ibatur, Pedro Barceló, en el que Guardia Civil especifica que el contrato en cuestión del que resultó beneficiario Mercado, con la supuesta participación de Estaràs, consistió en la creación y difusión de la campaña para dar a conocer el plan sociosanitario de las islas.

Además

lunes, 29 de octubre de 2012

DIMITE UN ALCALDE DE MURCIA QUE "COMPRÓ VOTOS A CAMBIO DE TRABAJO"


El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, anuncia su dimisión. / Israel Sanchez (EFE)
El Supremo ratifica una condena de inhabilitación contra Matías Carrillo, del PP

Javier Ruiz Murcia


El alcalde de Fortuna, localidad murciana de 10.000 habitantes, “ofreció trabajo municipal y vales de comida a ciudadanos del municipio para que le votaran” en 2003 y ganó la alcaldía por mayoría absoluta “merced a esas recompensas y promesas”. Lo dijo primero la Audiencia Provincial de Murcia —hace ahora un año y medio que emitió sentencia condenatoria, más dura que la del Supremo— y ahora lo ha ratificado el alto tribunal, circunstancia que ha obligado a Matías Carrillo (PP) a dimitir de todos sus cargos públicos y a dejar el Partido Popular de Murcia. La condena por delito electoral es de cinco años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de regidor, concejal “o cualquier otro de elección democrática”.

El resultado de aquellas elecciones de 2003 fue muy ajustado. El PP obtuvo la mayoría absoluta y siete concejales, frente a cuatro del PSOE y dos de IU, pero no los habría conseguido sin los votos por correo —más de 400— que recabó una concejal, también condenada, por trabajar para ello “en colaboración con el alcalde”. En las anteriores elecciones habían votado por correo sólo 100 personas y el incremento alertó a IU en Fortuna, que denunció el caso.

En el texto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de hace un año y medio aparecen los casos de algunas personas que IU de Fortuna y su abogado, Joaquín Dólera, denunciaron como “casos flagrantes de compra de votos.” Aparecen por ejemplo los nombres de “Primitivo, quien a cambio de votar por correo al Partido Popular fue contratado por el Ayuntamiento como auxiliar de mantenimiento de vías públicas”, o el de “Pura, a la que se la contrató como limpiadora después de haber entregado toda la documentación necesaria en relación al procedimiento completo del voto por correo.”

También está el caso de “Andrea, quien, ante la expectativa generada por la concejal de que le iban a proporcionar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de su voto entregó toda la documentación necesaria del procedimiento completo del voto por correo si bien, finalmente, no fue contratada por el Ayuntamiento”.

Así hay hasta seis casos más declarados probados por la sentencia. Según la acusación fueron varios cientos de personas en el pueblo los que “eran abordados, a veces por la calle, o en la sede del PP de Fortuna, solicitándoles el DNI suyo y el de sus padres para obtener así su voto por correo y destinarlo al Partido Popular a cambio de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de dicha localidad”.

El Supremo ha condenado a la concejala que hacía los ofrecimientos y al alcalde por actuar “en colaboración” con ella. Eso sí, absuelve al regidor de los cargos de prevaricación que también se presentaban contra él. Su dimisión se ha producido 24 horas después de conocerse la sentencia. El primer edil ha agradecido el apoyo de sus vecinos en todo este tiempo y, al ser preguntado por su futuro, ha dicho que se tomará “unos días de descanso antes de volver a su trabajo como cartero en Correos”. Carrillo siempre ha mantenido su inocencia y negó tanto en la Audiencia como después ante el Supremo que participara en operación alguna de compra de votos.

El PP de Murcia, a través de un comunicado de su vicesecretario general de Comunicación, Francisco Bernabé, ha afirmado que "se valora el ejercicio de responsabilidad del que Matías Carrillo ha hecho gala ante este acontecimiento al dimitir antes de que el partido tuviera que hacer lo que dicen sus estatutos".

