miércoles, 27 de agosto de 2008

"CASO ZERRICHERA"; EL JUEZ PINCHA LOS TELÉFONOS E INVESTIGA EL PATRIMONIO DEL EX CONSEJERO MARQUÉS

UN EX CONSEJERO MURCIANO EN LA DIANA

El ex director general Alvarado, imputado en la causa, se refiere a su antiguo superior como «el gran 'mullidor'» y afirma que «nos está arrastrando a muchos, por arriba y por abajo»

RICARDO FERNÁNDEZ

La investigación del caso Zerrichera tiende, como el aire caliente, hacia arriba. Tiende a subir. En su trayectoria ascendente se ha topado ya con el ex consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Francisco Marqués, quien durante meses ha tenido intervenidos sus teléfonos y cuyo patrimonio e ingresos, y también los de su esposa, están siendo exhaustivamente investigados.

Ésta es una de las principales novedades que aporta la pieza separada de la investigación sobre el caso Zerrichera, que se abrió en abril del 2007 por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, y que ha permanecido hasta ahora bajo secreto de sumario. Esta investigación, que se resume en 345 folios que están en poder de La Verdad, tenía por objeto determinar si algún cargo público del Ayuntamiento de Águilas o de la Comunidad Autónoma había recibido dinero, o promesa de ello, a cambio de recalificar una finca -la citada Zerrichera- para permitir edificar un resort pese a que era objeto de una especial protección ambiental.

En ese paraje de 156 hectáreas, 40 áreas y 24 centiáreas, enclavado en la diputación aguileña de Téber y que forma parte de la Sierra de la Almenara, el empresario Trinitario Casanova promovía un proyecto urbanístico consistente en levantar unas 4.000 viviendas y un hotel de lujo en torno a un campo de golf.

VARIOS ALTOS CARGOS

Francisco Marqués, quien en la actualidad ejerce como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), no formaba parte de esa investigación en su origen. Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica, integrados en la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura de Policía de Murcia, se habían centrado, por orden del juez, en los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; en el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y en el empresario Casanova, entre otros.

Sin embargo, los datos que iba aportando la investigación, unidos a una conversación intervenida a Alvarado, en la que supuestamente se refería a su ex jefe, Francisco Marqués, como «el gran mullidor (sic)» -en realidad, habría querido decir muñidor, esto es, «el que concierta o dispone un asunto con engaño», según la Real Academia de la Lengua Española-, y en las que hacía otras consideraciones como que «ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo», llevaron a los policías judiciales a solicitar del juez que ordenase la intervención de los teléfonos del ex consejero, así como que permitiese someterle a una minuciosa investigación de su patrimonio e ingresos.

PUEDE ACABAR IMPUTADO

En el auto dictado el 24 de enero pasado, el magistrado Alcázar otorga luz verde a los agentes para investigar a Francisco Marqués, y realiza una serie de consideraciones que justificarían una decisión de tal calado.

Así, señala el juez que Antonio Alvarado, Encarna Muñoz y José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente -todos ellos imputados en el caso Zerrichera- «dependían jerárquicamente de Francisco Marqués (...), de quien resultó muy llamativa su actuación cuando salió en prensa para defender, políticamente, la decisión adoptada por una dirección general a su cargo -la de Calidad Ambiental- al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la finca la Zerrichera, criticando, despectivamente y sin sonrojo alguno, el contenido de un informe medioambiental anterior (del 31 de agosto del 2004), elaborado precisamente por funcionarios dependientes de él mismo, pero de otra dirección general: la de Medio Natural».

El magistrado repasa además la citada conversación telefónica mantenida por Alvarado con un desconocido, que fue intervenida por la Policía, en la que el ex director general apuntaba a que el empresario Trinitario Casanova tenía a algún político «cogido por los huevos», y a continuación se refería a ese político como «el gran mullidor», añadía que es la persona «que debería estar y no está», que ya no se dedica a la política y que «está ganando mucho dinero todos los meses» y, por último, «que ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo».

Tanto la Policía Judicial como el juez llegan a la conclusión de que la persona a la que se presuntamente refiere Alvarado, aunque sin nombrarlo, sólo puede ser Francisco Marqués. Y, de esta forma, el instructor afirma que «puede inferirse, lógicamente, que Alvarado -mejor que él nadie puede saberlo- pudo no actuar por decisión propia, sino inducido por su superior jerárquico, Francisco Marqués, en cuya mano además estaba la posibilidad de haber detenido el irregular proceso, entonces ya socialmente polémico, lo que no sólo no hizo, sino que lo apoyó abiertamente».

La última consideración del magistrado al autorizar la intervención de los teléfonos de Marqués es especialmente reveladora. «Aunque Francisco Marqués, actualmente no aforado, no fue incluido por el fiscal en su querella, no es descartable, por los antecedentes expuestos, que termine declarando como imputado en la causa».

«TÚ ME TIENES QUE LLAMAR»

Los teléfonos del ex consejero del Gobierno regional han permanecido pinchados desde el 11 de enero hasta al menos el 15 de junio de este año, momento en que la UDYCO estima que ya no tiene sentido seguir con la intervención telefónica. Del contenido de las escuchas poco ha trascendido, pues han sido remitidas al juez en CD y las diligencias escritas sólo recogen una conversación con la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María de los Reyes Sánchez, a la que llama dos días antes de que ésta tuviera que prestar declaración en el juzgado.

