domingo, 6 de junio de 2010

LA XUNTA DE FRAGA PAGÓ A LA GÜRTEL POR UN ESTUDIO DEL QUE NO HAY CONSTANCIA

Special Events facturó 156.000 euros a Agricultura en vísperas de las autonómicas

PABLO LÓPEZ / J. A. HERNÁNDEZ - Santiago / Madrid -

Un estudio que no aparece por ningún lado, un encargo equívoco y una empresa en el centro de la trama Gürtel: Special Events. Los vínculos de la Xunta con la sociedad de Francisco Correa y Pablo Crespo no se ciñeron a la conocida campaña de imagen de la carne gallega tras la crisis de las vacas locas. Otro contrato llegó a mediados de 2001, a pocos meses de las elecciones autonómicas en las que Manuel Fraga revalidaría su mayoría absoluta. El objetivo: un "sistema de estudio de llamadas" de un centro de información de la Consellería de Agricultura. El importe ascendió a 25.984.000 pesetas (156.166 euros). El trabajo no aparece por ningún lado.

El encargo partió de la consellería de un amigo de Pablo Crespo

El concepto de la factura, reclamada judicialmente para la instrucción del caso Gürtel, no puede resultar más confuso: "Diseño, estudio e implantación de un sistema de estudio de llamadas del centro de información del sector agro-ganadero de la Xunta de Galicia, para la creación del centro de información agro-ganadero (CIAG)". El encargo lo realizó la Consellería de Agricultura, entonces dirigida por Juan Miguel Diz Guedes, amigo personal de Crespo, a través de la empresa Tragsa.

Pero no fue Special Events, una empresa especializada en la organización de eventos, la que puso en marcha el centro de información del CIAG, recientemente integrado en el 012. Fuentes de Tragsa, donde no hay rastro del estudio, sostienen que fue una empresa de Telefónica la que aplicó el servicio de información del centro, una línea para la solicitud de quemas controladas o de servicios relacionados con la sanidad de animales. El importe de la factura convertiría a Special Events en el cuarto proveedor del CIAG desde su puesta en marcha. Sin embargo, la empresa de Correa no aparece en el listado de colaboradores oficiales del centro a través de Tragsa, según una información remitida en 2004 por el Gobierno al diputado socialista Ceferino Díaz, en respuesta a una pregunta parlamentaria.

"No hay constancia de la existencia de ese estudio", reconocieron a este periódico fuentes de la Consellería de Medio Rural, de la que ahora depende el CIAG. De lo que sí hay pruebas es de que Special Events facturó el 5 de septiembre de 2001 el supuesto trabajo, valorado en 22,4 millones de pesetas, que ascendieron a 25,9 con la aplicación del IVA. Solo dos días después, el entonces secretario general de la consellería, José Antonio Álvarez Vidal, remitía a la dirección de Tragsa la factura de la empresa de Correa junto a otras seis, "con cargo a las obras que esta consellería tiene contratadas con su empresa". Tragsa efectuó la transferencia a través de una cuenta de Caixa Galicia, que hizo el ingreso en otra del Banco Santander el 31 de octubre de ese mismo año.

La amistad de Pablo Crespo y Diz Guedes se forjó en la ejecutiva del PP de Galicia, que ambos compartieron hasta 1999, y en la que formaban parte del círculo de confianza del entonces secretario general, el fallecido Xosé Cuiña. Durante esos años, casi todos los actos del partido los organizaba Special Events, empresa que ofreció un cargo directivo a Crespo cuando cayó en desgracia en el PP gallego. En esas fechas cesaron también los encargos del partido que presidía Fraga a la empresa de Francisco Correa.

Special Events había realizado las últimas campañas de los populares gallegos. Cuando se realizó el supuesto estudio para Tragsa faltaban sólo unos meses para las autonómicas de 2001, celebradas en octubre. Eran tiempos también en los que Special Events, ya con Pablo Crespo al frente, porfiaba para cobrar una deuda al Partido Popular de Galicia de 50 millones de pesetas (300.000 euros), reconocida en una declaración jurada en la que no figuraban ni el concepto ni los servicios facturados, pero sí la firma del propio Crespo como secretario de Organización del partido.

