jueves, 16 de septiembre de 2010

RUS RECONOCE QUE LA DIPUTACIÓN CONTRATÓ CON LA TRAMA GÜRTEL

El presidente provincial califica de "error" que no informara a la oposición

PABLO FERRI - Valencia

Una empresa de la trama de corrupción Gürtel, Easy Concept, trabajó para la Diputación de Valencia a mediados de 2005. La corporación, dirigida por Alfonso Rus, del PP, aseguró en febrero del año pasado que "la Diputación, empresas de la Diputación o patronatos dependientes de la misma" no habían mantenido relación alguna con Easy Concept. Ayer, en sesión extraordinaria del pleno, Rus admitió, en cambio, que el contrato existió y aseguró que si en febrero de 2009 se dijo lo contrario fue por "error".

Easy Concept cobró 2.400 euros por coordinar el trabajo en una feria

"¿Tuvieron que ir hasta Pozuelo para que les montasen un expositor?"

Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón, Madrid, consiguió que una empresa de la Diputación, Impulso Económico Local, SA, (Imelsa), le adjudicase el montaje de un escenario en la Feria de Turismo de Valencia en 2005. Imelsa pagó a la firma de la trama, dirigida por Francisco Correa en Madrid y Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, 14.829,21 euros. La empresa de Correa debía acondicionar un almacén, instalar la electricidad, montar unas estanterías, colocar unas pantallas de plasma, una mesa de mezclas... El portavoz socialista en la corporación, Rafael Rubio, exigió ayer que se explicase a la oposición cómo es posible que la Diputación no hubiese encontrado en toda la Comunidad Valenciana una empresa capaz de tal trabajo. "¿Tuvieron que ir hasta Pozuelo?", exclamó Rubio, "¿no hay ninguna empresa aquí que pudiera hacerlo?", entonó el socialista mientras blandía unas fotos de El Bigotes junto al portavoz popular Juan José Medina. Rus contestó que a ellos, por su grupo en la Diputación, no les "incumbe" este asunto, ya que la legislatura empezó en 2007 y el contrato data de 2005, cuando el presidente era Fernando Giner y los responsables de Imelsa, otros distintos de los de este mandato.

Rubio también pidió responsabilidades al equipo de gobierno por "mentir a la oposición" sobre las relaciones entre la trama Gürtel y la Diputación. El PSPV-PSOE preguntó en febrero del año pasado si la institución o cualquiera de sus ramas, empresas o patronatos, habían contratado con cuatro de las empresas de la trama Gürtel. Easy Concept figuraba entre ellas. Medina, portavoz popular, contestó que no, que la corporación nunca había tenido relación con ninguna de ellas, cosa que, como se vio ayer, falta a la verdad. Tanto Medina como Rus se escudaron en que un "error" provocó esa respuesta, a saber, que el secretario y el interventor de la Diputación no enviaron una "petición formal" de documentación a la empresa, sino que solicitaron "por teléfono" la información reclamada por los socialistas y los responsables de Imelsa entendieron que se referían "desde 2007 en adelante". De ahí que la respuesta fuera negativa. "Nosotros jamás supimos que existían esas facturas", afirmó Medina, "no tenemos nada que esconder". "Las cosas se pueden hacer bien, mal o regular", abundó Rus, "pero este grupo no tiene nada que esconder. Aquí hubo un error, si se lo cree, bien, si no, ¿qué quiere que haga?".

Pese a que en el orden del día del pleno se anunciaba la comparecencia del diputado delegado de Empresas Públicas, Salvador Álvarez, para que aclarase el embrollo, este no habló. Rus y Medina acapararon el debate y trataron de que calase un argumento: que "cualquier cosa que pide" la oposición, se le da, por lo que resulta absurdo pensar que se le "escondió información".

