miércoles, 22 de julio de 2009

EL JUEZ CONDENA A JAUME MASSOT POR UN DELITO DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS

CASO ANDRATX | Ex director general de Ordenación del Territorio,

* A dos años y medio de suspensión de empleo y a una multa de 6.750 euros

Efe | Palma

El ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot ha sido condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 6.750 euros por ser considerado autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

En la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), correspondiente a la tercera pieza separada del llamado "caso Andratx" de corrupción urbanística, Massot es considerado culpable de lucrarse asesorando a la empresa s'Almudaina Dos, cuando era director general de Ordenación del Territorio y jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx.

El titular del Juzgado de lo Penal número 3, el magistrado Jaime Tártalo, ha dictado además el decomiso de la equivalencia en euros de los 7.000.000 millones de pesetas (42.070 euros) que abonó la sociedad s'Almudaina Dos S.A. a la empresa Territorio Asesores S.L. constituida por Massot, por labores de asesoría.

ELMUNDO.ES

LA ALCALDESA DE LA MUELA SALE BAJO FIANZA

La regidora, acusada de corrupción, ha depositado 800.000 euros

EFE - Zaragoza

La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (Par), salió ayer de la cárcel de Zuera, en la que ha permanecido cuatro meses por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de su municipio. Tras pagar una fianza de 800.000 euros impuesta por el juez de La Almunia que instruye el caso, Alfredo Lajusticia, Pinilla aseguró que es "inocente" y que "la justicia lo demostrará".

Javier Notivoli, uno de los abogados de la alcaldesa, recalcó que ésta es "inocente de todos los cargos que se le imputan" y aseguró que Pinilla irá al Ayuntamiento, "se sentará en su mesa y cumplirá con sus obligaciones" porque es "una autoridad, es alcaldesa, ostenta esa categoría y lo sigue siendo porque no existe ninguna medida cautelar que se lo impida".

La regidora de La Muela fue detenida el 18 de marzo e ingresó en prisión el 23 del mismo mes, imputada por 11 delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. En este caso están imputadas 35 personas, entre ellas el marido de Pinilla, uno de sus hijos, dos concejales del Ayuntamiento y numerosos empresarios.

Según el auto de libertad, Pinilla deberá entregar su pasaporte y comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes.

ELPAÍS.COM

LA AUDIENCIA DE GIRONA ORDENA REABRIR LA INVESTIGACIÓN A JOAN CARRETERO POR EL CASO PUIGCERDÁ

El ex consejero de Gobernación de la Generalitat será investigado por las irregularidades en una recalificación de terrenos

EP - Girona

El ex conseller de Gobernación de la Generalitat Joan Carretero será investigado por la recalificación de unos terrenos cuando era alcalde de Puigcerdà, ha decidido hoy la Audiencia de Girona.

* Documento: Auto de la Audiencia de Girona sobre el caso de Joan Carretero

La actuación del tribunal revoca la decisión de un juez de Puigcerdà que enero de 2007 había archivado provisionalmente las actuaciones.

Inicialmente la querella había sido impuesta en junio de 2004 por varios vecinos de la población que acusaban a Carretero y al alcalde del municipio, Joan Planella, de haber modificado el Plan Parcial del sector llamado La Closa de l'Angel para permitir a Gesdip la construcción de un centro comercial, pese a que "multitud de resoluciones administrativas" consideraban esa zona ámbito de urbanización prioritario destinado a viviendas.

ELPAÍS.COM

LOS "POPULARES" IMPLICADOS EN EL "CASO GÜRTEL"

CORRUPCIÓN | Políticos bajo sospecha

Aforados nacionales en el Tribunal Supremo

* Luis Bárcenas. El tesorero del PP es uno de los dos aforados nacionales implicados en la trama corrupta. Luis Bárcenas es además miembro de la Ejecutiva nacional y senador por Cantabria desde las pasadas elecciones generales. Al responsable de las finanzas del principal partido de la oposición se le imputan delitos de cohecho y fraude fiscal. De acuerdo con las investigaciones, Bárcenas habría recibido un mínimo de un millón de euros, "percepciones económicas irregulares" que "no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción", según indicaba la Sala Penal del Tribunal Supremo en su resolución del 23 de junio, por la que inició la causa contra él y Merino. Según publicó EL MUNDO, Luis Bárcenas ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Además, en la contabilidad B de Francisco Correa aparecen distintas anotaciones de pagos que Bárcenas habría ido recibiendo.

* Jesús Merino. El otro aforado nacional que ha sido citado por el juez magistrado Francisco Monterde, designado por la Sala Penal del Supremo instructor del proceso, es diputado del PP por Segovia desde 2000. En su caso, el Alto Tribunal tiene indicios de cohecho y un posible delito fiscal. De acuerdo con las investigaciones, habría percibido del grupo de Correa 317.700 euros. Forma parte del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso, donde es encargado de coordinar las comisiones.


