lunes, 31 de mayo de 2010

EL "CASO MALAYA" DEJA UNA ESTELA DE 30 CAUSAS PENDIENES DE INVESTIGAR

El fiscal pidió que se instruyeran aparte para no dilatar más el sumario

JUANA VIÚDEZ - Málaga -

La Audiencia malagueña ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar una treintena de causas relacionadas con el caso Malaya contra la corrupción marbellí y que no se podían dejar dentro del sumario de la macrocausa porque de lo contrario la instrucción se haría eterna. La mayoría son operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, ya sea compras o ventas de fincas en las que el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, se parapeta en sociedades o testaferros; y resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Marbella que "favorecen los intereses de empresarios que habían efectuado los pertinentes pagos -cohechos- al señor Roca", recoge el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. En la lista hay ocho convenios que el ex alcalde Julián Muñoz rubricó con sociedades del promotor José Ávila Rojas y que sirven para explicar cómo un número ingente de apartamentos diseminados por la ciudad acabó en manos del Ayuntamiento marbellí.

Un aparcamiento de Puerto Banús paga 7.000 euros al año de concesión

Julián Muñoz intercambió 29 pisos de una tacada con un promotor

Su instrucción como causas independientes complicará aún más el panorama judicial de Roca, el ex alcalde Julián Muñoz y los empresarios que los protagonizan. Estos son algunos de los casos más llamativos.

- Un aparcamiento casi regalado. Los juzgados investigarán la construcción y adjudicación en 1998 de un aparcamiento público de Puerto Banús. Según la documentación, incluida en el caso Malaya, la concesionaria -que primero fue la empresa Sociedad Europea de Estacionamientos, SA, y después Saba Aparcamientos- paga poco más de 7.000 euros anuales por explotar sus 1.100 plazas, toda una bicoca teniendo en cuenta que es uno de los lugares más visitados y caros de España y Europa. "El valor catastral del inmueble en 2006 es de 8,1 millones de euros, por lo que el canon no alcanza siquiera el 0,1%", destaca el fiscal.

En 2006, la hora de estancia costaba 1,65 euros.


El alquiler resulta ridículo si se lo compara con otras concesiones. Por ejemplo, en 2004, la sociedad Occidental de Aparcamientos Costa del Sol SL, pagó 93.000 euros por la explotación de 775 estacionamientos en la avenida Ricardo Soriano, vía principal de Marbella. Trece veces más por un menor número de plazas y en una zona menos transitada.

- Pisos para expropiaciones. Muñoz renunció a cobrar en matálico los aprovechamientos urbanísticos que generaban al municipio la recalificación de parcelas para adquirir, en su lugar, numerosos apartamentos, trasteros y garajes. En uno de estos tratos con Ávila Rojas, el Ayuntamiento recibió 29 apartamentos y cinco locales que servirían, según dijo el Consistorio, para pagar en especie una serie de expropiaciones. Las propiedades que ofertó la promotora Turasa, situadas en las promociones Terrazas de Marina Marbella, Jardines de la Represa y el bloque San Marino, costaban 3,1 millones, un millón más de la cantidad que la empresa debía pagar al Ayuntamiento. Esto obligó al municipio, además de aceptar el pago en especie, a pagar a la constructora la diferencia "en metálico" o "mediante compensación de créditos".

- Cuadros y parcelas. La facilidad con la que Roca supuestamente compraba y vendía terrenos sin que su nombre apareciera por ningún lado y adquiría numerosas obras de arte, ambas operaciones sospechosas de blanqueo, se seguirá investigando en causas independientes. Entre la compra de parcelas destaca la de una serie de solares en Murcia valorados en 25,4 millones y en los que construyó las promociones Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf. Los marchantes Rafael Domenech Jodrá y Manuel Mayoral Alavedra tendrán que responder por las ventas de cuadros al ex asesor urbanístico de Marbella.

El penúltimo pelotazo de la trama
El fallecimiento del empresario Emilio Rodríguez Bugallo, dueño de Construcciones Salamanca, durante la instrucción del caso Malaya, no ha hecho que la fiscalía deje a un lado los convenios que rubricó con el Consistorio marbellí. De hecho, se ha pedido que se investiguen cinco de estos acuerdos ante la sospecha de que las decisiones que se adoptaron pudieron suponer delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Entre ellos figura la recalificación de un terreno aledaño a la Plaza de Toros de Marbella, gestionada por la familia del fallecido, y que permitiría la construcción de un edificio de nueve plantas adosado al coso.

El convenio, firmado el 8 de junio de 2005, convertía una parcela de 7.036 metros cuadrados que el plan urbanístico de 1986 reservaba para equipamiento sociocultural, en un solar para uso comercial, de oficinas y hotelero. Esta decisión permitía al empresario disponer de 25.055 metros cuadrados edificables y le obligaba a abonar seis millones al Consistorio. Según el fiscal, el convenio fue ratificado en la Junta de Gobierno Local el 19 de enero de 2006, cuando faltaban poco más de dos meses para que saltara el

. El edificio nunca llegó a consolidarse, pero el empresario adelantó los dos primeros pagos de los aprovechamientos, según fuentes municipales.

Operación Malaya
A FONDO
Trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella
Ver cobertura completa

elpaís.com

BÁRCENAS PIDE AL PP QUE PAGUE 200.000 EUROS DE SU ABOGADO EN EL "CASO GÜRTEL"

Cospedal rechazó la factura porque el ex tesorero aceptó hacerse cargo del coste

CARLOS E. CUÉ - Madrid

Así lo ve Peridis

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas sigue suponiendo un importante quebradero de cabeza para la dirección de Mariano Rajoy. El hombre que ha controlado las finanzas del partido durante los últimos 20 años, primero como gerente y en los últimos 20 meses como tesorero, mantiene una importante fuerza en la sede central de la calle Génova, donde no solo conserva amigos e incluso familiares entre los trabajadores más destacados de la casa -no en vano muchos de los contratos fueron firmados por él mismo- sino un notable poder de presión frente al líder de la formación conservadora, Mariano Rajoy.

El partido le ha cedido una sala para que conserve allí sus documentos

Carmen Navarro, que trabajó con Güemes y Romay, nueva gerente

Su último intento de forzar la máquina ha llegado de nuevo por un asunto muy polémico: el pago del abogado de Bárcenas en el caso Gürtel, Miguel Bajo, uno de los penalistas más conocidos de Madrid, que cobra una minuta superior a los 300 euros la hora.

El ex tesorero exigió a Rajoy que el partido le pagara el abogado y el líder del PP aceptó. Pero después de que se conociera esta decisión, cuando Bárcenas decidió dejar definitivamente la tesorería del PP y pedir la suspensión temporal de militancia en el partido, anunció públicamente, con un comunicado, que a partir de ese momento -hace un mes- se pagaría él mismo su abogado.

Bárcenas era el único imputado del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a Gobiernos populares, al que el PP sufragaba los gastos de defensa, un privilegio que en su día sentó muy mal en el partido.

La mayoría de los dirigentes pensaba que el asunto del abogado, que incomodaba a todos, estaba felizmente resuelto. Pero ha vuelto. Bárcenas ha intentado que el partido le pague una minuta de casi 200.000 euros, según confirman fuentes de Génova. Esa fue la factura que pasó para que el partido la asumiera. Ante la extrañeza de los responsables de las cuentas del PP, el actual gerente, Cristóbal Páez, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el ex tesorero explicó que se trata del coste de su abogado hasta el día en que él anunció que pasaba a pagarlo de su bolsillo. Páez, muy enfrentado con Bárcenas, será sustituido en breve por Carmen Navarro, que ha trabajado con el ex consejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes, y antes con el actual tesorero del PP.

Las mismas fuentes entienden que se trata de una minuta que incluiría toda la previsión de gastos del caso. Según fuentes jurídicas, es habitual que los abogados cobren a sus clientes en función de los gastos que prevén abordar en un proceso que, como el caso Gürtel, puede durar varios años. Sería una especie de adelanto. Cospedal, según las mismas fuentes, se negó a asumir la minuta al menos hasta que estuviera claro que ese precio obedece a lo que pactó Bárcenas con Rajoy: el PP asume el coste hasta el pasado 10 de abril, y a partir de ahí, el ex tesorero paga de su bolsillo. Por tanto, según estas fuentes, la factura no se ha pagado porque no ha habido acuerdo, aunque es presumible que Bárcenas siga intentándolo porque, según su interpretación, ese coste debe asumirlo el PP.

