martes, 31 de marzo de 2009

EL TSJM SE QUEDA EL CASO GÜRTEL Y APUNTA A TRES DIPUTADOS AUTONÓMICOS DEL PP




Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo, sospechosos de percibir “importantes cantidades de dinero”



El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado hoy competente para instruir el caso Gürtel, que hasta ahora llevaba el juez Baltasar Garzón, aunque ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo, ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.

En un auto, el tribunal justifica su competencia en que en las actuaciones "aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción" por parte de tres diputados autonómicos madrileños "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas". Se trata, añade la resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

Alberto López Viejo
El auto desgrana los indicios de la implicación de cada uno de ellos y, así, dice que "declaraciones de alguno de los imputados apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas". Añade que "en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona (López Viejo) por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".

Benjamín Martín Vasco
Las mismas declaraciones y documentación "son indicativas de la posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento". También hay indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Alfonso Bosch
Por último, el TSJM dice que "las mismas diligencias ponen de manifiesto que Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".

Cohecho y tráfico de influencias
El tribunal recuerda que la doctrina del Supremo exige que, para que un órgano como el TSJM asuma la investigación de una causa, debe darse "no sólo la concreción de las personas aforadas, sino la presencia inicial de un principio de indicios relevantes que permitan deducir una cierta consistencia de la imputación que habría de realizarse a continuación a tales personas". Así, los magistrados han considerado que los hechos que resultan de esos indicios "reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder" a los delitos de cohecho o de tráfico de influencias.

Gran vinculación
Además de declararse competente para investigar a estos tres aforados, el TSJM reclama "la inmediata remisión" de todas las actuaciones seguidas por Garzón, ya que considera que entre los hechos susceptibles de ser imputados a los diputados regionales y el resto de las actividades ilícitas que se atribuyen al resto de los imputados "parece existir una gran vinculación".

Entramado societario
"El entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas por métodos similares a los que afectan a estos aforados, en los que estarían implicadas otras autoridades o funcionarios públicos", explica el tribunal. Por ello, la sala concluye que "la investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades resulta así esencial".

Dobles aforados
El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió la parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa; ambos aforados. En este sentido, el TSJM recuerda que "es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa", por lo que ha acordado solicitar a la Fiscalía su parecer sobre esta cuestión.

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¿NUEVO ESCÁNDALO EN MARBELLA?

























En lo alto de la Vega del Jaque, entre Marbella y Benahavis, se alza altiva la Casa Rosada, una ostentosa mansión de 2.700 metros cuadrados, dos plantas, cinco dormitorios, tres almacenes, sala de billar, gimnasio, bodega, sala de cine, de juegos, dos piscinas, una exterior y otra climatizada, garaje para aparcar el Ferrari, y tres sótanos, en la que vive la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz.

Esta es la famosa vivienda construida en tierra de nadie que ha desatado la guerra entra la Junta de Andalucía y el consistorio marbellí. El Ayuntamiento aprobó en un pleno celebrado en diciembre que estos terrenos, pertenecientes a Marbella, los cedía a Benhavis. La semana pasada la Junta de Andalucía le hizo saber a la regidora municipal que desautoriza esta medida del deslinde de terrenos revocando su legalidad.

En la ciudad se la conoce como la Casa Rosada porque es un calco a la que habitan los Kirchner en Buenos Aires. Fachada, paredes, estanterías… Casi toda ella está pintada de rosa, el color preferido de la alcaldesa. La población marbellí que, tal y como se puede leer en los foros de Internet, siempre ha recelado de la mansión de su regidora, ignora el grado de ostentación de la misma. Hoy, El Confidencial la pone al descubierto con estas fotos exclusivas.

El escándalo está servido. Ángeles Muñoz, quien sucedió en el cargo de regidora a Julián Muñoz y Jesús Gil (ambos manchados por delitos de corrupción) y prometió transparencia en su gestión para acabar con todas las irregularidades de sus predecesores, vive a todo lujo en una de las mejores mansiones de Marbella. Para más inri, la vivienda podría haber incurrido en varias irregularidades, tal y como denuncian expertos y oposición a este diario.

Ángeles Muñoz es diputada regional y en la declaración patrimonial que registró en el Parlamento no aparece este inmueble. Según el abogado José Cosín, uno de los marbellíes que lucha por los derechos del municipio y se hace eco de las irregularidades que se producen en localidad desde La Voz de Marbella, Ángeles Muñoz podría perder todos sus derechos como parlamentaria si ha omitido bienes en su declaración patrimonial.

Propietaria del 50% de la casa

Según destaca el letrado, “la declaración de bienes presentada por Ángeles Muñoz en el Parlamento de Andalucía no coincide con la respuesta que la alcaldesa dio a El Confidencial, en la que aseguraba que era titular del 50% de la sociedad propietaria de la mansión donde reside, participación que no figura en su declaración patrimonial”. El otro 50% pertenecería a su marido, el constructor Lars Broberg.

En el documento adjunto que incluimos, Ángeles Muñoz declara poseer una vivienda en Suecia, con un valor catastral de 600.000 euros, una en Madrid, con un valor catastral de 150.253 euros, y dos en Málaga, la primera con un valor catastral de 62.112 euros y la segunda con un valor de 176.685. Ninguna coincide con la Casa Rosada.

No todo acaba ahí. Según el abogado José Cosín, existen irregularidades en la licencia de obras de la mansión de la regidora. “El permiso de obras, concedido por el Ayuntamiento de Benahavis cuando los terrenos pertenecían a Marbella, no incluía permiso para las tres plantas de sótano, de los que disfruta hoy la vivienda”.

Vinculaciones con Gibraltar

Estas declaraciones coinciden con las fotografías que hoy publica El Confidencial. En cada sótano de la Casa Rosada se ha construido una zona de ocio: sala de cine, spa con saunas, baños turcos, gimnasio, piscina climatizada y sala de juegos con billares y futbolines.

El diputado de Izquierda Unida, José Antonio Castro ha puesto en entredicho la legalidad de la Casa Rosada. Según Castro, hay documentos que apuntan que la sociedad propietaria de la vivienda de la alcaldesa y empresas de su entorno están relacionadas con Gibraltar, uno de los paraísos fiscales preferidos por los españoles.

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EL TSJ DE MADRID VE INDICIOS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS EN TRES DIPUTADOS DEL PP


Operación Gürtel, Baltasar Garzón

@Europa Press. Madrid.


La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó este martes aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afecta a aforados autonómicos del PP, informó el TSJM. Asimismo, el Alto Tribunal madrileño ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la posible competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de que se hallen indicios penales contra aforados nacionales.

Con motivo de la decisión de asumir la causa, el TSJM ha reclamado a Garzón la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la decisión que adopte la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De este modo, la Sala de lo Civil y Penal ha designado como instructor de la causa, en virtud del turno establecido en las normas de reparto, al magistrado Antonio Pedreira.

El TSJM considera que aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción por los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".

Por ello, tratándose de personas respecto a las cuales el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden al TSJ de Madrid, la Sala Civil y Penal de este Alto Tribunal considera que es la competente para instruir el procedimiento.

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lunes, 30 de marzo de 2009

GARZÓN INTERROGA A LOS DIEZ ÚLTIMOS IMPUTADOS DEL CASO GÜRTEL


EFE

Madrid, 30 mar (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón continuará esta mañana tomando declaración a los diez últimos imputados en el llamado "caso Gürtel", que ascienden ya a casi sesenta, han informado fuentes jurídicas.

En un auto notificado el día 17 y hecho público el pasado viernes, Garzón amplió las imputaciones por los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo y tráfico de influencias a estas diez personas, la mitad de las cuales han comparecido ya ante el juez.

En este auto figuraban once personas, aunque una de ellas Tomás Martín Morales, ya había sido imputado anteriormente por el magistrado.

Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

De hecho, la semana pasada el juez inició los trámites para decretar la administración judicial de doce empresas intervenidas a esta trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentran en prisión por estos hechos. EFE na/ero.

