miércoles, 8 de septiembre de 2010

LA EX CÚPULA DE URBANISMO DE BARCELONA DECLARA ANTE LA JUEZ POR EL HOTEL DEL PALAU

El cuarto teniente de alcalde, Ramon García Bragado, y otros funcionarios están acusados de prevaricación y falsificación de documento oficial

AGENCIAS - Barcelona

El cuarto teniente de alcalde, Ramon García Bragado; el gerente municipal, Ramon Massaguer, y el director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, que formaban la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento cuando se tramitaba la operación urbanística para construir un hotel junto al coliseo catalán, declaran esta mañana como imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que instruye el caso. El proyectoe ra promovido por el ex presidente del Palau de la Músicade la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull. Dichos funcionarios del consistorioestán acusados de delitos continuados de falsificación de documento oficial y prevaricación.
Todos ya habían pasado por el juzgado, pero no en condición de imputados. Dentro del caso también comparecerán Millet yMontull. Ambos están citados para el jueves. El día 17 declararán como testigos el abogado de la Generalitat Josep Lluís García-Ramírez y el abogado del bufete Roca i Junyent Lluís Saura.

Según la juez, la ex cúpula de Urbanismo ocultó "la verdadera titularidad de Olivia Hotels" sobre los terrenos donde debía construirse el hotel del Palau, "faltando a la verdad en la tramitación, escondiendo una operación especulativa existente en favor de un tercero", y que se habría frustrado de conocerse esta titularidad. La presunta ocultación del auténtico titular se pudo haber hecho para que no comportara un obstáculo en la tramitación "o llegara a paralizarla".

A finales de junio, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aceptó la renuncia "provisional" de Bragado, a sus competencias como concejal de Urbanismo. En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento, y junto a Bragado, Hereu se mostró "absolutamente convencido de la honorablidad" de Bragado y del gerente de Urbanismo, Massaguer, y también de la correcta tramitación del hotel.
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EL "CASO BRUGAL" INVESTIGA EL REGALO A RIPOLL DE DOS PISOS POR UNA CONTRATA

El sumario arroja también pruebas de financiación ilegal al PP alicantino
SANTIAGO NAVARRO - Alicante
El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dádiva por supuestos favores a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dueño del Hércules CF.
La planta de basuras que Ripoll adjudicó a Ortiz se hará en una finca de Fenoll

El juez ha imputado a 54 personas, la mayoría políticos y empresarios
La adjudicación de la planta del plan zonal es uno de los dos pilares de un sumario que se incoó en marzo de 2007. El segundo es la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela. En esta parte, la investigación indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte del empresario Fenoll. El objetivo del industrial, siempre según las diligencias del sumario, era asegurarse la victoria de los populares, como así ocurrió, y poder hacerse con la concesión del servicio.

El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó el pasado día 2 un auto en virtud del cual levanta el secreto del sumario de esas dos piezas principales del sumario, y de otras ocho sobre las que inicialmente se inhibió por motivos de competencia territorial, pero que los jueces sobre los que recayeron han rechazado.

La planta del plan zonal la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Enrique Ortiz. La contrata del plan zonal de La Vega Baja acaba de ser declarada ilegal en el plano del Derecho Administrativo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la industria. El Consorcio optó por ubicar la planta en una finca de la pedanía oriolana de Torremendo, alternativa peor valorada que la oferta base, en el municipio de Albatera. Unos meses después de la adjudicación, la junta del consorcio provincial volvió a operar un nuevo cambio en la ubicación de la planta a una finca contigua, también en la pedanía de Torremendo, pero propiedad de Fenoll.

La contrata de la basura de Orihuela se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las firmas Liasur y Gobancast. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll y también imputado en el sumario.

En el caso Brugal hay 54 imputados: 15, tras ser arrestados por la policía: cuatro en la primera fase del caso (30 de mayo de 2007) y los 11 restantes, el pasado día 6 de julio. El imputado de mayor calado es Ripol l, y, junto a él, tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios, entre ellos destacan Ortiz y Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. El juez también ha imputado a otras 39 personas, que no fueron previamente detenidas ni han comparecido aún ante el magistrado. De este grupo, la más relevante es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.

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