El 90% del dinero que maneja el partido proviene de subvenciones públicas, aunque a la hora de gastar, los partidos funcionan como una empresa: contratan con quien quieren al precio que quieren sin necesidad de hacer concursos, y pagan a sus empleados los sueldos que deciden sin darlos a conocer a nadie.

Bárcenas, dicen los que le conocen, no es una persona que haya aceptado retirarse sin más del PP. De hecho, una vez que ha perdido su despacho de tesorero en la sexta planta, ocupado ahora por su sucesor, el ex ministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaria, ha exigido y logrado que el partido le facilite una sala para conservar allí sus documentos. Le ofrecieron la Sala Andalucía, según adelantó el diario Público, pero incluso eso supuso un enfrentamiento con Cospedal, ya que él decidió tapar con vinilo todo el cristal que permite ver desde el exterior todo lo que sucede en las salas de reuniones del partido, como lo es la Andalucía. Cospedal ordenó retirar ese vinilo y la tensión creció de nuevo entre los fieles a la secretaria general y los que aún mantienen la amistad y la fidelidad a Bárcenas.

Cospedal fue la dirigente que con más claridad empujó desde el principio para que Rajoy echara al ex tesorero, pero finalmente no lo logró y la cuestión solo se resolvió cuando fue el propio Bárcenas quien, empujado por la decisión del ex diputado Jesús Merino de abandonar la política, vencido por la presión mediática y convencido de que un tribunal inferior podría ser mejor para sus intereses, decidió dejar el escaño.

Caso Gürtel
A FONDO
Ver cobertura completa

elpaís.com

SUSPENDEN EL JUICIO CONTRA EL EX ALCALDE DE CARRATRACA ACUSADO DE UN DELITO URBANÍSTICO

TRIBUNALES | El ex regidor Óscar Román

Europa Press | Málaga

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha suspendido el juicio previsto para este martes contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Carratraca Óscar Román (IU), acusado de un delito contra la ordenación del territorio, debido a la enfermedad de un letrado, según han informado fuentes judiciales.

La Fiscalía solicita para Román, que presentó en enero su dimisión tras manifestar su desacuerdo con algunos aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y su aplicación, una pena de un año y medio de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.

Los hechos ocurrieron en enero de 2002 cuando, según el escrito provisional del fiscal, el entonces alcalde presuntamente otorgó por decreto a favor de un particular una licencia de segregación de una parcela de suelo clasificado como no urbanizable, "pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables".

La acusación pública sostiene en sus conclusiones iniciales que en dichos informes "se ponía de manifiesto la contrariedad de lo solicitado con la normativa urbanística vigente en el momento de los hechos", determinada, según se precisa, por varios artículos de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

El ministerio fiscal precisa en su calificación, a la que tuvo acceso Europa Press, que el acusado dio la licencia siendo "sabedor de la evidente flagrante contrariedad con la legislación" y entiende que conocía que tal segregación "encubría una auténtica parcelación urbanística y, como tal, ilegal, en suelo no urbanizable".

ELMUNDO.ES

IMPUTADO EL EX CONCEJAL DE IU FRANCISCO MANUEL SILVA POR ADJUDICAR CONTRATOS A UN FAMILIAR

AYUNTAMIENTO | Es su primo y 'amigo íntimo'

* El ex edil está citado a declarar el 27 de septiembre por una querella del PP

Sebastián Torres | Sevilla

El Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla ha imputado al ex concejal de IU Francisco Manuel Silva por las adjudicaciones de contratos 'a dedo' a la empresa de un familiar y "amigo íntimo". En un auto fechado el 24 de mayo la juez Milagrosa Girón ha citado a Silva para el próximo 27 de septiembre para tomarle declaración en calidad de imputado, a raíz de una querella interpuesta por el PP en la que le atribuía supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y usurpación de funciones.

Silva dimitió en septiembre de 2008 como concejal del Ayuntamiento de Sevilla después de que EL MUNDO de Andalucía desvelara que su madre había sido contratada sin concurso en la piscina municipal de San Pablo, cuya gestión dependía del Instituto Municipal de Deportes, organismo que dirigía el entonces concejal.

La querella del PP se interpuso en diciembre de 2008, con el concejal ya fuera del cargo, por una serie de contrataciones de la empresa Arecón Eventos SL, propiedad de David Domínguez Silva, primo y "amigo íntimo" del concejal.

Según el PP, Silva realizaba adjudicaciones públicas a la empresa de su familiar "para la realización de actividades privadas que no tienen como finalidad un servicio público", por lo que aludía a posibles "subvenciones encubiertas". La Intervención municipal había advertido en varias ocasiones de ésta y otras circunstancias y, según el PP, "al menos en dos ocasiones se desatendieron".

En tres adjudicaciones, según la denuncia del Partido Popular, se adjudicaron los contratos sin licitación pública y contraviniendo la legislación de contratos. Y en una de ellas, "para colmo de irregularidades", Silva aprovechó la ausencia por vacaciones de la delegada del distrito Bellavista-La Palmera para adjudicar un contrato a la empresa de su familiar, cuando, según la denuncia del PP, el sustituto era el entonces concejal socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, según el decreto de Alcaldía de 23 de julio de 2007 por el que se delegaron las competencias municipales.

Aunque la relación familiar entre Silva y el empresario no es del grado suficiente como para que el ex concejal tuviera que abstenerse, sí que lo es, según el PP, la "amistad íntima" entre ambos. Los denunciantes consideran que prueba esta amistad íntima que Silva, antes de producirse las adjudicaciones, había nombrado a su primo su asesor personal en el IMD y, por otro lado, porque formó parte del séquito del Gran Visir que Silva encarnó en la Cabalgata de los Reyes Magos de 2006.

elmundo.es

DETENIDO UN SOBRINO DE LUUÍS PRENAFETA POR UN PRESUNTO FRAUDE A LA UE

OPERACIÓN POLICIAL | Han practicado ya una docena de detenciones

* La actuación de la Guardia Civil no tiene relación con la trama Pretoria
* Prenafeta, hombre de confianza de Pujol, fue secretario de Presidencia de CiU
* Está acusado de asociación ilicita, tráfico de influencias y blanqueo

Fernando Lázaro | Madrid

La Guardia Civil está llevando a cabo una amplia operación en Barcelona contra una trama dedicada presuntamente al fraude en las Subvenciones de la Unión Europea.

Entre los detenidos, según informaron a este periódico fuentes cercanas al cuerpo, se encuentra un sobrino de Lluís Prenafeta, ex secretario de la Presidencia de Ciu y hombre de confianza de Jordi Pujol. Asimismo, es probable que en las próximas horas sea detenido algún otro miembro de su familia.

Además, entre los capturados por la Guardia Civil en Gerona, se encuentra una sobrina del fiscal jefe de esta localidad.

Estas mismas fuentes aclararon que la actuación que se está llevando a cabo en estos momentos no tiene relación con la denominada Pretoria, en la que fueron detenidos entre otros el mismo Prenafeta y Maciá Alavedra.

De momento, los agentes del Instituto Armado han practicado ya una docena de detenciones y han practicado varios registros.

Lluís Prenafeta está en libertad a la espera de juicio tras pagar una fianza de un millón de euros.

Además
* Quién es quién en 'Pretoria' | Islas Caimán ¿Qué es eso?
* Un vecino denuncia a 'Barto' por 'mobbing' con tintes racistas

elmundo.es

SE BUSCA AL "PRÍNCIPE" DE GÜRTEL

CASO GÜRTEL
Las incógnitas de la investigación de la rama valenciana


Francisco Camps. seguido por varios de sus consellers en una foto de archivo. | Biel Aliño

* La Policía no ha determinado quienes son 'El Cantante' y el 'El Príncipe'
* Aparecen como supuestos responsables de pagos a Orange por cuenta del PP
* La Fiscalía les señala como presuntos cooperadores de delito electoral

Francisco Álvarez | Valencia

¿Quién es el Príncipe? ¿Y quién es el Cantante? Son las principales incógnitas de la 'Gürtel' valenciana. Un callejón sin salida para la Policía. Los apelativos de 'El Príncipe' y 'El Cantante' traen de cabeza a los investigadores. Su participación en la trama está documentada, pero sus identidades, aún hoy, son un misterio.