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UNA HISTORIA QUE INCLUYE A AGAG Y SU ALEGRE MUCHACHADA SIN OLVIDAR A ROMERO DE TEJADA, ENTRE LA COPIESTERÍA Y CAJAMADRID

Los presuntos tramposos, instalados en la derecha política

En los primeros años setenta del siglo pasado, un western atípico, llamado El día de los tramposos, cosechó un notable éxito en las pantallas españolas. Grandes actores, como Kirk Douglas y Henry Fonda, avalaban el interés suscitado por la película. Unos doce años antes -hacia 1959-, también fue muy vista por el público de nuestro país, una españolada bajo el título genérico de Los tramposos, con un reparto de estrellas entonces emergentes como Tony Leblanc, Concha Velasco, Laura Valenzuela y Antonio Ozores.

En la actualidad, los tramposos han abandonado el cine –aunque puedan reaparecer en cualquier momento- y se han instalado en la derecha política, de modo que frecuentan la madrileña calle de Génova y otros enclaves conservadores. Muchos de los tramposos se han especializado en la perversa mezcla de política y negocios, lo que no es nuevo ni mucho menos. Baste, por ejemplo, con leer a J. H. Elliot en su libro sobre el conde-duque de Olivares. En los inicios del reinado de Felipe III, en el siglo XVII, “el pueblo veía tan sólo cómo los ministros del rey se comportaban con un afán desmedido de lucro y cómo prosperaban de día a día gracias al cargo que ostentaban”.

El yernísimo
Entre los tramposos, de los comienzos del siglo XXI, cabe incluir a modo de historia -que sería por cierto una película extraordinaria-, presuntamente a Alejandro Agag, el yernísimo, cuya corte de ambiciosos sin límites se movía hace unos años en el ámbito del denominado clan de Becerril, amparados todos los cachorros populares, aquella alegre muchachada, por la poderosa protección del presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar López, el hombre que casó a su hija Ana con el citado Agag y que, junto a su maniobrera esposa -obstinada en ser la segunda/primera dama del Reino- impulsaron la celebérrima boda imperial, celebrada en el Monasterio de El Escorial, eregido a instancias de Felipe II, padre del ya mencionado Felipe III.

Noble encargo
Agag era íntimo amigo -en esa época al menos-, de Francisco Correa y de sus conocidos cuatreros/pijos, sin olvidar al denominado El Bigotes, Álvaro Pérez. Hasta el punto de que fueron ellos los organizadores oficiales de la boda, noble encargo que les endosó el presidente, ansioso de satisfacer a sus distinguidísimos invitados, algunos estadistas de primera categoría y alto rango, llegados de Londres y de Roma. Uno fue el organizador. El otro fue además padrino de boda. No pocos figuraban en las lista de invitados.

El mecánico de Agag
Han transcurrido poco más de diez años y Agag ni sabe ni contesta. Preguntado hace un par de días por el periodista Lluis Canut, en TV-3, sobre quién confeccionó la lista de invitados al enlace matrimonial, Agag recurrió a la vía del cinismo: “Debió de ser un mecánico”. Luego no quiso decir nada sobre Correa, uno de sus padrinos: “Me está entrando una especie de amnesia”. Interrogado en torno al regalo de boda que le hizo Correa, Agag manifestó: “La amnesia ahora es total”. Y requerida su opinión acerca de los casos de corrupción vinculados al PP siguió impasible, parapetado en el sarcasmo: “Mire, la amnesia se ha convertido en sordera”.

Rajoy, encogido de hombros
Agag elude hablar de Correa. Esperanza Aguirre cierra la comisión de investigación parlamentaria sobre los espías que redactan o redactaban dossiers comprometedores. Mariano Rajoy, como siempre, se ha lavado las manos y se encoge de hombros. Luís Bárcenas, senador tesorero del PP –cargo desde el que se fraguó el caso Naseiro, hace unos 20 años-, asegura que “lo de mi sueldo es una barbaridad”, pero no dice cuánto cobra ni cómo se ha multiplicado su fortuna en estos últimos años. Sáenz de Santamaría y De Cospedal continúan insistiendo que todo es un montaje y sugieren, sin pestañear, que el PP está más limpio que una patena el día del Corpus.

El estadista valenciano
El estadista valenciano, de nombre Francisco Camps, es incapaz de encontrar las facturas de sus elegantes trajes y, mientras, toma el pelo al personal proclamando que él paga sus vestidos. Trillo -que ignora el sentido del vocablo dimisión ni conoció la dignidad como ministro de Defensa- justifica a Camps y advierte que no acostumbra a pagar sus compras con tarjeta de crédito. Por cierto, esto de pagar a tocateja lo frecuentan no pocos supuestos tramposos. Como le sucede el vicepresidente de la lideresa, el impoluto González, experto en sacar tajada a las aguas de Isabel II, la reina que transformó Madrid en la corte de los milagros y las corrupciones de todo orden.

El perito pícaro de Corcubión
Los tramposos jamás se cortan un pelo. A Carmen Veiras, la jueza de Corcubión (A Coruña), uno de los peritos judiciales se la ha metido doblada. Santiago Martín Criado, profesor de Ingeniería Naval, es el pícaro de esta otra historia que nos lleva al asunto Prestige. Asesoró entonces, en 2002, al Ministerio de Fomento y, por tanto, al Gobierno Aznar y respaldó la actuación gubernamental en la catástrofe. Pero hurtó ante el Juzgado su relación con Fomento, circunstancia incompatible por aquello tan elemental de que no se puede ser a la vez juez y parte. Andaban muy fatuos en el PP por el auto de la juez exculpando a Fomento. La exculpación la han conseguido mediante una trampa flagrante. Carecen de escrúpulos y se pasan, los tramposos, por salve sea la parte su vergüenza, si es que aún les queda.

El de la copistería
¿Se acuerdan del mago de los negocios inmobiliarios y urbanísticos, Ricardo Romero de Tejada, a la sazón presidente del PP de Madrid, cuando argumentaba tras el tamayazo que sus ingresos le llegaban en buena parte como empleado de una copistería? Pues ahí está, de consejero casi perpetuo en Cajamadrid, que es otro ejemplo de ausencia de probidad popular. De trampa en trampa, de chollo en chollo, de oca a oca, y tiro porque me toca. Los tramposos, hay que reconocerlo, son linces. Se parecen a ese episcopal lince ibérico, que no es ibérico, transformado en reclamos publicitarios contra el aborto. Sin embargo, tranquilos todos. Seguimos en la corte de los milagros. Y en la de los tramposos.

Enric Sopena es director de El Plural

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EL BIGOTES, PROFESOR DE EXCEPCIÓN DE UN MÁSTER POLÍTICO EN LA PONTIFICIA DE SALAMANCA



Se presentó como "asesor de Relaciones Públicas del Gobierno de Aznar"

M. M. LLORET

El hombre fuerte de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, más conocido como El Bigotes supo aprovechar bien los contactos con políticos del Partido Popular que incluso le abrieron las puertas para convertirse en uno de los profesores de un Máster de Imagen y Asesoramiento Político que imparte la Universidad Pontificia de Salamanca. “Álvaro Pérez Alonso, asesor de Relaciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. Presidente del grupo The Orange Market”. Ésta era su tarjeta de visita en la web de la organización, que ya ha sido retirada.

En la Pontificia ya no conocen al Bigotes. Poco después de su imputación en el caso Gürtel, su fotografía desapareció de la web del Master de la universidad salmantina. Sin embargo, el pasado deja rastro y El Plural ha podido rescatar la presentación que se hacía de él antes de caer en desgracia.

























Si se consulta en la actualidad la lista de profesores, su nombre ha sido eliminado de la lista, como se puede comprobar en la página web de la universidad.

Representantes peperos...
El Bigotes compartía cartel, entre otros, con el secretario de Comunicación del PP, José Luis Ayllón, el coordinador Electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz Bujedo.

...y de Obama o el Gobierno de ZP
Pero no sólo los populares están representados en el curso. El portavoz nacional de la campaña electoral de Barack Obama en EEUU, Freddy Balsera, también figura en el claustro, al igual que la presidenta del Partido Demócrata de los Estados Unidos en España Alana Moceri, el director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Comunicación en Moncloa, Gonzalo Vázquez Villanueva y el director del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco, Francisco Llera.

