sábado, 21 de marzo de 2009

EL PSOE DE ELCHE PAGÓ TRES REPORTAJES SOBRE SU PROGRAMA CON DINERO PÚBLICO


DAVID MARTÍNEZ | ALICANTE El alcalde de Elche y «número dos» del PSOE valenciano, Alejandro Soler, pagó con dinero público tres anuncios de su partido para las municipales de 2007. Estas tres facturas, que suman 6.960 euros -2.320 cada una-, no han sido reconocidas por la junta de gobierno ilicitana, por lo que su pago no ha sido reintegrado a las arcas municipales, como sí se ha hecho con otros 12.800 euros.

Soler, imputado por malversación y prevaricación, firmó los expedientes de contratación como concejal de Hacienda, antes de convertirse en alcalde. Sin embargo, pese a que los reportajes abonados por el Ayuntamiento se refieren a promesas electorales del PSOE, el Consistorio no ha reconocido lo irregular de su pago, como sí ha hecho con otras seis facturas sobre actos de partido y unas jornadas organizadas por Ferraz. La firma de Soler autoriza la contratación de dos publirreportajes sobre dos barrios de Elche que ocultan inserciones sobre promesas electorales. El tercer publirreportaje aparece en un expediente sin firmar que también se autorizó.

ABC.ES

EL HIJO DE LA ALCALDESA DE LA MUELA, EN LIBERTAD CON CARGOS


EFE | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

El hijo de la alcaldesa de La Muela, Víctor Embarba, ha sido puesto en libertad con cargos por el juez de La Almunia que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio zaragozano, al igual que el escolta de Alfredo Boné (consejero de Medio Ambiente), Antonio Royo, y su madre, María Jesús Velilla.

Los tres, junto con dos empresarios implicados en la presunta trama, han prestado declaración a lo largo del día de hoy ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, aunque de momento no ha trascendido la decisión que ha tomado el magistrado respecto a estos dos empresarios.

El abogado de Víctor Embarba, Javier Notivoli, ha dicho a los medios de comunicación a las puertas del juzgado de La Almunia que el hijo de la alcaldesa ha dado respuesta "satisfactoria y coherente" a las preguntas del juez, por lo que éste ha decidido dejarlo el libertad con cargos por un presunto delito de tráfico de influencias. Mañana, Víctor Embarba deberá pasar por el juzgado de La Almunia para dejar su pasaporte, puesto que no puede abandonar el país, y estará obligado a presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado más próximo a su domicilio.

Hasta los juzgados de La Almunia han llegado ya para prestar declaración el secretario del Ayuntamiento de La Muela, Luis Ruiz, y Carmelo Aured, primo de la alcaldesa, María Victoria Pinilla, también detenida. Ésta, junto con su marido, Juan Antonio Embarba, el presidente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, el arquitecto municipal, Francisco Nuñez, y dos empresarios más prestarán su declaración ante el juez mañana, a partir de las 9'00h.

ABC.ES

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LA JUEZ DEJA LIBRES CON CARGOS A TRES IMPUTADAS EN EL CASO "ARCOS"

La juez deja libres a tres imputadas del 'caso Alcaucín'

Málaga

La juez Irene Urbón, titular del juzgado número 3 de Vélez Málaga, acordó ayer la puesta en libertad con cargos de las tres implicadas en el caso de corrupción urbanística de Alcaucín (Málaga) que quedaban por declarar de la primera fase del caso.

Las tres implicadas son Mónica Martín, una de las hijas del ex alcalde de Alcaucín, acusada de delitos de blanqueo de capitales y cohecho; Rosana Tejada, hija del dueño de la inmobiliaria Alta Axarquía e implicada por cohecho; y la funcionaria de la Diputación malagueña Susana López Perea, con cargos por participar en un delito de falsedad documental. Las tres mujeres que declararon ayer habían sido puestas en libertad directamente por los investigadores del instituto armado sin necesidad de pasar inmediatamente a disposición judicial. Esta situación no significa que hubieran dejado de estar imputadas.

En los últimos días, la Guardia Civil ha citado a declarar a una docena de nuevos imputados, que todavía tienen que pasar por el juzgado. El caso Arcos investiga una supuesta trama de construcción de viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de Axarquía, por la que están en prisión preventiva el regidor José Manuel Martín Alba, y el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora.