En la factura de Easy Concept, la cantidad que pagó la Diputación por el montaje del expositor en la Feria de Turismo de Valencia aparece desglosada. De los 14.829 euros que la corporación abono a la mercantil de Gürtel, esta destinó 1.850 euros a dos pantallas de plasma de 50 pulgadas, 1.822 al transporte, montaje y desmontaje del material y 960 euros a 50 vinilos con el logotipo impreso del patronato de turismo de la Diputación, Valencia Terra i Mar. Son conceptos relativamente claros, poco ambiguos, no como el último epígrafe: "coordinación de agencia", dotado con 2.400 euros. Rubio criticó que Imelsa ignorase a sus propios trabajadores, porque, según sus cálculos, 30 de los más de 600 trabajadores de la empresa pública dedicaban su tarea al patronato de turismo cuando se contrató a la firma de la trama corrupta. "No solo no contratan empresas valencianas", lamentó Rubio, "sino que además pagan por coordinar un montaje cuando en Imelsa [hay gente que] podría haber realizado este trabajo perfectamente".

Rubio criticó también que el interventor de la corporación, Ricardo Camarena, redactase un informe el pasado 2 de septiembre en el que afirmaba que "de los antecedentes contables disponibles" desde julio de 2007, no se descuelga ninguna relación con Gürtel. Eso sí, sin contar a Imelsa. Entonces, "¿quién se responsabiliza de los contratos de Imelsa?", zanjó Rubio.

Detalles de la relación

- Abril de 2005. Easy Concept, empresa de la trama corrupta Gürtel, monta el expositor del patronato de turismo de la Diputación de Valencia, Terra i Mar, en la Feria de Turismo de la capital. Le cobra 14.829,21 euros.

- Febrero de 2009. En plena efervescencia del caso Gürtel, los socialistas en la Diputación preguntan al grupo popular si la corporación ha contratado alguna vez con empresas de la trama. Contestan que no.

- Septiembre de 2010.La delegación de Hacienda en Valencia certifica que la Diputación contrató a Easy Concept. La empresa de Francisco Correa no lo declaró a Hacienda. La oposición en la Diputación pide un pleno extraordinario, el que se celebró ayer.

elpaís.com

"CASO BRUGAL"; LA POLICÍA ASOCIA A RIPOLL CON UN COHECHO EN LA VENTA DE UNA FINCA

"Estaría dispuesto a compartir el beneficio con el presidente"

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El informe policial del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) asocia el supuesto cohecho al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, con el sobreprecio de la compra de una finca. Según fuentes del caso, esta plusvalía sería la fórmula elegida por la trama para pagar la millonaria dádiva a Ripoll, dos pisos o su equivalente en metálico, entre 800.000 y un millón de euros.

* Ripoll rechaza paralizar el vertedero de La Vega Baja por el 'caso Brugal'

Fenoll compró la parcela por 800.000 euros y la ofreció a Ortiz por 4 millones

El también presidente de la Diputación pudo recibir el regalo a cambio de supuestos favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. El contrato, valorado en 250 millones de euros, fue otorgado a Ortiz, pero la instalación se levantará en una finca de Fenoll. Este compró el suelo por 800.000 euros y lo ofreció a Ortiz por cuatro millones.

Las mismas fuentes señalan que el plan inicial del presidente de la Diputación de Alicante era adjudicar directamente el proyecto al industrial Ángel Fenoll en compensación por su apoyo electoral.

Sin embargo, el arresto de Fenoll en el marco de la primera fase de caso Brugal (30 de mayo de 2007) obligó, al líder del PP alicantino, siempre según sostienen fuentes del caso, "a variar su estrategia". Finalmente, el presidente de la Diputación adjudicó el 3 de enero de 2008 el contrato a una UTE integrada por CESPA y una empresa de Enrique Ortiz. El informe policial subraya: "Si bien desde la Diputación se puntualiza que la ubicación definitiva al parecer estará situada en algún punto cercano a la pedanía oriolana de Torrendo".

En esta zona, el industrial Fenoll compró por 800.000 euros, según el informe policial, una finca denominada La Pistola. A los seis meses de la adjudicación, Ortiz propuso cambiar el emplazamiento de la planta a la mencionada finca. En ese período los contactos entre ambos empresarios, con la mediación del también empresario y amigo de Ripoll, Rafael Gregori, fueron constantes.

