lunes, 2 de abril de 2012

"CASO GÜRTEL"; OTRA EXCONSEJERA DE CAMPS IMPUTADA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO


Angelica Such, en una imagen de archivo. / CARLES FRANCESC
Angelica Such fue responsable de Turismo cuando se contrató a Orange Market

María Fabra Castellón


La exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angelica Such, declarará el mes que viene ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en calidad de imputada en la causa de financiación ilegal por la que se investiga al PP valenciano. Según ha dado a conocer el propio TSJCV, Such, que actualmente es secretaria primera de la mesa de las Cortes valenciana, está citada para el próximo 30 de mayo. Con esta imputación ya son seis los miembros de las Cortes valencianas que están imputados en la causa y siguen ocupando un escaño.

Angelica Such fue responsable de Turismo entre 2007 y 2009, fechas en las que el expositor de la Comunidad Valenciana para la feria de Fitur fue adjudicado a la filial de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market.

La declaración de la exconsejera es una de las primeras diligencias del instructor de la causa, José Ceres, que también ha citado a la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, a Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico, para el día 26 de abril.

La exadministradora de varias empresas de la supuesta trama, Isabel Jordán y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, lo harán el día 27. Y la también exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, será interrogada el 5 de mayo.

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"CASO EMARSA"; ORDENAN EMBARGAR BIENES Y CUENTAS A TRES ADMINISTRADORES DE CONTRATAS DE EMARSA



Efe | Valencia

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ordenado el embargo preventivo de propiedades y cuentas bancarias de los ex administradores de empresas contratadas por Emarsa Paz García, Daniel Calzada y Antonio José Arnal, a quienes el magistrado impuso fianzas de 3,65 millones, 500.000 y 100.000 euros, respectivamente.

Respecto a María Paz García, el instructor de la causa que investiga una supuesta malversación de dinero público en la depuradora de Pinedo (Valencia) cuando era gestionada por la empresa Emarsa ordena el embargo de varias cuentas, de una vivienda unifamiliar y de un plan de pensiones.

Para intentar cubrir la fianza de 3,65 millones de euros que le exige a la hermana del ex jefe de informática de Emarsa y administradora de Construcciones Rocafort, Construcciones Valsebe y Mantenimientos Valsmark, el juez también le embarga sus participaciones en estas tres mercantiles.

El instructor también dicta el embargo a Daniel Calzada, ex administrador de Llar Calzada y Rehabilita Aqua, de los saldos de varias cuentas bancarias y sus participaciones en estas dos empresas, así como en Artalacalta, donde es titular de la mitad de su capital social.

En cuanto a Antonio José Arnal, hermano del ex director financiero de Emarsa, uno de los principales imputados en la causa, se ordena el embargo también de cuentas bancarias y un fondo de inversión valorado en 5.288 euros.

Hasta cubrir la fianza exigida, de 100.000 euros, se le embarga también una vivienda, una plaza de garaje y un vehículo, así como sus participaciones en las sociedades Arrima Centre d'Estudis y Mirador Aquarium.

Los tres imputados dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para recurrir esta decisión judicial, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos respecto a la resolución adoptada por el juez.

"CASO MERCASEVILLA"; EL TSJA AVALA LA GRABACIÓN DE MERCASEVILLA DONDE SE PEDÍAN COMISIONES

No se vulneró el derecho a la intimidad
El tribunal afirma que la información fue 'lícitamente obtenida y válida'
Defiende la 'buena fe' de los empresarios que grabaron la conversación
El procedimiento a seguir 'no puede ser otro' que el tribunal del jurado
Contra esta decisión, no cabe ya recurso alguno

Europa Press | Sevilla

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado los recursos presentados por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce en los que solicitaban la nulidad de la grabación que dio lugar al 'caso Mercasevilla', la investigación judicial por presunto cohecho.

El tribunal entiende que no se trata de una prueba "provocada" sino "lícitamente obtenida, pertinente y válida", a lo que se añade la "buena fe" con la que actuaron los dos empresarios del Grupo La Raza que grabaron la conversación en los que se oye a los responsables de la empresa pública pedir comisiones a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.

En un auto contra el que no cabe recurso alguno, el Alto Tribunal andaluz, que confirma también la canalización del caso por el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, pone de manifiesto que el contenido de la grabación "no consiste en una suerte de confesión de los hechos efectuada sin las necesarias garantías procesales, sino de la constancia de la posible comisión del delito, habida cuenta de que el delito de cohecho es un delito de mera actividad que se consuma con la mera solicitud de la dádiva".