Tras su detención, y antes de ingresar en prisión, Martín Alba presentó la dimisión. El pasado día 18, en el pleno para elegir al nuevo regidor, el andalucista Guillermo Pérez Martín se hizo con la alcaldía después de que la edil socialista Antonia Guerrero rompiera la disciplina de voto y diera su apoyo al candidato del PA frente a su hasta entonces compañera de corporación Victoria Luque.

El flamante e inesperado regidor repartió ayer las delegaciones municipales entre sus ediles. Antonia Guerrero, expulsada del PSOE, renunció a la cartera de Urbanismo que había ocupado durante el mandato de Martín Alba.

ELPAIS.COM

EL FISCAL IMPUTA AL CONCEJAL DEL PAR DE LA MUELA FRAUDE, COHECHO Y PREVARICACIÓN.

Zaragoza,(EFE).- El Ministerio Fiscal considera al concejal del PAR del Ayuntamiento de La Muela, Juan Carlos Rodrigo Vela, en prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística de este municipio, autor de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas.

Según fuentes judiciales, el juez de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Almunia, Alfredo Lajusticia, decretó anoche prisión provisional comunicada y sin fianza para el concejal, presuntamente implicado en la trama de corrupción urbanística de La Muela, destapada el pasado miércoles y en la que hay veinte personas imputadas.

Juan Carlos Rodrigo Vela fue uno de los cuatro imputados que declaró anoche ante el juez.

Los otros tres, los empresarios Isidro V., Antonio F. y Luis M.L., quedaron en libertad con cargos pero el Ministerio Fiscal mantuvo en su calificación sobre ellos los delitos de cohecho, prevaricación y fraude, apuntan las mismas fuentes.

El juez, de momento, no ha hecho valoración de los delitos presuntamente cometidos por estas cuatro personas, que realizará después de haber escuchado a todos los imputados y de recibir toda la documentación de la denominada "Operación Molinos".

El resto de detenidos prestará declaración ante el juez a lo largo del día de hoy y de hecho ya están en las dependencias judiciales de La Almunia los empresarios madrileños Miguel Ángel G. y José Carlos F., el hijo de la alcaldesa de la localidad y empresario Víctor Embarba, y el escolta del consejero de Medio Ambiente y su madre, Víctor R.V. y María Jesús V.

Las declaraciones de la alcaldesa, María Victoria Pinilla, de su marido, Juan Antonio Embarba, y del empresario Julián de Miguel, presidente de la sociedad Aranade, serán las últimas que se produzcan, a última hora de hoy o ya mañana.

YAHOO!

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PRISIÓN PARA EL CONCEJAL DE LA MUELA Y EN LIBERTAD CON CARGOS OTROS 7 IMPUTADOS

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)(EFE).- El juez que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en La Muela (Zaragoza) ha decretado prisión para el concejal del PAR en este ayuntamiento Juan Carlos Rodrigo y ha dejado en libertad con cargos a otros 7 imputados a los que ha tomado declaración desde las 20.00 horas de ayer.

El Ministerio Fiscal considera al edil responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas y el juez de Primera Instancia e Instrucción número uno de La Almunia, Alfredo Lajusticia, decretó esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para él, y dejó en libertad a los tres empresarios a los que también tomó declaración ayer (Isidro V., Antonio P., y Luis Mariano M).

Desde las 10:00 horas de hoy han declarado ante el juez otras cinco personas: el escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno aragonés y su madre, Antonio Royo y María Jesús Velilla; el hijo de la alcaldesa de La Muela, Víctor Embarba, y los empresarios Miguel Ángel G. y José Carlos F..

Todos ellos han quedado en libertad con cargos, excepto uno de los empresarios, sobre el que no ha trascendido la decisión que ha tomado el juez.

En concreto, al hijo de la alcaldesa se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias y por eso tendrá que entregar mañana su pasaporte en el juzgado de La Almunia, porque no puede abandonar el país.

En estos momentos continúan declarando el secretario del Ayuntamiento de La Muela, Luis Ruiz, y Carmelo Aured, primo de la alcaldesa, María Victoria Pinilla.

La toma de declaraciones se ha desarrollado mucho más despacio de lo que se esperaba, por lo que la declaración de la alcaldesa no se producirá hasta mañana.

A partir de las 10.00 declararán el presidente de la empresa Aranade, Julián de Miguel, el arquitecto municipal, Francisco Núñez del Castillo, dos empresarios más, la alcaldesa y su marido, Juan Antonio Embarba.

Es probable que la comparecencia de Pinilla ante el juez no se produzca hasta las 17:00 ó 18:00 horas, según su propio abogado, Javier Notivoli.