9.900 euros por curso
El master ha celebrado ya tres ediciones y cuenta entre sus colaboradores con el PP y el PSOE. Los alumnos pagan 9.900 euros por el curso y las clases se imparten de octubre a junio.

De Pajares a Camps
El currículum del Bigotes es de lo más sorprendente. Fué representante del actor Andrés Pajares con quien le unían vínculos familiares (es sobrino de su ex mujer Chonchi Alonso). Incluso llegó a participar en alguna de sus películas. Hizo sus pinitos en la radio y la televisión, pero dio el pelotazo al entrar en el círculo íntimo de Correa. A través de él conoció posiblemente a Camps en el año 2000, cuando éste formaba parte del equipo de Ana Mato y los de Correa organizaban actos para el PP.

Aterrizaje en Valencia
En 2003, precisamente cuando Camps sustituyó a Zaplana en la presidencia de la Generalitat, ¡que casualidad!, Bigotes aterrizó en Valencia y fundó junto a Pablo Crespo Orange Market. De acuerdo con datos publicados por El País, en 2004, la empresa ingresó 204.000 euros, y al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros.

"Cae muy bien a la gente"
Correa supo sacar lo mejor de él y explotó su facilidad para las relaciones públicas. Así se lo hizo saber a sus allegados más íntimos: “Cae muy bien a la gente”, decía. Posiblemente por ello le hizo responsable del negociado valenciano, donde se codeó con la cúpula del PP. Muestra de las buenas relaciones del Bigotes con la élite política es que a su boda asistieron además de Camps, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

Caída en desgracia
Sin embargo, al bautizo de su primer hijo, celebrado pocos días después de ser imputado con Garzón, sólo acudió Pedro García, quien por cierto tiene en nómina a la mujer del Bigotes, que ha hecho una fulgurante carrera en Canal 9 como presentadora. En su currículum figura haber sido una de las bailarinas de las célebres Mama Chicho de Telecinco.

Días de vino y rosas
Ahora, el PP valenciano reniega de él y lamenta no haberse dado cuenta antes de su "catadura moral". Lejos quedan esos días de vino y rosas cuando El Bigotes era la sombra omnipresente en los eventos organizados no sólo por el partido sino también por la Generalitat. Él fue el organizador de eventos tan importantes como la visita del Papa a Valencia o las presentaciones del circuito urbano de Fórmula 1.

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domingo, 29 de marzo de 2009

LA AVARICIA PICÓ LA MUELA


CORRUPCIÓN / URBANISMO «MADE IN SPAIN»
EL MUNDO
EL PERIODISTA recorre La Muela y se sorprende de lo que encuentra: tres museos, plaza de toros, zoológico, viajes al Caribe... pero ni un instituto. «Bastante poco cobramos los políticos como para que no podamos recalificar», decía «Mariví», la alcaldesa, detenida por corrupciónA

Al llegar a La Muela, Dios pasaba de largo». Lo dice Marisa, los 70 en bandolera y la permanente, cual empalizada numantina, resistiendo los embates del cierzo. Todavía recuerda cuando aquello era un desierto lunar de acento maño, un pedregal con tres olivos mal encarados y los más pobres vivían en cuevas, allá en lo bajo del pueblo.

Y Dios no, pero un día de 1986 se frenó Eolo y plantó 12 molinos.De seguido, por primera vez, hizo parada y fonda el dinero. Con el parné desembarcaron las grúas. Como aquello cada vez se parecía más al resto de España, empezaron a apearse los dioses menores, los de sobremesa de hule, los Julio Iglesias, Jesulín de Ubrique y David Bustamante. De tanto en tanto, hasta venían extranjeros, que si gobernadores, que si alcaldes, a contemplar «el milagro de La Muela», que aquello era digno de aprenderse y ser contado.Y hasta corrió la voz en el pueblo, cuando Obama dijo que España era el ejemplo a seguir en materia de energías renovables, de que el presidente de EEUU podría terminar poniendo pie en este villorrio a 23 kilómetros de Zaragoza.

Esta es la historia de La Muela, un pueblo español. Quizás demasiado.Porque este municipio es un epítome del faraónico enriquecimiento de este país en las últimas décadas. El piso piloto de la corrupción made in Spain. Le llamaban «desarrollo», como en el franquismo.El faraónico decorado de oropel despertaba envidias y parabienes.Y era sólo un potaje de especulación urbanística donde (casi) todos mojaban.

Uno sabe que ha llegado a La Muela cuando, desde la A-2, divisa cientos de mástiles de secano. Como una rendición de Breda donde los lanceros portasen hélices. Se pasa del erial a la vanguardia en un giro de volante. Con el aerodinámico edificio del Museo del Viento arranca un paseo de diseño con farolas de vanguardia.Una cada cinco metros. Ni una pista de aeropuerto. Una preciosa promenade con vistas a la nada ruidosa de la autovía. Y 50 metros más allá emerge un segundo museo, el de la Vida, con una sede en forma de libélula. En las rotondas brillan horrendas estatuas de bronce. Y en la fachada del Ayuntamiento resalta un gigantesco reloj de cuco con danzantes, como si esto fuera Baviera. Volvemos a España al divisar la inmensa plaza de toros, reluciente como un chisme recién desembalado. Tiene cubierta retráctil y es más moderna que la de Zaragoza. ¿Y el instituto?, preguntamos. «A 20 kilómetros, en otro pueblo».

LA LLAMABAN «SHERIFF»
María Victoria Pinilla, 56 años, es muelana de toda la vida.«La Mariví», para los de aquí; «la sheriff», para los constructores de la zona, por su habitual chaleco negro y sus modales de John Wayne.

Cuando agarró el bastón de alcaldesa, en 1987, gestionaba la vida de 900 lugareños con 40 millones de pesetas. El 11 de marzo, La Muela llegó a su habitante 5.000 y el municipio gestiona al año 5.300 millones de las antiguas pesetas (32 millones de euros).«Esa mujer levantó este pueblo de la nada con sus manos»; «ha creado un paraíso donde no querían estar ni las culebras», comentan los lugareños.

Mariví nació con una mano delante y otra detrás. Cuando su padre murió, le tocó ordeñar vacas y vender leche, ayudar a coser a su madre y deslomarse como obrera en Cauchos Aragón S.A. Con la democracia, ella y su marido compatibilizaron la granja de conejos con la política. Fue elegida alcaldesa en 1987 por el CDS. A la legislatura siguiente, por el Partido Aragonés (PAR).Qué más daban las siglas. Lo esencial era la cuenta corriente.Que engordaba, como su pueblo, por sobredosis de talones.

En la comarca de Valdejalón se habla, con sorna, del «señorío feudal» de La Muela. «Esto es un cortijo. Aquí no ha llegado la democracia», se queja un ex concejal socialista que tiró la toalla, harto de enfrentarse contra molinos. Los hay que votan con la papeleta bien abierta para que «la Mariví» se cerciore.Luego llegaban los jamones en Navidad, las atribuciones a dedo de viviendas y los contratos.

Porque La Muela, ayuntamiento con ocho plazas de funcionarios, tiene una plantilla de casi 200 personas. El método ya lo descubrió Brezhnev, pero lo que dice el neón es que La Muela tiene un 1,7% de paro. «Y a fin de año no doy dinero a los vecinos porque es ilegal», se jactaba Mariví en la prensa.

A través de la agencia de viajes de un amigo, Mariví pagaba escapadas anuales a los ancianos del pueblo a Argentina, Finlandia, el Caribe... Partían con un Jumbo privado desde Zaragoza.

-Cómo no vamos a votar a la Mariví, si nos llevó a México, muy bonito el hotel, por cierto, y también de crucero -explican Paco y Montse, jubilados.

-¿De crucero? ¿Por dónde?

-Mmm, pues por el mar. Y a la noche había baile.

