martes, 20 de septiembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA PIDE AL SUPREMO QUE DICTE QUIÉN DEBE INVESTIGAR LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Supuesto delito electoral

* El TSJCV rechazó ser competente para investigar las supuestas irregularidades
* Rechazó investigar al ex director de RTVV por presunta prevaricación y cohecho

Efe | Madrid

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha elevado al Tribunal Supremo una cuestión de competencia negativa para que decida quién debe asumir la investigación de un supuesto delito electoral en Valencia en 2008 y la visita del Papa en 2006.

El juez ha adoptado esta decisión en un auto fechado este martes, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana rechazara ser competente para investigar las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de la empresa Orange Market por parte del PP valenciano durante la campaña electoral para los comicios generales de 2008.

Asimismo, el TSJCV rechazó investigar al exdirector de Radiotelevisión Valenciana Pedro García por prevaricación y cohecho en los contratos relacionados con la visita del papa a Valencia en 2006, argumentando que al no tratarse de un aforado, no tenía competencia para investigarle.

Pedreira, por su parte, entiende que la investigación de estos hechos sí corresponde al tribunal valenciano y que así debe estimarlo el Tribunal Supremo.

Por ello, el juez del TSJM, a instancias de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ha elevado al TS la cuestión de competencia para que sea el alto tribunal el que decida quién debe investigar estos hechos, que a su juicio guardan una íntima conexión con otros supuestos delitos que sí ha asumido investigar el TSJ valenciano.

Pedreira argumenta que los hechos señalados, supuestamente ocurridos en la Comunitat Valenciana y cuya investigación "jamás podría atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid" por razón de "fuero territorial", aparecen parcialmente atribuidos a personas que a fecha de hoy son aforados ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

El magistrado instructor del TSJM "jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra Comunidad Autónoma, ni practicar actuaciones a sus espaldas", subraya Pedreira, que concluye en su auto que la inhibición ante el tribunal de Valencia "aparece necesaria y consecuente".

"CASO FUNERARIA"; LA FISCALÍA SOSTIENE QUE MARINA SANS NO COBRÓ COMISIONES

Pide el archivo de su imputación

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la ex presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y ex concejal del PP en Palma, Marina Sans, no cobró comisiones de proveedores de la empresa ni se apropió de fondos públicos para su propio beneficio, tal y como se investigó en el marco de esta causa cuya instrucción ya está concluida. La acusación pública solicita de esta forma que se archive la imputación de Sans al considerar finalmente que no incurrió en delito alguno.

Así consta en un escrito que ha presentado el Ministerio Fiscal ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Manuel Penalva, encargado de este procedimiento, cuyas pesquisas giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la funeraria durante la última legislatura del PP, tal y como han señalado fuentes jurídicas.

Tal y como ya puso de manifiesto el letrado de Sans, Rafael Perera, al solicitar el sobreseimiento del caso para su patrocinada, la Fiscalía considera que no existen motivos para que continúe imputada y se siente en el banquillo de los acusados, ya que, entre otros aspectos, no ha quedado demostrado que se beneficiase de los fondos de la empresa para efectuar viajes privados, a pesar de que fue esta acusación la que dio pie a que se abrieran diligencias para investigar estos hechos.

Y es que en un principio los investigadores, después de que el Ayuntamiento de Palma detectase una serie de facturas y contratos en la empresa que fueron puestos en manos de la Fiscalía al considerar que eran irregulares, apuntaban a que tanto Sans como el ex gerente de la funeraria y principal imputado de la causa, Óscar Collado, facturaron a la sociedad diversos viajes particulares por una cantidad superior a los 7.000 euros.

En su escrito, el Ministerio Público asevera además que facturas halladas con comidas pagadas en restaurantes correspondían a gastos de funcionarios y de relaciones públicas en el marco del ámbito de la empresa, mientras que tampoco considera probado que Sans obtuviese comisiones de proveedores de la funeraria por la compra de ataúdes y terrenos.

Cabe recordar que en junio de 2010 el magistrado decretó el final de la instrucción y transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, para que el Ministerio Público y el Consistorio presentasen sus escritos de acusación como paso previo al enjuiciamiento de los imputados. Sin embargo, volvió a reabrir el caso a petición de la Fiscalía para que Collado fuese interrogado sobre el panteón que realizó la empresa de forma gratuita al ex alcalde de Palma y senador del PP por Mallorca, Joan Fageda.

Una construcción de piedra valorada en 280.173 pesetas más IVA que, según las pesquisas, fue levantada sin coste alguno en una tumba adquirida por el ex primer edil, al no repercutirse esta cantidad en la factura final de la venta de la sepultura.

Sobre Collado, asistido por el letrado José Ignacio Herrero y quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, pesan los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, cohecho y fraude a la administración por los que podría enfrentarse a una pena de cárcel que oscilaría entre los 14 y los 16 años.

