jueves, 14 de enero de 2010

LA "TRAMA GÜRTEL" SE BENEFICIÓ TAMBIÉN DEL POLÉMICO PROYECTO DE EL CABANYAL

Dos constructoras que supuestamente financiaron al PP recibieron plusvalías de más del 10% al abandonar el proyecto

V.V.

Dos de las constructoras vinculadas a Francisco Correa que, según el informe de la Brigada contra el Blanqueo, pudieron financiar de manera irregular al PP de Valencia, se vieron beneficiadas por cuantiosas plusvalías del erario público a través de la controvertida operación urbanística del barrio valenciano de El Cabanyal. Sedesa y Lubasa entraron a formar parte de la sociedad mixta participada por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Rita Barberá para construir nuevas viviendas en el barrio pero, tres años después, abandonaron el proyecto recibiendo plusvalías del 10 por ciento de su inversión inicial.

El enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura y Rita Barberá es actual, pero en 2005 el proyecto estaba en pleno auge y la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia crearon la sociedad Cabanyal 2010 SA, participada por ambas instituciones en un 55 por ciento. Al proyecto se incorporaron también 11 constructoras que pretendía desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el barrio.

Plusvalías por encima del 10%
Entre estas constructoras, a las que se adjudicó el proyecto a dedo, se encontraban dos de las sociedades de Francisco Correa que supuestamente financiaron de manera irregular el PP de Camp: Sedesa y Lubasa. La sociedad se disolvió tres años después, en 2008, y aunque ya presentaba pérdidas en esa época, las constructoras salieron muy beneficiadas del cierre. Según informa el diario Público, el último informe de la Sindicatura de Comptes (el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana) demuestra que las empresas que conformaron la sociedad obtuvieron plusvalías por encima del 10 por ciento de sus inversiones.

Compensación a pesar de las pérdidas
Esto significa que, pese al fracaso del proyecto, las constructoras de Correa no sólo recuperaron su inversión inicial en la sociedad mixta (un total de 7,8 millones de euros), sino que además recibieron una cuantiosa “compensación" cifrada en 870.000 euros. Según el informe de la Sindicatura, se tomó como referencia para fijar esta indemnización el IPC “más un punto”. Pero alerta también de que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barberá inclumplieron los estatutos de Cabanyal 2010 SA. En ellos se fijaba que se podrían recomprar las acciones de las constructoras con el erario público, pero una vez transcurridos diez años desde la creación de la sociedad.

Por encima del valor del mercado
En resumen, Lubasa entró en la sociedad mixta haciendo una inversión de 928.000 euros a cambio de 1.856 acciones, y se marchó recibiendo por su venta 1.030.520 euros. Por su parte, Sedesa se hizo en 2005 con 500 acciones por valor de 250.000 euros, y las revendió tres años después por 277.619 euros. La Sindicatura de Comptes recuerda que Cabanyal 2010 SA ya estaba sufriendo pérdidas, por lo que las acciones no debieron venderse por su valor nominal, sino por su valor real de mercado, que era inferior al del momento de la compra. Sin embargo, la Generalitat y el Ayuntamiento pagaron de las arcas públicas el mencionado beneficio.

Demanda de la UE
Además, en octubre de 2009 la Comisión Europea anunció que tiene previsto demandar a España (las comunidades no tienen autonomía jurídica de cara a las instituciones de la UE) por el sistema de contratación que empleó el Instituto Valenciano de Vivienda, a través del cual estaba representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA. La Comisión considera que hubo una vulneración en el principio de igualdad de trato a la hora de elegir a los socios de la empresa. No obstante, desde el consistorio de Barberá aseguran que toda la operación se hizo “de acuerdo a la ley” y que esta demanda europea “quedó en nada”.

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elplural.com

"CASO MAQUILLAJE"; LOS PARIENTES DE MUNAR DICEN QUE NO GESTIONARON LA EMPRESA VIDEO U

La sociedad subvencionada por el consell pretendía obtener un canal digital

La prima de la presidenta del Parlament y su esposo sostienen que se limitaron a invertir capital en la productora investi

Coloma Munar, junto a sus abogados Pau Mas y Miquel Coca. Foto: Manu Mielnezuik

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Alivio tras la no imposición de medidas cautelares. Mallorca

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. Víctor García González y su esposa Coloma Munar Vallespir, prima del esposo de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, se desvincularon ayer ante el juez del caso Maquillaje, la presunta trama de corrupción en anteriores Consells de Mallorca entre líderes de Unió Mallorquina (UM) y empresas audiovisuales, de la gestión de la productora Video U. El matrimonio García-Munar explicó al juez Lope Sola y al fiscal anticorrupción Juan Carrau que únicamente hicieron una inversión de capital en Vídeo U, que entre 2001 y 2007 recibió varios millones de euros del Consell con contratos y subvenciones.