Los citados apodos aparecieron por primera vez entre la numerosa información intervenida a Orange Market, la firma de Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) establecieron las conexiones. Y el juez Pedreira las ha recogido en su auto.

Según apunta el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 'El Príncipe' y 'El Cantante' desempeñaron papeles destacados como benefactores y correos en la supuesta doble contabilidad del Partido Popular valenciano.

Los eslabones perdidos

En la práctica, son los eslabones perdidos de un engranaje muy complejo que incluye, a juicio de la Fiscalía, adjudicaciones irregulares y aportaciones en 'B' de empresarios valencianos.

El informe de la UDEF, incluído en el sumario, explica el supuesto modus operandi de la trama. Según la investigación policial, las cuentas de Orange Market revelan la existencia de dos cajas en las que se facturan los servicios prestados al PP, una oficial con IVA e importes menores al gasto real y otra 'en negro'.

El documento infiere que el PP pagaba su deuda 'A' (o Alicante) con Orange Market con fondos propios, pero también mediante aportaciones directas de varias empresas, adjudicatarias de la Administración autonómica.

Es aquí donde surge la figura de 'El Cantante'. Según se apunta en el auto, era el "encargado de cobrar o, al menos de entregar" a Orange Market "el importe de lo facturado" a estas sociedades. Es decir, actuaba de enlace entre las firmas implicadas y la sociedad de 'El Bigotes' para, supuestamente, costear parte de la deuda del PP valenciano.

'El Príncipe', por su parte, está vinculado a los pagos en la 'cuenta B' (o Barcelona). De hecho, en los documentos incautados aparece como el responsable del abono de 200.000 euros de esta deuda oculta. Las facturas físicas no se han localizado.
Presuntos cooperadores de delito electoral

En definitiva, ambos individuos "figuran entre quienes realizan pagos que minoran la deuda opaca o 'Barcelona' o la deuda pagada, no por el PPCV, sino por otras entidades", según precisa el texto.

Además, el auto señala a 'El Cantante' y a 'El Principe' como presuntos cooperadores de delito electoral "por efectuar pagos opacos por cuenta del PPCV", junto al ex secretario general, Ricardo Costa, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y el secretario de Organización, David Serra.

En un escalón superior, también apunta a Luis Bárcenas, administrador general del PP en los comicios locales de 2007, y a Cristina Ibáñez, con idéntico cargo en las elecciones autonómicas, como presuntos responsables de este delito.

Todos los implicados están debidamente identificados. Todos salvo dos. Las especulaciones sobre quienes se amparan en estos sobrenombres no han dejado de crecer. Sin ir más lejos, el pasado jueves se convirtieron en objeto de discursión en los pasillos de las Cortes Valencianas. E incluso abundaron las bromas.

Algunas voces consideran que estas anotaciones en las cuentas de Orange Market podrían corresponder a figuras ya implicadas en la investigación, aunque se refiera a ellas a través de sus apodos. Sin embargo, no dejan de ser meras conjeturas. La identidad de 'El Príncipe' de Gürtel, como la de 'El Cantante', es un misterio.

Además
* La ruta judicial de Camps | Cronología del caso en Valencia
* Todas las claves de Gürtel en Valencia | Y en Madrid

elmundo.es

domingo, 30 de mayo de 2010

"PRETORIANOS DE ALCANTARILLA"

FRANCESC VALLS

La proximidad al poder es el nexo entre los pretorianos de la Roma imperial y los de la Cataluña posestatutaria, es decir, la colección de imputados en el caso instruido por el juez Baltasar Garzón por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación a la hacienda pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento y encubrimiento.

Los imputados en el 'caso Pretoria' son excrecencias del poder 'sociovergente', hijos de las dos grandes familias

Las vidas de los viejos y nuevos pretorianos son paralelas. Los integrantes de estas cohortes romanas cobraban el doble que los demás soldados y gozaban de numerosos privilegios. Los modernos pretorianos también. Luis García Sáez, Luigi; Bartomeu Muñoz; Macià Alavedra, y Lluís Prenafeta han percibido buenas comisiones -algunas veces legalmente- y han gozado de privilegios. Y al igual que sus ancestros, viven sometidos a tentaciones. Al calor del poder, como los guardias imperiales de Heliogábalo, acaban transgrediendo la legalidad que les ha tendido la mano. Más de 32 millones de euros han dejado de recibir en plusvalías los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres gracias a las habilidades de los pretorianos comisionistas. Son prepotentes, tienen un buen círculo de contactos y conocen los resortes del poder, de hecho viven en las "alcantarillas del poder, que es donde se hace la política", recordaba Alavedra en una conversación registrada por la Guardia Civil y que forma parte del sumario del caso Pretoria.

En Cataluña, desde el fin del franquismo, estar cerca del poder pasa por dos grandes familias políticas: CiU y el PSC. Los primeros han administrado la Cataluña ancestral y los segundos la nueva, articulada sobre el área metropolitana de Barcelona. Los pretorianos, que han tratado de extender sus tentáculos corruptos en ejemplar división social del trabajo, son excrecencias del poder sociovergente. Desde CiU, por la familiaridad de algunos dirigentes con los negocios, se ha visto exceso de celo en la fiscalización de actividades. El PSC ha querido ser ejemplarizante. La honestidad, ese valor que la izquierda blande como elemento de superioridad moral frente a la derecha, está maltrecha. El relevo de la interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma y la reubicación de dos imputados en el caso Pretoria por parte del nuevo equipo municipal descontaminado y regenerado no ejemplifican las virtudes de las que la izquierda presume. Se sabía que el ex diputado socialista Luigi era un comisionista que trabajaba con ayuntamientos y que frecuentaba el lado oscuro de los negocios. Pero no pasó nada. Tampoco sonaron las alarmas en el caso del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz. Y había motivos cuando menos estéticos: no es frecuente que el alcalde de izquierdas de una localidad del cinturón golpeada por la crisis viva en el selecto Turó Park de Barcelona. Respecto a Macià Alavedra y a Lluís Prenafeta, era conocida su relación con el llamado "sector negocios" de CiU. Prenafeta se movió entre sombras algo más que de sospecha. Estuvo imputado en algunos casos, aunque todo acabó en agua de borrajas. Alavedra se limitó a pasar la maroma de la legalidad sin caer. Tuvo el papel de testigo cuando se sentó en el banquillo al juez Luis Pascual Estevill, un extorsionador al que CiU, se supone que por razones de sano ostracismo, envió de vocal al Consejo General del Poder Judicial.

Cuando Pujol era presidente de la Generalitat y saltaba algún caso de supuesta corrupción de alto cargo, amonestaba a la prensa: "Ustedes siempre dictan sentencia sin esperar a que se celebre el juicio". Por el lado socialista, el consejero Joaquim Nadal ponía hace unas semanas "la mano en el fuego" por el gerente director del Incasòl, Emili Mas. Luego, fue imputado en el caso Pretoria.

Puede que la prensa se precipite sin que haya sentencia, pero también es uno de los mecanismos críticos y de control, frente al corporativismo que se instala en los partidos y en los poderes. Ni todos los políticos son iguales ni lo son todos los periódicos o medios de comunicación. Hay que congratularse de que la corrupción pretoriana no haya salpicado al emperador ni a sus próximos. El presidente de la Generalitat ha superado con nota la prueba, y también el jefe de la oposición, Artur Mas. Informar no debilita la democracia, sino que sencillamente señala de dónde cojea.

elpaís.com

viernes, 28 de mayo de 2010

"CASO ASTAPA"; BARRIENTOS RECLASIFICÓ UN SUELO RÚSTICO DE SU MADRE QUE VENDIÓ POR 250 VECES SU VALOR

De 30.000 € de valor catastral a 7,5 millones

Juan Sánchez | Málaga

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional desvela en el sumario del 'caso Astapa' que el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos estaría detrás de lo que podría considerarse como un ‘pelotazo’ urbanístico que benefició a su familia.

La operación investigada se corresponde con la venta de una finca de la madre del ex regidor a la mercantil Criber SA. La citada empresa pagó más de 7,5 millones de euros por unos terrenos rústicos de secano cuyo valor catastral era de 30.200,86 euros. La operación contrasta con los 30.000 euros abonados por el Ministerio de Fomento a la madre del ex alcalde por la expropiación de dos parcelas de la finca para la construcción de una carretera.