-«Tú, cuando acabes, me tienes que llamar», le exige Marqués.

-«Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Qué te crees», responde ella.

Nada ha trascendido, tampoco, de la investigación económico-patrimonial que están llevando a cabo los agentes de la UDYCO sobre Francisco Marqués y su esposa, María Jesús G.M., pues los informes todavía no han sido redactados o, al menos, no han sido incorporados a las diligencias cuyo secreto se ha levantado ahora.

Con estas actuaciones, Marqués se convierte en la persona investigada por el caso Zerrichera que ha ocupado, hasta el momento, un cargo de mayor relevancia en la Administración regional.

LA VERDAD.ES

lunes, 25 de agosto de 2008

SEIS ALTOS CARGOS DE CASTILLA Y LEÓN HAN DIMITIDO YA POR IRREGULARIDADES AL ADJUDICAR PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR

Podrían haberse autoadjudicado licencias dentro del ya denominado caso Lasarte

V.V.

Ya son seis los altos cargo de la Junta de Castilla y León que se han visto obligados a dimitir por su presunta relación con actuaciones irregulares a la hora de adjudicar la explotación de varias plantas de energía solar en la comunidad. Miembros del PP de León, Zamora y Valladolid podrían haber cedido los trabajos en estos “huertos solares” a empresas de su propiedad o de familiares cercanos beneficiándose así de manera ilícita de un negocio en auge.

La instalación de plantas de energía fotovoltaica en Castilla y León está acarreando más de un quebradero de cabeza al PP regional. Seis de sus cargos en la Junta se han visto obligados a dimitir, ya que están siendo investigados por su presunta implicación en la adjudicación de estos trabajos a empresas en las que participaban ellos mismos o sus familias. Como ya informó El Plural, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León estudia la posibilidad de abrir una investigación al respecto.

11 licencias para Lasarte
El principal imputado en este caso es el ex secretario general de la Delegación de la Junta de León, Javier Lasarte, quien se vio forzado a dimitir tras abrirsele un expediente disciplinario por no informar de sus actividades empresariales, informa El País. Lasarte es administrador de la sociedad Galeno 1955, que ha obtenido 11 concesiones para plantas solares de 100 kilovatios y 480 paneles cada una. La inversión ascendería a seis millones de euros.

Propietario de los terrenos
Otro de los dimitidos es Manuel Ballesteros, jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta y administrador solidario de la empresa Agrícola Valverdemota, propietaria de los terrenos donde Lasarte tenía proyectado instalar las plantas fotovoltaicas en la provincia de Valladolid.

Más adjudicaciones
Junto a ellos han dimitido también Emilio Fernández, jefe de Industria de la Junta, y Ana Isabel Suárez, jefa del Servicio Territorial de Fomento. Ambos obtuvieron dos licencias para instalar estas plantas en Valladolid. Suárez insistió en que no participó en la tramitación de los proyectos de adjudicación.

Los otros dos dimitidos son el secretario de la Delegación de Zamora, Manuel Méndez, y el jefe de la Oficina de la Junta en Zamora y ex senador popular José Bahamonde. Este último está vinculado familiarmente a la empresa Iniciativas Renovables S.L., que también se habría beneficiado de las concesiones.

Aún sin dimitir
Por otra parte, Francisco Jambrina, jefe de Industria de la Delegación de Palencia, ex consejero de Medio Ambiente y ex alcalde de la ciudad no ha dimitido aún pese a las peticiones que ha recibido de la Junta. Jambrina es administrador de la sociedad Pago El Roto, a la que se ha concedido una licencia para una planta solar de 100 kilovatios en Zamora.

Vinculacioens muy limitadas
Desde la Junta insisten, según informó El País, en que las vinculaciones de sus altos cargos con los casos de la energía solar son muy limitadas y se han hecho de manera individual, por lo que están muy localizadas. Además aseguran que el asunto se resolverá aplicando la Ley de Incompatibilidades, y defienden que la licencias para estas plantas se conceden a todos aquellos que las solicitan cumpliendo los requisitos, opinión que no comparte la oposición socialista, que les acusa de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

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ELPLURAL.COM

miércoles, 20 de agosto de 2008

ASÍ SE ENGORDÓ EL COSTE DEL PALMA ARENA: DE 48 A 110 MILLONES DE EUROS

OLVIDARON LOS VIDEOMARCADORES

* Los arquitectos cobraron una minuta de nueve millones de euros
* Aseguraban que el proyecto del creador del velódromo de Pekín estaba lleno de fallos

ESTEBAN URREIZTIETA

PALMA..- Los arquitectos mallorquines a los que el Govern de Matas pagó una minuta de más de nueve millones de euros por la dirección de obra del Palma Arena –más del triple de los baremos establecidos por el Colegio de Arquitectos– elaboraron un informe que sirvió de salvoconducto al Ejecutivo balear del PP para disparar el presupuesto del velódromo.

De los 48 millones de euros por los que salió a concurso este recinto deportivo a los "más de 110 millones de euros" que estimaron necesarios los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz para que la obra fuera completada satisfactoriamente. Los dos elementos citados, la multimillonaria minuta percibida por los hermanos García-Ruiz y el espectacular desfase del presupuesto constituyen las principales líneas de investigación de la nueva operación emprendida por la Fiscalía de Baleares contra la corrupción del Govern popular, que en este caso rastrea el posible pago de comisiones ilegales millonarias.