Pues bien, el TSJA comienza haciendo referencia a la "gran complejidad" de la cuestión, pues, "pese a la voluminosa jurisprudencia existente sobre la licitud y el valor probatorio de la grabación privada de conversaciones en las que interviene la persona ya implicada en un proceso penal", la Sala "no ha encontrado precedentes en los que se den las particularidades que concurren en este caso", tras lo que se centra en el recurso de Mellet, que alegó la vulneración de su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

El Alto Tribunal andaluz refiere la doctrina jurisprudencial "que declara la validez procesal de la aportación a un procedimiento penal de grabaciones obtenidas privadamente por uno de los interlocutores de la conversación, sin conocimiento ni, por tanto, autorización del otro", añadiendo que en la medida en que la grabación "no se ha utilizado para descubrir un dato que, sin ellos, no se habría alcanzado, no hay vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones".

"No se produjo vulneración alguna de derecho"
Así, señala que, partiendo de que la grabación "no deja de ser privada", ha de concluirse "que no se produjo vulneración alguna del derecho a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones, pues no hay óbice de constitucionalidad ni vulneración de tal derecho cuando quien registra la conversación es el destinatario de la misma o una de las personas intervinientes en ella", de manera que "la posible afectación de derechos fundamentales podría producirse por la utilización que se hiciera de la información así obtenida, pero no por el sólo hecho de su registro".

De igual modo, y sobre la supuesta existencia de prueba "provocada" que alegó la defensa de Ponce, asevera que la argumentación esgrimida "es completamente ajena a la realidad de lo sucedido, lo que nos impide considerar la inducción e ilicitud de la reunión celebrada y de la grabación de la conversación".

Ésta, añade, "comienza a producirse antes de la denuncia, cuando uno de los imputados se reúne libre y voluntariamente con los empresarios y, supuestamente, transmite unas exigencias económicas a uno de los empresarios interesados en la subvención que ya se había obtenido a instancias de la Fundación Socio-Asistencial Mercasevilla, dirigida por Mellet".

Por todo ello, concluye que "se trata de una información lícitamente obtenida y relevante por su posible significación penal" y, en relación a la inadecuación del procedimiento alegada por los recurrentes, el TSJA asevera que, "a efectos penales, los imputados tenían la consideración de funcionarios públicos, lo que conlleva que, siendo acusados como presuntos autores de un delito de cohecho, el procedimiento a seguir no puede ser otro" que el Tribunal del Jurado.

Además

"CASO GÜRTEL"; LA EXCONSELLERA DE TURISMO ANGÉLICA SUCH, NUEVA IMPUTADA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

La ex consellera de Turismo de la Generalitat, Angélica Such. |
TRIBUNALES | Declarará en mayo

La ex responsable de Turismo comparecerá el 30 de mayo en el TSJ
El 8 de mayo, imputada, comparecerá la ex consellera Milagrosa Martínez

Rodrigo Terrasa | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha hecho público este lunes el calendario de declaraciones de los imputados en la conocida como causa de la financiación ilegal del PP valenciano. Y lo ha hecho introduciendo una novedad, la citación como imputada de Angélica Such, ex consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana y actual secretaria primera de la Mesa del Parlamento valenciano.

Such tendrá que declarar el próximo 30 de mayo a las 10.30 horas. El día 8 de mayo, ha sido citada, también como imputada, su antecesora en el cargo, la ex consellera Milagrosa Martínez, también ex presidenta de las Cortes Valencianas.

Antes, el próximo 24 de abril, a las 9.30 horas, prestará declaración Isaac Vidal, ex jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valencia de Turismo. El mismo día lo harán el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, y Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat.

El 27 de este mismo mes, tendrán que testificar Felisa Isabel Jordán Goncet, ex administradora de varias empresas de la trama Gürtel, Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, condenado por la causa de los trajes.

Los contratos con Orange Market
En esta primera fase de interrogatorios se pretende aclarar las mesas de contratación que adjudicaron contratos públicos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama.

La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

Lo primero que acordó José Ceres, el instructor, al asumir el procedimiento, fue pedir que se comprobara el aforamiento de algunos de los denunciados, entre ellos, de Vicente Rambla; Ricardo Costa; Davir Serra; Milagrosa Martínez y Yolanda García.

Asimismo, solicitó al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura que certificaran su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2007, y que enviaran una copia de la contabilidad aportada por la formación política.