Rama madrileña en el TSJM


* Alfonso Bosch Tejedor. Fue el primer aforado madrileño al que se imputó en el procedimiento penal del 'caso Gürtel'. Es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El TSJM señala sobre él que cuando desempeñaba el cargo de Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa", presunto líder de la trama. El magistrado Antonio Pedreira le ha imputado seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Tras su declaración, el juez le impuso una fianza de 750.000 de euros.

* Alberto López Viejo. Es el aforado afectado por el 'caso Gürtel' más cercano a la presidenta del Gobierno madrileño, Esperanza Aguirre. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid, fue consejero de Deportes de la comunidad hasta el pasado 9 de febrero y con anterioridad viceconsejero de Presidencia. Además del supuesto delito de cohecho, el juez le atribuye tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez Garzón le vinculó con la trama de Correa, a la que "habría beneficiado" otorgándole contratos "a cambio de entregas de dinero", en concreto 563.000 euros. El juez Antonio Pedreira le impuso una fianza de 750.000 euros.

* Benjamín Martín Vasco. Diputado regional del PP, presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la 'Operación Gürtel' no perjudicara al Grupo Parlamentario. Según la investigación judicial recibió 437.176 euros de las empresas relacionadas con Francisco Correa a cambio de adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. El juez Pedreira le imputó los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad y le impuso una fianza de 955.000 euros.

* Carlos Clemente Aguado. Ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, está imputado por el TSJM por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Según el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón habría cobrado 16.000 euros de la caja 'B' de Francisco Correa.





* Arturo González Panero. Al ya ex alcalde de Boadilla del Monte le ha sido impuesta la fianza más alta de las fijadas a los cargos públicos implicados en la trama corrupta: 1,8 millones de euros. González Panero —el primer regidor madrileño citado por Pedreira, ante quien se negó a declarar— es frecuentemente citado en las grabaciones de Francisco Correa, al que implica directamente. Al ex alcalde, el juez Pedreira le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Los autos de Garzón atribuyen a González Panero el cobro de 510.000 euros de la caja 'B' de Correa y figuraría en los libros de contabilidad bajo la referencia de "albondiguilla".

* Ginés López. La Fiscalía Anticorrupción acusa al ex alcalde de Arganda del Rey de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos de las empresas de la trama corrupta. Según el auto de Garzón, que rebajaba el montante a 523.439 euros, durante los últimos seis años de Gobierno en Arganda de 'El Gafitas' (como se conoce a López dentro de la trama) "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, durante los años 2005 a 2007".

* Jesús Sepúlveda. Según el auto del juez Garzón, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón recibió de la trama corrupta 422.922 euros, en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas de Correa.. Antes de convertirse en el primer edil de la localidad madrileña, el ex marido de la 'popular' Ana Mato fue secretario nacional del Área Electoral, cargo desde el que organizaba eventos del PP. Además del dinero, Sepúlveda habría recibido también otros regalos de la trama corrupta, como un Jaguar y un Range Rover, modelo Vogue 4.4 V8.

* Guillermo Ortega. Hasta que se vio salpicado por la trama corrupta, Ortega (alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005) era gerente de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Mercado Puerta de Toledo. Su gestión municipal estuvo llena de denuncias, sobre todo relacionadas con la venta de una parcela municipal a muy bajo precio. Su jefa de gabinete cuando estaba al frente de la Alcaldía era, además, la mujer de Correa. A 'El rata', el auto del juez Garzón le atribuye delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

* JoGaleote. Según Garzón, el padre del Ricardo Galeote (eurodiputado hasta el pasado junio) percibió 612.506 euros. A José Galeote —12 años concejal de Boadilla y, desde 2004, gerente del Consorcio Deportivo y de servicios de la zona noroeste de Madrid— el juez Pedreira le impuso una fianza de un millón de euros. En su declaración ante el juez, el ex edil negó que hubiese cobrado los sobornos que le atribuye Garzón y admitió que pidió un préstamo a Correa para comprar un coche, aclarando que se lo devolvió íntegro en tres plazos.

* Ricardo Galeote. Al hijo de José Galeote y ex concejal popular del Ayuntamiento de Estepona, Garzón le atribuye haberse embolsado 42.469 euros entre 2001 y 2003, cuando era gerente de la empresa municipal "Turismo y Actividades Recreativas". Su implicación en este caso se deriva de algunas de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de la operación 'Astapa' donde trabajó con asiduidad una de las empresas del entramado.