La ciudadana Kane que quería hacer de su pueblo «la segunda ciudad de Aragón» se despierta ahora en una celda compartida de la prisión de Zuera, acusada de nueve delitos (cohecho, malversación, fraude, blanqueo...). Ella, que vivía en una casa de lujo, que tiene un chalé de 400 metros en Sotogrande -«junto al de la Ana Rosa» Quintana, dicen en el pueblo-, una propiedad en Marbella, pisos en Madrid y Zaragoza, propiedades incalculables en su pueblo y veraneaba en una urbanización de lujo de Punta Cana, junto a estrellas de Hollywood.

«TODO SE VEIA VENIR»

Mariví no escatimaba en caprichos. La familia se compró tres BMW de una tacada. Pagó 18.000 euros por ir a Argentina a ver la final de la Copa Davis. Cuando se registró su casa, se encontraron 60.000 euros en morados, los billetes de 500. En las cajas fuertes bancarias de ella y otros imputados, otros 780.000 euros más varios lingotes de oro.

Bien estiraba el sueldo Mariví: 36.000 euros anuales. «Bastante poco cobramos los políticos como para que no podamos recalificar», soltó un día. La frase, quizás un lapsus, quizás sinceridad aragonesa, podría ser el eslogan de una época en España. Ella prefirió inventar otro para sus dominios: «La Muela, un pueblo con el viento a favor». Y con la energía eólica empezó todo.

Desde todos los confines del pueblo parten los infinitos campos de molinos que pusieron a La Muela en el mapa. Ahora hay 500 y las empresas que los instalan pagan 3.000 euros anuales por cada uno. El foráneo se pregunta por qué hay gente que camina con capucha a pleno sol. Basta salir del coche para sentir el latigazo del cierzo, el viento frío y cabrón del Moncayo. Pero la respuesta al manantial de dinero que inundó este páramo no está en el viento, sino a ras de tierra.

«Todo fue por avaricia y se veía venir desde hace tiempo», comenta Pedro (nombre ficticio), que fue teniente de alcalde de Mariví, El fue testigo de «facturas irregulares, asignaciones a dedo y muchas cosas incorrectas». Mariví, según explica a Crónica, recalificaba a cambio de su copiosa propina. «Siempre hablaban de los señores de Madrid. Luego éstos llegaban con los maletines, pagaban a cuatro y vendían a 24».

Mariví entregó la gestión del urbanismo a la Sociedad Urbanística La Muela, que ella misma presidía. En los últimos años recalificó hasta siete millones de metros cuadrados. Su brazo derecho, Julián de Miguel, presidente de la promotora Aranade, en libertad bajo fianza de 120.000 euros, ejecutó la mayoría de las obras. Y un megaproyecto que, según varias fuentes, desató la investigación del juez Alfredo Lajusticia: el polígono industrial Centrovía.

Cuando Pedro pidió explicaciones a Mariví, ésta le dejó clara la ecuación: «Si no estás de acuerdo, sobras. Dimite».

-¿Por qué no lo denunciaste?

La respuesta muda de Pedro está en sus hombros. Encogidos.

«La gente miraba para otro lado para enriquecerse o por miedo», critica Marisol Aured, responsable del PP en el Ayuntamiento y ex concejal de Mariví. A ella también le llegó en su día el «Tú sobras» de la sheriff.

Otros se quedaron, como el concejal encarcelado, Juan Carlos Rodrigo Vela. Trabajaba en la fábrica de General Motors. A la semana siguiente de recoger su acta apareció con un Mercedes.Con el mismo don para la síntesis que su superior en el consistorio muelano, Rodrigo Vela reconoció en un pleno que se había presentado «para cobrar».

«Teníamos la sensación de que algo muy gordo se tramaba», comentan Pedro y Adrián, responsables locales de Chunta Aragonesista (CHA), «pero carecíamos de las pruebas». No sólo ellos sospechaban.Pero el acuerdo PSOE-PAR en el Gobierno aragonés no ayudó a que se investigasen las acusaciones políticas que otros grupos habían llevado incluso a las Cortes regionales. Hasta que, hace un año, alguien denunció a la sheriff.

«El cierzo corre por el campo yerto, alborotando en blancos torbellinos la nieve silenciosa». Mariví no tiene estudios y seguramente no lea a Machado. Pero los vientos que sembró en silencio han terminado desatando una tramontana judicial, la operación Molinos, con tres encarcelados -ella, el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y el empresario madrileño José Carlos Fernández- y 26 imputados -entre ellos el hijo de Mariví, constructor, su marido, su primo, varios promotores y parte de su equipo municipal-.

El enésimo capítulo de una novela picaresca por entregas (Marbella, Andratx, Ciempozuelos, caso Gürtel, Totana ) que va camino de llenar tomos y tomos de la Historia contemporánea de España.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución el jueves en la que crucificaba a España por un «sistema de urbanización masiva» que «ha ignorado los derechos legítimos de miles de ciudadanos al tiempo que ha destruido el medio ambiente» y un laxismo frente a la «avaricia y la conducta especulativa» de autoridades locales y constructores. El informe Auken citaba La Muela en su lista de desmanes urbanísticos.

Las cifras dictan desde hace años que La Muela, con sus tres museos, su zoológico de pájaros y su plaza de toros high-tech es uno de los rincones de España con mayor calidad de vida. Y uno de los 10 municipios con mayor renta per cápita.

Si las cifras se duchasen, en La Muela tendrían que apagar primero la lavadora, porque la red de tuberías es la misma desde hace 20 años -la concesión del agua fue adjudicada a la empresa de uno de los imputados-. Si las cifras paseasen se darían cuenta de que no hay zonas verdes, pero sí decenas de urbanizaciones polvorientas a medio construir. Y como las cifras no tienen hijos, les da igual que el instituto esté en Epila, a 20 kilómetros.

Lo que sí indican las nuevas cifras es que el Ayuntamiento que simbolizó la opulencia en España está cerca de la quiebra, debe miles de euros a proveedores y tuvo deudas millonarias con Hacienda.

Aun así, y como comenta la camarera de la cafetería 4h, «el pueblo está dividido». «Quienes la votan y defienden son los de aquí de siempre, que han pillado cacho y se han hecho millonarios», dice una mujer recién instalada. «Si yo no hubiese vendido tierras éstos no tendrían donde caerse muertos, ni chalecitos, ni hostias», replica, bronco, un muelano en la barra del bar Quijote.

Muchos de estos millonetis voraces de cochazos y casoplones, que empuñaban la tarjeta de crédito con el frenesí de un sable láser, se han visto obligados ahora, arruinados, a agarrar de nuevo el arado o el torno. Como una metáfora de la España del ladrillo, la Samarkanda de Valdejalón se ha deshinchado con la violencia de un golpe del cierzo. El viento frío y cabrón del Moncayo.

EL "CEREBRO" DE LA TRAMA DE FACTURAS FALSAS DE BAENA CUADRABA CUENTAS MUNICIPALES


El secretario del alcalde arqueaba por teléfono

Manuel María Becerro | Sevilla

Rafael Santano, el supuesto cabecilla de la presunta red de facturas falsas que servía para financiar las juergas en el club de alterne Milady Palace de Marbella de personal de confianza del alcalde y senador del PSOE Luis Moreno, cometió también abusos contables en el manejo de los fondos del área de Deportes, del que era jefe de negociado por designación directa del regidor.

Así se evidencia en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil por orden del juez, en concreto la número 38 de las más de 60 que están incorporadas al sumario del caso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena. Ésta fue interceptada el 5 de septiembre de 2007 a media mañana, y en ella se recoge el diálogo entre Santano y un trabajador sin identificar vinculado a la Delegación de Deportes.

El secretario personal de Luis Moreno se interesa sobre la disponibilidad del dinero «en caja». Cuando le confirman que hay efectivo, ordena lo siguiente: «Pues deja... ahí que haya ahora mismo 500 ó 600 euros y el resto lo ingresas». Se interesa entonces por cuánto se ha recaudado en lo que se llevaba de septiembre: «Puede haber eso que dices tú, 600-700 euros». «Entonces deja otros 300 ó 400», replica Santano.

