jueves, 24 de marzo de 2011

"CASO VOLTOR"; UN ALTO CARGO DECLARA QUE NADAL LE ORDENÓ CONTRATAR EN EL CONSELL A 16 AFILIADOS DE UM

Miquel Nadal y su abogado Josep Zaforteza, izquierda.  Guillem Bosch
El gerente del Cilma asegura que miembros del equipo electoral del exconseller cobraron 50.000 euros sin ir a trabajar

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA

­Eugenio Losada, gerente de un consorcio público de informática, declaró hace unos días ante la Policía que el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, le ordenó contratar a 16 militantes de Unió Mallorquina (UM) para que trabajaran en el partido y su campaña electoral y cobraran de la institución insular. Losada, uno de los arrepentidos del caso Voltor, ha aportado a los investigadores listados con los sueldos públicos de estos enchufados de UM, que en dos casos llegaron a percibir hasta 50.000 euros del Consell sin ir a trabajar en dicha institución.
 
Losada fue interrogado hace unos días por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía en la Comisaría de la Playa de Palma. En esa declaración Losada, defendido por Francisca Pol, acusó claramente a Nadal, representado por Josep Zaforteza, de decidir en 2007 la contratación de 16 trabajadores en el Cilma, muchos de los cuales nunca pisaron el consorcio y se dedicaron a la red electoral de Nadal, que aspiraba a ser el alcalde de Palma.
 
Según el alto cargo imputado, ninguno de esos 16 contratados era necesario para el Cilma, un consorcio dedicado teóricamente a impulsar las nuevas tecnologías en los municipios de la isla. Nadal habría facilitado a Losada la identidad de esos militantes de UM por mediación de Eugenia Cañellas, la directora insular de Presidencia del Consell y secretaria personal del primero.
 
Según el imputado arrepentido, en el Cilma llegaron a producirse hasta 34 contrataciones fantasma entre 2005 y 2007.
 
Cañellas sería la persona que se ocupó de recolocar a esos 16 enchufados del consorcio, algunos de los cuales trabajaron en otros departamentos del Consell y otros nunca aparecieron por la institución.
 
La juez del caso Voltor abrió hace unos días una pieza separada para investigar las contrataciones fraudulentas entre 2005 y 2007. En esta pieza están imputados, además de Nadal, Cañellas y Losada, Catalina Julve, exdirectora insular de Medio Ambiente, y Francesc Buils, antiguo conseller de Turismo en el Consell.
 
Varios de esos militantes de UM, como Antonio Barò o Margarita Bellman, trabajaron intensamente entre 2005 y 2007 en tareas electorales de UM, como la búsqueda y captación de otros afiliados y la elaboración de encuestas.
 
Baró y Bellman, que están imputados en el caso Maquillaje por delito electoral y malversación, cobraron en esos dos años casi 50.000 euros del Cilma sin desarrollar actividad alguna en ese consorcio. Otra de las contratadas, Rosa María V. percibió entre 2005 y 2006 cerca de 100.000 euros y, según la jueza de instrucción 10, tampoco hizo labor alguna en el Cilma.
 
Losada también ha incriminado en la presunta trama de corrupción a Buils, defendido por Mateo Sedano, y a Catalina Julve, representada por Gabriel Garcías.
 
Según el alto cargo del Consell, que ha estado apartado de su puesto varios meses tras ser suspendido por la actual presidenta de dicha institución, Buils enchufó en el consorcio a 4 personas, que fueron contratadas entre 2005 y 2006, dos de los cuales eran Bellman y Baró. En 2007 repitieron contrato supuestamente fraudulento 3 de ellas y se unió una cuarta militante, Luisa Tortella, defendida por Gregorio San José e imputada también en Maquillaje. Tortella fue nombrada en esta legislatura para un alto cargo en el Inestur, un instituto de la conselleria de Turismo y figura como encausada en otras piezas del caso Voltor. Tortella es ahijada de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar.

NOTICIAS RELACIONADAS

diariodemallorca.es

LA JUEZA DEL CASO DE LOS ERE INVESTIGA TODAS LAS REUNIONES DEL GOBIERNO ANDALUZ DESDE 2001

El sumario del caso de los ERE

La magistrada del caso de los ERE censura la "falta de colaboración" de la Junta

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, quiere fiscalizar gran parte de la actuación del Gobierno autónomo desde 2001. La magistrada desconfía de la información facilitada hasta ahora por el Ejecutivo socialista andaluz y, en un auto, ha solicitado copia de las actas de los Consejos de Gobierno de Andalucía (480), así como de las de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Economía e Innovación y Hacienda en la última década.
 