* Tomás Martín Morales. Según consta en el auto de Garzón, el ex vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla (y uno de los hombres de confianza de González Panero) intermedió para que una de las empresas de la trama corrupta (Constructora Hispánica) obtuviera la adjudicación en detrimento de otras constructoras como Sacyr y recibió por ello 378.172 euros.

Rama valenciana en el TSJCV

* Francisco Camps. El presidente valenciano está pendiente de su recurso, último capítulo por ahora de su historia con el 'caso Gürtel'. El TSJ de Valencia investiga desde el pasado 5 de marzo si el presidente valenciano recibió o no trajes por valor de 12.000 euros pagados por Orange Market, filial de la empresa 'Special Events' de Francisco Correa. Camps declaró el pasado 20 de mayo ante José Flors, magistrado instructor de la rama valenciana. El 6 de julio, el juez dictó un auto por el que cerró las diligencias previas y concluyó que existen "indicios racionales de delito" para abrir juicio oral contra Camps. Su defensa intentó sin éxito suspender la causa hasta que se resolviera el recurso.

* Ricardo Costa. Según el auto preparado por Garzón antes de inhibirse en favor del TSJ de Valencia, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market. El 'número dos' del PP valenciano declaró el 19 de mayo ante el juez Flors, que también ha encontrado 'indicios de delito' contra él. Fue el primero de los imputados valencianos en recurrir. Argumentó que pagó la ropa en efectivo, que nunca fue cliente habitual de Forever Young y que las medidas que figuran en los encargos de ropa no coinciden con las suyas.

* Víctor Campos. Quien fuera vicepresidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2007 es el único de los valencianos imputados que ha sido obligado a presentar la "baja temporal" de militancia en el PP. Fue el primero en comparecer ante el magistrado del TSJ. Campos figura en el auto de Garzón como una de los dirigentes que recibió trajes pagados por la trama de Correa por un importe total de 4.850 euros. Pese a que se llegó a decir que iba a aceptar ante el juez que él sí recibió regalos, Campos recurrió el auto de Flors junto al resto de implicados.

* Rafael Betoret. Es el rostro menos conocido de los 'populares' valencianos imputados por Garzón. Betoret fue jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y es el actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia. No ha hecho ninguna declaración pública. Prestó declaración en el TSJ el 20 de mayo, tras Francisco Camps y antes que 'El Bigotes'. También sigue a la espera de la resolución de su recurso.



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CLAVES PARA ENTENDER LA TRAMA "POPULAR"

CORRUPCIÓN
Proceso judicial contra cargos del PP.

Rajoy ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo a Camps. | Vicent Bosch

Esther Mucientes | Amaya García | Madrid

¿Qué es el 'caso Gürtel'? El 'caso Gürtel', en castellano el 'caso Correa', es la investigación de una presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa que afecta a cargos del PP. El caso tiene tres ramas. Una en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -con tres diputados autonómicos del PP acusados-, otra en el TSJ de la Comunidad Valenciana -donde están implicados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario del PP valenciano, Ricardo Costa- y la última en el Tribunal Supremo, donde el tesorero nacional del PP y senador, Luis Bárcenas, y el diputado nacional Jesús Merino, han sido citados como imputados.

Luis Bárcenas.

La red de corrupción, formada por Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez -'El bigotes'- y Antoine Sánchez, pagaba a funcionarios públicos y autoridades -con trajes, dinero, regalos, coches- para obtener tratos de favor en la concesión de eventos.

Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".

Lo que empezó con la detención de cinco personas con cierta vinculación al PP se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el partido más importante de la oposición. Diputados, consejeros, alcaldes, el tesorero nacional, un barón 'popular', en definitiva, toda la jerarquía del PP tocada por la sombra de la corrupción gracias a las 'malas compañias' de Correa y sus subalternos.

La trama madrileña

Tres diputados autonómicos -López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor- y cuatro alcaldes -González Panero (Boadilla), Ortega (Majadahonda), Ginés López (Arganda) y Sepúlveda (Pozuelo)- componen la rama madrileña de Gürtel. El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, fue de los primeros en saltar a la palestra. Su nombre regresaba a los titulares relacionado con irregularidades.

Según varios documentos del juez instructor del caso, Baltasar Garzón, y a los que tuvo acceso EL MUNDO, López Viejo recibió un mínimo de 563.000 euros en sobornos a cambio de dar contratos a las empresas de Francisco Correa.

En la actualidad, despojado de su cargo y de su poder dentro del PP de Madrid, se encuentra imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fijó una fianza de 750.000 euros para garantizar la devolución del dinero defraudado por el 'caso Gürtel'.