La ruptura del PP gallego con Special Events provocó reiteradas llamadas a la sede de Santiago del entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, imputado en el caso, para intentar recomponer las relaciones con la empresa de Correa. Según un ex trabajador del partido en Galicia, Bárcenas llegó a preguntar por la factura impagada que la empresa reclamaba. En el sumario del Gürtel figuran, bajo el epígrafe Cobro Elecciones Gallegas, varias entregas por un total de 131.570 euros a L. B., siglas que la policía y el juez asocian al ex tesorero. Las presuntas comisiones las habría percibido Bárcenas, según el auto, entre el 13 de enero de 1997 y el 13 de marzo de 2002.

Un contrato singular

- Special Events facturó 25.984.000 pesetas (156.166 euros) el 5 de septiembre de 2001 a Tragsa, que realizó el encargo a instancias de la Consellería de Agricultura. El concepto es el siguiente: "Diseño, estudio e implantación de un sistema de estudio de llamadas del centro de información del sector agro-ganadero de la Xunta de Galicia, para la creación del centro de información agro-ganadero (CIAG)".

- La empresa no aparece entre los 10 proveedores principales de Tragsa desde 2001 relacionados con el CIAG, según información remitida por el Gobierno al Parlamento. Son los siguientes: Telefónica Soluciones de Informática (418.680 euros), Diual-Spania (225.981,75), Diseño y Construcción (219.244,08), Ibal (91.155,50), Manuel Formoso Varela y otros (88.705,42), Manuel Formoso Varela (78.760,77), Eido Galicia 66.000,00, Topografía y Servicios (62.000,00), Telefónica Móviles España (41.340,20), Unión Fenosa Distribución (33.172,30)

- El pago de la factura se efectuó el 31 de octubre de 2001 en una cuenta del Banco Santander

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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL PP RECURRE LA INHIBICIÓN DE PEDREIRA POR LA VISIÓN "PARCIAL Y TENDENCIOSA´2 DE LA FISCALÍA

Denuncian un posible 'fraude procesal'

Francisco Camps en un acto al que asistió este viernes | José Cuéllar

* Piden anular la inhibición de Pedreira porque no hay relación con los trajes

Efe | Valencia

El PP ha recurrido este viernes el auto en el que el instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, se inhibió de parte de la causa en favor del Tribunal Superior de Valencia, argumentando que el juez se ha equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalia.

En el recurso de reforma, el Partido Popular pide a Pedreira que acuerde la nulidad de los autos del pasado 25 de mayo y 1 de junio -que aclaraba el anterior-, ya que sostiene que no existen datos nuevos de los que se pueda deducir ninguna conexión entre la causa investigada por el TSJCV y las actuaciones del tribunal de Madrid.

Además de insistir en que los hechos que imputa el fiscal no están acreditados, el PP, que ejerce la acusación popular, afirma que tampoco se ha acreditado la participación en los mismos del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el ex secretario general del PP en Valencia Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

En el auto del 25 de mayo Pedreira, respaldando el informe de la Fiscalía Anticorrupción, acordó remitir al TSJ de Valencia la parte de la investigación relacionada con la actuación de varios miembros de la Generalitat y del PP en esa Comunidad, en la que advertía indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación.

El recurso del PP cuestiona la actuación de la Fiscalía, que a su juicio, "perdiendo la imparcialidad que debería regir su actuación", "presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa", que ha provocado una "desacertada respuesta del instructor".

En concreto, considera que sus manifestaciones con relación a Camps "bien parecen evidenciar una postura persecutoria" hacia el presidente de la Generalitat, y evidencian también que la Fiscalía General del Estado actúa en esta causa con "inquina ajena a motivos judiciales" contra él.