Por su parte, el abogado de IU en Murcia Joaquín Dólera se ha felicitado hoy por la sentencia y ha dicho que, “como dice la canción cubana, se acabó la fiesta y el alcalde que ganó con métodos fraudulentos dejará de serlo”. Según Dólera es muy raro que el alcalde ayer celebrara una supuesta sentencia absolutoria sin conocerla. El abogado ha reconocido que cuando vio la noticia en los medios, él no tenía notificada la sentencia a pesar de ser parte del proceso, “cosa que no es lo habitual”.

Sobre el texto judicial ha recordado que la Audiencia Provincial y el Supremo "han sido benevolentes con Carrillo a la hora de acusarle" porque finalmente se libra del delito de prevaricación. Y añade: “Como curiosidad jurídica, la sentencia del Supremo pudo haberlo inhabilitado como funcionario público de cualquier tipo y no lo ha hecho. Si hubiera sido así, no podría ejercer como cartero, su anterior oficio antes de ser alcalde.”

El secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar, ha dicho que es “vergonzoso que se haya cometido en Murcia uno de los delitos peores en democracia como es el de la compra de votos”. Señala que es “muy triste que un político use las necesidades humanas para conseguir votos” y añade que “cuando salió la sentencia de la Audiencia Provincial hace un año y medio, el presidente Valcárcel debería haber exigido que Matías Carrillo se marchara”.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO DE LAS BASURAS"; "EL ALCALDE ME DICE QUE PONGA QUE SE HAN HECHO TRES CONSULTAS"


Funcionarias del Ayuntamiento de Torrevieja llegan a declarar a la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano. / CARLES FRANCESC
La Oficial Mayor de Torrevieja atribuye a Hernández Mateo las instrucciones sobre el informe de la contrata de residuos

EP Valencia


La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha atribuido al exalcalde de la localidad y diputado en las Cortes Valencianas, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.

La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.

Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el Ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".

"Era meticuloso, inteligente y con muy buena memoria, no creo  que firmara escritos sin leerlos"

La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.

Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.

"Me llamó [el exalcalde] y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el Ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.

La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuoso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.

"En 22 años en el Ayuntamiento nunca se había cambiado la composición de la mesa de contratación"

A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.

Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".

Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.

También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.

Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".

Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torreveja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.

Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.

Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

"CASO DE LAS BASURAS"; UNA TESTIGO DESMONTA ANTE EL TSJCV LA COARTADA DEL EXALCALDE DE TORREVIEJA


TRIBUNALES
La testigo define al alcalde como un hombre 'meticuloso' con los documentos
Hernández Mateo dijo en una sesión anterior 'él firmó decretos sin leer'
Derivó gran parte de responsabilidad al técnico municipal, ya fallecido

Juan Nieto | Valencia

Continúa este lunes en el TSJ de Valencia el juicio contra el ex alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por el conocido como '»Caso de las basuras»'. Un proceso que investiga el supuesto amaño del servicio de recogida de basuras en esta ciudad de la Vega Baja. Se trata de un contrato por el que el ayuntamiento paga a la firma que adjudico más de 9 millones de euros cada año durante diez años y que ahora esta bajo sospecha judicial.

La investigación apunta que el también diputado del PP se inventó que pedía asesoramiento a tres empresas para disfrazar la legalidad de la adjudicación. Y lo hizo pese a que la secretaria, el interventor y el arquitecto no apoyaron dar el concurso a la UTE que finalmente se hizo con el. Sólo el aparejador, padre de un concejal del PP, dio su visto bueno.

En la jornada de este lunes los testigos de ambas partes serán los protagonistas. La sesión ha arrancado con la declaración de la oficial mayor de Torrevieja, María Pilar García, que en su día estuvo imputada en la causa. La alta funcionaria ha desmontado las coartadas del ex alcalde y ha asegurado ante el tribunal que Hernández Mateo era una persona meticulosa que revisaba la documentación de los expedientes.