El juez que investiga el caso, denominado "Operación Molinos", abrió la investigación hace un año a raíz de una denuncia de un particular, que desembocó en la detención, el pasado miércoles, de 19 personas.

El abogado José Antonio Ruiz Galbe, que representa al escolta de Boné y a su madre, ha dicho a los medios que éste es un caso muy mediático, y ha insistido que muchas veces este tipo de temas son "como nubes de humo", es decir, que se arma "todo este lío" e intervienen "grupos especiales", pero "acaban en archivo", aunque ha insistido en que no se atreve a decir que esto sea así en esta ocasión porque el caso de La Muela "no lo conozco".

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LA GENERALITAT VALENCIANA ADMITE AHORA QUE UNA EMISORA DE ULIBARRI PIRATEABA A TRAVÉS DEL ENTE PÚBLICO


El magnate leonés está imputado en la operación Gürtel

La Generalitat gobernada por Francisco Camps admite que una de las emisoras de radio sin licencia del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, ha emitido desde un centro propiedad de la Radio Televisión pública. El portavoz del Consell, Vicente Rambla, que había negado este hecho, declara ahora que la información dada “era equivocada, pero no falsa”.

Según desvela el diario Levante, Rambla ha explicado que Radio Televisión Valenciana trasladó a la Generalitat que no era cierto que la emisora ilegal, comercializada como Punto Radio y vinculada a Ulibarri, usara sus instalaciones, y que eso es lo que él repitió a la prensa. Sin embargo, la estación sí emitía a través de ese repetidor al haberse “enganchado” a un canal legal de televisión, que sí usa esa señal porque abona el canon correspondiente, aclaró el portavoz de la Generalitat, que no quiso revelar el nombre de esa cadena.

RTV abre una investigación

El portavoz del Consell ha dicho que cuando los técnicos comprobaron que la emisora ligada al empresario leonés estaba “colgada” del canal de televisión que opera legalmente se procedió “inmediatamente” al desmontaje de la infraestructura, y que Radio Televisión de Valencia ha abierto una investigación para comprobar el tiempo que ha durado esta irregularidad, que fuentes del sector citadas por el periódico Levante aseguran que supera los dos años. Vicente Rambla afirmó que la televisión pública “estudia acciones para reclamar una indemnización por la instalación ilegal y por el canon que debía haber pagado la emisora (de Ulibarri) por el uso de la señal"

Otras emisoras ilegales de Ulibarri

El empresario José Luis Ulibarri posee, a través de sus empresas, 14 frecuencias de televisión digital en la Comunitat Valenciana, tras hacerse con el control de 13 adjudicatarias de TDT, además de la del Ayuntamiento de Valencia. El magnate leonés figura como consejero de Radio Publi SL, la firma que gestiona la marca comercial Punto Radio, y tiene también emisoras sin licencia en Alcoi, Elx y Requena.

70 millones en contratos con la Generalitat

El diario Levante explica que firmas de Ulibarri han conseguido unos 70 millones de euros en contratos públicos de la Comunitat, entre ellos la concesión del hospital de Llíria y un colector en Valencia. Una de las empresas ligadas al empresario, Seralia SA, recibió de la Conselleria de Gobernación un contrato de limpieza, el mes pasado, por valor de 226.212 euros.

Correa: "Ulibarri es el que pone la pasta"

El empresario José Luis Ulibarri ha sido imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel por la adjudicación irregular de una parcela en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador. El propio Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, le mencionó en una de las grabaciones incluidas en la investigación: "Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un montón de gente ahí... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta...”


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IMPUTADOS OTROS DOS EX EDILES DE BAENA POR EL "CASO FACTURAS FALSAS"

El juez ha inculpado a seis personas por presuntos delitos urbanísticos

MANUEL J. ALBERT - Córdoba

Alberto Sánchez, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba) entre 1999 y 2003, y su sucesor en el cargo hasta 2007, Fernando Mora, ambos del PSOE, han sido llamados a declarar por el juez como imputados dentro del caso de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.

El Juzgado de Primera Instancia de Baena investiga estos presuntos delitos desde junio de 2007. Con estos dos ex responsables de Urbanismo, ya suman un total de seis los imputados por el magistrado, incluyendo a otros dos ex ediles socialistas entre los que se encontraba un teniente de alcalde de la anterior corporación, otro concejal del PSOE y la funcionaria jefa de Urbanismo. El caso se mantiene en fase de diligencias previas.

