martes, 7 de septiembre de 2010

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CITA AL ESCULTOR JOSEP MARÍA SIRVENT

Una escultura del escultor catalán apareció durante el registro judicial de la vivienda que el ex presidente del PP Jaume Matas tiene en el centro de Palma

EFE. PALMA El juez del "caso Palma Arena", José Castro, ha retomado la instrucción de esta causa de supuesta corrupción durante la legislatura pasada del PP con la citación esta semana y la que viene de diez personas en calidad de testigos, entre ellos el escultor catalán Josep Maria Sirvent.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el juez ha citado a Sirvent el próximo viernes a las 9.30 horas.

Una escultura de Sirvent apareció durante el registro judicial de la vivienda que el ex presidente del PP Jaume Matas tiene en el centro de Palma, conocida como el "palacete" y que se investiga en el marco de esta extensa causa.

Además, Sirvent realizó una escultura instalada en 2005 en la sede del Parlament balear, bautizada como "Fita de la paraula", un símbolo de la sexta legislatura autonómica del PP.

La pieza está colocada en el hueco de la escalera de mármol del Parlament, mide cinco metros de alto y está formada por piezas de bronce, hierro y granito negro.

Ese mismo día, Castro ha citado a dos mujeres a las 11.00 y 12.00 horas, mientras que el lunes día 13 ha citado a tres más -dos hombres y una mujer- a partir de las 9.30 horas.

Finalmente, el viernes 17 están citados como testigos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma cuatro personas más, también a partir de las 9.30 horas.

Estas personas estarían relacionadas, han indicado las mismas fuentes, con el periodista Antonio Alemany, imputado en el caso y cuyo sobrino administró, supuestamente en su nombre, la Agencia Balear de Noticias (ABN) durante la pasada legislatura, entidad que recibió una subvención de 449.734 euros en 2006 del Govern balear.

diariodemallorca.es

UN EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO PIDE DECLARAR EN GÜRTEL

TONO CALLEJA - Madrid

El abogado de Pedro Rodríguez Pendás, que fue asesor técnico del diputado regional en la viceconsejería de Presidencia encabezada por Alberto López Viejo, ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que su cliente pueda comparecer ante el tribunal de forma voluntaria. La solicitud se realiza a consecuencia de las informaciones publicadas por EL PAÍS que reflejan un informe de la Policía Judicial en el que se solicita la detención de este ex asesor de la Comunidad y de otras tres personas, una de ellas el alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El primer edil de Boadilla fue el encargado de suceder a Arturo González Panero, imputado en la trama y conocido por los demás miembros de la red como El Albondiguilla.

El documento, que se encuentra sobre la mesa del despacho del juez Pedreira, pone de manifiesto que los miembros de la trama Gürtel acudían a Rodríguez Pendás y otros empleados de la Consejería de Presidencia para tratar de cobrar los contratos "problemáticos". En un escrito presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del ex asesor indica que "no teniendo nada que ocultar" su cliente, y "desde su responsabilidad", Rodríguez Pendás ha manifestado su voluntad de ponerse a disposición del juez.

El sumario revela que tres empleados de Presidencia se encargaban de conseguir que las facturas inicialmente rechazadas por los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid se cobraran.

Correo revelador

El dossier elaborado por la Policía Judicial transcribe un correo electrónico de la trama del 12 de septiembre de 2006 que demostraría que al menos seis facturas de la Consejería de Presidencia de la Comunidad, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo", uno de los principales acusados por la mayor trama de corrupción de la democracia y al que el juez Pedreira acusa de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

El informe explica que en 2006, cuando la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar en varios departamentos del Gobierno de Aguirre, por un valor de 362.903 euros, una empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para interesarse por la situación.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; LA TRAMA CORRUPTA DEL NEGOCIO DE LA BASURA EN EL SUR DE ALICANTE SE EXTIENDE A SEIS NUEVOS MUNICIPIOS

El juez del caso Brugal levanta el secreto del sumario en el que está imputado por cohecho el líder del PP de Alicante

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

La trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios: Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y Callosa del Segura. El dato está incluido en el auto del juez instructor del sumario general de la causa, conocida como caso Brugal. El magistrado ha decretado el levantamiento del secreto de las diligencias, en reserva desde marzo de 2007 cuando comenzó la investigación por lo supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.

En ese sumario hay ya formalmente 15 imputados después de ser arrestados por la policía. El imputado de mayor calado es el presidente de la Diputación de Alicante y líder de los conservadores alicantinos, José Joaquín Ripoll, y junto a él tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios. En esta segunda categoría destacan el industrial Ángel Fenoll y el promotor Enrique Ortiz. Además, el juez también ha imputado a otras 39 personas, encabezadas por la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP. Ninguno de estos últimos imputados ha sido detenido ni comparecido ante el magistrado.

El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha acordado la alzada del secreto sobre la parte del sumario que inicialmente asumió (adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela) y también sobre el resto de piezas de las que se inhibió por motivos de competencia territorial y que los nuevos jueces en los que recayó han rechazado. Entre esas piezas, según recoge el auto firmado por San Martín el pasado día 2, se encuentran el proceso de adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Este proyecto lo adjudicó el consorcio provincial de la Diputación, que también preside Ripoll. El adjudicatario fue una UTE integrada por la firma Cespa y una empresa del grupo de Enrique Ortiz. El resto de las causas desglosadas que han sido devueltas a la oficina judicial de San Martín son las siguientes: Recogidas de algas del municipio de Orihuela, caminos a la planta de la mercantil Proambiente (propiedad de Ángel Fenoll), Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Callosa del Segura. El empresario Ángel Fenoll es el adjudicatario de la basura en Callosa del Segura, Rafal y Algorfa.