Junto a ello, el magistrado pidió a la Sindicatura información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo de los ejercicios 2005 a 2009 y, en concreto, sobre la revisión de la contratación, gestión contractual y su adjudicación conforme a la legalidad en la relación con las ferias de Fitur.

Además

CUANDO GÜRTEL "ESTAFÓ" AL PAPA


Vista aérea de la Ciudad de las Ciencias durante la visita del Papa. | Benito Pajares
CORRUPCIÓN | El negocio con Canal 9

El juez agiliza la investigación de los contratos por la visita del Papa
Según la Policía, la red Gürtel amañó los contratos para ganar 3 millones
El ex director de Canal 9, imputado, se podría haber llevado 500.000 euros
La red gastó su comisión en joyas, coches, reformas o una finca en La Nucía

Rodrigo Terrasa | Valencia

Con menos focos que el llamado caso de los trajes y a la espera del asunto más grave, la presunta financiación irregular del PP valenciano, derivó hace ya un año largo de la trama Gürtel una ramificación que la semana pasada pareció por fin agilizarse.

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hizo público un auto por el que citaba a declarar el próximo 8 de mayo como imputado al ex director general de Radio Televisión Valenciana, Pedro García, en relación con la investigación de la visita del Papa a Valencia en 2006 y la presunta contratación irregular de la televisión autonómica con las empresas de la llamada trama Gürtel.

Investigará, a petición de la Fiscalía, si Pedro García, jefe de prensa de Francisco Camps antes de desembarcar en Canal 9, recibió "reiteradamente" regalos (en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico) por parte del "entorno de Francisco Correa" en contraprestación a la contratación irregular de Radio Televisión Valenciana con empresas relacionadas con Correa para la organización del 'V Encuentro Mundial de las Familias', en julio de 2006.

¿Cómo se amañó la visita del Papa? Según los informes aportados por la Policía e incorporados al sumario del caso, los cabecillas de Gürtel pactaron con quien entonces era el máximo responsable de Canal 9 inflar el precio de contratación del montaje de los equipos de imagen y sonido para la cobertura del acto de Benedicto XVI en Valencia.

El precio final se disparó hasta los 6,4 millones de euros y los ahora imputados se repartieron presuntamente casi 3 millones. Directos a sus bolsillos.

Para ocultar el negocio, Gürtel se sirvió de una empresa pantalla, Tecnología de la Construcción S.A (Teconsa), una compañía de León sin apenas experiencia que ganó el concurso para la adjudicación. Teconsa pudo desgravarse 36.800 euros en concepto de IVA y percibió 200.000 euros como comisión. Luego subcontrató servicios a otras firmas de la red y se fueron generando facturas falsas por conceptos ficticios. Existen mails que acreditan cómo Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, puso en contacto a Teconsa con las empresas que luego realizaron el trabajo real.

Teconsa ofrecía sus servicios por 3,4 millones de euros más que otras empresas y, sin embargo, se hizo con la adjudicación en un procedimiento negociado sin publicidad, de precio libre y tramitado de urgencia.

Radio Televisión Valenciana justificó la irregularidad de las formas porque se trataba de un "despliegue técnico sin precedentes". "Era imposible tener un precio de referencia, sobre algo que era la primera vez que se contrataba", argumentó el ente público cuando la investigación ya estaba en marcha y Pedro García había dimitido para huir de los titulares.

La Policía considera probado que la red Gürtel destinó parte de sus comisiones a la compra de una finca de 12.000 metros cuadrados en La Nucía (Alicante) con la que, una vez recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros.

Según los informes que ahora maneja el juez, Pedro García habría cobrado cerca de 500.000 en dos cobros a través de las empresas del primo de su esposa, Vicente Torró. Parte de ese dinero pudo haberlo invertido en comprar un coche valorado en más de 54.000 euros.

Francisco Correa gastó su parte del botín en reformar su casa de Ibiza. Álvaro Pérez 'El Bigotes' compró con sus 500.000 euros joyas y artículos de lujo y empleó las facturas para justificar sus ingresos. Pablo Crespo, número dos de la red, compró la finca de La Nucía.

Una quinta persona, anónima por ahora e identificada por el juez como 'R', se embolsó otros 300.000 euros en comisiones.

A todos ellos, el juez les atribuye un posible "delito continuado de cohecho, delito continuado de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de blanqueo y varios delitos contra la hacienda pública".

El próximo 7 de mayo, a partir de las 10.00 horas, declararán ante el magistrado Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Oscar Fragio, gestor de la compañía Teconsa. Un día después desfilarán Pedro García, su primo Vicente Torró y Ana María Martínez Penades

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