Para poder justificar el aumento del coste previsto inicialmente, los arquitectos García-Ruiz, que empezaron como ayudantes del arquitecto que elaboró el proyecto, el alemán Ralph Schürmann, y acabaron convirtiéndose en los máximos responsables técnicos, elaboraron un informe que desglosaba las supuestas deficiencias que albergaba el trabajo de su antecesor. Y es que a Schürmann le fue rescindido el contrato y se quedaron los mallorquines al frente de una obra que, apuntan en el dictamen al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, se encontraba repleta de irregularidades de todo tipo.

Tantas como para que fuera necesario, siempre según su criterio, multiplicar exponencialmente el presupuesto inicial. En primer lugar, aseguraron que el proyecto del que se hacían cargo conjuntamente con el ingeniero Miguel Ángel Verger, sólo "contaba con aproximadamente el 8% de la documentación necesaria para su construcción".

Más conclusiones

Asimismo subrayaban que se habían establecido por parte de Schürmann precios de "unidades de obra" que eran "un 35% inferiores a los de mercado"; que se habían topado con "más de 5.000 metros cuadrados de forjados no medidos en el proyecto inicial"; la "falta de aproximadamente 3.300 metros cuadrados de cimentaciones"; o la ausencia de las "acometidas de los diversos servicios necesarios" tales como la electricidad o el agua potable.

Además estipularon que Schürmann no había previsto la urbanización del perímetro del recinto deportivo o el mobiliario para las "oficinas, el restaurante, la cafetería y la sala de prensa".

Tras señalar todas estas carencias, los hermanos García-Ruiz concluyeron que el proyecto que habían heredado adolecía de "una falta de definición y desarrollo que impide su normal ejecución en obra pero, sobre todo, una errónea valoración económica del complejo". Por ello agregan en el documento que suscribieron un año antes de su inauguración que "las primeras aproximaciones presupuestarias de lo que podría costar el complejo basándose sólo en los conceptos y capítulos planteados por él y suponiendo un coste base de todos los capítulos y apartados del proyecto no desarrollados lo sitúan inicialmente en torno a los 90 millones de euros". Y "valorando los concepto y capítulos no incluidos", prosiguieron los García-Ruiz, "se sobrepasarían los 110 millones de euros".

Este estudio sirvió al Govern balear para dar vía libre a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada entre FCC y la constructora local Melchor Mascaró para que ampliara el presupuesto con el que obtuvieron una de las licitaciones más importantes de la pasada legislatura.

ELMUNDO.ES

viernes, 15 de agosto de 2008

LA FISCALÍA DE LEÓN INVESTIGARÁ SI HUBO DELITO EN LA ADJUDICACIÓN DE PLACAS SOLARES

CASTILLA Y LEÓN

La Junta da por concluido el expediente en la provincia y apunta a nueve funcionarios como implicados en las supuestas tramitaciones irregulares

ÍÑIGO SALINAS| VALLADOLID


Placas solares en la localidad vallisoletana de Villanueva de San Mancio


DIMISIONES

Javier Lasarte: Secretario general de la Junta en León.

Emilio Fernández Tuñón: Jefe de Industria en León.

Ana Isabel Suárez: Responsable de Fomento en León.

Manuel Ballesteros: Jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General.

Manuel Méndez: Secretario de la Junta en Zamora.

Seis funcionarios de concurso del Servicio de Industria están siendo investigados tras analizar 396 expedientes en León.

La Fiscalía de la Audiencia Provincia leonesa comenzará una investigación para esclarecer las posibles vinculaciones de varios funcionarios en el negocio de las plantas solares y las investigaciones que se abrieron en León se saldaron ayer con nueve funcionarios supuestamente relacionados con el negocio energético, seis de ellos del Servicio de Industria.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial León hizo pública ayer su intención de abrir una investigación a los cargos de la Junta para esclarecer si han sido parte interesada en la adjudicación de autorizaciones recaídas en sociedades de las que son administradores o con las que mantienen algún tipo de vinculación. Y es que, en tan sólo catorce días la supuesta trama de los huertos solares se ha cobrado la dimisión de cinco cargos de la Administración regional.

Ante esta situación, el teniente fiscal de la Audiencia de León, Vicente Gordón Monreal, adelantó que los hechos derivarán en una investigación judicial y explicó que el Ministerio Fiscal se encuentra a la espera de que la propia Junta de Castilla y León presente la denuncia o querella oportuna, algo que, según aseguró, todavía no ha ocurrido.

«Me imagino que la Junta estará en plena fase de investigación y que estará en la idea de remitirla a esta Fiscalía», incidió Gordón Monreal, que advirtió que en caso de que la Administración regional no tomara la iniciativa sería la Fiscalía la que actuaría de oficio. «Si la Junta no lo hace, nosotros, en función de la documentación que podamos recabar, remitiremos los hechos a un juzgado de instrucción para que abra una investigación que, en su caso, podría derivar en un procedimiento penal», si las conductas analizadas fueran constitutivas de delito, precisó.

La reacción de la Fiscalía se produjo después de que el PSOE amenazara con acudir a la vía judicial si el Ministerio Público no hubiera tomado ya la iniciativa de abrir una investigación al respecto. Los socialistas solicitaron, además, la convocatoria urgente de la Diputación Permanente de las Cortes para que los consejeros de Economía y Empleo y de Administración Autonómica, Tomás Villanueva e Isabel Alonso, respectivamente, den explicaciones.