Las denuncias que dieron pie a la investigación las presentó en junio de 2007, el constructor de Baena Carlos Arenas, que fue alcalde del PTA entre 1979 y 1983. Junto a él, su esposa, María Jesús Muñoz, edil de IU en el Ayuntamiento y trabajadora en el área de Urbanismo desde 1983, y Manuel Luque, guarda del Consistorio, también presentaron denuncias en la misma línea.

El Ayuntamiento afirma que todos los expedientes denunciados ya lo habían sido previamente por esta institución. El primer teniente de alcalde, Jesús Rojano, se personó en la causa y presentó un escrito de alegación desgranando cada caso denunciado y señalando los documentos que, según el Ayuntamiento, invalidaban las acusaciones. El Consistorio sospecha que las acusaciones fueron orquestadas por IU y el ex coordinador regional Luis Carlos Rejón. El caso sigue investigándose.

El mismo verano de 2007, el juzgado inició una segunda investigación relativa al presunto cobro de facturas falsas por parte de funcionarios del Consistorio. Este asunto también se encuentra en fase de diligencias previas.

ELPAIS.COM

ABIERTO EL JUICIO ORAL CONTRA LA "TRAMA EÓLICA" CANARIA DEL PP


Un ex director general de Industria está imputado por cohecho

JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, ha notificado el auto de apertura de juicio oral contra los imputados por el conocido como caso Eólico, la trama surgida al amparo de la concesión de parques eólicos durante el mandato de Luis Soria, hermano del presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, cuando éste era consejero de Industria del Gobierno de Canarias, en la legislatura anterior.

Finalmente, el juez imputa al ex director general de Industria, Celso Perdomo, delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos. A su pareja, Mónica Quintana, le imputa violación de secretos y malversación. El funcionario de Industria Honorato López está imputado por un delito continuado de cohecho. Los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel deberán afrontar imputaciones por cohecho. Los señalados deberán afrontar fianzas de entre 200.000 y 400.000 euros y siguen en libertad provisional con obligación de presentarse ante los juzgados dos veces al mes.

Se considera probado que, antes de que la convocatoria fuese pública, Celso Perdomo, desde su despacho oficial, con ayuda del funcionario Honorato López, envió información privilegiada sobre el concurso eólico a varias sociedades privadas concretas, información por la que recibió pagos millonarios. Tras saltar el escándalo, el Gobierno canario cesó a Perdomo, suspendió el concurso eólico y convocó uno nuevo.

EL PAIS.COM

LOS DOS HOMBRES DE CONFIANZA DEL ALCALDE DE BAENA QUE IBAN AL AL CLUB MARBELLÍ "MILADY"


Santano, 'el cerebro'

Rafael Santano ejercía de secretario del alcalde. En una conversación intervenida por orden judicial, se define como «el cerebro de todo». Evitaba adelantar dinero propio para ir al club de alterne: «A mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas», alegaba. Le subían a su despacho directamente el dinero de las facturas falsas. Llegó a pedir que se las justificaran con «actividades Virgen de los Desamparados» o gastos de Semana Santa. Cuando Luis Moreno le reprochó cómo llevaba las cuentas, replicó: «No voy a hacer yo algo que nos pillen por un viaje. ¡Habremos hecho cosas peores!». También negoció pelotazos urbanísticos. En otras conversaciones habla del «sueldo del alcalde, que son mil y pico» y de sus «chanchullos» con Moreno. Estaba seguro de que el juez nunca llamaría al regidor: «El fiscal no va a meterse en un berenjenal».

Díaz, Juan el de Córdoba'


Juan Díaz Pérez (en la foto, vistiendo el traje de macero en una comitiva municipal) es el empleado del Ayuntamiento de Baena que, antes de un viaje a Marbella, llamó a un trabajador del 'Milady Palace' para preguntarle si estaba trabajando «una brasileña, una alta, que está muu buena». Se presentó como «Juan el de Córdoba», recordando «la de veces que nos hemos bebío copas». Ofrecía «información privilegiada» para «apañar» suelo «super barato». Igualmente, se llegó a brindar al alcalde para hacerle informes a medida tras la denuncia contra el Ayuntamiento por las construcciones ilegales. «No que me vayan a mí a meter preso, pero que hago un informe contundente en lo que sea necesario», aseguró. Cuando Santano le dijo que tenían los teléfonos pinchados, dijo: «No tengo ningún problema. Yo todo lo que tenga que negar lo niego»