Durante la instrucción de la causa, el ex gerente se desvinculó de esta presunta trama de corrupción al negar haber cobrado comisiones ilegales a proveedores de la compañía pública, y rechazó haberse lucrado con la compra-venta de tumbas y ataúdes a través de la EFM. Es más, defendió que los gastos supuestamente privados que se le detectaron con cargo a las cuentas de la empresa "eran por representación".

Además de Collado y Sans, también se encuentran imputados en este procedimiento la mujer del ex gerente, Francisca Moll; el constructor Juan Perelló, quien supuestamente realizó obras para la funeraria y se le atribuye haber proporcionado facturas falsas a Collado, y Ataúlfo del Hoyo, ex asesor jurídico de la empresa municipal a quien se le implica en parte de las irregularidades detectadas.


elmundo.es

"CASO IBATUR"; ALMIÑANA CAMBIA SU DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ ALEGANDO "AMENAZAS" DURANTE SU ARRESTO

'Estaba confundida'

* Ha negado haber cobrado comisiones en las contrataciones
* 'El día de la declaración estaba cansada y angustiada'

Efe | Palma

Luisa Almiñana, exadministradora de la productora Bahía Difusión, se ha retractado hoy ante el juez de parte de su declaración policial como imputada en el caso Ibatur alegando que cuando fue detenida en junio la amenazaron con que le podían condenar a 20 años de cárcel por asociación ilícita.

Almiñana ha cambiado hoy parte de su declaración judicial y ha afirmado que cuando compareció ante la policía, después de 32 horas detenida, se sentía "confundida", "cansada y angustiada" y no estaba "en condiciones de declarar".

La imputada, que también lo está en el caso Maquillaje de supuesta corrupción, fue detenida el pasado mes de junio durante una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y derivada del caso Ibatur, que gira en torno a un supuesto desvío de fondos de este organismo en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011, cuando lo controlaba Unió Mallorquina (UM).

En concreto, se investiga un contrato en 2007 de Ibatur con Bahía Difusión, vinculada a UM, para realizar unas fotografías aéreas de Baleares, el cual la Fiscalía sospecha que pudo concederse de manera ilícita.

Esta empresa de Almiñana se fusionó con Vídeo U, productora que se sospecha fue adquirida mediante testaferros por los expresidentes de UM Miquel Nadal y María Antònia Munar para, supuestamente, adjudicarle numerosos contratos públicos de organismos que controlaba el partido.

Durante su declaración ante el juez, Almiñana ha negado que, como dijo ante la policía, cobrara comisiones en las contrataciones: "No es así, el día de la declaración estaba cansada y angustiada, las declaraciones eran insistentes, no estaba en condiciones de declarar", ha dicho.

Almiñana ha apuntado, en contra de lo dicho ante la policía, que no cobró ningún tipo de comisión y ha insistido en que cambia sus palabras "por la angustia del día de la declaración".

A preguntas de su letrado, José Ignacio Herrero, Almiñana ha relatado que estuvo detenida 32 horas antes de la comparecencia policial y que durante ese periodo recibió amenazas.

"Me comentaron que estaba detenida por asociación ilícita, lo relacionaba con banda armada, me amenazaron con que me iban a condenar a 20 años, me puse muy mal, tuve mucho miedo", ha afirmado la imputada.

"Las preguntas llevaban de alguna forma implícita la respuesta, pero no recibí presión policial", ha matizado Almiñana, quien ha explicado que no denunció las supuestas amenazas y que en su momento se le informó de sus derechos.

La imputada, que ayudó a Miquel Nadal en la campaña electoral de 2007, ha negado haber recibido presiones políticas para modificar su declaración ni tampoco llamada alguna de ningún imputado.

Respecto al contrato investigado por unos 60.000 euros para realizar fotografías aéreas, ha defendido que se tramitó correctamente y se cumplió, aunque ha añadido que el Govern no le pagó lo que le debía.

Antes que Almiñana, ha declarado por este caso el arquitecto Vicente Mulet, que realizó un trabajo para el Ibatur en 2009 por un valor de 300.000 por el que construyó un expositor para ferias turísticas internacionales.

La Fiscalía investiga si este precio fue excesivo y si el procedimiento de adjudicación fue irregular.

"El proyecto es de gran complejidad, con muchos requisitos, el presupuesto está dentro de las condiciones normales, incluso por debajo de lo normal", ha defendido el imputado, que también fue arrestado en junio.

El procedimiento de adjudicación se hizo mediante un negociado sin publicidad en el que se le dijo a Mulet que tenía que invitar a otras dos empresas, según ha declarado el arquitecto, y ha dicho que "se actúa así en más ocasiones" y que por ello no le pareció raro. "En ningún momento vi ninguna ilegalidad", ha asegurado.

Después de Mulet ha comparecido la periodista Ángela Seguí, detenida también el pasado junio en la operación anticorrupción.

Seguí fue arrestada a raíz de un contrato supuestamente irregular del Ibatur para insertar publicidad en el periódico digital Ciutat en el año 2009.