De hecho, la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, se mostró entonces convencida de que se ha utilizado información privilegiada, se ha producido un tráfico de influencias a alto nivel y de que hay negociaciones prohibidas por parte de funcionarios.

«Prudencia»

Por su parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, dio ayer por concluidas las investigaciones en esa provincia sobre las 396 autorizaciones de plantas solares efectuadas en la provincia, que se han saldado con tres cargos de confianza destituidos y seis funcionarios del Servicio de Industria investigados.

Los resultados obtenidos tras la investigación, que fueron remitidos a la Consejería de Economía, incluyen el nombre de las empresas que han obtenido las autorizaciones y su composición accionarial. El delegado de León pidió «prudencia», ya que se desconoce «hasta que punto alcanza la responsabilidad de estos seis funcionarios».

NORTECASTILLA.ES

miércoles, 13 de agosto de 2008

YA SON 5 LOS CARGOS DE LA JUNTA QUE DIMITEN POR LAS ADJUDICACIONES DE PLANTAS SOLARES

Castilla y León

La Administración regional investiga posibles irregularidades de sus trabajadores por participar en empresas que han recibido tratos de favor

R. HERNANZ / Í. SALINAS
| ZAMORA / VALLADOLID

La posible vinculación de varios miembros de la Junta de Castilla y León con la adjudicación de plantas fotovoltaicas ha provocado en menos de dos semanas cinco dimisiones. Desde que el primer día de agosto, el secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, presentara su dimisión, otros cuatro altos cargos han renunciado a sus puestos. Si bien, no todos defienden que su dimisión esté vinculada a las empresas solares que ellos mismos o familiares cercanos poseen. Sea por el motivo que sea, lo cierto es que la Junta está investigando las posibles irregularidades de sus trabajadores, ya sea por incumplir el Reglamento de Incompatibilidades, por no respetar los requisitos legales para las tramitaciones o por haber procedido con tratos de favor.

Los últimos en presentar su dimisión fueron el secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros. Con ellos, ya son cinco las renuncias en la Junta de Castilla y León por la vinculación con la adjudicación de plantas fotovoltaicas.

El primero en hacer pública su renuncia fue el secretario de la Delegación Territorial en León, Javier Lasarte, que dimitió porque era titular de empresas adjudicatarias de plantas solares. Y el último, Ballesteros, que dimitió a última hora de la tarde de ayer después de mantener una reunión con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Entre Lasarte y Ballesteros dimitieron otros tres. Ayer por la mañana, el secretario de la Delegación Territorial en Zamora, Manuel Méndez, hizo efectiva su dimisión por un «motivo ético», según el delegado territorial, Alberto Castro, que explicó que Méndez tiene una «pequeña» participación en una sociedad que tramita un expediente para una planta.

Además de Lasarte, Méndez y Ballesteros, el lunes también dimitieron el jefe de Industria, Emilio Fernández, y la jefa del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación en León, Ana Isabel Suárez, todos ellos al parecer con alguna conexión en la adjudicación de plantas solares.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León exigió la reunión urgente de la Diputación Permanente para analizar la «batería de dimisiones y ceses» de altos cargos de la Junta vinculados a empresas adjudicatarias de plantas fotovoltaicas, que ven como el «reparto de un pastel millonario».

De esta manera lo describió la procuradora socialista Ana Redondo, que estuvo acompañada por su compañero de partido Alfredo Villaverde en una rueda de prensa en la que ambos detallaron que su grupo político ha pedido la comparecencia ante las comisiones parlamentarias correspondientes de los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Administración Autonómica, Isabel Alonso.

Más implicados
Manuel Fuentes, procurador socialista en Zamora, dijo que están investigando a otros tres presuntos implicados, cuyos nombres «se irán conociendo». Fuentes declaró que el sector de las energías renovables «está siendo aprovechado por altos dirigentes del PP y por otros amigos muy conocidos para hacer su agosto». Por su parte, el delegado de la Junta en Palencia, José María Hernández, manifestó ayer que él «dejaría el puesto si estuviera en la situación del jefe del Servicio de Industria, Francisco Jambrina, a quien se relaciona con la adjudicación irregular de plantas fotovoltaicas.

Jose María Hernández insistió en que el jefe del Servicio de Industria de Palencia no es un funcionario de libre designación y, aunque la Junta le ha «sugerido» que deje su cargo, la renuncia debe partir de él mismo. Y no quiere: «No he hecho nada ilegal».

LOS CONFLICTOS
Incompatibilidades: El Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración establece en el primer apartado del artículo nueve: «La obtención de autorización de compatibilidad será requisito previo e imprescindible para que el personal pueda desempeñar, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, mercantil o industrial». A su vez, el apartado tercero dice que «el personal no podrá hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividades privadas».
Tramitación: La Junta también investiga si se han cumplido los pasos legales y si hay trato de favor.

NORTECASTILLA.ES

lunes, 11 de agosto de 2008

DOS ALTOS CARGOS DE LA JUNTA EN LEÓN, DESTITUIDOS POR SU VINCULACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE PLANTAS SOLARES

CASTILLA Y LEÓN

El jefe de Industria y la jefa del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación de la Junta en León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez, respectivamente, cesarán en el cargo de forma inminente por estar vinculados a sociedades adjudicatarias de autorizaciones para construir plantas fotovoltáicas en Valladolid.