El auto de levantamiento del secreto del sumario no es firme. Las partes tienen un plazo de cinco días para apelar a la Audiencia de Alicante. Ninguna de la partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido aún si recurrirá.

elpaís.com

NUEVA PRÓRROGA DEL SECRETO SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LAS ESCUCHAS DE "GÜRTEL"

TRIBUNALES | Por segundo mes consecutivo

Europa Press | Madrid

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella contra Baltasar Garzón por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por intervenir conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión, ha acordado prorrogar por segundo mes consecutivo el secreto la documentación que le ha sido remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre este asunto.

El auto dado a conocer este lunes justifica que la medida cautelar continúe porque el instructor del 'caso Gürtel' en el TSJM, Antonio Pedreira, también sigue manteniendo por el momento el secreto de los documentos en la causa que investiga la presunta trama corrupta.

"Con el fin de no perjudicar la instrucción que se tramita en ese tribunal, se debe continuar manteniendo el secreto de dicha pieza en los mismos términos acordados en el reseñado auto", ha insistido Jorge Barreiro.

A finales del pasado mes de junio, el instructor del Tribunal Supremo abrió pieza separada con los documentos que le había remitido Pedreira sobre las intervenciones realizadas en la prisión de Soto del Real (Madrid) al 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, respecto de las que declara el secreto durante 30 días para todas las partes personadas excepto la Fiscalía.

La documentación afectada por el secreto incluye dos oficios del centro penitenciario de Soto del Real de marzo y abril de este año, un oficio de la UDEF de marzo de 2009 y el auto en el que Pedreira acordaba, el 20 de abril de ese mismo año, la prórroga de las intervenciones acordadas por Garzón.

Todas las intervenciones realizadas sobre las conversaciones que mantuvieron el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y otros dos imputados con varios abogados en prisión fueron anuladas el pasado 25 de marzo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó que vulneraban el derecho de defensa de los implicados.

La querella admitida contra Garzón por este asunto fue interpuesta por el abogado Ignacio Peláez, que defiende al imputado en la 'trama Gürtel' José Luis Ulibarri, y posteriormente se adhirió a ella el propio Correa.

elmundo.es

EL FISCAL PIDE OCHO AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE DE BORRIOL POR PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Irregularidad urbanística

* Irregularidad urbanística relacionada con la demolición de un edificio

Javi Arnau | Castellón

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de ocho años de inhabilitación para el alcalde del municipio castellonense de Borriol, Adelino Santamaría (PP), por un delito de prevaricación al ser el supuesto responsable de una irregularidad urbanística relacionada con la demolición de un edificio.

Según ha informado la Fiscalía de Castellón, el escrito de acusación provisional fue formulado el pasado 26 de julio tras investigar la denuncia de unos hechos sobre los que no facilita más datos debido al "estado procesal de la causa".

En este escrito, la acusación pública imputa al alcalde de Borriol un delito de prevaricación y solicita la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de ocho años.

El juicio contra Santamaría, para el que todavía no se ha fijado fecha, se celebrará en un juzgado de lo Penal, según ha avanzado la fiscalía.

Ante esta petición, el alcalde de Borriol ha declarado que 'es una pelea entre vecinos. El Ayuntamiento dio licencia a un propietario para que anclara dos box en su parcela en los que alojar uno o dos caballos. En ningún caso es una cuadra'.

Adelino Santamaría ha dicho al respecto que 'si la justicia me inhabilita un solo día , voy a recurrir a Estrasburgo si hace falta, pero mientras tanto, estoy muy tranquilo, faltaría más'.

Además, advierte de que hay un trasfondo político en el proceso, ya que 'el vecino denunciante es afín a Esquerra Unida y tengo que decir que construyó un maset cuando sólo tenía licencia para construir un almacén agrícola'.

elmundo.es

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ LEVANTA PARTE DEL SECRETO DE SUMARIO QUE AFECTA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS

TRIBUNALES | Se investigan delitos de tráficos de influencia, fraude y cohecho

* El juez desestima los recursos presentados por el fiscal y la defensa
* Las partes tienen un plazo para estudiar la documentación judicial

Europa Press | Alicante

El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha decretado el levantamiento del secreto específico de los informes relativos a la contrata de basuras de Orihuela (Alicante) y el Plan Zonal XVII, desarrollados en el marco de la denominada operación 'Brugal', según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El levantamiento del secreto afecta a los informes sobre los hechos investigados asumidos por el juzgado oriolano y a los que han sido devueltos a este órgano por parte de otras instancias judiciales. En concreto, el juzgado ha comenzado a dar traslado de los documentos relativos a la contrata de basuras de Orihuela (Alicante) y al Plan Zonal XVII, principalmente.

El magistrado, en un auto fechado el pasado jueves 2 de septiembre y notificado ya a las partes, ha acordado levantar el secreto que pesaba sobre las diligencias previas 851/07 abiertas por los posibles delitos de tráficos de influencia, fraude y cohecho, entre otros.

Así, a través de este escrito, el magistrado desestima los recursos presentados por el fiscal y una de las defensas contra el auto que decretó el alzamiento del secreto de las actuaciones el pasado 14 de julio.

Por otro lado, debido al considerable volumen de las actuaciones, el magistrado ha concedido un plazo a las partes para que puedan instruirse de los informes y documentación que se les ha proporcionado en soporte digital o en papel.

A continuación, se procederá a trasladar el resto de actuaciones en idénticas condiciones de igualdad, en la medida que la intendencia del órgano judicial lo permita.

elmundo.es