La Intervención alertó de que el trámite para las ayudas era irregular

La juez cuestiona la forma en que el Ejecutivo andaluz dio las subvenciones

El equipo de Griñán tendrá que aportar las actas de 480 consejos

Alaya cree que el número de intrusos supera los 72 que halló el Ejecutivo


La juez, que ayer trasladó a las partes los cuatro tomos de diligencias, investiga la inclusión en algunas de las empresas beneficiadas por las ayudas a los ERE de 72 intrusos (personas que nunca habían trabajado allí) y la legalidad del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

La clave son tres informes consecutivos de la Intervención General de la Junta, que desde 2005 alertaron de que el trámite para dar estas subvenciones a los ERE prescindía "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley". La juez estima que tras ese informe de cumplimiento, la Intervención debió emitir otro informe de actuación ya que existían "circunstancias que podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos", de ahí que haya pedido esa ingente cantidad de información, que la Junta deberá entregar en las próximas 48 horas. El Gobierno andaluz ha negado en las últimas semanas la existencia de ese informe y que recibiera una alerta de uso irregular del dinero público.

La juez subraya en términos muy duros que la inexistencia de informes de actuación supone un "evidente e intencionado incumplimiento del decreto de 1999" que debía regir el control financiero permanente de estos fondos. Mientras que el PP ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de conocer los reparos de la Intervención durante su etapa como consejero de Economía, el Ejecutivo andaluz defiende que Griñán desconoció los informes y asegura que no existió ningún código rojo que encendiera las alertas sobre malversación de fondos públicos. Cuando la Intervención se pronunció contra el trámite administrativo hizo una auditoría aleatoria de 20 expedientes en los que "consideró correctos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, pero no del procedimiento", según el consejero de Empleo, Manuel Recio,
En su último auto, la magistrada solicita a la Junta los organigramas de las consejerías afectadas desde 2001, la composición del Gobierno andaluz desde esta fecha, así como un centenar de documentos como los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía, auditorías y cuentas anuales. A pesar de la investigación interna que ha llevado a cabo la Junta y que ha hallado 72 intrusos y 111 trabajadores con irregularidades administrativas en los ERE, Alaya censura su "falta de colaboración" para entregar la documentación que requiere. "La denuncia de la Junta es a todas luces incompleta e insuficiente para que se puedan deducir las irregularidades enumeradas", censuró Alaya en un auto. La Junta ha entregado hasta la fecha 25.000 folios a la juez con la información requerida, según el Gobierno autónomo.

En esa resolución la magistrada exige al Ejecutivo que aclare las divergencias numéricas en los diferentes ERE: por qué en la empresa Saldauto señala solo tres intrusos cuando existen indicios de que serían ocho, y por qué en Hitemasa identifica a una sola intrusa cuando la policía ya había identificado al ex gobernador civil César Braña entre otros. Además, la juez subraya que la Consejería de Empleo destinara 3,8 millones para un expediente de solo 18 trabajadores de Bonpunt y en cambio para un colectivo de 34 asegurados en la empresa Cydeplast destinó 292.548 euros.

Las peticiones de la juez buscan depurar cualquier fleco en una investigación compleja y que se prolongará durante meses. En otro auto, Alaya exigió los datos de las consultoras que intervinieron en los ERE, la relación de los intrusos "con la propia Junta, con algún partido político, algún sindicato o con algún cargo público". La policía ya ha identificado una póliza a nombre de la suegra del ex director general Javier Guerrero y otra a nombre del empresario Álvaro Ruiz-Mateos por 2,4 millones por deudas relacionadas con su empresa Dhul.

El fondo para empresas en crisis incluía 87 millones en ayudas directas a empresas, asociaciones y Ayuntamientos distribuidos con un criterio discrecional, y que a menudo carecieron de estudios de viabilidad y seguimiento a posteriori. Ahora, la juez solicita el listado completo de todas las empresas beneficiadas. Entre ellas destaca Matadero de Sierra Morena, propiedad de un exconcejal socialista y que recibió 9,2 millones en ayudas, de la que también pide "copia íntegra y compulsada de su ERE".