Como ponen de manifiesto los investigadores, María González, madre de Antonio Barrientos, heredó de su progenitora, Josefa Macías, a finales de 1999, unos terrenos clasificados como rústicos en la zona conocida como Arroyo Enmedio Este. No obstante, el suelo no fue puesto a nombre de María González hasta el 22 de diciembre de 2003. Según la Policía, el motivo del retraso en el cambio de titularidad respondería al hecho de eludir el pago del impuesto de sucesiones. En ese momento el valor catastral de los terrenos era de 30.200,86 euros.

Un mes después de formalizarse la titularidad de la finca, el 16 de enero de 2004, se llevó a cabo la venta de la misma por parte de González a la mercantil Criber SA por 7.512.660 euros. Esta cantidad fue abonada en tres plazos. El primero el 16 de enero de 2003, curiosamente un año antes de que se escriturara la operación de compra-venta, por un valor de 2.704.563 euros mediante seis cheques bancarios. A juicio de los investigadores, tras esta operación existiría algún tipo de información privilegiada.

El segundo, el 19 de enero de 2004, por la cantidad de 2.404.048 euros, y el último justo un año después por el mismo importe. En su informe los investigadores policiales señalan que la venta se produjo por un importe muy superior al fijado en catastro, en concreto cerca de 250 veces su valor. A la hora de firmar la escritura, María González contó como apoderado con su hijo Manuel Barrientos, abogado de profesión.

El 25 de agosto de 2004 la mercantil Criber SA, junto a allegados del alcalde por parte de su madre y las empresas Valle de Enmedio SA y Aquitania Sur SL, firmaron un convenio de adquisición de aprovechamientos urbanísticos con el Ayuntamiento de Estepona, en el que se veían afectados los terrenos vendidos por María González.

Reclasificación
El Consistorio reclasificó en urbanizable el suelo a cambio de 7.315.623,94 euros. El convenio fue firmado por el alcalde en funciones José Ignacio Crespo –ahora en libertad bajo fianza de 150.000 euros por su imputación en Astapa–. Los investigadores policiales le trasladan al juez instructor la duda de «si fue casualidad o no que en la firma del convenio no estuviera el alcalde Antonio Barrientos.

Lo policías destacan que tanto Aquitania Sur, como Valle de Enmedio –actualmente extinguida–, cuentan entre sus principales cargos directivos con los hermanos Delgado Algas, uno de ellos, siempre según el sumario judicial, cuñado del que después fue concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, también imputado en el caso Astapa. A los cuatro meses después de la celebración del pleno en el que fue aprobado el convenio urbanístico, fue inscrito notarialmente un acto de permuta.

Los investigadores entienden que las operaciones generaron un elevado incremento del valor del suelo, «siendo uno de los beneficiarios María González», madre del ex alcalde Barrientos, quien «estaría en posesión de información privilegiada sobre el futuro de dichos terrenos». Parte de los 7,5 millones que María González cobró por los terrenos los invirtió en viviendas para sus cuatro hijos. A Antonio le compró un chalé en la residencia de lujo Bahía Azul valorado en 625.000 euros.

Además
* Barrientos: 'Hay tipejos de todo tipo'
* Empresarios pagaban facturas para resolver expedientes
* Simón pidió trabajo a cambio de favorecer en un concurso
* Presuntas irregularidades en la adjudicación de chiringuitos
* 30.000 euros por informarle sobre unos terrenos
* La Policía halló 16.000 euros en billetes de 500

elmundo.es

CIU PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE CASTELL Y NADAL SI "PRETORIA" LLEGA HASTA EL PARLAMENT

CASO PRETORIA | La investigación salpica a la política catalana

* Puig (CDC) considera que debe incluirse en la comisión sobre el 'caso Palau'
* Cree en la 'honorabilidad' de los consellers pero pide explicaciones al Govern
* Recuerda que Prenafeta y Alavedra llevan más de 12 años lejos de la política


Europa Press | Barcelona

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, consideró hoy "lógico" que el consejero de Economía, Antoni Castells, y el de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, comparecieran en el Parlamento catalán si abriera una comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria.

Lo dijo en declaraciones a Rac1, después de que los nombres de los consejeros aparezcan en el sumario de la trama. Aseguró, sin embargo, que cree en la honorabilidad de los consejeros y que, mientras no se demuestre lo contrario, debe presuponer que ambos han actuado de acuerdo con sus responsabilidad y dignidad del cargo que ocupan.

Pese a todo, Puig emplazó a los socialistas a dar explicaciones sobre el caso sobre si las prácticas de los principales encausados, como el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el ex socialista Luis García 'Luigi', forman parte "del funcionamiento habitual de la praxis política" del partido.

"El consejero Nadal incluso tuvo que cesar al director general del Institut Català del Sol --Emili Mas--, que parece que había tenido alguna participación" en dichas actividades, recordó.

Según Puig, CiU no tiene nada que ver como partido político en la trama Pretoria, "más allá de alguna llamada que al parecer hubo para dar el teléfono de una concejal de Cerdanyola", en alusión a una llamada del ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta al presidente de CiU, Artur Mas, que este último ha admitido.

Al preguntársele si Prenafeta donaba parte de sus comisiones a la Fundación Cataluña Oberta, afirmó desconocer qué hacia Prenafeta y que la entidad no tiene vinculación alguna con CDC.

Además, recordó que tanto Prenafeta como Macià Alavedra, ex altos cargos en los gobiernos de CiU, no ocupan ningún cargo público desde hace 20 y 12 años respectivamente.

Aunque reiteró que no comparten la decisión de impulsar comisiones de casos que están bajo investigación judicial, destacó que plantearán la opción de promoverla la semana que viene. Antes, sin embargo, insistió en emplazar al tripartito a incluir Pretoria en la comisión que se abrirá sobre la posible financiación ilegal de la Fundació Trias Fargas --vinculada a CDC-- a través de donaciones al Palau de la Música.

Avanzó que acudirá "con mucho gusto" a declarar en dicha comisión, a la que ya le han comunicado que será citado.

Reiteró su defensa de que CiU no ha actuado de forma ilegal en el caso Palau, y atribuyó las acusaciones a un interés de desgastar políticamente a la federación, teniendo en cuenta que las encuestas les sitúan como favoritos con ventaja para ganar las elecciones catalanas.

Además
* Prenafeta daba comisiones a una Fundación de CDC
* Quién es quién en la trama de corrupción

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; BARRIENTOS DICE QUE ES FALSO QUE SU NOVIA PIDIERA DESCUENTOS A UN PROMOTOR

Le pidió una rebaja del 50%

Efe | Málaga

El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos ha calificado como "absolutamente falso" lo declarado por el empresario Juan Carlos Escribano ante el instructor del 'caso Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad malagueña.

El promotor, según recoge la parte del sumario cuyo secreto se levantó este jueves, declaró en comisaría y en el juzgado que la novia y ahora mujer del ex alcalde le pidió un descuento del cincuenta por ciento en la adquisición de pisos, ya que éstos iban a ser para el entonces regidor, Antonio Barrientos.

Ante su negativa, según el promotor, ésta le amenazó con que si no aceptaba esa oferta, "si ella quería, no le darían las licencias que solicitara".

Barrientos ha declarado hoy a Efe que "hay tipejos de todo tipo" y que están estudiando presentar contra Escribano una querella criminal por testimonio falso.

Ha añadido que a este empresario, que tenía una promoción de viviendas, "lo denunciaron muchos compradores porque no cumplió con el contrato", ya que se retrasó la entrega de las viviendas a los adquirientes porque el inmueble "no cumplía la normativa, era ilegal", y el Ayuntamiento no iba "a darle, como él pretendía, una licencia de manera ilegal".

Por ello, "actúa con esta venganza", según Barrientos, que ha añadido que "la mentira tiene las patas muy cortas", porque su mujer compró una casa de setenta metros cuadrados pero fue en Casares (Málaga), por la que tiene una hipoteca de 200.000 euros con Caja Madrid, mientras que "otros han comprado áticos por 130.000 euros y tienen más metros cuadrados".

El ex regidor ha manifestado que confía en que "pronto se aclare todo" y ha insistido en la "falsedad de la denuncia" que interpusieron el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y la concejala Cristina Rodríguez como "ha quedado comprobado" con la finca de la madre de Barrientos "que decían que era rústica y que se recalificó" durante su mandato.