«Él no firmaba los decretos sin leer y muchas veces venían con correcciones a mano para que cambiásemos cosas». Además, mantiene que el diputado la llamó por teléfono para pedirle expresamente que incluyera que se había consultado a otros despachos legales. Algo inusual, según la testigo, en este consistorio.

La defensa del ex alcalde ha basado su intervención en incidir en las lagunas de esta testigo, aunque ninguna de sus afirmaciones ha girado en torno al punto en el que la técnico aseguraba que el alcalde la telefoneó para que incluyera en su decreto que habían consultado a otros despachos.

Al testimonio de esta testigo se han sumado las declaraciones de varios técnicos municipales, que han corroborado su versión sobre la "meticulosidad" del ex alcalde y su atención al detalle en todos los documentos que firmaba.

Apariencia de legalidad
Otra de las comparecencias que han dejado al descubierto contradicciones en la justificación de Hernández Mateo ha sido el del abogado de una de las empresas que supuestamente fueron invitadas por el Ayuntamiento después de que el alcalde, tal y como ha asegurado en su declaración, requiriera a tres consultoras externas la emisión de informes sobre el concurso de basuras.

Este testigo ha rechazado que el consistorio cursara invitación alguna a su empresa para emitir ningún tipo de informe y ha añadido que no sabía dónde está Torrevieja y que ha tenido conocimiento del asunto que se trataba en este juicio a través de los medios de comunicación.

Descarga de responsabilidades
En su declaración del viernes, Hernández Mateo, a preguntas del fiscal, admitió el rechazo de los técnicos a la adjudicación, pero aseguró que no se inventó la petición de asesoramiento. El diputado puntualizó que él propuso la consulta, pero que fueron los técnicos los que se encargaron de tramitarla. En concreto descargó la mayor parte de responsabilidad sobre un aparejador municipal, ya fallecido.

Finamente el ayuntamiento pagó 12.000 euros a un despacho para que asesorara al ayuntamiento (son los abogados que tradicionalmente trabajan para la UTE que se llevó el contrato millonario)

El dirigente alicantino también explico el viernes que el proceso se hizo «con toda la buena voluntad del mundo», aunque no recuerda muchas partes del contrato de las basuras y el del asesoramiento.

A Hernández Mateo se le imputan los presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos y de la consultoría de informes externos; y falsedad documental en la propuesta y en el decreto de adjudicación del contrato de consultoría.

Por el primero de los delitos, la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación para ejercer cargo público durante ocho años, mientras que por el segundo exige tres años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros.

No obstante, la acusación popular eleva la petición de pena a un total a 5 años de prisión y 14 años de inhabilitación (cinco de los cuales sería de carácter especial) y una multa diaria de 10 euros durante 20 meses.

Además

"CASO OVER MARKETING"; CABRER PIDE QUE MATAS DÉ LA CARA ANTE LA ACUSACIÓN DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Corrupción
Respecto a su posible imputación, ha afirmado que nunca tuvo 'nada que ver'
Si es imputada, podrá a disposición del partido su cargo de portavoz y su acta

Efe | Palma

La portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer, ha instado al ex presidente del partido Jaume Matas a "dar la cara" ante las acusaciones de financiación ilegal de esta organización política realizadas por responsables de la empresa de publicidad Over Marketing.

"Que las personas a las que se ha acusado den explicaciones", ha reclamado Cabrer en referencia a las supuesta incriminación de Matas y de su cuñado, y ex gerente del PP balear, Fernando Areal, por parte del publicista Daniel Mercado, quien ha declarado ante el juez José Castro en el curso de una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos en el periodo 2003-2007, tal y como adelantó EL MUNDO/El Día de Baleares.

Respecto a su posible imputación en la causa, aún bajo secreto de sumario, como titular de la Conselleria de Obras Públicas durante el último periodo de Govern de Jaume Matas, Cabrer ha afirmado que nunca tuvo "nada que ver con una supuesta financiación irregular del PP".

La portavoz ha explicado que en su etapa como consellera su departamento no contrató directamente con Over Marketing, una sociedad ligada a la trama Gürtel, porque todas las campañas de publicidad que hizo esta empresa para proyectos de Obras Públicas se gestionaron desde el área de Presidencia.