Ahí empiezan los problemas. El trabajador desconocido se preocupa: «Pero de ésta, de ésta del final de mes no puedo tocar, ¿eh?». «Quita de ahí a lo mejor algunas inscripciones de cursillos y ya está», sugiere el cerebro de la red de facturas falsas. «Pero Rafa, como es del mes pasao no puedo tocar nada», responde, lo que provoca una pequeña discusión sobre el modo en que se llevan las cuentas.

«Antes, en un papel, me decías: ‘Hay tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto’, a mano», le recuerda Santano. «A mano, sí; pero cuando no había tickets», replica el trabajador, que sin embargo no convence al secretario del alcalde: «Aunque haya tiques, a mí eso me da igual». «Ya, lo que pasa es que, como está ahora mismo, es mes pasao. El follón está en el...».

«Tú no haces listao, hasta que yo no te lo diga», ordena Santano tajante. «Pero, escúchame, yo te explico. Es que el listao sale automáticamente [inaudible] hacen los tiques». El cabecilla de la red no atiende a razones: «Otra vez, ¡que me da igual! ¿Me entiendes? Porque tú tienes que tener siempre dinero acumulao de antes, de antes». «Claro, para cambio y para todo», admite el trabajador.

Santano es claro: «Lo que yo quiero saber, antes de que salga el listao, me dices: ‘Ahora mismo tengo yo en caja tanto’. Ya te digo yo lo que dejas. Y luego ya veremos de dónde sacamos algo». El subordinado sólo le hace una petición final: «Que no sea muy descarao, hombre, porque si no...». El hombre de confianza del alcalde lo tranquiliza: «No, no, no. Poco, lo que hacíamos antes».

La referencia insistente a un momento anterior se debe a que Santano estuvo un tiempo fuera del área municipal de Deportes. Al volver a ejercer la jefatura de negociado, había cambiado el procedimiento de control de los ingresos, automatizado con la emisión de tiques que dificultaban cualquier manejo contable. De ahí el temor del empleado municipal y la insistencia de que todo vuelva a ser como antes, cuando los ingresos se llevaban «a mano».

También dinero B con placas solares

La presunta red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena también intentó sacar dinero negro con el negocio de los paneles solares. En las conversaciones telefónicas grabadas por orden del juez, el supuesto cabecilla de la red, Rafael Santano, y el otro trabajador imputado, Juan Díaz Pérez , dan detalles de la marcha de unas negociaciones para colocar placas fotovoltaicas en dependencias del Ayuntamiento.

«En edificios municipales se pueden poner placas solares y él daría 6.000 euros al año cada 100 kilowatios, y daría 3.000 euros en A y 3.000 en B», apunta Juan Díaz en una grabación realizada el 3 de octubre de 2007. A lo largo de la conversación, Santano muestra su interés en entrar en el negocio.

En concreto, cuando Díaz Pérez precisa que «se necesitan 1.500 metros cuadrados» para poder llevar a cabo la inversión, el secretario del alcalde responde: «Entonces tenemos con mi parcela, ¿no?». «Sí, ahí puedes tú poner perfectamente; eso te vale 600.000 euros», apunta Juan Díaz. «Que lo ponga él, cojones; yo no, él», replica Santano, que quiere cobrar «un alquiler en A y en B» pero se resiste a entrar en más detalles: «Yo eso por teléfono nooo... Luego me lo explicas aquí».

ELMUNDO.ES

sábado, 28 de marzo de 2009

DE LA RÚA DECIDIRÁ LA CAUSA CONTRA CAMPS, A PESAR DE LA AMISTAD QUE LES UNE


La ley dice que si existe "amistad íntima", el juez no debería actuar en el proceso



La Fiscalía Anticorrupcion no recusará al responsable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, pese a la evidencia de su amistad con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. De la Rúa es quien deberá decidir, en última instancia, si se imputan o se archivan los cargos contra el político popular, formulados por el juez Baltasar Garzón en su investigación del caso Gürtel.

Según la ley, si existe "amistad íntima o enemistad manifiesta" entre un juez que interviene en una causa y un implicado, el magistrado deberá abstenerse de actuar en el caso. De lo contrario, también podrá ser recusado por alguna de las partes, según publica el diario Levante.

"Intima y sentida relación"
El propio Camps ha reconocido y elogiado su amistad personal con el magistrado valenciano, cuando en 2008 durante un acto oficial confesó que “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”.

Los cargos contra Camps
Pinchazos telefónicos, facturas y las declaraciones del sastre José Tomás son las pruebas que ha manejado el juez Baltasar Garzón, y que evidencian las vinculaciones del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la operación Gürtel En una de las grabaciones, una de las subordinadas de Correa, Isabel Jordán, aseguraba haber pagado personalmente una factura de 30.000 euros en trajes para Camps.

ELPLURAL.COM

El Presidente del TSJV, íntimo amigo de Camps.....

Camps elude habalr de sus relaciones con los jueces.....

Los socialistas valencianos piden al Presidente del TSJV....

De Rosa pdría haber incumplido la ley asesorando a Camps.

Lo que faltaba, el juez que investigará a Camps está vinculado con la abogada de el bigotes

Orange Market nació con la llegada de Camps a la Generalitat

AGUIRRE OCULTA LOS BIENES DE SU CONSEJERO GRANADOS


JUANMA ROMERO - MADRID

Conocer el patrimonio del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, lleva camino de convertirse en misión imposible. Un informe del secretario general de la Asamblea regional, Fabio Pascua, con fecha de 26 de marzo y al que ayer tuvo acceso Público, juzga que “no existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos” del Ejecutivo autónomico. A los diputados, consigna el letrado mayor, “sólo” les cabe “solicitar de la Mesa de la Asamblea que recabe tales datos y obtener una resolución expresa al efecto”.

Es el penúltimo capítulo de una historia que arrancó el 23 de febrero. Ese día, este diario reveló que una promotora construye en Valdemoro (Madrid) una mansión de lujo al gusto del número tres de Esperanza Aguirre, que no ha pagado nada por la casa. El PSOE retó al consejero a que diera cuenta de todos sus bienes y Granados envió a la oposición dos folios. En ellos resumía sólo su patrimonio inmobiliario.

La decisión se revoca

El 16 de marzo, la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira Rodríguez (PP), acordó permitir al PSOE el acceso a la declaración de bienes y patrimonio de Granados. Una semana más tarde, el conservador Jacobo Beltrán, secretario tercero de la Cámara, interpuso un recurso contra la decisión, que Rodríguez estimó.

El diputado veía “lagunas procedimentales” que debía revisar el secretario general. Y Pascua las ha hallado. Considera que ni el Reglamento de la Cámara, de 1997, ni una resolución de 2001 –aprobada con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno–, dan a los grupos el “derecho” a este tipo de declaraciones. De hecho, aconseja que se reforme el texto de 2001 para dejar claro que la Mesa, una vez recibida la petición de los grupos, es la que tiene que decidir si la acepta o no. Rodríguez, previsiblemente, se agarrará este lunes al informe de Pascua para frenar la solicitud del PSOE.

“Pediremos que se reconsidere este informe ad hoc”, anuncia la socialista Maru Menéndez. “Es otra muestra de la estrategia de ocultación de Aguirre. Algo esconde Granados. La autonomía de Pascua queda manchada”. Con ella coincide Inés Sabanés (IU). El PP “no se pronunciará” hasta ver el escrito.

PÚBLICO.ES

UN JUZGADO INVESTIGA LA ETAPA DEL PP EN ARCOS


PEDRO ESPINOSA - Cádiz

El juzgado de instrucción número 1 de Arcos (Cádiz) ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para investigar la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Arcos (Cádiz) en el año 2002.

Entonces se firmaron varias permutas de fincas y un contrato con una promotora para construir viviendas, unos trámites en los que se han detectado irregularidades que podrían ser constitutivas de un doble delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la causa aparecen como imputados el ex delegado de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, el secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal y cuatro empresarios. A la mayoría de ellos se les ha tomado declaración en las últimas semanas.

Las irregularidades fueron detectadas por la Cámara de Cuentas en 2006 sobre datos fiscalizados de 2002, cuando el PP todavía estaba en el equipo de gobierno. El entonces teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, firmó aquel año directamente con la empresa Tecnisierra S. L., un contrato para la construcción de 18 viviendas y locales. Según el informe fiscalizador, corroborado después por la Fiscalía Anticorrupción, López Escobar no tenía delegada la competencia para este tipo de contratos, que debió firmar el alcalde.