El PP acusa a las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura de tratar de mezclar a Camps con los hechos al señalar en su informe que "tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV" el presidente del Gobierno valenciano.

Unas apreciaciones "impropias" y comentarios penalmente irrelevantes pero "políticamente dañinos", según el escrito del PP, que subraya que "ser presidente de un partido nada supone para imputar a nadie un delito electoral".

"Sinceramente entendemos que se hace un uso gratuito e injustificado de la figura del señor Camps, que tanto rédito ha producido en determinados medios de comunicación, pero que tan poco tiene que ver con una causa penal seria", añade.

Según el Partido Popular, la Fiscalía "yerra" en sus planteamientos, provocando la equivocación del instructor, ya que no hay razones para acumular los hechos investigados en Valencia y las diligencias del TSJM.

Destaca que no existe conexión entre la causa que el Supremo ha ordenado reabrir al TSJ de Valencia sobre los trajes y regalos que supuestamente la trama de corrupción regaló a Camps y otros cargos de la Generalitat con los contratos que la administración valenciana adjudicó a la empresa Orange Market, propiedad de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', considerado el cabecilla de la red en esta Comunidad.

Sobre los informes de la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los que el fiscal basa sus imputaciones, el recurso asegura que no entran "en absoluto, ni tangencialmente a analizar los hechos" que instruye el tribunal valenciano.

Con esta argumentación, el PP sostiene que no hay nuevos hechos conocidos que permitan "desvirtuar" lo ya constatado por el TSJCV "en cuanto a que los regalos fueron a cambio de nada y, por tanto", el supuesto delito investigado sería el cohecho pasivo impropio.

En su opinión, la pretensión del fiscal podría rayar incluso "el fraude procesal", ya que, si entiende que existe cohecho pasivo propio por estimar que los regalos fueron a cambio de actuaciones administrativas, debería actuar en la causa de Valencia y no en el tribunal de Madrid.

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elmundo.es

DIMITE EL DIRECTIVO DE SANDO IMPUTADO EN EL "CASO MERCASEVILLA"

MERCASEVILLA | Vicepresidente ejecutivo de la división inmobiliaria de la constructora

Efe | Sevilla

José Luis Miró, responsable del área inmobiliaria de la constructora Sando e imputado en el caso Mercasevilla, ha dejado de prestar servicios en la empresa por motivos personales y ha sido sustituido por el consejero delegado, Luis Sánchez Manzano, ha informado la compañía en un comunicado.

Su marcha se produce después de siete años de servicio en los que Sando Inmobiliaria "se ha posicionado como una de las empresas de referencia en el sector", según la nota de prensa.

Miró era vicepresidente ejecutivo de la división inmobiliaria de Sando y es una de las diez personas imputadas por el juzgado de instrucción 6 de Sevilla por su intervención en las negociaciones para adjudicarse el derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla, en el año 2005.

Miró era además director general de la empresa filial Sanma, y en tal calidad intervino en las negociaciones para hacerse con un derecho de superficie en Mercasevilla, lo que luego le supuso mayor puntuación en el concurso para la compra de sus terrenos.

La juez ha calificado de "fraudulenta" la adjudicación de los terrenos y por ello mantiene imputadas a diez personas entre responsables políticos, directivos del mercado central y técnicos que intervinieron en el proceso.

Miró declaró ante la juez el pasado 8 de febrero y negó haber pactado con otras compañías o con la empresa mayorista sevillana para ganar el concurso, y aseguró que se subrogaron los derechos porque les pareció una operación rentable.

Junto a la rama que investiga la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, en este sumario del caso están imputados el ex gerente de la empresa Fernando Mellet; el ex secretario del consejo de administración Jorge Piñero; los técnicos que intervinieron en el concurso; Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento; el ex concejal Gonzalo Crespo (PSOE) y la directora del área Financiera de la empresa mayorista.

Además
* Documento de la Junta sí recoge un 'compromiso' con el ERE
* Los imputados en el 'caso Mercasevilla'

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