García González, un técnico en telecomunicaciones jubilado de Telefónica, posee el 25 por ciento de Vídeo U, paquete de participaciones que compró en 2004. Sobre el matrimonio, defendido por Miquel Coca y Pau Mas, recaen las sospechas de ser posibles testaferros de Maria Antònia Munar, también encausada en Maquillaje y que fue presidenta del Consell de Mallorca entre 1999 y 2007.

Ayer ambos reconocieron, que como resulta natural, mantienen buenas relaciones de tipo familiar con sus parientes Maria Antònia Munar y su esposo, Miquel Munar, también imputado. Los declarantes desvincularon su compra de acciones en Video U con ese parentesco o cualquier otra conexión política.

Coloma Munar, que se definió como militante activa de UM pero sin cargos en el partido, manifestó que fue su marido quien decidió poner dinero en esa empresa.

Víctor García aseguró, por su parte, que conocía desde hacía años a Ramón Cristóbal Rullan (otro implicado). El técnico en telecomunicaciones fue administrador de Laboratorios Zener, una empresa del sector audiovisual propiedad de Rullan y que era proveedora de Video U. Rullan le propuso en 2004 comprar parte del capital de Video U y el pariente de Munar vio que era una buena inversión en su campo profesional y puso 150.000 euros.

Apunta a los gestores

García González, que se casó ese mismo año con Coloma Munar, indicó que otras personas invirtieron dinero en la productora: Gestoría Sard (vinculada a Miquel Sard, pariente del ex conseller de Turismo del actual Govern Miquel Nadal, imputados ambos); y el Bufete de Joan Font, decano del colegio de Abogados, y algunos socios de dicho despacho, que adquirieron un porcentaje muy pequeño de acciones).

"Existía la posibilidad de obtener una licencia digital de conexión televisiva; teníamos muchas posibilidades de conseguir la licencia para las digitales; estábamos los primeros en aquel tema", vino a decir el declarante.

Sobre las subvenciones, ayudas y contratos de Video U y otras empresas satélites con el Consell y Radio Televisión de Mallorca, García mantuvo no saber nada. Los parientes de Munar se desvincularon del día a día de la productora e, indirectamente, apuntaron a los gestores de Vídeo U. Rullan administró la empresa entre 2004 y 2007 y el también imputado Miguel Oliver (citado a declarar para mañana junto a su ex esposa Luisa Almiñana) fue el gestor entre 2000 y 2003. En 2007 Almiñana poseía un 24% de las acciones; García González, un 25,22%; Rullan, un 15,91% y Miquel Sard y su familia otro 24,77%. Sard y García González han asegurado que nunca obtuvieron beneficios de Video U.

diariodemallorca.es

EL PORTAVOZ DEL PP SE DESMARCA DEL NEPOTISMO DEL GOBIERNO DE XÁBIA

El edil pide que se anulen las adjudicaciones a familiares del ejecutivo

ARTURO RUIZ - Dénia -

El portavoz municipal del PP de Xàbia, Juan Carlos Generoso, instó ayer a su propio partido y al BNV, que comparten el gobierno local, a anular los polémicos contratos que han adjudicado a sus familiares y allegados para redactar proyectos de obras del plan Confianza impulsado por la Generalitat. En un claro distanciamiento del criterio marcado por el alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, y por el propio presidente del PP local, Juan Moragues, que el pasado martes ratificaron los controvertidos contratos, Generoso agregó: "Me sentiría mucho más tranquilo si se revocaran esas adjudicaciones y se volviera a iniciar el proceso, porque no podemos permitir en este Ayuntamiento ni un atisbo de nepotismo".