Tampoco quedó justificada la contratación directa sin concurso. Además se modificó el uso de suelo sin el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo. A pesar de ello, el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento emitieron informes favorables.

ELPAIS

UN INFORME POLICIAL REVELA QUE BÁRCENAS RECIBIÓ PAGOS DE CORREA, SIN APARENTE JUSTIFICACIÓN


Garzón cerca al tesorero del PP por presunta corrupción

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha insistido ante la Fiscalía Anticorrupción en la presunta implicación de los aforados Luis Bárcenas, tesorero del PP, y Gerardo Galeote, eurodiputado de este partido, tras conocer el contenido de los últimos informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), que revelan pagos en metálico, recibidos por los dos militantes populares, de dinero procedente de las empresas de Francisco Correa, el principal implicado en el del caso Gürtel.

Garzón, según publica El Mundo hoy, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si considera procedente elevar una exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la vista de los últimos informes policiales, para que examine su competencia en el caso Gürtel, ya que considera «fundamentales» los «nuevos datos» contenidos en el voluminoso informe de la UDEF en el que se explican los pagos, sin aparente justificación, por parte de la empresa de Correa a Bárcenas y Galeote, durante la época en la que el presidente del PP era José María Aznar.

Garzón a la espera
El juez Garzón ha dado de plazo a la Fiscalía hasta el próximo lunes para que se pronuncie sobre el tema, y ha planteado la misma cuestión al Ministerio Público al menos otras tres veces, los días 18, 19 y 24 de febrero. El 5 de marzo último remitió las diligencias del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, pero ninguna de las dos instituciones judiciales se han pronunciado aún

El criterio de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido hasta el momento el criterio de que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la investigación de todo el caso Gürtel, a excepción de la parte relativa a los supuestos trajes regalados por las empresas de Correa al presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, que estima debe tratarlo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

EL PLURAL.COM

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EN MURCIA NO DIMITE NADIE

El alcalde de Murcia y secretario regional del PP, Miguel Ángel Cámara, asegura que la acusación de la Fiscalía al jefe de planeamiento municipal, Joaquín Peñalver, ahora excedente, de organizar una trama profesional para controlar todo el urbanismo de la Región desde el ayuntamiento capitalino “no tiene relación” con la institución que preside.

Según la fiscalía, durante diez años, de 1996 a 2006, desde su despacho en la Gerencia de Urbanismo, Peñalver organizó una red de arquitectos e ingenieros que acaparaba proyectos y actuaciones, lo que constituye indicios de delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales. Sin embargo, el alcalde Cámara, que gobierna el Consistorio desde 1995, está convencido, según dice, de que la corporación municipal se encuentra al margen de la actuación de Peñalver, su hermano y su tío -también arquitectos-, su mujer –asociada con promotores-, su suegra, otros familiares y varios promotores locales.

La actitud del alcalde del séptimo municipio en población de España, Murcia, ante las acusaciones de la Fiscalía es reveladora del clima de tolerancia hacia las irregularidades de los cargos públicos que invade la Región del Sureste. El precedente, la semana antes de conocerse estas acusaciones, es el de un edil cartagenero del PP que adjudicó obras del Plan E de Zapatero a su propio hijo por valor de más de 50.000 euros.

Este asunto ha vuelto a poner de relieve lo que se ha convertido en un mal endémico de las instituciones murcianas: los cargos públicos no dimiten, por mucho que sean pillados en falta, y a veces hasta usan sus puestos para eludir o retrasar la acción de la Justicia.

Este caso es ridículo comparado con el de Murcia, pero la actitud es la misma. La alcaldesa cartagenera, Pilar Barreiro, deshoja la margarita desde la semana pasada sobre qué hacer con su concejal de Vía Pública, Enrique Pérez Abellán, que ha incurrido en nepotismo con el dinero público. Le ha retirado las competencias, pero el edil sigue en posesión de sillón aunque lo ha puesto “a disposición” de la regidora.

La oposición socialista municipal brama por los pasillos y por los medios de comunicación olvidando que el caso Pérez Abellán no es sino uno más de la lamentablemente ya larga lista de cargos públicos murcianos que se niegan a dimitir a pesar de que la Justicia los tiene oficialmente imputados o acusados formalmente.

El anterior al del edil cartagenero fue el de un edil y portavoz socialista en otro ayuntamiento, el de Santomera. José Antonio Gil Sánchez fue formalmente acusado por la Fiscalía de delito ambiental en colaboración con el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia a cuenta de una cantera de áridos ilegal propiedad del segundo.

A los pocos días de conocerse la acusación, Gil Sánchez tomó posesión como diputado en la Asamblea Regional, en sustitución de un compañero fallecido, con lo que, como mínimo retrasa su proceso varios meses. El partido socialista cerró filas con él y lo defiende a capa y espada, señalando que su supuesto delito no tiene nada que ver con el de aquellos que meten la mano en la caja del erario público.

De uno y otro bando

Comparaban así en su beneficio los socialistas el caso santomerano con el del ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, imputado desde diciembre de 2007 por una retahíla de delitos que pueden ir desde el cohecho hasta las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Nadie le exigió la dimisión desde su partido, el PP: sólo se ha trasladado al Grupo Mixto –con gran cabreo del único diputado de IU– y sigue cobrando su sueldo a pesar de haber estado un año de baja psiquiátrica.

Con Morales andaba en las lides procesales su heredero del bastón de mando municipal totanero José Martínez Andreo, quien tampoco recapacitó lo suficiente en sus casi tres meses de prisión preventiva como para renunciar a su cargo público.

Al otro lado de la barrera también saltan los astados, como prueba que Manuel Hurtado, todo un senador del Reino, alcalde socialista que fue durante casi 30 años del municipio de Ceutí, se vale de su condición parlamentaria, en la práctica, para dificultar la acción de la Justicia, en cuyas manos lo ha puesto la Fiscalía tras encontrar irregularidades en su larga gestión municipal.

El caso más antiguo, de este tenor, es el del alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, que lleva diez años imputado por delito ecológico y ya está, desde hace casi dos, acusado formalmente de tal y con petición de pena de años de cárcel. Otra cosa no, pero sus abogados deben ser maestros en el arte procesal. Su partido, el PP, lo apoya desde el principio hasta el final.

Si cualificados representantes de la clase política mayoritaria murciana, incluyendo al ex consejero y ex delfín del presidente Valcárcel, Francisco Marqués –que ha admitido ante el juez la comisión de varios delitos fiscales para eludir, dicen, las imputaciones penales–, actúan con semejante laxitud los siguientes en la escala no pueden comportarse de manera diferente.

La lista de ediles, altos funcionarios, directores y subdirectores generales murcianos imputados o investigados formalmente por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia regional se aproxima ya al medio centenar, con amplia mayoría del PP, acorde con los resultados electorales, pero con notorio representación del PSOE. Aquí no dimite nadie.

ELCONFIDENCIAL

Urbanismo

viernes, 27 de marzo de 2009

MATO DICE QUE CONOCÍA EL JAGUAR Y QUE SEPÚLVEDA YA EXPLICÓ QUE NO FUE UN REGALO


La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha dicho hoy que "obviamente" sabía que su ex marido, el ex alcalde de Majadahonda Jesús Sepúlveda, poseía un coche Jaguar, pero ha recalcado que él ya ha explicado que "no fue un regalo".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Efe, Mato ha contestado hoy al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que su ex marido, Jesús Sepúlveda, recibió del principal encausado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, un coche de lujo como regalo cuando era secretario electoral de este partido en el año 1999. Tras aclarar que a ella los coches no le llaman "absolutamente nada la atención", Mato ha destacado que Sepúlveda ya ha dicho que "no fue un regalo" y se ha mostrado "segura" de su inocencia y de que "todas las acusaciones que se le han hecho son infundadas". "En muchos años de convivencia, Jesús Sepúlveda nunca me consultó sobre qué tipo de coche adquiría", ha aseverado Mato quien ha aclarado que ella nunca dijo que no conociera la existencia del coche, sino que no le constaba que fuera un regalo.