En opinión de Cabrer, las acusaciones supuestamente lanzadas sobre todo el PP por Mercado requieren de una aclaración inmediata por parte de los aludidos, Matas y Areal, a quienes ha se ha referido como "las más altas instancias" del partido en la anterior etapa.

Las explicaciones del ex presidente y el ex gerente del PP balear evitarían "el sufrimiento de mucha gente que cada día iba a trabajar al Govern y al partido".

En cuanto a las consecuencias de una hipotética imputación, dada la doctrina impuesta por José Ramón Bauzá en el PP de apartar a los imputados de listas electorales y cargos públicos, Cabrer ha dicho que, "como siempre", su cargo de portavoz parlamentaria y su acta de diputada están a disposición del partido.

No obstante, ha insistido que en Obras Públicas no se hizo durante su mandato "ningún expediente de contratación" con Over Marketing, que sí hizo diversas campañas informativas sobre el desarrollo de proyectos de infraestructuras.

"Estas campañas eran responsabilidad de las empresas constructoras, que eran las que contrataban" en coordinación con el departamento de Publicidad del Govern, que dependía de la Presidencia, ha explicado.

Además, ha puntualizado, "en 2005 dejamos de trabajar con Over Marketing porque no respondían con la agilidad" que se precisaba para informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de las obras. "Esto es lo que hay y lo que saldrá", ha recalcado Cabrer.

sábado, 27 de octubre de 2012

CONDENADO POR COHECHO EL EDIL DE SAN FULGENCIO QUE COBRÓ UN SOBORNO


El concejal recibió 5.000 euros de falsos empresarios por impulsar una actuación urbanística
El caso llevó a la detención de la alcaldesa, cuatro ediles y un abogado, ahora exculpados


Rosa Biot Alicante

Archivado en:
Corrupción política


El exedil independiente de San Fulgencio, Manuel Barrera, que en 2008 fue el detonante de un caso de falso soborno que llevó a la detención de la alcaldesa del municipio, de cuatro ediles y de un abogado, ha sido condenado por cohecho por la sección cuarta de la Audiencia Provincial. Barrera se reconoció culpable y ha sido condenado a una pena de tres meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (720 euros que puede pagar en seis plazos) y al decomiso de los 5.000 euros que recibió de unos falsos empresarios con la condición de que debía impulsar una actuación urbanística en el municipio.

Los hechos que han terminado con la condena de Barrera se remontan al 16 de septiembre de 2008. El entonces concejal de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de San Fulgencio se reunió en el restaurante La Sangonereta de Valencia con dos supuestos empresarios, según recoge la sentencia. En este encuentro recibió 5.000 euros "como parte mensual de una cantidad total de entre 200.000 y 240.000 euros", a cambio de "impulsar y apoyar los hipotéticos intereses empresariales del grupo que aquellos representaban en una futura actuación urbanística a desarrollar por el consistorio", agrega el fallo. La zona de dicha actuación es conocida como Las Canteras. El supuesto soborno fue grabado en DVD y la sentencia detalla que los empresarios no eran tales "y realmente no pretendían corromper al edil, sino simplemente grabarle cogiendo el dinero". La sentencia también recuerda que el acusado, ahora condenado, actuó con la intención de hacer suyos los 5.000 euros mencionados y que los retuvo hasta el 20 de octubre de ese año, cuando los devolvió a través de su pareja sentimental y cuando ya se había iniciado el procedimiento judicial para investigar estos hechos.

Tras hacerse público el DVD sobre el supuesto soborno, el juez, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, arrestó al edil Barrera, que llegó a pasar dos días en la cárcel. Barrera siempre sostuvo que la grabación era un montaje para desacreditarle. La investigación derivó días después en el arresto de la alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, de cuatro ediles de su equipo de gobierno y el abogado del Consistorio, el letrado José Antonio Ramos Calabria. El magistrado los dejó en libertad con cargos y abrió un sumario por los supuestos delito de cohecho, prevaricación, encubrimiento y revelación de secretos. En la causa terminaron imputados 12 personas. Pero en febrero del año pasado, el entonces titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, archivó la causa para todos los imputados excepto para Barrera.