"Que todos los golfos y sinvergüenzas, incluso los que han mentido, lo paguen, y si ha habido otros que se han llevado dinero público que le caiga todo el peso de la ley", ha agregado Barrientos. "Todo se aclarará", según el ex alcalde de Estepona, que ha subrayado que confía "total y absolutamente en la Justicia".

Además
* Empresarios pagaban facturas para resolver expedientes
* Simón pidió trabajo a cambio de favorecer en un concurso
* Presuntas irregularidades en la adjudicación de chiringuitos
* 30.000 por informarle sobre unos terrenos

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; UN LETRADO DECLARÓ QUE PAGÓ A UN EDIL 30.000 POR INFORMARLE SOBRE UNOS TERRENOS

Levantado el secreto de sumario de ocho tomos

Efe | Málaga

Un abogado de Estepona imputado por blanqueo y cohecho en el caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento esteponero, declaró ante el juez instructor que pagó 30.000 euros al edil Francisco Zamorano, también imputado, como comisión por informarle sobre unos terrenos.

Zamorano, que en el año en el que se produjo la compra del suelo, era director económico para la revisión del PGOU, "solicitó una comisión de 30.000 euros", que fue pagada mediante una factura a nombre de la sociedad Lauzavi S. L., cuya administradora es su mujer, y que tiene un objeto social relacionado con el mundo de la decoración y la fotografía, según declaró el letrado y revela la parte del sumario cuyo secreto se levantó este miércoles.

Según este abogado, Zamorano le recomendó a él y a otros dos empresarios, con los que mantiene vínculos familiares, que compraran dos fincas en la unidad de Atalaya Park, suelo que adquirieron en diciembre de 2004 por un importe de 751.260 euros.

Casi dos años después, en septiembre de 2006, las dos fincas se vendieron por más "del triple de valor de compra", según el letrado, por un importe de 3.660.163,71 euros.

Las parcelas se revendieron nuevamente el 7 de noviembre de 2006 a otra sociedad por un importe de 6.163.952,32 euros por lo que en menos de dos años "los terrenos multiplicaron su valor casi diez veces", según el informe policial, que añade que la sociedad en la que participaba el abogado "dispondría de información privilegiada sobre los terrenos que posteriormente serían objeto de convenio y, por tanto, "el miembro del Ayuntamiento obtendría algún tipo de beneficio con ello".

Según un informe policial incluido en el sumario de Astapa, la empresa en la que participa Zamorano y que es familiar, Lauzavi S.L., recibió en dos años un total de 794.000 euros de empresarios con intereses urbanísticos en la localidad.

A Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Lauzavi S. L. está participada en un 8% por Zamorano, y el resto de la sociedad a partes iguales entre su mujer y otros dos familiares.

elmundo.es

jueves, 27 de mayo de 2010

"CASO PRETORIA"; UNA MUJER CON ACCESO A LAS CUENTAS DE ALAVEDRA EN ANDORRA, NUEVA IMPUTADA

21 imputados en total

* Alavedra tenía acceso a la cuenta de su esposa y de la nueva imputada
* En conversaciones intervenidas le aseguraba que iba a 'dejarla un poco rica'

Germán González | Barcelona

El juez Santiago Pedraz ha aceptado la imputación de Gloria Torres, tal y como pedía el Ministerio Fiscal, aunque todavía no se sabe cuando la citará a declarar "por problemas de agenda".

Según un informe de Fiscalía, el ex conseller de Economia, Macià Alavedra, disponía de una cuenta en Andorra, y tenía acceso a los saldos bancarios de su mujer, la también imputada Doris Malfeito, y de la nueva acusada, la señora Torres. La Guardia Civil grabó varias conversaciones de Alavadera con otro imputado Philip Mahan, que le gestionaba los fondos en Andorra al ex conseller, que le pone al día del estado de estas cuentas bancartias. En su informe, los agentes destacan "el paralelismo existente en la forma de operar" de las cuentas de Malfeito y Torres, las dos controladas por Mahan y en las que Alavadera estaba autorizado para ingresar o retirar efectivo.

Además, constatan que Alavedra tiene una fluida relación personal con Gloria Torres. Una escucha telefónica del 3 de septiembre de 2009 destaca que la nueva imputada instaba a Alavedra a dejarla "un poco rica" y a ponerle algo d elo que le prometió, mientras que el ex conseller le replicaba que la mantenía desde hacía tiempo. La Guardia Civil destaca que la cuenta de Torres y la de Malfeito habían coincidido en numerosas operaciones de compra y venta de valores de en bolsa.

Por eso la Fiscalía considera que la nueva imputada podría haver cometido un delito de blanqueo de capitales, y reclama al juzgado su imputación. también se pide que se transcriban las conversaciones entre Alavedra y ella captadas por la Guardia Civil. El juez también admitió el informe del fiscal en el que se pedía la desimputación de Josefina calvet, madre de Bartomeu Muñoz, por su grave enfermedad, que fue visitada por un médico forense. Pese a esto, antes de tomar una decisión quiere conocer la posición de todas las partes implicadas en el proceso.

elmundo.es

LA "TRAMA PRETORIA" SE BENEFICIÓ DE FONDOS DE COHESIÓN EUROPEOS DESTINADOS A SANTA COLOMA

CORRUPCIÓN | Datos del sumario

El ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.| Efe

* Gramepark acabó recibiendo más de un millón de euros de fondos de cohesión
* 'Como venga la UE joden al Ayuntamiento', alerta en una llamada el ex alcalde

ACN | Barcelona

El arquitecto de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcón, advirtió el alcalde la ciudad, Bartomeu Muñoz, a través de una conversación telefónica recogida en el sumario del 'caso Pretoria' que podían tener problemas con los fondos de cohesión de la Unión Europea.

La llamada la hizo Muñoz a Falcón y éste último dice "cómo venga la Unión Europea y nos mire, a Carmen, la joden porque ella ha firmado todas las actas y en el Ayuntamiento de paso". La conversación se produjo el 25 de junio del 2009 y la realizó el alcalde del municipio. Falcón explica que los fondos se han utilizado para un paquete de viviendas y alerta a Muñoz de que en este asunto tienen un "problema grave en potencia que se tiene que resolver". El alcalde dice: "Pues que espabile quien tenga que espabilar".

Concretamente, la trama se benefició de fondos europeos de cohesión solicitados por el Ayuntamiento de Santa Coloma para un proyecto de 'Recuperación ambiental' del sector sur del municipio, según consta en el informe de la Guardia Civil incluido al sumario.

La Comisión Europea concedió al Ayuntamiento 6.106.567 de euros en el 2001 de los que la empresa pública Gamepark acabó recibiendo 1.227.983 en el 2007 en concepto de expropiaciones, aunque nunca las justificó debidamente. En enero del 2009 la empresa solicitó al Ayuntamiento 667.100,94 euros más de la Ley de Barrios (por|para) nuevas expropiaciones, pero cuando presentó una (mesa|tabla) exel con los afectados, había personas incluidas a la lista del 2007.

Según la relación de la Guardia Civil, Santa Coloma obtuvo los fondos europeos en 2001. En octubre del 2003 la Comisión Europea modificó el proyecto a petición del Ayuntamiento porque algunas actuaciones no se podían hacer a causa de la construcción de la Línea 9 del metro.

A los plenos del 30 de mayo del 2005 y del 30 de enero del 2006 el Ayuntamiento aprobó la relación individualizada de fincas de la avenida Santa Roda y la calle Sardana que había que expropiar, y declaró Gamepark como beneficiario de la expropiación, de manera que la empresa era la que expropiaba, se hacía responsables de los gastos derivados de esta expropiación, y las fincas pasaban a ser de su propiedad.

Como aparentemente los costes de las expropiaciones eran superiores a los beneficios de Gamepark en la venta de los pisos y aparcamientos que se tenían que construir, para compensar el déficit se transfirió a Gamepark la subvención íntegra.

La oposición de la interventora

No obstante, según el informe, la interventora "no quería hacer este traspaso porque nunca acreditaron los datos", de manera que el 21 de diciembre del 2007, "mientras la interventora se encontraba de baja maternal y el secretario general del Ayuntamiento, Javier Ezquiaga hacía de interventor", el Ayuntamiento hizo una transferencia a nombre de Gamepark por valor de 1.227983 euros, que "correspondía a la totalidad de dinero que la Comisión Europea había otorgado en concepto de expropiaciones".

Según el informe de la Guardia Civil "evidentemente este pago no tenía ninguna justificación de las expropiaciones y no tan sólo se tramitó como un adelanto a Gamepark".