Le siguieron el también diputado autonómico de Madrid, Benjamín Martín Vasco, al que Garzón acusó en su auto "de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento, así como la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Su colaboración en la trama le habría reportado unas ganancias calculadas por el juez en 437.166 euros, la mitad de lo que el TSJM le fijó como fianza (955.000 euros). Y, Alfonso Bosch Tejedor, que cuando desempeñaba su cargo de Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado".

La rama valenciana

La sombra de la corrupción sobre el PP valenciano es probablemente la que mayores quebraderos de cabeza haya provocado en la sede de Génova. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su 'número 2', Ricardo Costa, se han visto las caras con la Justicia por haber recibido, presuntamente, varios trajes pagados por una de las empresas de Correa, Orange Market.

Camps y Costa están implicados en el caso 'Gürtel' desde que el pasado 6 de marzo el juez Garzón decidiese inhibirse de parte de la investigación en favor del TSJCV tras hallar indicios de responsabilidad penal en los dos dirigentes valencianos.

El juez Garzón sugirió que el PP valenciano recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Francisco Correa y pedía investigar a Camps (el 'Curita') y a Costa por supuestos pagos en especies con trajes de la tienda Milano, aunque cuando el caso llegó a Valencia, el TSJ limitó la investigación a un presunto delito de cohecho, descartando tanto la financiación ilegal como el tráfico de influencias.

Camps y el resto de imputados valencianos declararon ante el juez José Flors, magistrado instructor de la rama valenciana, entre el 19 y el 21 de mayo. Más de un mes después, el juez dictó un auto por el que cerró las diligencias previas y mantuvo que existen "indicios racionales de delito" para abrir juicio oral contra el presidente valenciano. Camps, Costa, Campos y Betoret, los 'populares' valencianos implicados, siguen a la espera de la resolución de sus respectivos recursos.

El de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido el último nombre en saltar al escenario mediático. En una conversación grabada al 'Bigotes', éste aseguraba que regalaba bolsos de la exclusiva marca Louis Vuitton a la primera edil, que en una comparecencia pública afirmó que "todos los políticos reciben regalos".

Los regalos de Correa

Un Land Rover, estancias en hoteles, viajes, más de tres millones de euros en comisiones, trajes... Ésta era la forma que Francisco Correa tenía de pagar los 'favores' de los cargos 'populares' implicados en la trama de corrupción, según el auto de Garzón. Sólo contando las 'entregas' a los implicados en Madrid, Correa se dejó más de tres millones de euros sin contar coches, televisiones y demás.

En la parte valenciana, la cantidad, según el auto del magistrado, alcanzaría los 420.000 euros, más los 12.783 euros que costaron los trajes que Camps supuestamente recibió de Correa a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de unos cuatro millones de euros.

Según el auto, 'El Bigotes', con el que según se desprende de varias grabaciones telefónicas Camps tenía una especial relación de amistad, encargó para el presidente de la Generalitat un esmoquín confeccionado en Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano.

'Donde dije digo, digo Diego'

El 'caso Gürtel' no ha dado un respiro a Mariano Rajoy en las últimas semanas. El goteo de implicaciones así como al proceso judicial contra miembros del PP, entre ellos su tesorero Luis Bárcenas, ha puesto contra las cuerdas al líder del PP que como estrategia o bien ha optado por el silencio o por improvisar el guión.

Parapetado detrás de 'la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario', Rajoy ha arropado tanto a Francisco Camps como a Barcenas, que hoy declara por supuestos delitos de fraude fiscal y cohecho. "El futuro de Bárcenas está como el de todos", decía a principios de julio.

Para unos, Rajoy ha mantenido una postura demasiado suave y poco decidida dadas las circunstancias, empleando a veces incluso un doble rasero. Mientras en Madrid los implicados en la presunta trama corrupta fueron apartados de sus cargos -aunque siguen como diputados- incluso antes de ser imputados, a Camps -"es absurdo" pensar que el presidente de la Generalitat Valenciana "se pueda vender por tres trajes", ha dicho Rajoy- y Bárcenas, su presunta vinculación con Correa y 'el Bigotes' no ha supuesto ninguna decisión drástica.
"Bárcenas nunca me ha chantajeado", anunciaba el líder del PP hace unos días.

Muchos 'populares' dan por hecha la salida de Bárcenas este mes, pero pocos firman con nombre y apellidos la previsión. Sin embargo, Barcenas ha manifestado públicamente que cuenta con el apoyo del líder de su partido y que no le había pedido que dimitiera.

De sobresalto en sobresalto, desde Génova se ha intentado 'vender' con "satisfacción" la llegada del verdadero momento procesal, lo cierto es que la tensión se respira en los pasillos de la sede madrileña. Bárcenas está convencido de que con su paso hoy por el Supremo acaba la causa contra él, sin embargo, si no fuera así, ¿qué hará Rajoy?.

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