"Obviamente, yo sabía que había un coche. Le he dicho que yo nunca he influido en el tipo de coche que adquiría. No me extrañó, porque a Jesús Sepúlveda le gustaban y le gustan los coches, solía cambiar los coches con frecuencia, creo que se lo podía permitir", ha continuado.

La diputada del PP ha insistido en que el ex alcalde de Majadahonda "ha dicho que no se lo regalaron y va a demostrarlo" y ha subrayado que, "en todo caso", esas explicaciones "las tendrá que dar Jesús Sepúlveda". Ha hecho hincapié en que nunca ha mezclado su vida personal con la política, y ha recordado que "en muchas familias donde la actividad profesional es independiente en el hombre y la mujer, también hay independencia económica".

"Sin duda tenemos gastos compartidos, pero los coches no entraban en ese capítulo", ha puntualizado. Mato ha considerado que no tiene "por qué dar explicaciones sobre esa cuestión" y que sólo debe responder de sus responsabilidades políticas. "Desde luego, mi vida familiar, mi vida privada, la que no tiene que ver con la política es mía y de mi familia y nunca voy a entrar en ello", ha concluido.

ELCONFIDENCIAL

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Corrupción Gürtel

Correa

GARZÓN IMPUTA A OTRAS DIEZ PERSONAS EN EL "CASO GÜRTEL"


Efe. Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a otras diez personas en el llamado "caso Gürtel", con lo que el número de imputados asciende ya a casi sesenta, según han informado fuentes jurídicas. Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

Algunos de estos nuevos imputados por los delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España

Se trata de Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi, Eduardo Eraso y Tomás Martín Morales.

Se da la circunstancia de que Martín Morales ya figuraba entre los imputados en esta causa y de hecho dimitió el pasado día 6 como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), al conocerse su imputación.

Garzón tomó la decisión de imputar a estas once personas en un auto notificado el pasado 17 de marzo, un día antes de tomar declaración a los seis que imputó el mismo día que se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y entre los que figuraban los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.

Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes. También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.

El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.

Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.

Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

ELCONFIDENCIAL

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Caso Gürtel

Francisco Correa

Baltasar Garzón

TRES DIPUTADOS DE AGUIRRE, SEÑALADOS POR VARIOS DELITOS

La red de corrupción que dirigía Francisco Correa hizo sus principales negocios en la Comunidad de Madrid gracias a la connivencia de varios alcaldes y de tres diputados autonómicos: Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP está a la espera de que sean imputados -algo que deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- para pedirles que entreguen su acta de diputado y suspenderles de militancia.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala múltiples indicios de que los tres parlamentarios autonómicos del PP "percibieron diversos pagos" por parte de los dirigentes de la trama corrupta. Anticorrupción sostiene que esos pagos se hicieron en función del cargo que los parlamentarios ocupaban en el momento del supuesto delito, por lo que concluye que los tres podrían haber cometido un delito de "cohecho en sus diversas modalidades" y otro de "tráfico de influencias".

- Alberto López Viejo. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción apunta que en la carpeta de un archivo informático con el nombre Pendrive Trascend 8GB, hallada en el registro de la sede principal de la trama corrupta, aparecen apuntes con el nombre de Alberto López Viejo, que en la etapa investigada ocupó los cargos de viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Desde estos puestos se encargó de organizar todos los actos institucionales de Esperanza Aguirre, cuyo montaje encargaba a empresas de la trama. En los apuntes encontrados en la investigación judicial aparecen supuestos pagos de al menos 286.000 euros a López Viejo por parte de la trama corrupta.

- Benjamín Martín Vasco. Desde el 28 de agosto de 2003 hasta el 17 de octubre de 2008, la contabilidad de la trama registró pagos a Benjamín Martín Vasco, que fue alto cargo del Ayuntamiento de Arganda (Madrid), donde supuestamente facilitó los negocios de Correa. Entre las entregas en efectivo y el pago de viajes, joyería, gastos de boda y estancia en hoteles, Martín Vasco recibió de la red corrupta 345.166 euros.



- Alfonso Bosch. Como alto cargo en la empresa pública de gestión de suelo del Ayuntamiento de Boadilla (Madrid), este diputado mantuvo relaciones con las empresas de Correa. La investigación ha acreditado, a partir de la contabilidad de la trama, que Bosch recibió al menos 120.000 euros.

ELPAIS.COM

COMUNIDAD DE MADRID, LA SUMA DE TODOS (LOS FAMILIARES DE AGUIRRE Y ALTOS CARGOS)


El Gobierno regional suministra trabajo y contratos al entorno del PP




Gobierno regional de la popular Esperanza Aguirre se ha convertido en una maquinaria para dar empleo tanto a los familiares de la presidenta como a otros altos cargos de la Comunidad, especialmente su vicepresidente Ignacio González a través del Canal de Isabel II. Empresas relacionadas con familiares del PP también han conseguido sustanciosos contratos de la CAM. El lema para promocionar al Gobierno madrileño, la suma de todos, parece limitarse más bien a la suma de unos pocos, la de quienes se mueven en el entorno amistoso y familiar del PP. Muchos de estos vínculos se han evidenciado a raíz de la lucha de clanes internos demostrada con el presunto espionaje.

El canal de Isabel II es uno de los principales resortes de colocación del entorno del PP. Su gerente es Ildefonso de Miguel, cuyo sustancioso patrimonio salió a la luz a raíz de la presunta trama de espionaje. El cuñado de De Miguel, Fernando Ruano Puente, ha sido socio y administrador único de varias empresas beneficiadas por decisiones de la Comunidad de Madrid, junto con Pablo González González -hermano de Ignacio González, vicepresidente de la CAM y presidente del Canal de Isabel II- y José Juan Caballero Escudier -cuñado de Ignacio González-, también beneficiados por adjudicaciones de la empresa pública madrileña de gestión del agua.

Martín Marín-González-Aguirre
Ildefonso fue director general de Quiero TV y también es amigo y ex socio en varias aventuras de Pedro Antonio Martín Marín. En uno de los seguimientos a los que presuntamente fue sometido Ignacio González, según han publicado varios medios, se podía ver al vicepresidente acompañado en un viaje por Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de comunicación del PP. La hija de Martín trabaja en la fundación del Canal de Isabel II. El yerno de Martín es Borja Sarasola, número cuatro del PP de Madrid y viceconsejero en la vicepresidencia de González. Francisco Javier Aguirre Pemán es subdirector de márketing del Canal de Isabel II y también primo de Esperanza Aguirre.

Más González
Isabel González González, hermana de Ignacio González. Fue jefa de la Secretaría del Secretario de Estado para el Deporte, por donde también pasó Pedro Antonio Martín Marín. Ahora es, entre otras cosas, diputada de la Asamblea de Madrid.

También Gamón, el organizador de escoltas
La familia de Sergio Gamón, ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre e investigado por la Asamblea de Madrid como jefe de los supuestos espías de la Comunidad, también ha encontrado acomodo en el Gobierno regional. Su mujer fue contratada como secretaria de Manuel Soriano, entonces director general de Telemadrid, después de que la anterior secretaria le denunciase por acoso sexual. Su hija, María del Carmen Gamón, es concejala del PP de Fuenlabrada y también presidenta de Nuevas Generaciones del PP en esta localidad de Madrid.

La familia de Güemes
Por su parte, Juan José Güemes, consejero de Sanidad de Madrid y yerno de Carlos Fabra, puede ver a su hermana, Rocío Güemes Barrios, como directora de Estrategia Empresarial del Instituto Madrileño de Desarrollo.