"CASO MALAYA"; INSPECTOR RANDO:"EN MARBELLA HABÍA UNA MASIVA ACTIVIDAD DELICTIVA EN 2005"

Principal investigador de la trama de corrupción

José Carlos Villanueva | Málaga

"En Marbella había una masiva actividad delictiva en 2005". La frase es del exinspector jefe de la Udyco José Manuel Rando. Él fue el principal investigador de la trama de corrupción municipal que desembocó en el llamado caso 'Malaya', enjuiciado ahora en la Audiencia de Málaga.

Las palabras de Rando se han escuchado este martes durante su declaración judicial, como testigo, ante el conocido abogado Javier Saavedra, defensor de Jean Fournets, uno de los marchantes del principal acusado, Juan Antonio Roca. El mediático penalista pretendía saber si Rando conocía con anterioridad a 2005 -año del comienzo de la investigación policial y judicial- actos de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

La tesis de Saavedra consiste en sembrar dudas sobre la eficacia policial en Marbella, al preguntarse por qué no se actuó con anterioridad al caso 'Malaya' cuando la Udyco, en sus informes de 2005, habla de una "estructura criminal asentada" que tenía el "control político" del Consistorio, con el "subsiguiente blanqueo de capitales" atribuido a Roca, tal y como ha destacado Rando.

El exinspector jefe de la sección de Blanqueo de Udyco Málaga ha precisado que empezó a investigar en 2005 "por mandato judicial" y de dicha información afloró todo. Según Rando, se dieron cuenta del hallazgo de un "entramado criminal" porque -ha acotado- "su fin era la actividad delictiva".

Rando, en respuesta a Saavedra, se ha referido a que él ya conocía otros casos anteriores sobre "delitos de malversación y urbanísticos" en los años 90. De hecho, su compañero de pesquisas, el inspector Marcos Romarís, citara durante su declaración este lunes a tales casos. Ello dio pie a que Saavedra hiciera alusión al "caso saqueo, desvelado por EL MUNDO, no por la Policía", en referencia a la trama de facturas falsas destapada por este diario en octubre de 1999, por la que Roca cumple hoy condena firme de 6 años de prisión. Contribuyó a desviar a cuentas privadas 24 millones de euros de las arcas públicas.

En contra de los argumentos de Javier Saavedra, cabe recordar que el exteniente fiscal de la Audiencia de Málaga, ahora fiscal jefe, Antonio Morales, abrió diligencias de investigación en agosto de 2003 después del cruce de acusaciones delictivas que protagonizaron el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y su antecesor, Jesús Gil, durante el programa Salsa Rosa de la cadena Telecinco.

La Udyco comenzó a indagar, por orden del Ministerio Público, la moción de censura de tránsfugas del GIL, el PSOE y el PA contra Julián Muñoz, pero no encontró nada sólido y el caso se cerró. A ello contribuyó también el hecho de que Gil y Muñoz se retractaran de sus acusaciones cuando fueron citados ante el fiscal durante el verano de 2003.

Poco menos de tres años después, en marzo de 2006, el juez Miguel Ángel Torres, junto a los inspectores Rando y Romarís, ponía patas arriba el Ayuntamiento de Marbella y enviaba a prisión a la práctica totalidad del equipo de gobierno que presidía Marisol Yagüe. El Consistorio sería disuelto en abril de ese mismo año.

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* Gráfico: Las claves del caso 

* Quién es quién en 'Malaya'
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elmundo.es

EL TS CONSIDERA IMPROCEDENTE EL CONFLICTO PLANTEADO POR LA JUNTA SOBRE LAS ACTAS DE LOS ERE

La juez pidió las actas del Consejo de Gobierno en marzo

* La Junta entendía que eran 'secretas' y se resistía a entregárselas a la juez
* La juez que investiga los ERE fraudulentos podrá consultar las actas

María Peral | Agencias | Madrid

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, considera improcedente el conflicto de competencias planteado por la Junta de Andalucía a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno andaluz que solicitó en marzo la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en ERE.

Según informaron fuentes jurídicas, los componentes del tribunal -el presidente del TS, Carlos Dívar, y los magistrados Octavio Juan Herrero y José Manuel Bandrés, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y consejeros de Estado-, el lunes estuvieron reunidos durante cerca de tres horas y media pero al no alcanzar una conclusión definitiva continuaron hoy con su deliberación.

A mediados de julio el tribunal admitió a trámite el conflicto sobre las actas después de haber recibido el auto dictado a principios de ese mes en el que la juez Alaya mantenía su jurisdicción y decidía elevar el conflicto al Supremo.

En este sentido, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Administración autonómica para que formulasen las alegaciones que estimasen convenientes a su derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos de Jurisdicción.

La juez trataba de averiguar, a través de las actas, era si se podía derivar "alguna actuación delictiva por parte sw autoridad o funcionario público", según explicaba la propia Alaya en un auto del 6 de julio.