Mientras que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, consideró "absolutamente normal" que la juez solicite "información adicional y aclaraciones" a la Junta, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, estimó que las diligencias confirman la existencia de una "trama" y que Griñán "obstruye" la labor de la justicia.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado por malversación, tráfico de influencias y prevaricación, y el senador y secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, firmaron en 2001 el convenio que la juez cuestiona ahora.


 
Aclarar los "pagos cruzados" de Empleo

El exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, imputado en el caso y expulsado del PSOE, instauró un caótico concepto contable denominado internamente "pagos cruzados". Una vez realizadas ciertas transferencias millonarias destinadas a un ERE concreto, Guerrero variaba los pagos en función de los "compromisos de pago urgentes", según explicó en una entrevista. De este modo, la juez Mercedes Alaya exige ahora a la Consejería de Empleo andaluza que aclare por qué una transferencia de un millón de euros destinada a la empresa textil Hitemasa se distribuyó en los ERE de otras dos firmas y tres pólizas individuales, entre ellas la de un intruso y militante socialista de El Pedroso (Sevilla), municipio del que Guerrero fue alcalde.

Mientras, la magistrada ha decidido unir la causa del ERE irregular de Mercasevilla, empresa de donde surgió la investigación, con el resto de expedientes de empresas repartidas por toda la comunidad. En esta causa común la juez ha dictado piezas separadas para las 12 empresas en las que se han detectado intrusos, aunque la Junta ya ha duplicado esta cifra hasta elevarla a 24 firmas tras concluir su investigación esta semana.

Las diligencias reflejan cómo el caso afecta de lleno al Ejecutivo andaluz, en el que nueve cargos socialistas se incluyeron como intrusos. La Junta solo ha investigado los 68 ERE cuyas pólizas paga actualmente, pero aún hay otros ERE muertos sin examinar, cuyas pólizas ya fueron abonadas entre 2001 y 2010.
   

LA JUEZA DE LOS ERE PONE EL FOCO EN EL GOBIERNO ANDALUZ

Pide a la Junta las actas de la última década del Consejo de Gobierno

RAÚL BOCANEGRA SEVILLA

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, ha reclamado al Ejecutivo que le entregue a la Policía Judicial una batería ingente de documentos, entre los que están copias de las actas de todos los consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad. El periodo comprende la gestión del expresidente Manuel Chaves y del actual presidente, José Antonio Griñán.

En su auto, fechado el 21 de marzo, Alaya no aclara las razones que le llevan a tal petición y se limita a decir esto: "Ha existido cierta falta de colaboración por parte de la Junta a la hora de dar cumplimiento al mandato de este Juzgado para que entregue [otros] documentos requeridos". Y esos papeles son "de interés para la causa".

En el auto, la magistrada exige a la Administración que aporte también copias compulsadas de las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Empleo, Innovación, Hacienda y Presidencia. Alaya agrega que de esta documentación se "incorporará" a su investigación la que "sea relevante, devolviéndose el resto dado el carácter de la misma".

Fuentes del PSOE, que se mostraron "atónitas" ante la petición de la jueza, especulaban ayer que la exigencia de las actas de los consejos de Gobierno podría significar esto: que la jueza quiere saber si los reparos de los interventores se trataron al máximo nivel.

En apoyo de esta tesis, Alaya incluye en su auto una frase enigmática en la que sostiene que, "indiciariamente, responsables" de la Junta de Andalucía intentaron evitar que el Gobierno andaluz abandonase la "mera actitud pasiva" mantenida tras conocerse los informes de la Intervención. En otras palabras, la jueza sospecha que miembros del Ejecutivo conocían las irregularidades y las toleraron. La magistrada da 48 horas a Hacienda para que le remita una serie de informes que le permitan conocer en detalle la actuación de la Intervención.

El papel de la Intervención
La jueza Alaya quiere saber además qué papel jugó la Intervención general de la Junta, que desnudó desde el año 2005 el procedimiento de concesión de ERE al concluir que la Consejería de Empleo tramitaba "subvenciones excepcionales prescindiendo del procedimiento administrativo establecido". Empleo dispuso de un fondo de 647 millones hasta 2010 para ayudas sociolaborales, que el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, imputado en el caso, calificó de "fondo de reptiles", aunque luego se retractó.