Estos vínculos pueden comprobarse en Los Genoveses

ELPLURAL.COM

ANTICORRUPCIÓN ACREDITA QUE CAMPS RECIBIÓ MÁS DE 7.000 EUROS EN REGALOS DE LA TRAMA CORRUPTA


Y la Agencia Tributaria destapa "la elevada facturación de empresas del entramado con la Comunidad de Madrid"

La Fiscalía Anticorrupción ha acreditado que Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana implicado en el caso Gürtel, recibió regalos por valor de al menos 7.393 euros de la presunta red corrupta dirigida por Francisco Correa. Según informa El País, los propietarios de la tienda que vendía a la trama ropa para Camps han aportado facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market, la filial valenciana de la red. Anticorrupción ha añadido a estas pruebas la declaración José Tomás García, responsable de ventas del establecimiento que tuvo relación directa con el presidente para tomarle medidas o enseñarle telas. Tomás ha admitido que Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y uno de los dirigente de la trama, pagó más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco.

Todos estos datos se desprenden de un informe de 18 folios fechado el 18 de febrero que actualmente forma parte del sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana.

Delito de cohecho
Anticorrupción cree que si los hechos se acreditan durante la instrucción, se habría cometido cohecho, un delito recogido en el artículo 426 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”, reza la norma.

Relación con la trama
En cualquier caso, el escrito del fiscal explica que “por el momento” los regalos a Camps “no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama”. Garzón, sin embargo, considera que las dádivas están relacionadas con contratados adjudicados a la red corrupta por varias consejerías valencianas tal como consta en su inhibición.

Diputados madrileños
En el mismo documento de Anticorrupción, se ahonda en las conductas presuntamente irregulares de los tres diputados del PP en Madrid vinculados con la red de Correa: Alberto López Viejo (dimitido consejero de Deportes), Benjamín Martín Vasco (ex presidente de la fallida comisión investigadora del espionaje en la Comunidad) y Alfonso Bosch (también alto cargo de la empresa pública de suelo de Boadilla). En los tres casos podría existir “cohecho en sus diversas modalidad” y “tráfico de influencias” El fiscal asegura que la terna “percibió diversos pagos” de la trama corrupta. Así, López Viejo habría recibido 286.000 euros, Martín Vasco 345.166, y Bosch 120.000. Los tres, sin embargo, conservan el acta.

Intensa relación con Madrid
Finalmente, el Ministerio Público también destaca la intensa relación entre el Ejecutivo de Aguirre y la red. "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007". Este organismo ha acreditado que la Comunidad contrataba con cuatro de las empresas corruptas: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico

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LAS CLAVES PARA ENTENDER EL "CASO GÜRTEL" INVESTIGADO POR EL JUEZ BALTASAR GARZÓN
























El juez Garzón, a su llegada a la sede de la Audiencia. (EFE) (Imagen: EFE)

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A. COBOS.

Después de que saliera a la luz pública la investigación del juez de Baltasar Garzón sobre una presunta red de corrupción en torno al PP, muchos son los interrogantes que han surgido en un caso que no deja de enredarse según pasan los días.

Estas son algunas de las claves para entender mejor la 'Operación Gürtel'.

1. ¿Qué se investiga?

Una red de corrupción que supuestamente operaba en varios municipios de Madrid, así como en Valencia y en localidades de la Costa del Sol, y en la que sus integrantes están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

2. ¿Qué dice el auto del juez Garzón?

El auto del juez Garzón presentado el 12 de febrero indicaba que el "conglomerado de empresas" investigadas se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios públicos cuya identidad y cargos se están investigando".

Además señalaba que los miembros de la trama les entregaban (a los cargos públicos) "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas".

3. ¿Cuántas personas están imputadas y cuántas en prisión?

En su auto, el magistrado imputó a 37 personas por varios delitos (blanqueo, fraude fiscal...), de los que sólo tres entraron en prisión sin fianza: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Así, Garzón dejó en libertad al resto de imputados (34) sin ningún tipo de medida cautelar tras tomarles declaración. Entre ellos, se encuentran las tres primeras imputadas: Carmen Rodríguez, esposa de Correa, Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. El juez Álvaro Pérez también quedó en libertad con prohibición de salir de España.

El 27 de marzo Garzón imputa a otras once personas y, además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

4. ¿Cuántos cargos del PP se han visto salpicados y quiénes han dimitido?

Son varios y algunos de ellos desempeñan, o desempeñaban, cargos públicos. Sus nombres son los siguientes: Alberto López Viejo, que presentó su dimisión como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Arturo González Panero, que dimitió como alcalde de Boadilla; María Jesús Díaz, ex número dos en la Alcaldía de Boadilla; Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda), que cesó de su actual cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia; los diputados regionales de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; el dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, que también ha dejado su cargo.

Mientras, en Valencia, Garzón también ha relacionado al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; al diputado de las Corts valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.

Además, dimitió el presidente de la comisión que investiga el espionaje a políticos en Madrid porque también se le relaciona con esta trama mientras que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a cesar al asesor de la Junta del distrito de Moncloa, José Javier Nombela, porque había "perdido la confianza en él".

Otros implicados en el caso son Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

5. ¿Qué empresas están involucradas en la trama?

El entramado de empresas de la red de corrupción estaba compuesto por 23. Entre ellas destacan:

Special Events

Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del PP de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde Ruiz-Gallardón ha admitido que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.

Pasadena Viajes S.L.

Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos, según El País, al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003. Está siendo también investigada.

Easy Concept

Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, según el diario Público, más de 70 contratos.

Good and Better, SL

Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.

Orange Market

Es la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La empresa organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur. Su presidente, Alvaro Pérez, 'el Bigotes', pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón.

6. ¿Por qué el PP quiso personarse como acusación particular?

El PP quiso presentarse como acusación particular con la intención de "aclarar todo" ya que, según fuentes del partido, se trata de unos hechos que les afectaban directamente, aunque no explicaron a quién querían acusar. Además, para ejercer como acusación, Garzón tenía que admitirles en el caso, algo que rechazó mediante un auto.

7. ¿Por qué los populares presentaron la recusación de Garzón?

El Partido Popular presentó su escrito de recusación contra el juez Garzón (que no sea este el magistrado que lleve el caso), alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad contra el PP", así como su "interés directo o indirecto" (los populares alegaron la curiosa coincidencia de una cacería celebrada en Jaén, en la que estuvieron el magistrado y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en plena instrucción del caso). El ministro tuvo que dimitir poco después.

Además, para que la recusación se hiciera efectiva, tenían que cumplirse cinco requisitos: el PP tenía que ser parte de la acusación; era imprescindible que Garzón admitiera el recurso; para ser recusado un magistrado tienen que opinar todos las partes del caso (defensa, fiscalía, acusación...); si prospera la recusación, después decide la Sala de lo Penal que es la competente para suspender al juez; y si no se cumplen los pasos anteriores, tendrían que ir a una instancia superior para pedir su recusación.

8. ¿Por qué pidieron la inhibición de Garzón del caso?

El PP primero y posteriormente la Fiscalía Anticorrupción pidieron a Garzón que se inhibiera del caso al no apreciar indicios de la implicación en el mismo de diputados, senadores o eurodiputados del grupo popular. Es decir, de aforados (cargos públicos con protección jurídica especial) nacionales de este partido.

Si Garzón acusaba a algunos de ellos de algún delito -como era el caso de Alberto López-Viejo o Francisco Camps-, tendría que renunciar a la investigación, como pretendía el PP, y pasar el caso inmediatamante a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia o al Tribunal Supremo, juzgados que ni cuentan con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso de este tipo.

El método más utilizado en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa, algo que Garzón hizo finalmente el 5 de marzo.

Con el paso de los días antes del 5 de marzo, Garzón iba retrasando su decisión por lo que el PP decidió presentar una querella criminal por prevaricación contra el juez. Los populares acusaron al magistrado de actuar de manera "manifiestamente injusta a sabiendas" al haber superado "con creces" el plazo de tres días que establecer la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir las actuaciones a otro tribunal.

9. ¿Por qué decidió finalmente Garzón inhibirse de la investigación?

Garzón decidió inhibirse del 'caso Gürtel' el 5 de marzo, fecha en la que finalizó los interrogatorios a todos los imputados, sólo después de que se produjera la petición formal de la Fiscalía Anticorrupción para que dejase el caso.

Así, Garzón dejó parte del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por haber hallado indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, entre otros. También cedió la otra parte del caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, implicando en su auto a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Jesús Sepúlveda o Ginés López, entre otros.

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