En enero del 2009 Gamepark manifestó que se le tenían que pagar nuevas expropiaciones de la Ley de barrios por un importe de 667.100,94 "porque necesitaba este dinero para levantar unas hipotecas de personas expropiadas que tenían que ir realojadas".

La interventora del Ayuntamiento pidió entonces que Gamepark detallara las personas y las fincas que estaban afectadas y el volumen de las hipotecas a levantar, y la respuesta fue un informe donde aparecían personas afectadas por los fondos de cohesión que el Ayuntamiento ya había pagado.

Según el informe de la Guardia Civil, casi todos los expropiados firmaron dos días antes de finalizar el ejercicio económico del 2007 porque era la fecha límite que establecía la UE para efectuar los pagos financiados con fondo de cohesión.

En la manifestación testifical, a la ex interventora del Ayuntamiento Maite Carol apuntó que considera que Gamepark se gastó el dinero de los fondos de cohesión en otras cosas a la espera de poder conseguir tesorería para poder levantar las hipotecas de pisos donde tenían que ir realojados los expropiados.

En su declaración como imputado el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, apunta que no tiene conocimiento que se haya producido alguna irregularidad con respecto a los fondos de la UE.

Además
* 'Hay que echarla, quien coño cree que es esta puta interventora'

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; MARTÍN VASCO DECLARA ANTE NOTARIO QUE SUS ÚNICOS BIENES SON UN PISO Y UN COCHE

En la imagen, el diputado implicado en el caso 'Gürtel', Benjamín MartínVasco. | Di Lolli

Efe | Madrid

El diputado madrileño Benjamín Martín Vasco ha registrado en la Asamblea de Madrid una declaración de bienes y patrimonio realizada con fecha de ayer ante notario, en la que asegura que sólo posee el 50% de un piso de 179 metros cuadrados que compró con su mujer en 2005 y un vehículo BMW adquirido en 2008.

Martín Vasco, uno de los tres ex diputados del PP imputados en el caso Gürtel, está acusado por el juez instructor Antonio Pedreira de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Según fuentes cercanas al parlamentario, éste ha presentado en la Cámara esa declaración notarial junto a la que realizó en 2007, al inicio de la legislatura, para demostrar que "no se ha enriquecido" y que "no tiene nada que ocultar" en lo que se refiere a su patrimonio.

En la documentación que ha entregado, consta que al comienzo de la legislatura el diputado poseía el mismo piso (con plaza de garaje) que conserva en la actualidad, situado en el madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo, un coche marca BMW del año 97 (distinto al actual) y una tercera parte indivisa de la vivienda que tenía con sus padres y con su hermano en Arganda del Rey.

Así figura en la declaración que hizo el 17 de julio de 2007, mientras que en la de mayo de 2010 refleja que ha cambiado de coche, que mantiene el mismo piso con plaza de garaje en Madrid y que ha vendido (a su hermano) su parte de la casa familiar de Arganda.

Para adquirir en diciembre de 2008 su nuevo coche, Benjamín Martín declara que pidió un crédito al banco Santander de 30.000 euros, mientras que para la compra de su casa suscribió una hipoteca con el Barclays de 540.000 euros.

Según el juez Baltasar Garzón, Martín Vasco se dedicaba a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda para Martinsa, una de las sociedades vinculadas a la presunta trama de corrupción de Francisco Correa.

Además de teniente de alcalde de Arganda del Rey entre 1995 y 1999, Martín Vasco fue por portavoz del PP en ese Ayuntamiento de 1999 a 2003, presidente de la empresa pública "Sociedad de Fomento de Arganda del Rey" (1997-1999) y consejero delegado de la también entidad pública "Fomento y Desarrollo Municipal S.A." (2003-2006).

El juez Predreira, ante el cual se acogió hace un año a su derecho a no declarar, le atribuye la percepción ilegal de 437.000 y mantiene contra él la fianza preventiva de 955.000 euros, ante la cual el diputado se ha declarado insolvente.

Además
* Las claves del caso Gürtel en Madrid

elmundo.es

"CASO MOLINOS"; INVESTIGAN A SEIS FAMILIARES DE LA ALCALDESA DE LA MUELA POR CORRUPCIÓN URBANIŚTICA

CORRUPCIÓN

* La alcaldesa pagó 800.000 euros de fianza para salir de prisión

Efe | Zaragoza

El 'Caso Molinos' sigue generando noticias en el municipio zaragozano de La Muela. Actualmente el número de imputados asciende hasta 36, incluida la alcaldesa del pueblo, María Victoria Pinilla. Ahora, el juez de La Almunia de Doña Godina, responsable del proceso, investiga también a seis de sus familiares cercanos, entre los que se encuentran los tres hijos de la regidora, su hermana y su ex marido.

Las primeras 17 detenciones, entre ellas la de Pinilla, su hijo mayor y su ex marido -en las que participaron más de un centenar de policías- se realizaron el 18 de marzo en La Muela, Zaragoza, Madrid y San Sebastián. En los meses posteriores el juez Alfredo Lajusticia imputó a más personas, hasta las 36 actuales fruto de una investigación que aún no ha concluido.

De todos los acusados, sólo tres pusieron su pie en prisión: la alcaldesa, que abandonó la prisión con una fianza de 800.000 euros; el concejal Rodrigo Vela que depositó otra de 150.000, y el empresario madrileño José Carlos Fernández, que pagó una fianza de 250.000.

Ayer, Jorge y Antonio Embarba, hijos menores de la alcaldesa, y la hermana de ésta, María Dolores Pinilla, fueron llamados a declarar por la Policía Nacional acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Los tres declararon durante cuatro horas ante el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Zaragoza en calidad de detenidos. Al acabar el interrogatorio, quedaron en libertad con cargos a la espera de que sean citados por el juez del caso.

Su arresto podría estar relacionado con la comisión rogatoria que el juez instructor envió a Estados Unidos, después de que la Agencia Tributaria detectara el envío de varias partidas de dinero a ese país.

Además
* La Muela, un pueblo con el viento a favor

elmundo.es

miércoles, 26 de mayo de 2010

"CASO MAQUILLAJE"; MORAGUES RECONOCE QUE LOS FUNCIONARIOS DEL CONSELL RELLENARON PAPELETAS DE UM

Asegura que lo hicieron 'voluntariamente'

* Moragues niega haber participado en la subvención de 280.000 euros

Efe | Palma

El ex secretario técnico de Vicepresidencia del Consell y ex director de la RTV Mallorca, Antoni Moragues, ha afirmado al juez que funcionarios de la institución se ofrecieron a rellenar papeletas de Unió Mallorquina y que él no les obligó a hacer esta labor, tal y como ellos declararon en sede judicial.

Moragues, junto con la ex directora de Comunicación del Consell de Mallorca Margalida Sotomayor, ha declarado ante el juez instructor del 'caso Maquillaje', Ignacio Lope Sola, que investiga el presunto desvío de fondos y financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) por medio del Consell en el pasado mandato, cuando estaba presidida por el partido nacionalista.

Durante su declaración, a la que ha asistido el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, Moragues a replicado las declaraciones que la semana pasada hicieron varios funcionarios del Consell, en las que dijeron que él les había encargado rellenar papeletas de UM para la campaña electoral de 2007.

Según ha explicado Moragues, su entonces secretaria "se ofreció" a hacer estas papeletas, entre 300 y 400 en total, y él le dijo que le ayudara fuera de su horario de trabajo, aunque ha añadido que "a lo mejor" hizo algo relacionado con ellas dentro de este tiempo.

Moragues ha insistido que él no dio "ninguna orden" al respecto y ha explicado que su secretaria le dijo que otros funcionarios le habían ayudado a rellenarlas, si bien ha sostenido que no se les compensó con días libres por este trabajo, que ha calificado de "muy sencillo" por poderse hacer en unas horas y no en semanas, como los funcionarios indicaron al juez.

Sin embargo, ha asegurado que él no les ha dicho que tenían que ser discretos al respecto, tal y como ellos declararon en el juzgado, y por tanto ha opinado que "exageran".

Subvenciones irregulares
Moragues también ha sido preguntado por una subvención supuestamente irregular de 280.000 euros que dio el Consell a la Xarxa de Televisions para la investigación, catalogación y digitalización de los materiales audiovisuales de interés que facilitaran las televisiones locales a la Televisió de Mallorca, un archivo que se sospecha no existe.