HERNÁNDEZ MATEO CULPA DEL CONTRATO DE LA BASURA A UN TÉCNICO FALLECIDO


Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, en el banquillo. / jordi vicent

El exalcalde de Torrevieja, juzgado por los delitos de prevaricación y falsedad

Federico Simón Valencia


El exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo descargó este viernes toda la responsabilidad del multimillonario contrato de las basuras licitado por el Ayuntamiento en 2004 sobre las espaldas de un técnico municipal ya fallecido. Acusado de los delitos de falsedad documental y prevaricación, el también diputado del PP afrontó en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada su condición de aforado, la primera jornada de un juicio en el que se juega entre tres y cinco años de prisión, según las respectivas peticiones de la fiscalía y de la acusación popular, ejercida por Los Verdes, que fueron los que denunciaron el caso en 2007.

Si existiera el Manual del perfecto político imputado, en el punto uno diría que siempre se debe afirmar que un cargo electo firma todo lo que los técnicos le ponen delante, y en el dos pondría que por ello toda la responsabilidad es de los funcionarios subalternos. Y a ese ficticio manual se agarró Hernández Mateo, que fue alcalde durante 23 años. El exregidor echó este viernes la culpa a los técnicos de la contratación por el procedimiento negociado por 12.000 euros de un bufete de abogados, Ariño y Asociados, que avaló de forma irregular (no se invitó a tres despachos distintos a hacer el trabajo) la adjudicación de la contrata de las basuras. Un contrato que supone el desembolso de 97,8 millones de euros a lo largo de 10 años. El bufete era, además, el mismo que asesoraba en materia jurídica a la firma adjudicataria de las basuras, Necso-La Generala.

“Firmo todo lo que los funcionarios me pasan”,asegura el diputado del PP

“Firmo todo lo que los funcionarios me pasan, me fío de ellos”, declaró ante los magistrados Hernández Mateo. “Si me traen un decreto, lo firmo”, aseguró en otro momento del interrogatorio, para luego añadir: “Me limito a firmar, no compruebo nada, no es mi trabajo”. Incluso cuando se le preguntó por el decreto mediante el que se contrató al bufete llegó a asegurar: “No di esa orden pero sí la firmé”. El exregidor trufó todo su discurso con frases de ese tipo e intentó eludir toda responsabilidad que se pueda atribuir a documentos por él rubricados.

El concurso de la basura se adjudicó después de varias reuniones de la mesa de contratación celebradas en 2004. Y según el escrito de la fiscalía, varios técnicos se opusieron a la adjudicación de la contrata a la empresa seleccionada por el aparejador municipal Emilio Gómez Jover, jefe del área de Servicios e Infraestructuras Básicas. La secretaria de la mesa de contratación y otros dos técnicos consideraban que el concurso debía quedar desierto. Sin embargo, el entonces alcalde propuso en la reunión celebrada el 8 de abril de aquel año que se contratara a un gabinete de abogados para dilucidar a quién se asignaba el millonario concurso. Un decreto firmado por Hernández Mateo aseguró que se asignó dicho informe a Ariño y Asociados tras consulta previa a tres despachos. Sin embargo, los otros dos mencionados en el documento municipal aseguraron después que nunca se les invitó a hacer el estudio.

“Le dije a Emilio Gómez que buscara tres despachos para la consulta”, declaró el diputado. Y añadió: “Él lo preparó y lo supervisó todo”.

Dado que Gómez Jover ya falleció en 2010 y no se puede celebrar un careo, el fiscal solicitó la lectura de la declaración del técnico en 2009 en Torrevieja. Gómez Jover aseguró entonces que no participó en la solicitud del informe del bufete de abogados.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS