domingo, 22 de noviembre de 2009

LA CORRUPCIÓN Y LAS LEYES

PEDRO PUY

A cualquiera le resulta sencillo comprender la relación que existe entre el capital físico público y el desarrollo económico: mejores puertos, trenes o carreteras facilitan el intercambio y la presencia de los bienes que producimos en los mercados internos y exteriores.

La fórmula contra las corruptelas pasa por la ejemplaridad en la sanción penal y social

Más sutil, y difícil de percibir, es la relación que existe entre el capital público "legal" y el bienestar económico. Y sin embargo contamos con una amplia evidencia empírica, como acaba de ratificar Transparencia Internacional en su reciente informe de 2009 que demuestra la existencia de una clara correlación positiva entre la presencia de instituciones y normas jurídicas estables que garantizan la transparencia de las transacciones económicas (tanto las privadas como las públicas), y los niveles de desarrollo económico, de crecimiento, y de bienestar.

Son muchas las formas en las que el capital legal de una sociedad se puede deteriorar (o dejar de incrementarse). Los cambios imprevistos en las normas tributarias, como es bien sabido, reducen los niveles de inversión, pues merman los niveles de certidumbre que familias y empresas precisan cuando toman decisiones que generan resultados a largo plazo. Pero de todas ellas la corrupción es, probablemente, la peor de todas. En la España democrática hemos avanzado mucho en la mejora de nuestro capital legal para combatir la corrupción política. Atrás quedan, aunque no mucho (apenas una década), los tiempos en los que, en aplicación de la ley de contratos del Estado de 1965, el 81% de las obras públicas (más del 60% de la contratación pública) se adjudicaba directamente, y sólo el 12% por concurso y el 7% por subasta. La adaptación a la normativa comunitaria sobre contrataciones públicas está invirtiendo la proporción de adjudicaciones directas; lo que pone en evidencia, una vez más, que la pertenencia a la Unión Europea también genera importantes ventajas en el ámbito institucional.

Y sin embargo, la corrupción sigue entre nosotros: según informó estos días la Fiscalía General del Estado, 730 políticos, la mayoría del ámbito local, están actualmente sometidos a causas judiciales en España, de ellos 86 en Galicia. Una cifra llamativa, pero que sólo ronda el 1,5% del total de concejales españoles (66.000). Unos datos, además, que demuestran que la corrupción afecta proporcionalmente igual a todas las fuerzas políticas: en España, el PSOE con el 36,1% del total de los concejales encausados, tiene el 36,4% del total de concejales electos; bajo la marca del PP se eligieron al 27,3% de los concejales encausados, cuando son populares el 35,3% del total de concejales; y los 20 encausados que representan a CiU suponen el 4,1% del total acusado de corrupción, cuando la coalición nacionalista tiene el 5,13% del total de los concejales de España.

Algo parejo sucede en Galicia: la mitad de los acusados están vinculados al PP, que tiene el 47,3% de los concejales electos; algo más de la tercera parte están vinculados al PSdeG, que tiene algo menos de la tercera parte del total de los concejales gallegos; una relación de la que tampoco se libra el BNG que, más ayuno de responsabilidades de gobierno, exhibe un 10% del total de encausados, cuando cuenta con el 17% de los concejales gallegos.

La corrupción, en definitiva, afecta a todas las fuerzas políticas, de forma similar; pero sobre todo a la credibilidad y estabilidad del conjunto del sistema político democrático que nos hemos dado. Decía Churchill que el odio era en la política lo mismo que el ácido en la química. Entonces, aparentemente, la política era una dedicación más caballerosa, y la capacidad del gobierno de asignar y redistribuir recursos era mucho más pequeña. Probablemente hoy hubiera dicho que es la corrupción, y no el odio, lo que puede disolver a la sociedad democrática. Es necesario, pues, administrar dosis adicionales de antiácidos al conjunto del sistema. La fórmula de este particular Alka-Seltzer institucional es, además, bien conocida: transparencia en la gestión y en la rendición de cuentas; independencia de todos los órganos de control; y ejemplaridad en las sanciones, tanto las penales como las sociales.

elpaís.com

LOS VECINOS DE SAYALONGA DEFIENDEN A SU ALCALDE Y CULPAN A LA JUNTA Y A LA LOUA

Condenado por prevaricación


Una de las pancartas de apoyo al alcalde que se puede ver en Sayalonga. | C. Díaz


Berta González de Vega | Málaga




Puede que el níspero haya encontrado en Sayalonga su paraíso, como reza un cartel a la entrada del pueblo. También los europeos que se han retirado en estas montañas, que han preferido la casita y el jardín con frutales, el mar de lejos, al bloque alto, el cemento y el mar de cerca. Pero, ahora mismo, para los nativos, Sayalonga es el pueblecito donde les ha atrapado el paro, desprevenidos, después de tantos años de bonanza con obras en monte y playa. «¿De qué vamos a comer ahora?», se pregunta una señora en una pequeña tienda de ultramarinos. Nadie habla del níspero, claro.

Esta semana, en Sayalonga se ha vivido la última movilización de la Axarquía contra unas leyes y normas de siglas difíciles, muchos artículos, buenas intenciones, lenguaje enrevesado y, para esta zona, una consecuencia: paralización de la construcción. Los tribunales van declarando culpables a varios alcaldes de la zona por permitir construcciones ilegales.

El último caso ha ocurrido aquí y el alcalde, José Luis Navas, dimitirá en breve por condena de inhabilitación de nueve años para cargo público, y doce meses de cárcel. Pero la justicia popular ha encontrado a otros culpables: la LOUA y el POTA, unas normas que, ya desde que se empezaron a tramitar, provocaron las suspicacias de los alcaldes de esta sierra donde se levantaron los moriscos.

El pasado lunes, en el pueblo hubo huelga general en apoyo a un alcalde socialista que gobierna en un ayuntamiento con siete concejales del PSOE, uno del PP y uno del PA. Hubo varios alcaldes de la comarca e incluso alguno del PP.

La capacidad de síntesis de los hombres es legendaria cuando se ven afectados los intereses propios. En el mundo, se habla del crack financiero para explicar esta crisis y se siguen escribiendo libros a diario sobre ella y las hipotecas subprime. En España, ha calado que mucha culpa de lo que nos ocurre la tuvo un urbanismo incontrolado, el peso de plomo del ladrillo en la economía. En la Axarquía, en los análisis apresurados, la culpable es la Junta, promotora de esas normas que han parado en seco, según los habitantes de Sayalonga, una época de prosperidad y que ahora ha dejado «a un hombre parado en cada casa, por lo menos».

Apoyo al alcalde
En el pueblo, además de los verbales, quedan restos físicos del apoyo a su alcalde. Del diminuto ayuntamiento –en la entrada, una cuartilla pegada a la pared anuncia clases particulares para escolares– cuelga una pancarta en la que se lee: «Aquí no hay maletas ni bolsas de basura, sólo un alcalde que nos aporta mucha ayuda». Y, ahora, más, porque en el pueblo explican que para muchos hombres la alternativa al paro sólo pasa por trabajos municipales.

El pareado solidario de la fachada hace referencia claramente a casos de corrupción muy distintos ocurridos en la costa occidental o, más cerca, en Alcaucín, donde el alcalde tenía efectivo debajo del colchón. La orografía de Sayalonga es tan difícil –el mareo en la subida en coche es inevitable– que desarrollos inmobiliarios importantes son imposibles, porque no hay parcelas donde hacer planes parciales y que los arquitectos den rienda suelta a bloques y adosados bajo el nombre de una gran promotora. Tampoco puede haber grandes extensiones de cultivos tropicales, que da de comer en pueblos como Vélez.

Navas archivó un expediente de sanción y años después le ha costado el puesto

El urbanismo de este pueblo ha sido el de tantos de la zona, una sucesión de pequeñas manchas por las montañas, pero cada año la cosecha de esos champiñones de ladrillo era más numerosa. Y más ilegal. O alegal, si se quiere, porque muchas de las casas eran lo que se ha denominado ya «chalés de apero», viviendas de apenas 100 metros que supuestamente sólo deberían servir para albergar las herramientas del campo.

La camarera de un restaurante de la plaza del pueblo lo explica: «La ley esa valdrá para las grandes fincas, pero aquí la gente tiene parcelillas con cuatro olivos y unos nísperos y eso no da para comer». Sí que daba la construcción de las casas para los extranjeros: «Los guiris metieron a mucha gente a trabajar. Tenías que ver la plaza, estaba llena de gente comiendo de menús y mira ahora». Tres mesas ocupadas con extranjeros, sus copas de vino y sus tapas y esa cara de felicidad que les pone el sol colándose entre las nubes.

Los hay que ven la botella medio llena. Habla Anthony Hicks, dueño de la inmobiliaria Taurus, doce años en la zona. «Los precios no han bajado como en la costa, porque aquí no hay grandes bloques vacíos. Llegan menos ingleses porque la libra ha bajado, pero ahora tenemos a más escandinavos».

En el pueblo el tipo de comercio que más abunda es precisamente las inmobiliarias, con sus anuncios en tres idiomas: primero inglés, luego alemán y el español, el último. El taxi del pueblo también lleva la publicidad de una inmobiliaria en la puerta trasera. En los escaparates, no hay chollos. Las casas son pequeñas, casi no hay de más de 120 metros, y pocas bajan de los 250.000 euros.

Los extranjeros encuentran que la norma urbanística es demasiado confusa

Dice Hicks, que también tiene oficina en Cómpeta, que el alcalde ha tenido el colmo de la mala suerte, que ha sido condenado por la única casa ilegal que hay en el pueblo, a la vuelta de la carretera, subiendo hacia la antena grande.

«Las cosas han cambiado desde hace cuatro años. Ahora, nos exigen que las escrituras estén bien, pagado el IBI. Yo diría que ya el 90% de las casas están legalizadas. De todas formas, los extranjeros encontramos que las normas urbanísticas siguen siendo demasiado confusas», dice. Le pregunto que si él cree en la inocencia del alcalde. Es tajante: «I love him passionately». Le quiere apasionadamente. No parece el único en el pueblo. ¿Qué cree que ha pasado? La explicación habitual: «En el pueblo se conoce todo el mundo y le pedirían el favor», dice este inglés. Así que José Luis Navas archivó un expediente sancionador contra esa casa edificada en suelo no urbanizable y, años después, le ha costado el puesto.
Celtas y Vikingos

El alcalde ha anunciado el recurso a la sentencia. La comarca ha presentado en forma de protesta popular un recurso contra la leyes urbanísticas de la zona. Pero Luis Pizarro, consejero de Gobernación, ha sido tajante: no hay vuelta atrás ni excepciones . Sayalonga tendrá que explotar lo que pueda el níspero y su paraíso, su cementerio redondo y a esos guiris que beben vino al sol o que incluso pueden tomarse comida india en el restaurante que anuncia tandoori chicken.

En el museo morisco anuncian que se pueden observar restos prehistóricos, romanos y fenicios. En cientos de años, habrá restos de casitas que fueran habitadas por unos celtas y vikingos que llegaron buscando sol barato. La avalancha, contará la pequeña historia, causó problemas con leyes sobre el suelo y la edificabilidad. El desenlace todavía no se ha escrito.

Además
* Piden 4 años más de cárcel para el alcalde de Sayalonga

elmundo.es

EL ALCALDE DE ALMOGÍA DECLARARÁ EL MIÉRCOLES ANTE LA JUEZ

TRIBUNALES | Continúa la instrucción

Efe | Málaga

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha citado a declarar el próximo miércoles al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), para continuar la instrucción sobre el caso que investiga presuntas irregularidades urbanísticas en este municipio malagueño.

Según el auto al que ha tenido acceso Efe, las declaraciones judiciales por este procedimiento comenzarán el próximo martes, día 24, a las 12.00 horas, con cuatro imputados que se negaron a declarar en su momento ante la Guardia Civil, cuyas iniciales son A.A; J.P.; F.L.; y M.T.G.

Al día siguiente han sido citadas por la jueza otras siete personas, entre ellas el alcalde y el denunciante, que sí ofrecieron su versión de los hechos al instituto armado, han apuntado a Efe fuentes próximas al caso. La segunda jornada de comparecencias comenzará asimismo a las 12.00 horas en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Aquellos que estén citados en calidad de imputados comparecerán con sus respectivos abogados, y durante las declaraciones estará presente la jueza y un representante de la Fiscalía de Medio Ambiente.

La investigación judicial, que se centra en la presunta prevaricación de ediles y funcionarios, se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente.

Tras el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento -el pasado 20 de octubre-, el alcalde de Almogía y diputado provincial, Cristóbal Torreblanca, comunicó a la dirección de su partido en Málaga que, si es imputado judicialmente, renunciará a la Alcaldía, en la que lleva 26 años, así como a su acta de concejal, y que se dará de baja en las filas socialistas.

Días después, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, diferenció entre los casos de presunta corrupción urbanística detectados en Andalucía y la investigación que se lleva a cabo en la localidad malagueña de Almogía, que a su juicio no se enmarca en este supuesto.

En los últimos seis años, el Ayuntamiento de Almogía ha incoado 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en viviendas.

Almogía, con 4.300 habitantes y situado a 23 kilómetros de la capital malagueña por carretera, está gobernado por los socialistas, que tiene ocho ediles, mientras que IU tiene dos y el PP, uno

Además
* El alcalde dice que se siente arropado y que confía en la Justicia

elmundo.es

LA FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS EN SIERRA DE YEGUAS

TRIBUNALES | Tras la denuncia del alcalde

Europa Press | Málaga

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el alcalde de Sierra de Yeguas, Salvador Ortiz, sobre presuntas "irregularidades" en casi una treintena de contrataciones de personal laboral supuestamente realizadas por el ex regidor Rafael Sánchez Lavado desde 2007.

Así, desde la Fiscalía explicaron a Europa Press que se han incoado dichas diligencias para averiguar si los hechos denunciados son tales y si son constitutivos de delito o, por el contrario, se enmarcarían en el ámbito administrativo, para lo que se estudiará la documentación presentada por el denunciante.

En la denuncia, presentada a principios de noviembre, se explicaba que el actual equipo de gobierno pudo observar "que existieron numerosas irregularidades e ilegalidades en los procedimientos de selección de personal laboral realizados por el Gobierno anterior", aportando documentación que, a su entender, lo prueba.

En este punto, se indicaba que en la documentación aportada se observaba que "repetidamente" la Secretaría del Ayuntamiento se manifestó "negativamente" respecto a "los procedimientos seguidos por el alcalde para la contratación de personal laboral", considerando en la denuncia se vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público.

Así, el documento, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que el "evidente responsable" de los hechos denunciados es Sánchez Lavado "debido a que es él quien haciendo caso omiso a los informes dictados por el técnico del Ayuntamiento realiza a través de decreto de Alcaldía la contratación irregular del personal laboral".

El escrito precisaba que el procedimiento para la contratación del personal laboral "vulnera" lo estipulado en las normativas y apuntaba que "el conocimiento de realizar una acción en contra de la legalidad se desprende con toda claridad en la vulneración continuada de lo informado por el secretario en cada informe previo a los decretos".

"El alcalde, a sabiendas de su injusticia, dictó los decretos de contratación de forma arbitraria, interviniendo, debido a su cargo, en el proceso de contratación pública", apuntaba el escrito, en el que se pedía a la Fiscalía a que interesara la incoación de un procedimiento penal en el que "se depuren los comportamientos denunciados".

elmundo.es

LAS GRABACIONES A LA RED CORRUPTA DE BAENA DEJAN EN EVIDENCIA AL ALCALDE

CÓRDOBA

Las cintas desmienten la «manipulación» denunciada por Moreno


El alcalde de Baena y senador socialista Luis Moreno en una comparecencia pública. | Madero Cubero

* La investigación reveló que lo malversado financiaba visitas a un club
* Luis Moreno hablaba con el 'cerebro': «Esas cuentas pueden dar un mal rato»
* El alcalde sigue sin tomar medidas contra su secretario y el otro imputado

Manuel Mª Becerro | Sevilla

Las grabaciones originales de la Policía Judicial a la presunta red de facturas falsas del Ayuntamiento cordobés de Baena desmienten las acusaciones de "manipulación" realizadas por el alcalde baenense y senador del PSOE, Luis Moreno, para excusarse por no sancionar a su secretario personal, Rafael Santano, y otro trabajador municipal, Juan Díaz Pérez, imputados ambos por (entre otros cargos) malversación de fondos públicos que usaban en sus visitas al club de alterne Milady Palace.

EL MUNDO.es ha tenido acceso a los archivos de audio que figuran en el sumario de este escándalo de corrupción. Su audición confirma que las transcripciones realizadas por los agentes de la Policía Judicial son exactas, igual que las conclusiones que aparecen en sus informes, que si pecan de algo es de prudentes, ya que evitan valorar cualquier responsabilidad penal en la que pudiera haber incurrir el alcalde y senador socialista.

La Policía Judicial simplemente se limitó a apuntar tras escuchar y transcribir los pinchazos telefónicos que Luis Moreno «parece estar al tanto» de las «anomalías» contables y las «actividades delictivas» de su secretario, Rafael Santano. Sin embargo, el contenido de algunas conversaciones resulta ciertamente comprometedor para el alcalde de Baena.

"
¡Habremos hecho cosas peores!"

Un ejemplo: el 3 de septiembre de 2007, Luis Moreno estuvo hablando con su secretario sin saber que estaban siendo grabados por orden del juez. Hay un momento en el que el alcalde le saca a colación las cuentas de gastos de protocolo, que controlaba Santano.

El también senador socialista critica que las últimas son «infumables». Su hombre de confianza intenta tranquilizarlo: «No voy a hacer yo algo que nos pillen por un viaje». Y le recuerda: «¡Habremos hecho cosas peores que ésa!». El alcalde, nervioso y contrariado, lo niega.

«Tengo mis chanchullos con el alcalde»


Igualmente, hay una conversación entre el alcalde y Rafael Santano -intervenida por orden del juez el 3 de agosto de 2007- en la que el regidor da órdenes precisas para 'maquillar' una factura de un almuerzo con los concejales, su secretario y el otro trabajador imputado por las facturas falsas.

Sorprendido por el coste final de la sobremesa -«¿Tanto comimos?», le pregunta a su hombre de confianza-, pide que reclame una nueva factura que no detalle las ocho botellas de Rioja que consumieron.

Pese a todo, el alcalde de Baena no fue acusado por la Guardia Civil ni ha sido aún llamado a declarar por el juez. Además, apelando al derecho a la presunción de inocencia de su secretario y el otro trabajador imputado, se ha negado en redondo a sancionarlos. Y eso que Luis Moreno está al tanto de todo lo que se trasluce de las escuchas, que revelan más prácticas corruptas de su personal de confianza.

Además
'¡Habremos hecho cosas peores!'
'Tengo mis chanchullos con el alcalde'
'¿Tanto comimos?'

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"CASO MATSA"; CHAVES MINTIÓ AL CONGRESO SOBRE EL PAPEL DE SU HIJA PAULA EN LA EMPRESA

Concedió 10,1 millones de euros a la empresa minera











La firma de Paula Chaves Iborra en el documento de aceptación de la ayuda.

* Su relación profesional con Paula Chaves fue 'frecuente y fluida' por meses
* 'Era directora de la asesoría jurídica de Matsa y se trabajó con ella'
* Dice que le daba una copia de los expedientes para que los supervisara


Manuel Mª Becerro | Sevilla

Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial, mintió al Congreso de los Diputados cuando afirmó el pasado mes de junio que su hija no había tenido participación alguna, "ni como apoderada ni como nada", en la polémica ayuda a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa). En la aprobación de esa subvención participó el mismo Chaves cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse.

El sello de entrada en la Junta.

Francisco Javier López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de Matsa la petición del incentivo, ha reconocido a EL MUNDO que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente, en contra de lo afirmado por su padre.

La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija.

Además
* El PP-A exige la dimisión de Chaves por 'mentir'

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EL ALCALDE DE LA NUCÍA PAGÓ EN METÁLICO UN DÚPLEX AL GANADOR DE UN PAI

Los empresarios regentan locales que albergaron fiestas con Correa


Edificio donde el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, compró dos viviendas al promotor de un PAI. / E. Caparrós

* Cano adquirió otro piso de más de 300.000 euros en primera línea en Altea
* Al promotor se le concedió un plan con 3.000 viviendas y golf
* Del valor de ambos pisos, Cano sólo paga una hipoteca de 180.000 euros

M. González Ivars | Alicante

El alcalde de La Nucía, el 'popular' Bernabé Cano, y su esposa cerraron el pasado mes de mayo la compra de dos pisos, ubicados en primera línea del mar de Altea, a uno de los promotores a los que le adjudicó el plan urbanístico de La Serreta, con más de 3.000 viviendas y un campo de golf en 2005.

El primero de ellos, un piso de 83 metros cuadrados, valorado en 312.526 euros -52 millones de las antiguas pesetas-, y el otro un dúplex de 160 metros, tasado en 474.000 euros -unos 79 de millones pesetas-, que, según figura en la nota registral, pagó de sus propios recursos a través de varias transferencias. De la suma de ambos, 751.234 euros, Cano y señora sólo están pagando una hipoteca de algo más de 180.000 euros.

Según las notas registrales, las viviendas fueron adquiridas por Cano y su esposa a la empresa Rotja 2000 Promociones SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, ambos empresarios de la construcción con intereses urbanísticos en La Nucía.

Además, son propietarios de 'txokos' -clubes gastronómicos- donde se han celebrado fiestas con sexo, según figura en el sumario del 'caso Gürtel', en las que participaron el jefe de la supuesta trama, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, entre otros.

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"CASO MATSA"; EL PP-A PIDE LA DIMISIÓN DE CHAVES POR "MENTIR" AL CONGRESO SOBRE MATSA

Ayuda millonaria a la empresa apoderada por su hija

Europa Press | Sevilla

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha exigido este sábado la dimisión del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por "mentir" en cuanto a las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que es apoderada su hija, Paula Chaves, tras las declaraciones del apoderado que formalizó ante la Administración regional el expediente para a acceder las ayudas, Francisco Javier López Rubio, y cuyo testimonio se encuentra en estudio por parte del PP para incorporarlo a la querella ya presentada.

En este marco, el líder popular insistió en la "gravedad" de este asunto y subrayó la necesidad de que se desmienta "urgentemente la información si no es cierta", algo que no creyó que ocurra.

"Un político que miente al Parlamento, al Congreso y a los medios de comunicación, debe dimitir", concluyó Arenas, quien añadió que el equipo jurídico de su partido estudiará la incorporación de esta información a la querella que se puso en su día el PP sobre Matsa.

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