El PP ha venido reclamando la dimisión de Griñán por esto. Lo acusa de haber conocido los informes de la Intervención cuando era consejero de Hacienda y de no haber actuado en consecuencia. Tanto Griñán como su viceconsejera de entonces, hoy consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, han negado que el presidente los conociera. Aguayo manifestó en un encuentro con la prensa que ella los recibió.

La magistrada quiere que los interventores de entonces aclaren a la Policía si procedía la elaboración de informes de actuación, aquellos que deberían haberse elevado al Consejo de Gobierno para su debate y no haberse quedado en un escalón inferior, como los informes ordinarios. Griñán ha manifestado que jamás se hicieron. Alaya se pregunta por qué no fue así si "año tras año se constató que las transferencias efectuadas a través del IFA [el ente público designado como pagador de los ERE por Empleo] bajo la fórmula de transferencias de financiación se realizaron prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en el artículo 107 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, cual es el procedimiento de subvención excepcional".

Ayer, la consejera de Presidencia, María del Mar Moreno, manifestó que "la diligencia de la Junta es incuestionable", agregó que han remitido ya al juzgado más de 25.000 folios, algunos por iniciativa propia, y remachó que es "absolutamente normal que la jueza demande información adicional, aclaraciones y cualquier clase de documentación que estime pertinente". "La Junta es la primera interesada en llegar hasta el final de esta cuestión", apostilló Moreno.

Javier Arenas, presidente del PP andaluz, afirmó que el auto confirma la "existencia de una trama y el mayor escándalo de 30 años de autonomía" y acusó a Griñán de "obstruir" a la Justicia y al Parlamento. Diego Valderas, coordinador de IU, solicitó varias dimisiones, la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria y exigió a Griñán "que ponga el celo debido" en la colaboración con la Justicia.


público.es

LA JUNTA SE DA PRISA PARA ENTREGAR A LA JUEZ DEL CASO DE LOS ERE LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIRIÓ

La magistrada Alaya dio 48 horas de plazo

Toñi Caravaca | Ana M. Fopiani | Córdoba | Cádiz

La Junta de Andalucía ha anunciado que entregará este jueves por la mañana a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, toda la documentación requerida por ésta sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados en la región andaluza a cuenta del descubrimiento de 72 prejubilaciones falsas incentivadas con fondos autonómicos.

Así lo ha anunciado el consejero de Empleo, Manuel Recio, este jueves en Córdoba, quien ha insistido en que la Consejería de Empleo "siempre ha puesto a disposición de la jueza toda la información que ha solicitado y lo va a seguir haciendo".

El consejero de Empleo dice estar convencido además de que las conclusiones a las que llegará la jueza cuando investigue toda la documentación serán "muy similares, si no iguales" a las que han llegado los funcionarios encargados de analizar los expedientes. De esta forma, Recio ha justificado las discrepancias existentes entre el número de implicados que cifra la juez y los que cuenta la Junta.

El titular de Empleo ha negado que haya existido falta de colaboración por parte de la Junta de Andalucía, tal y como ha denunciado la titular de Instrucción 6 de Sevilla. A su juicio, el Gobierno andaluz "siempre ha ofrecido máxima transparencia y colaboración".

El "problema" está delimitado, ha insistido el consejero Recio, al 1 por ciento de las personas inscritas en expedientes tramitados por la Junta en la última década, en los que "no encontramos justificación para que puedan tener una póliza asociada a un ERE". El número de expedientes irregulares alcanza el 61,7 por 100.

El responsable de Empleo en la comunidad autónoma ha respondido a las críticas recibidas por colgar en su perfil de Facebook el resultado de las investigaciones antes incluso de darlas a conocer: "Estoy ofreciendo en aquel medio que creo que ofrece máxima transparencia y ninguna traba sin negar a nadie la información", aclara.

Griñán, sin polemizar
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no ha querido polemizar con la juez. El dirigente andaluz ha mostrado su mejor cara y su intención de subsanar "inmediatamente" la falta de colaboración que, a juicio de la titular judicial, muestran los responsables autonómicos.

En un acto celebrado en la localidad gaditana de Chiclana, Griñán ha defendido de nuevo la buena disposición de la Junta a colaborar en la investigación judicial. Para ello, ha anunciado que ya se ha puesto en marcha un "dispositivo especial" para mantener una relación "fluida" con el Juzgado.

Además
* Quién es quién en el caso de los ERE

elmundo.es