Así lo ha indicado el delegado territorial de la Junta en León, quien ha confirmado el inminente cese de estos dos altos cargos apenas diez días después de que hiciera lo propio el secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte, también por administrar empresas adjudicatarias de plantas de energía solar, informa Efe. El delegado de la Junta ha aclarado que los ceses no se producen por una cuestión de «ilegalidad», sino de «comunicación», ya que «se trata de cargos de confianza, de libre designación, que deberían haber comunicado».

Los dos altos cargos han sido adjudicatarios de dos autorizaciones cada uno para construir dos plantas fotovoltáicas en Torrecilla de la Abadesa, Valladolid.

NORTECASTILLA.ES

domingo, 3 de agosto de 2008

EL SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA JAVIER LASARTE PRESENTA SU DIMISIÓN EN EL CARGO TRAS DESCUBRIRSE QUE JUNTO A FAMILIARES CONTROLÓ 11 PLANTAS SOLARES


LEÓN
El PSCyL pide explicaciones por la dimisión de Lasarte y la UPL la renuncia del delegado de la Junta





Javier Lasarte entrega un trofeo a la tenista Ana Kournikova en un acto oficial
como representante de la Junta en León. (Foto: El Mundo de León)


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(ACTUALIZADO) El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León la petición de comparecencia de la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, para explicar todos los aspectos relacionados con la dimisión del secretario territorial de la Junta en León, Javier Lasarte Vidal, que tomó esta decisión este viernes, después de que El Mundo de Castilla y León hiciera público que cuenta con una empresa del sector de las energías renovables que gestiona once plantas solares.

Los socialistas recuerdan que la instalación de empresas en este sector requiere de procedimientos administrativos complejos, sobre los que “sería necesario dar plenas garantías de que han sido instruidos con absoluta transparencia y sin ningún tipo de interferencia derivado del desempeño del cargo de quien encabeza estas empresas”.

“Igualmente, junto a la garantía de que la persona afectada se ha abstenido de participar de cualquier forma en la instrucción de estos expedientes, es necesario conocer si se ha producido un cumplimiento riguroso de la normativa en materia de incompatibilidades”, añade la petición, firmada por el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ramos.

UPL pide la dimisión del delegado de la Junta

Por su parte, el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Melchor Moreno, ha solicitado este sábado la "inminente dimisión del delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández "por el caso" del secretario de la Junta en León, Javier Lasarte Vidal.

Según Melchor Moreno "parece claro que tiene que haber un responsable político en este tema, ya que el dimitido Lasarte no se considera a sí mismo político, sino funcionario al servicio de la Junta", por lo que, a su juicio, deber ser el delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández, quien "tiene que dimitir".

Melchor Moreno ha recordado que "no es la primera vez que Eduardo Fernández se ve sobrepasado por los acontecimientos y no sabe actuar en consecuencia". Para el leonesista basta recordar la "deficiente gestión" realizada por el delegado de la Junta en el caso de la contaminación en el agua en Nistal de la Vega, "practicando una política de huída hacia adelante".

La polémica

Jesús Javier Lasarte Vidal, secretario general de la Junta de Castilla y León en la provincia, ha presentado este viernes su dimisión después de que El Mundo de León revelara que a través de diversas sociedades participadas por él y su familia llegó a controlar 11 plantas solares en las provincias de León y Valladolid.

Lasarte, ejerciendo como secretario general de la Junta de Castilla y León, obtenía cobertura legal para sus plantas solares a través de uno de sus subordinados directos en la jefatura de Industria, por lo que su situación de 'privilegio aparente' era indudable. Así lo ha reconocido este viernes a leonoticias.com Eduardo Fernández, delegado de la Junta en León, quien además ha advertido que es "poco decoroso" pero "no ilegal" que se produzca una situación de este tipo en la cadena administrativa y ha tachado de "desagradable" la situación generada.

Legal, pero no decoroso

"El (Javier Lasarte) nos ha insistido hoy (por este viernes) en que no tiene que darnos ninguna explicación", ha asegurado Eduardo Fernández. "Y legalmente es así, pero no estamos hablando de un aspecto legal sino de decoro", ha añadido el delegado territorial. Desde ese punto de vista desde la Junta se recordó a Lasarte este viernes que su puesto "es un puesto de confianza".

Subordinado directo

Javier Lasarte obtuvo más de una decena de licencias, aprobadas por las respectivas comisiones de urbanismo y medio ambiente, y más tarde por industria, siendo él el titular de la sociedad solicitante. "Por los datos que tenemos hasta el momento parece que él no estuvo presente en las comisiones de urbanismo y medio ambiente donde se realizaron las aprobaciones, pero tampoco hubo una notificación previa en la que informara sobre la situación que se podía crear. Otras cosa es que posteriormente la firma de industria la realizaba un subordinado directo", se ha asegurado desde la Delegación de la Junta.

Venta posterior de derechos

Eduardo Fernández también ha revelado que Javier Lasarte ha reconocido que, con posterioridad, vendió los derechos obtenidos para la explotación de esos campos de energía solar, algo que no ayuda a eliminar lo que desde la junta se define como "lógicas suspicacias".

Creciente red empresarial

Lasarte Vidal, según El Mundo de León, habría desarrollado una naciente red empresarial y figura como administrador en al menos dos sociedades limitadas cuya actividad se extendería a estas provincias. El importe de las inversiones superaría los seis millones de euros y, según diversas informaciones, la empresas con presencia de Lasarte Vidal habrían obtenido una tramitación más rápida de lo habitual incluso superando en el tiempo de tramitación a otras empresas que habrían presentado su documentación con anterioridad.