ELMUNDO.ES

JOSÉ TOMÁS INSISTE EN QUE CAMPS NO PAGÓ LOS TRAJES EN LA TIENDA

El sastre del presidente valenciano se defiende de las acusaciones del PP y la derecha mediática

A José Tomás García le está saliendo caro haber vendido trajes al presidente valenciano, Francisco Camps, y otros cargos del PP vinculados con la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Desde que el juez Baltasar Garzón lo llamó a declarar se ha hablado mucho sobre él, y el PP ha llegado incluso a denunciarlo, aunque no le acusan de mentir en sus declaraciones, sino de haber levantado el secreto de sumario al concederle una entrevista al diario El País. Tomás también habló esta semana en La gaceta de los negocios, donde aclaró que no es “sastre”, como se le ha presentado en los medios de comunicación, y señaló que Camps nunca pagó en la tienda los trajes que encargaba.

Mientras declaraba ante el juez Baltasar Garzón sobre los trajes que supuestamente las empresas de Francisco Correa habían pagado al presidente valenciano, Francisco Camps le telefoneó hasta en ocho ocasiones. Después, todo han sido acusaciones contra José Tomás, contra quien se han querellado los populares -aunque no por considerar falso su testimonio, sino por haber desvelado supuestamente el secreto de sumario. “El que no filtra nada soy yo (…), no quiero otra cosa que el anonimato”, lamentó Tomás en una entrevista publicada este miércoles en La gaceta de los negocios.

"Yo no soy sastre"
“Yo no soy sastre(…) En 2007, cuando más trajes le hice a Camps, además de ser director general de ventas, era director de compras”, matizó, después de que el diario ABC iniciase una ofensiva contra él llamándole “falso sastre”- asegura que sufre un “acoso” constante y que a él y su familia les han “destrozado la vida". Le han acusado de “chorizo” y de haber sido despedido “por falsificador”, lamentó, para recordar que su despido se ha producido de esta manera para que la empresa no se viera obligada a indemnizarle con 300.000 euros.

Ningún traje lo pagó Camps en la tienda
Pero José Tomás corrobora punto por punto que Camps adquirió trajes en su tienda, Forever Young, y que no fue él quien los pagó. “Ninguno [de los trajes los pagó] personalmente. No lo digo yo, lo han declarado cajeras, responsables de tienda, personas que llevaban la facturación. Nunca me he dedicado, en ninguna empresa en la que he estado, al cobro (…). Que los haya pagado no lo pongo en duda, pero en la tienda desde luego que no. Cómo los haya pagado no es mi problema”, aseguró.

Crespo efectuaba los pagos
El que efectuaba los pagos, según apunta en su entrevista en La gaceta, era Pablo Crespo, “que está en la cárcel porque es el administrador único por lo visto de todas las empresas de Correa”. “En muchas ocasiones, Pablo Crespo enviaba a una persona en su nombre con el dinero y se llevaba los tickets. De hecho, el 90 por ciento de las veces no ha ido Crespo en persona”, matizó, y añadió que él desconocía incluso que Crespo “era un dirigente del PP de Galicia”.

"No han dejado un solo euro a deber"
No obstante, Tomás reconoció que “esta gente no ha dejado un solo euro a deber en Forever. Siempre han pagado todo. Nunca discutieron el precio, ni se les hizo descuento”. Sin embargo, insistió en que los pagos no los había efectuado Camps: “La verdad es que en la tienda él no ha pagado personalmente”, destacó. Además, recordó que “de Milano no hay ninguna factura a su nombre porque él no ha comprado allí ni una sola prenda”. De hecho, como indicó Tomás, los cuatro trajes que Camps encargó a esta firma “los devolvió, porque la fábrica se confundió al hacerlos de dos botones en vez de tres simulados”. Posteriormente, Tomás se marchó de Milano a Forever Young, y allí fue donde Camps adquirió sus trajes.

Demasiada importancia a las facturas
Es allí donde le habría tomado las medidas para el “esmoquin famoso”, el primer traje que le confeccionó. Pero, a su juicio, “se le ha dado demasiada importancia” al hecho de que no aparezcan las facturas de los trajes, ya que ambas tiendas “venden unidad a unidad y solo se mueven por cobros a caja”. Si se pide una factura, indicó, “la mayoría de las veces se pone ‘vestuario de caballero’ y no se especifica traje, calcetines, zapatos”

EL PLURAL.COM

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