El que fue director de la RTV Mallorca desde 2005, cuando dejó su cargo en el Consell, hasta 2007, ha afirmado desconocer esta subvención ni la existencia del archivo audiovisual.

También se le ha inquirido sobre la labor asesora de Miquel Oliver, imputado en este caso y ex administrador de la productora Video U, que obtuvo contratos millonarios del Consell durante la legislatura pasada, así como ex presidente de la Xarxa de Televisions.

Oliver, según Moragues, asesoró verbalmente en 2006 para la puesta en marcha de la Radiotelevisión de Mallorca, tarea por la que cobraba 7.700 euros al mes, cantidad superior a la que percibía el propio Moragues como director del ente público, algo que ha calificado de anormal y "hecho único" para la creación de la RTV.

Margalida Sotomayor, imputada en el caso, también ha sido preguntada acerca de la subvención a la Xarxa de Televisions, cuya solicitud se atribuye a Oliver, y ha dicho que no sabe si el trabajo subvencionado se realizó o no.

"Mi opinión es que Oliver miente más que habla", ha afirmado al juez, a lo que ha añadido que, cuando él la llamó, le dijo que no iba a participar en sus "tejemanejes" y que ignora "qué objetivos tiene ese señor".

elpaís.com

DIMITE LA EDIL DEL PP DE LAS ROZAS QUE COBRÓ 51.000 EUROS DE LA TRAMA GÜRTEL

Gema Matamoros, concejal de Educación y esposa del ex alcalde de Majadahonda, recibió el dinero de Special Events, empresa a la que adjudicó varios contratos troceados

PILAR ÁLVAREZ - Madrid

Gema Matamoros, concejal del PP de Educación en el Ayuntamiento de Las Rozas ha presentado su dimisión después de que se conociera que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular recibió 51.086 euros de Special Events, propiedad del cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa.

El alcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago ha comunicado la dimisión de la edil durante el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado hoy en el ayuntamiento madrileño, al que no ha acudido Matamoros, tras una pregunta del concejal socialista, Juan Antonio Candil. El alcalde roceño ha pedido disculpas por la ausencia de la concejal popular y ha leído algunos extractos de la carta donde Gema Matamoros le ha comunicado su "dimisión irrevocable". La concejal asegura en la misiva que dimite por la "dura presión que está recibiendo su familia y por graves problemas de salud". Matamoros asegura que es "una mujer fuerte pero no hasta el infinito" y que "los hijos no deben pagar por los delitos de sus padres ni nadie por los delitos de su cónyuge", en referencia a su marido, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la Operación Gürtel.

Según el alcalde, la concejal popular asegura que los 51.086 euros proceden de la venta de un coche de la marca Audi y no de un soborno de Special Events. El regidor afirmó que la edil le había enseñado documentación al respecto.

Juan Antonio Candil ha censurado la actuación de Matamoros y ha criticado que la misma persona que "da un contrato con Special Events, hago después tratos con la misma empresa", en referencia a la explicación dada por Matamoros sobre los 51.086 euros. Candil ha acusado al alcalde de haber actuado con "demasiada lentitud" y el regidor roceño por su parte ha calificado a Candil de "maleducado político".

Reparto de contratos

La concejal Matamoros, que estaba en el cargo desde 1999 y era también sexta teniente de alcalde, fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros), informa Tono Calleja.

La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de "urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de tramitación". Tanto en 2002 como en 2003, el interventor municipal puso reparos a la forma de actuar de Matamoros, pero la sociedad de Correa cobró sin problemas. Las posibles irregularidades por el troceamiento se subsanaron en un pleno en 2005, según un portavoz municipal. Según el sumario, Correa llegó a emplear ingresos de las olimpiadas infantiles de Las Rozas para sufragar trajes al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

Noticias relacionadas
* El juez investiga un posible delito electoral del PP en las generales de 2008
* Todo el Gobierno valenciano amañó contratos para nueve empresas de la trama corrupta
* El juez del Gürtel cita al alcalde de Las Rozas por el intento de soborno

Caso Gürtel
A FONDO

Ver cobertura completa

elpaś.com

"CASO ASTAPA"; EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA EXIGIÓ A EMPRESARIOS QUE PAGARAN FACTURAS DE LUZ, FESTIVALES Y CONGRESOS

Levantado el secreto del sumario

EFE - Málaga

El sumario del caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), revela cómo empresarios tuvieron que hacer frente al pago de facturas de luz y de festivales de jazz o de cine, además de costear el desarrollo de congresos internacionales.

Según recoge la parte del sumario cuyo secreto ha levantado hoy el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, que instruye el caso, el entonces jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, en libertad bajo fianza de 150.000 euros, era el encargado de solicitar a los empresarios el pago de cantidades económicas a cambio de solucionarle sus expedientes urbanísticos.

Así, un financiero local señaló que recibió "presiones" por parte del Ayuntamiento para que colaborase en la solución del pago de la deuda de 600.000 euros que mantenía el Ayuntamiento con la empresa Iluminaciones Rivas, que amenazaba con no instalar la iluminación de Navidad si no se abonaba la deuda que se venía arrastrando desde 2005.

El empresario accedió y abonó un pagaré por ese importe con vencimiento el 30 de junio de 2008.

Al desarrollarse la "operación Astapa" el 17 de junio de 2008, el empresario retiró el pagaré del Banco de Sabadell por incumplimiento del Ayuntamiento en el pago de la deuda, ya que la administración local se comprometió a abonársela incluyendo la cuantía en el presupuesto de 2008.

El sumario recoge que un empresario de la construcción realizó una transferencia de 47.618 euros para el pago de las facturas de la luz de la residencia de ancianos Virgen del Carmen, ante el riesgo del corte en el suministro, cantidad que se abonó coincidiendo con el otorgamiento de la licencia de primera ocupación para sus inmuebles.

De hecho, y según certificado emitido por el entonces alcalde, Antonio Barrientos, dicha cantidad fue entregada "con carácter de donación irrevocble", y la aplicación de la donación fue "enteramente para el pago de suministro eléctrico de la residencia de ancianos".

Otro empresario manifestó que Flores le había solicitado colaboración para sufragar los gastos del Festival de Cine y de Jazz, que ascendían a 40.000 euros.

Si accedía a esa petición, que coincidió con la solicitud de la licencia de primera ocupación para uno de los edificios del Parque Central, se le acelerarían "los trámites de concesión de la citada licencia".

El empresario accedió y a los tres días de realizar la transferencia a la empresa municipal Promoción y Comunicación Estepona SL se le concedió la licencia, la cual "tenía fecha anterior", según recoge el sumario, que añade que el documento "podría haber sido retenido adrede con el fin de conseguir el patrocinio por parte de las empresas interesadas".

Noticias relacionadas
* Los secundarios del 'caso Astapa'
* Un concejal de Estepona recibió 794.000 euros de empresarios
* La policía halló 850.000 euros en metálico en el 'caso Astapa'

elpaís.com

"CASO PRETORIA"; "LUIGI" COBRÓ MÁS DE OCHO MILLONES EN COMISIONES

El sumario del caso Pretoria revela un perjuicio de 32 millones a tres ayuntamientos

PERE RÍOS - Barcelona -

Luis de Andres García Sáez, Luigi, el presunto cerebro de la trama del caso Pretoria, se pudo haber embolsado más de ocho millones de euros en comisiones por su intervención en tres operaciones urbanísticas en el área metropolitana de Barcelona.

Así consta en el sumario del caso, que revela también que los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra pudieron haber cobrado 637.590 euros cada uno por los mismos hechos. Ambos utilizaron sus influencias ante la Generalitat para favorecer a los empresarios que invirtieron en la operación. La investigación judicial revela que las recalificaciones de esos terrenos para usos distintos a los previstos, benefició a los intermediarios, no a los ayuntamientos, a los que se les produjo un perjuicio superior a los 32 millones de euros.

Entre esas empresas beneficiarias figura Proinosa y Espais, Josep Singla y Lluís Casamitjana, respectivamente, están imputados en el caso junto a los ya citados ex altos de CiU, Luigi, y cuatro personas más por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y encubrimiento.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que fue instructor de la causa hasta la suspensión acordada por el Consejo General del Poder Judicial, se refiere a las mordidas que pudo cobrar Luigi en diversos autos dictados a finales del pasado mes de noviembre. En todos ellos asegura que mantiene unas "relaciones privilegiadas" con el que entonces era alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC), "de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica" de aquel ayuntamiento, de manera que "aconseja o decide" sobre las decisiones que se han de adoptar.