En la actualidad, según revela El Mundo de León, dos plantas están en marcha y emplazadas en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués. Otras cuatro figuran como pendientes de instalación en el municipio de Torrecilla de la Abadesa, también en Valladolid. Y se ha iniciado la instalación de otras cinco en Mansilla de la Mulas, León.

Once plantas

En los once casos, se trata de plantas fotovoltaicas de 100 kw, conformadas por 480 paneles cada una, cuyo presupuesto por planta ronda los 550.000 euros y son promovidas por la misma sociedad limitada, de la que el secretario general de la Junta en León es administrador único.

El fraccionamiento de estas instalaciones parece obedecer a un motivo económico, es decir, el régimen de primas a la generación de energía solar resulta más cuantioso en la franja limitada a 100 kilovatios, según los técnicos de la Dirección General de Minas, según cita la información de El Mundo de León.

El germen societario de tales inversiones y de la proliferación de estos proyectos energéticos en Valladolid y en León es la empresa Galeno 1955 Sociedad Limitada (significativo nombre teniendo en cuenta que Lasarte Vidal, además de político y empresario revelación, es médico).

Proyectos sucesivos en su tramitación

Lejos de tratarse de proyectos sucesivos en su tramitación y ejecución, todos, los once, fueron solicitados tanto en León como en Valladolid a mediados de septiembre de 2006, en los días 14 y 26. Las primeras plantas en obtener el pleno refrendo administrativo fueron las cinco de León, en febrero de 2007.

La diligencia leonesa quedó levemente aletargada en los expedientes de Mota del Marqués, autorizados en mayo de 2007, y de Torrecilla de la Abadesa, cuya resolución favorable fue firmada en agosto del pasado año.

"Es obvio que la autorización administrativa de estos proyectos recae en la Junta y más exactamente en las delegaciones territoriales, por lo que el cruce de intereses en el caso del secretario y al tiempo empresario Javier Lasarte resulta palmario, aunque su incompatibilidad formal y legal pueda ser discutible", asegura El Mundo de León.

Galeno 1955

Galeno 1955 SL fue inscrita en abril de 2006 y tiene por domicilio social un piso en la calle Joaquina de Vedruna, número 11, 2º B de la ciudad de León. Si bien, en esta dirección no existe placa o distintivo alguno que remarque o publicite la presencia de tan dinámica y energética empresa, según la misma publicación.

La contundencia de la información ha provocado que este mismo viernes Javier Lasarte anunciara que "lo más probable" es que "deje mi cargo", apuntando así a una inminente dimisión. Lasarte, sin embargo, ha tachado de "patrañas y medias verdades" la información, aunque asume que la misma le fuerza a abandonar el cargo "para no dañar" ni a la institución ni al partido.

El PSOE pide una explicación

El Partido Socialista de Castilla y León ya ha solicitado una "explicación pública y veraz" a la Junta de Castilla y León, apuntando que se está ante un hecho "que podría ser muy grave".

Lasarte: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Lasarte, declaró a la agencia Ical que “los papeles” se los ha enseñado al delegado esta misma mañana y está con la “conciencia muy tranquila”, ya que lo más importante es “la salud y los amigos”. Según manifestó, considera que “no está obligado” a informar de sus actividades fuera de la Junta en la que lleva “dedicados 13 años de los 31” que trabaja como funcionario. Al respecto, el delegado territorial comunicó que su cese es “una medida correcta” a pesar de que Lasarte haya defendido que él no es “quien está poniendo en marcha los parques”. Al parecer, la empresa se dedica a tramitar las peticiones de otras empresas para obtener autorizaciones y, una vez que las tiene, las vende a esas empresas interesadas.

Investigación interna

A pesar de la dimisión voluntaria, la Junta ha puesto en marcha dos investigaciones; la primera se encargará de revisar los procedimientos de concesión de las autorizaciones de plantas solares tanto en Valladolid como en León por parte de los servicios territoriales de Industria. Con esta investigación vigilarán si se han cumplido los trámites y no ha habido “privilegio alguno”, comunicó a la agencia Ical Eduardo Fernández. El proceso de investigación puede durar entre siete y ocho meses.

La segunda línea de investigación se hará a través de la inspección general de servicios, que estudiará si se ha procedido correctamente respecto a la compatibilización de su actividad profesional con el puesto de funcionario. En ese sentido, Eduardo Fernández explicó que “se examinará” hasta qué punto el secretario general debería haber informado y “el tiempo de dedicación a la empresa ya que figura como administrador único”.

"Su dimisión llega tarde", dice IU

A las reacciones tras la dimisión de Javier Lasarte se ha unido este viernes Izquierda Unida de León que, en una nota pública, exige "una investigación a fondo de todas las decisiones tomadas por la Comisión Territorial de Medio Ambiente en las que participó el afectado".

Además IU pide "la revisión de todas las decisiones y la revocación de las que afectan a sus negocios si se demuestra su voto favorable a la concesión de licencias directamente relacionadas con su actividad empresarial".