La investigación sospecha que Fenoll ya sabía que se iba a quedar fuera de la contrata, debido a la imputación por la primera operación del caso Brugal, y había firmado un contrato privado para la compra de la finca con Ortiz. Ese contrato, según la grabación de un diálogo entre el abogado de Fenoll y su hijo, condiciona la adjudicación a CESPA-Ortiz a la compra de la finca de La Pistola y, en caso contrario, el comprador tendría que indemnizarlo con diez millones.

La vinculación de esta compraventa con el supuesto cohecho a Ripoll está reflejada así en el informe policial: "El propio Ángel Fenoll, indica, estaría dispuesto a compartir el beneficio obtenido de la venta con el presidente provincial [Ripoll]".

elpaís.com

IMPUTAN POR PREVARICACIÓN, COHECHO Y FALSEDAD DOCUMENTAL A TRES POLÍTICOS DEL BNG

TRIBUNALES | Ayuntamiento de Ourense

* Ve indicios delictivos en la concesión de un servicio de paneles publicitarios
* Afecta al teniente de alcalde de Ourense, su antecesor y un director general
* El PP pide su 'cese inmediato' y la ruptura del pacto de gobierno PSOE-BNG
* El BNG tomará una decisión cuando analice la decisión judicial

Susana Espinoso | Ourense

La corrupción sobrevuela el Ayuntamiento de Ourense. Un Juzgado de la ciudad ha dado un varapalo al ala nacionalista del gobierno bipartito. Imputa por prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y, subsidiariamente, tráfico de influencias a dos miembros del gobierno local y al ex teniente de alcalde, todos del BNG, según desveló este jueves La Voz de Galicia.

Se trata del actual teniente de alcalde, Andrés García Mata, su antecesor en el cargo, Alexandre Sánchez Vidal, y el director xeral de Turismo y Termalismo, David Cortón, quien hace tan solo unos días presentó su renuncia al cargo alegando motivos personales y que este jueves fue aceptada en junta de gobierno local.

Los hechos se remontan a finales de 2007 cuando los tres políticos nacionalistas y el funcionario del Ayuntamiento Elías Domínguez (también imputado), inician los trámites para la concesión de un servicio de paneles informativos en la vía pública. Fue el PP el que en 2008 trasladó el asunto a la Fiscalía por entender que esta fallida concesión se había gestionado de forma irregular.

Ahora el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha dado la razón a los 'populares'. Ve indicios de que los imputados pusieron en marcha un proceso administrativo que culminó con un convenio/contrato entre el Ayuntamiento y la empresa Afiador Producciones para la instalación de los paneles sin "respetar el procedimiento legalmente previsto". De hecho, incide en que se llevaron a cabo trámites cuando la empresa ni siquiera existía.

Una concesión por 80 años

Para el instructor, los imputados "hicieron todo los posible" para lograr que la adjudicación de los paneles publicitarios recayese (por 80 años) en la mencionada empresa con la "única intención de favorecerla" y "participar en los beneficios que se obtuviesen con dicha explotación". Por eso, lejos de archivar el caso ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, ampliando incluso las imputaciones delictivas. En su querella inicial, el Fiscal hablaba de delitos de prevaricación y falsedad documental. Ahora el Juzgado habla también de cohecho y tráfico de influencias.

Junto a las imputaciones de Alexandre Sánchez Vidal, García Mata (hoy teniente de alcalde pero en el momento de los hechos concejal de Infraestructuras), Cortón y Domínguez (jefe del servicio que gestionó el expediente), el juez imputa también a los dos socios de Afiador Producciones por cohecho y tráfico de influencias.

El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, ha dicho este jueves en un acto en Vigo que la formación tomará "las medidas que correspondan" cuando "la resolución judicial sea definitiva".

Igual de cauta se ha mostrado la edil de Cultura de Ourense y candidata a la Alcaldía, Isabel Pérez (que derrotó como cabeza de cartel precisamente al imputado García Mata). Indicó que "aún hay que evaluar el escrito del juzgado instructor" y que una vez que esté analizado será la "organización" la que se pronuncie.