Las tres recalificaciones por las que Luigi pudo embolsarse 8.026.000 euros son la llamada Operación Pallaresa, en Santa Coloma de Gramenet, la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres y la Operación Badalona, en esa ciudad. La revalorización que no repercutió en los respectivos consistorios fue de 13, 14 y 5,3 millones de euros respectivamente.

Noticias relacionadas
* 'Luigi', el presunto cerebro del caso 'Pretoria', paga la fianza de 500.000 euros
* CDC admite que el caso Pretoria le puede pasar factura electoral
* Santa Coloma falsificó facturas para esconder el desvío de fondos europeos
* "A la que hay que apretar es a la Trilla"

elpaís.com

"CASO PRETORIA"; "A LA QUE HAY QUE APRETAR ES A LA TRILLA"

Los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra presionaron a consejeros y secretarios del tripartito para vender un inmueble de Diagonal Mar

LLUÍS PELLICER - Barcelona -

Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ex dirigentes de la Generalitat de Jordi Pujol, presionaron a los consejeros Antoni Castells y Joaquim Nadal y a varios secretarios de la Generalitat durante más de un año y medio para que les comprara un edificio en Diagonal Mar por 89 millones de euros. El inmueble, propiedad de la inmobiliaria Espais, debía albergar la sede de la consejería de Acción Social y Ciudadanía primero y la de la empresa pública de vivienda Adigsa después. Ambas operaciones se frustraron.

La compraventa del inmueble se complicó sobre todo cuando Prenafeta y Alavedra, que ambos imputados en el caso, se toparon con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla. "Me dijo que quería sacar esto [la compra de un edificio para su sede] a concurso, la convocatoria antes de marchar de vacaciones", le indica Lluís Casamitjana -presidente de la inmobiliaria Espais- a Prenafeta, que hacía las veces de intermediario, en una conversación telefónica.

Prenafeta le contestó que el concurso debía ser "para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro". Por ello, los ex consejeros se centraron ejercer presión especialmente al secretario de Política Financiera, Jordi Pericàs. La operación no avanzaba. "A la que hay que apretar es a la Trilla", insistía Prenafeta. Sin embargo, la compraventa acabó por no cuajar.

Noticias relacionadas
*
Santa Coloma falsificó facturas para esconder el desvío de fondos europeos
*
'Luigi' cobró más de ocho millones en comisiones

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ INVESTIGA UN POSIBLE DELITO ELECTORAL DEL PP EN LAS GENERALES DE 2008

Los escándalos que afectan al PP

Pedreira ve indicios de siete delitos en el Gobierno de Camps y la trama Gürtel.-
Remite al Tribunal Superior de Valencia la causa por financiación ilegal, cohecho propio, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, blanqueo de capitales y prevaricación

EL PAÍS - Madrid / Valencia -

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, señala en un auto hecho público hoy que el PP pudo incurrir en un delito de financiación ilegal en la campaña de las elecciones generales de 2008. Según Pedreira, "se encuentra pendiente informe de la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] sobre si los pagos investigados se refieren a la campaña electoral de las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2008". De ser así, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del Partido Popular en esas elecciones cuya identidad en este momento se desconoce", añade el auto, en el que destaca que también existen indicios de delito fiscal del PP valenciano en 2007 porque no declaró 2,5 millones de euros

El juez ha decidido, además, inhibirse en favor del de Valencia, ya que ha observado numerosos indicios de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps. Pedreira ha atendido a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y estima que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración valenciana.

El auto señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla; al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa; al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García Santos. Nada más conocer la noticia, Rambla, que esta mañana ha protagonizado un acto con los otros dos vicepresidentes, Gerardo Camps y Juan Cotino, para conmemorar los tres años de la victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, ha declarado simplemente que es "una cuestión de competencia entre tribunales" y ha añadido: "Llevamos años en política y la gestión se ha caracterizado siempre por ser honesta. Por eso merece que se tenga en cuenta la presunción de inocencia y los derechos que a todo el mundo le corresponden".

El vicepresidente primero del Gobierno de Camps ha conocido la noticia a través de una alerta en su teléfono móvil, que le ha hecho cambiar la expresión de su cara, informa Joaquín Ferrandis.

Se trata del segundo revés judicial para la cúpula del PP valenciano en una semana, después de que el pasado día 18 el Tribunal Supremo rechazara la jurisprudencia alegada por el TSJCV, que por dos votos a uno decidió archivar la causa abierta contra Camps por cohecho pasivo, al apreciar que los regalos recibidos por el presidente valenciano y otros altos cargos "se hicieron de forma repetida y con aparente opacidad".

Precisamente el auto del Supremo ha desencadenado la decisión de Pedreira, que considera que deben acumularse ambos procesos con el fin de evitar la prescripción de los posibles delitos cometidos.

Camps y Costa, partícipes

Pedreira basa su auto en los informes de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo, que confirmarían que el PP de Valencia ocultó 2,5 millones de las elecciones de 2007, tal y como publicó EL PAÍS. Entonces, el PP anunció una querella contra el funcionario de Hacienda que redactó el documento por prevaricación y falsedad en documento público.

Por ello, asegura el juez, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser el contemplado en el artículo 426, esto es, el impropio, sino "los tipificados en los artículos 425, 410 o 420", es decir, el cohecho puro y duro.

El mismo informe del 6 de mayo sirve a Pedreira para sospechar de varios delitos electorales cometidos durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2007. En concreto, el magistrado hace referencia al artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Al respecto, Pedreira apunta directamente a la participación del ex secretario general, Ricardo Costa, y añade que "tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia [se refiere a la que investiga el cohecho impropio], Francisco Camps Ortiz, y que no es otro que el de presidente de dicho partido".

Larga connivencia

Según la investigación del caso Gürtel, la red corrupta vinculada a varios Gobiernos autonómos del PP, quedó acreditado que Camps y otros altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieron valiosos regalos de Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia, y la empresa que éste montó poco después de la llegada de Camps al poder, Orange Market.

Así, el presidente de la Generalitat Valenciana y su familia fueron agasajados con trajes por valor de 12.000 euros, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol. En una de las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación del caso, Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes, al que posteriormente la mujer del presidente valenciano, Isabel Bas, recriminaba la valía de algunos regalos: "Con el mío te has pasado 20 pueblos".

Según un informe remitido a finales de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel en esa comunidad, la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno valenciano, así como siete consejerías, adjudicaron al menos 85 contratos entre 2004 y 2008 a nueve empresas de la red corrupta dirigida por Francisco Correa. Estos contratos tenían un valor global de 7,2 millones de euros y señaló que en muchas adjudicaciones menores se fraccionaba "el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública".

Se busca al "cantante" y al "príncipe"
La investigación de los tejemanejes de la trama Gürtel en Valencia ha añadido dos incógnitas: ¿quiénes son "el cantante" y "el príncipe"?. Ninguno de los dos ha podido ser identificado de momento, pero sus roles en la red son fundamentales, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, el Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007.

La referencia al "cantante" figura en la página ocho del auto de inhibición hecho público por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Esa persona fue la encargada de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado a las mercantiles Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste a los responsables de Orange Market". Y las facturas tenían como "única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007". Es decir, que sería un posible partícipe en un delito electoral.

El "príncipe", por su lado, sería la persona que figuraría en la contabilidad B o Barelona que habría pagado 200.000 euros. En el listado de pagos supuestamente el negro figura consignado también el PP valenciano. Cantante y príncipe habrían cooperado en un supuesto delito electoral con Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, altos cargos del PP o de la Generalitat Valenciana. Para el juez Pedreira, todos van en el mismo saco del posible delito electoral.

Noticias relacionadas
* El 'caso Gürtel', paso a paso
* Todo el Gobierno valenciano amañó contratos para nueve empresas de la trama corrupta
* Y Camps, feliz
* Dimite la edil del PP de Las Rozas que cobró 51.000 euros de la trama Gürtel
* El caso 'Gürtel' en Valencia también implica a Bárcenas en un delito electoral

Foto
DOCUMENTO (PDF - 3,97Mb) - 26-05-2010

Caso Gürtel
A FONDO

Ver cobertura completa



elpaís.com