"Es inaudito"

"Igual trato exigimos a la hora de revisar cualquier tipo de ayuda o subvención pública concedidas por cualquiera de las administraciones del Estado, sea la Junta o el Gobierno Central. Es inaudito que la delegación de la Junta en León haya permitido la pervivencia de esta situación cuando no dudamos en absoluto de la imposibilidad de que una situación como ésta pase desapercibida. El delegado de la Junta debe demostrar que desconocía esta circunstancia o asumir la responsabilidad política de haber mantenido a Javier Lasarte en su cargo durante todo este tiempo", asegura Izquierda Unida.

Los Verdes "lo veían venir"

Los Verdes de Europa en León han cuestionando públicamente desde hace más de tres años muchas de las actuaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, y muy especialmente aquellas que están relacionadas con las secciones de Medio Ambiente, Industria, Comercio y Turismo.

"Siempre respetaremos escrupulosamente la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo subrayamos que el cúmulo de casualidades que jalona la actuación de determinadas secciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, es cuando menos sospechoso. Y desde luego, la credibilidad e imagen de esta Institución, a nosotros por lo menos, no nos inspiran la menor confianza" aseguran Los Verdes de Europa en León.

LEONOTICIAS.COM

viernes, 1 de agosto de 2008

EL SECRETARIO DE LA JUNTA EN LEÓN MANEJA UNA RED DE ONCE PLANTAS SOLARES


CON UNA INVERSIÓN DE 6 MILLONES

C. MORENO / M. MORUETA

LEÓN.- La energía solar, todo un desafío en el sistema energético español aún dependiente de los combustibles fósiles e inmerso en la conquista de las energías renovables, también enciende insospechadas ambiciones empresariales que ni el servicio a un cargo político ni las servidumbres e incompatibilidades que entraña tal oficio contienen. Las tareas políticas y administrativas que implica la secretaría general de la Delegación del Gobierno regional en León no han impedido el florecimiento empresarial de Jesús Javier Lasarte Vidal, el segundo de a bordo de una estructura gubernativa sobre la que recaen innumerables competencias y la gestión funcionarial y laboral de 14.000 trabajadores en León.

El secretario general de la Junta, que ocupa la segunda posición jerárquica tras Eduardo Fernández y asume este cargo desde 1995, se descubre ahora como un próspero inversor con un negocio muy pujante y sobre el que la Administración, tanto estatal como muy especialmente la autonómica, ejerce un régimen de concesión, especial tutela y promoción financiera.

Se trata de las energías renovables y más exactamente de las plantas solares.

Al margen del conocimiento público y con una discreción proverbial, Lasarte Vidal ha desarrollado una naciente red empresarial y figura como administrador en al menos dos sociedades limitadas; tan sólo una de ellas promueve 11 plantas solares en las provincias de León y Valladolid.

El desarrollo de estos proyectos fotovoltaicos supone una inversión total de 6 millones de euros

Tan sorprendente como esta faceta es el hecho de que el desarrollo de estos proyectos fotovoltaicos supone, tal como figura en las distintas licencias publicadas en los boletines oficiales de León y Valladolid, una inversión total de 6 millones de euros (mil millones de pesetas). Tal pujanza económica tiene, por el momento, un origen desconocido y tampoco esclarecido por el promotor 'solar' Lasarte, que se reserva discretamente el secreto.

Once plantas

En la actualidad, dos plantas están en marcha y emplazadas en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués. Otras cuatro figuran como pendientes de instalación en el municipio de Torrecilla de la Abadesa, también en Valladolid. Y se ha iniciado la instalación de otras cinco en Mansilla de la Mulas, León.

En los once casos, se trata de plantas fotovoltaicas de 100 kw, conformadas por 480 paneles cada una, cuyo presupuesto por planta ronda los 550.000 euros y son promovidas por la misma sociedad limitada, de la que el secretario general de la Junta en León es administrador único.

El fraccionamiento de estas instalaciones parece obedecer a un motivo económico, es decir, el régimen de primas a la generación de energía solar resulta más cuantioso en la franja limitada a 100 kilovatios, según los técnicos de la Dirección General de Minas.

Los 11 proyectos fueron solicitados tanto en León como en Valladolid a mediados de septiembre de 2006

El germen societario de tales inversiones y de la proliferación de estos proyectos energéticos en Valladolid y en León es la empresa Galeno 1955 Sociedad Limitada (significativo nombre teniendo en cuenta que Lasarte Vidal, además de político y empresario revelación, es médico).

En un mes

Lejos de tratarse de proyectos sucesivos en su tramitación y ejecución, todos, los once, fueron solicitados tanto en León como en Valladolid a mediados de septiembre de 2006, en los días 14 y 26. Las primeras plantas en obtener el pleno refrendo administrativo fueron las cinco de León, en febrero de 2007.

La diligencia leonesa quedó levemente aletargada en los expedientes de Mota del Marqués, autorizados en mayo de 2007, y de Torrecilla de la Abadesa, cuya resolución favorable fue firmada en agosto del pasado año.

Es obvio que la autorización administrativa de estos proyectos recae en la Junta y más exactamente en las delegaciones territoriales, por lo que el cruce de intereses en el caso del secretario y al tiempo empresario Javier Lasarte resulta palmario, aunque su incompatibilidad formal y legal pueda ser discutible.

Desde su constitución, Galeno 1955 ha establecido una red energética muy notable de 11 plantas

Galeno 1955 SL fue inscrita en abril de 2006 y tiene por domicilio social un piso en la calle Joaquina de Vedruna, número 11, 2º B de la ciudad de León. Si bien, en esta dirección no existe placa o distintivo alguno que remarque o publicite la presencia de tan dinámica y energética empresa.