Respuesta del PP

Más explícito se ha mostrado este jueves el grupo municipal del PP. Ha solicitado en el Ayuntamiento la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria para debatir tres cuestiones: el "cese inmediato" de los dos cargos del BNG imputados que aún son miembro del gobierno, la ruptura del pacto de gobierno PSOE-BNG y que el alcalde o la junta de gobierno "adopte" la decisión de personarse en el procedimiento como acusación particular.

Según el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, no se puede demorar un acuerdo "encaminado a devolver la integridad y el prestigio a la institución municipal y al propio alcalde", al que acusa de "partícipe" en este caso "cuando menos por omisión".

El alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, no se ha pronunciado al respecto.

elmundo.es

"CASO BRUGAL"; EL PP EN LA DIPUTACIÓN RECHAZA PARALIZAR LAS OBRAS DEL VERTEDERO DE LA VEGA BAJA

Aplaza su decisión a la próxima reunión del Consorcio


Mónica Lorente ha defendido la postura del PP respecto al Plan Zonal. | Ernesto Caparrós

Raúl Navarro | Efe | Alicante

El grupo popular en la Diputación Provincial ha usado este jueves su mayoría (17 frente a 13 diputados socialistas) para rechazar la propuesta presentada por el PSPV de paralizar la ejecución de cualquier infraestructura relacionada con el Plan Zonal a la vista de que todo el procedimiento administrativo "está bajo sospecha", según defendió la diputada socialista, Antonia Moreno.

La también regidora en el Ayuntamiento de Orihuela indicó que las revelaciones de los informes policiales del "Caso Brugal" como de las decisiones del consorcio de residuos parece desprenderse que "todo está amañado desde el principio" por lo que consideró que lo más sensato es paralizar el desarrollo del plan zonal hasta que se aclare en qué situación queda.

Sin embargo, tras un agrio enfrentamiento dialéctico entre Moreno y la portavoz del PP, Mónica Lorente, sobre los informes policiales y sobre los análisis de los técnicos del consorcio, fue el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll ,quien se encargó de zanjar el debate para asegurar que el órgano competente para decidir la paralización de las obras es el consorcio comarcal. De él forman parte los 27 ayuntamientos de la Vega Baja, la Diputación y la Conselleria de Medio Ambiente.

Con todo, Ripoll insistió en que todas las decisiones que se aprobaron en el consorcio cuentan con el aval de los informes técnicos y jurídicos y apuntó que es el consorcio quien también debe decidir si se presenta un recurso contra la sentencia que anula la adjudicación del vertedero y obliga a construirlo en Albatera, en lugar de la pedanía oriolana de Torremendo.
'Cronología de un amaño'

Tras resumir el proceso de elección del vertedero como "cronología de un amaño", la socialista Antonia Moreno ha recalcado que la ubicación final en la finca "La Pistola", en la pedanía oriolana de Torremendo y comprada por Fenoll pocos meses antes del concurso, había sido desaconsejada en los informes técnicos por ocupar suelo forestal y por ser inapropiada geológicamente.

Ha recordado que la adjudicataria (Cespa-Ortiz) había propuesto en la plica que la planta estuviera en Albatera y que, ante las quejas vecinales, PP y PSPV-PSOE consensuaron llevarla a la finca "Lo Cartagena" de Torremendo, aunque poco después los 'populares' acordaron en solitario trasladarla a "La Pistola".

Moreno ha acusado a Lorente de conocer de antemano que el destino final sería "La Pistola" ya que lo había insinuado meses antes del concurso en un mitin electoral y lo corroboró explícitamente a los propios vecinos de Torremendo sólo un día después de la adjudicación del concurso a Cespa-Ortiz, que hasta ese momento sólo contemplaba Albatera.

Además
* Cotino niega irregularidades en el Plan Zonal de la Vega Baja
* Alcaldes del PSPV de la comarca piden anular el Plan Zonal

elmundo.es