Pese a su aparente modestia, al menos inmobiliaria, la sociedad de Lasarte se presenta como una apuesta ambiciosa. Y tal como recoge el Registro Mercantil, su objeto social se vincula, en primer término, a la instalación, gestión y explotación de plantas y parques de todo tipo de energías, además de la comercialización , distribución e instalación de todo tipo de material relacionado con las energías renovables. Como otras finalidades no exactamente eléctricas aparecen la construcción de edificios acogidos o no a protección oficial, la participación en sociedades de análogo objeto, y la venta y comercialización de todo tipo de vehículos y sus accesorios. Esta entidad mercantil cuenta con un capital social de 3.060 euros.

En poco más de dos años desde su constitución, Galeno 1955 ha establecido una red energética muy notable de 11 plantas, que ha superado sin problema, de acuerdo con las autorizaciones y resoluciones publicadas en los boletines oficiales, todos los requisitos de los ayuntamientos y, lo más complejo, la supervisión técnica y la concesión de las delegaciones territoriales de la Junta en León y Valladolid. Porque además de la perceptiva licencia municipal sobre el uso del suelo, cualquier instalación fotovoltaica requiere de la resolución favorable del servicio territorial de Industria, Comercio y Consumo de la provincia en que se ubique.

Los cinco proyectos de Mansilla cuentan con resolución favorable desde febrero de 2007

Las resoluciones relativas a las plantas emplazadas en Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa fueron firmadas en mayo y agosto de 2007 por el jefe territorial del servicio de Industria en Valladolid, Marceliano Herrero. Los cinco proyectos de Mansilla, solicitados en septiembre de 2006, cuentan con resolución favorable desde febrero de 2007 y tales dictámenes ha sido firmados por Emilio Fernández Tuñón, jefe del servicio de Industria de la Delegación Territorial de León.

Otras conexiones

Pero Galeno 1955, pese a su electrificante vitalidad, no es la única ni la primera aventura de Javier Lasarte, como empresario casi anónimo. El político leonés aparece en otras inscripciones del Registro Mercantil y las conexiones entre estas entidades societarias resultan sorprendentes.

La más antigua anotación se refiere a la sociedad limitada Explotaciones Comparativas, creada en 1990, con domicilio en San Andrés del Rabanedo, dedicada a la construcción y en la que Javier Lasarte ha ejercido como apoderado, según el nombramiento anotado en 1994. Más reciente es la designación como administrador del secretario de la Delegación de la Junta en la sociedad limitada Rodocrosita. En enero de 2007, Lasarte es nombrado administrador solidario de esta entidad, domiciliada actualmente en el Paseo de Salamanca de la ciudad de León y constituida con anterioridad, en septiembre de 2002. En esta sociedad también figuran como administradores un conocido empresario leonés, que inició su actividad con la venta de automóviles y que en la actualidad también participa activamente en el sector de la energía solar, y otro inversor lucense, Juan Antonio Martínez Dapena, ex presidente de la confederación empresarial de Lugo. Esta empresa comparte domicilio social con otras entidades mercantiles, como Inverfina Padre Isla o Inverfina Solar.

Aunque Rodocrosita aparece como una sociedad para la gestión y administración de acciones, con un capital actual de 3.600 euros, sus tres administradores solidarios, entre ellos Lasarte, también comparten su inclinación por las plantas fotovoltaicas e incluso llegan a ser ‘vecinos’ en distintos proyectos. Tan buena sociedad y rentable vecindad les permite además conformar, con la suma de sus distintos proyectos fotovoltaicos, parques solares que entregan a la gestión de otra entidad dedicada a instalaciones eléctricas 'Teydi' (Técnicas Eléctricas y Desarrollo Integral, sociedad limitada, domiciliada en Monforte de Lemos, Lugo).

No hay constancia de que Lupejate haya superado su aspecto mercantil formal y gestione alguna planta solar

Y como ejemplo de estas conciliadoras prácticas energéticas y societarias, basta el caso de Mota del Marqués. La licencia para la construcción del denominado 'Huerto solar Teydi Mota del Marqués 1MV' fue solicitada por el presidente de Teydi, Javier Mazaira, en representación de las empresas Teydi, Inserfi Lucense (de Martínez Dapena) y Galeno 1955 (de Lasarte), entre otras sociedades. También el nombre de Teydi, como huerto solar conjunto, aparece en las instalaciones fotovoltaicas que Lasarte, a través de Galeno 1955, promueve en Torrecilla de la Abadesa.

Martínez Dapena reconoce su vínculo con Lasarte en Rodocrosita y apunta que "no tiene otra finalidad que comprar suelo en Mansilla". "Creo que no se va a montar nada", y da por concluida la conversación.

El sueño de energético no sólo ha prendido en Lasarte, como destacado político leonés. De una forma infinitamente más tímida, Luis Aznar, director general de Protección Civil, también se ha atrevido a constituir junto con su esposa una sociedad limitada, Lupejate, cuyo domicilio social parece coincidir con la residencia del matrimonio en Sariegos y cuya finalidad también son las energías renovables.

No hay constancia de que Lupejate haya superado su aspecto mercantil formal y gestione en estos momentos alguna planta solar en el territorio de Castilla y León.

Sea como fuere la conquista del sol, puede dar cálidos beneficios o convertirse en el fallido sueño de Ícaro.

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