Uno de los contratos ha sido encargado al propio hijo de Moragues, José Moragues Puga, que obtendrá 65.830 euros por redactar el proyecto para una biblioteca y centro sociocultural. Además, el de renovación del paseo del Amanecer en la playa de L'Arenal ha ido a parar a Ana Bondia, cuñada de la concejal de Urbanismo, Pepa Chorro, del BNV, por 47.256 euros. Y el actual consejero nacionalista en la concesionaria del suministro de agua Amjasa, Juan Vicente Catalá, realizará un proyecto de contenedores soterrados con un coste de 17.000 euros. Ante este entramado vínculos, Generoso señaló: "Yo como político no creo en las casualidades". Y mostró su inquietud por la posibilidad de que el ejecutivo haya incurrido en incompatibilidades.

El portavoz popular ejemplificó con la actitud del PP de Santa Pola, que sí ha anulado adjudicaciones realizadas a familiares de funcionarios, y pidió al concejal de Hacienda -el nacionalista Vicent Chorro, responsable nominal de las contrataciones- y al alcalde "una profunda reflexión" sobre el proceso de adjudicaciones. "Pese a que doy por sentado que ha sido escrupulosamente legal, también son deseables filtros de orden moral y de absoluta transparencia para que el pueblo de Xàbia recupere la confianza en sus cargos electos", afirmó.

Pese a que forma parte de la coalición que gobierna el municipio, Generoso aseguró que no fue informado de estas adjudicaciones. "Me enteré por la prensa", precisó. "Me preocupan todas las adjudicaciones", añadió el portavoz del PP, quien mostró especial inquietud por la que afecta directamente al presidente de su partido -Juan Moragues- ya que "puede servir para cuestionar toda su dilatada trayectoria política". En cuanto a los contratos que han ido a parar a la órbita del BNV, Generoso aseguró: "Lo que le suceda a mi socio de gobierno también es responsabilidad mía y de mi partido".

A esas adjudicaciones hay que sumar una cuarta para la mercantil CAT, que por 52.142 euros redactará un proyecto de renovación viaria. Esta firma está implicada en otra polémica contratación que tuvo lugar en 2005, cuando antes de que se hiciera pública la empresa que debía construir dos aparcamientos realizó estudios técnicos sobre los mismos para Ecisa, mercantil que acabó obteniendo la adjudicación. Además, el Ayuntamiento, entonces con Moragues de alcalde, le encargó después a CAT el anteproyecto y el estudio de viabilidad de los aparcamientos. Generoso también cuestionó esta adjudicación a CAT.

El portavoz popular subrayó: "Los principios de moralidad y transparencia se han de observar al máximo precisamente en obras para un plan que ha sido diseñado por nuestro partido en el Consell y que tiene una gran importancia para el futuro de la economía de Xàbia".

Quién es quién en la trama

- Juan Moragues Puga. Es el hijo del Juan Moragues, presidente del PP de Xàbia y ex alcalde. El consistorio le ha adjudicado la redacción del proyecto de la biblioteca y centro cultural por 65.830 euros.

- Ana Bondia. Es la cuñada de la edil de Urbanismo, Pepa Chorro, del BNV. El Ayuntamiento le ha adjudicado la redacción del proyecto para la renovación del Arenal. Los honorarios del contrato ascienden a 47.256 euros.

- Juan Vicente Catalá. Es consejero del BNV en la empresa concesionaria del agua. El monto del contrato asciende 17.000 euros.

- CAT. Está implicada en la presunta trama de los dos aparcamientos subterráneos en la localidad, proyecto adjudicado bajo el gobierno de Juan Moragues. Se ha hecho con un proyecto para renovación de calles por 52.142 euros.

elpaís.com

"CASO MALAYA"; DENIEGAN LA LIBERTAD A ROCA AL HABER AUMENTADO EL "GRAVE RIESGO" DE FUGA

TRIBUNALES | Ya le fue denegada en 2007

Efe | Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado un auto en el que deniega la puesta en libertad del presunto cerebro del caso 'Malaya' contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, al considerar que no ha desaparecido, sino que se ha incrementado, el "grave riesgo" de fuga.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, se rechaza la excarcelación del que fuera asesor urbanístico del Consistorio marbellí, que ya fue denegada el 13 de octubre de 2007, y después mantenida la situación de prisión preventiva sin fianza en un auto de fecha 19 de mayo de 2008, entre otras ocasiones.

La Sala reconoce que "es muy dilatado" el periodo de tiempo que lleva en prisión preventiva, ya que a finales del próximo marzo vence el período "máximo e improrrogable" de cuatro años de prisión preventiva legalmente previsto, y que Roca "aún no ha podido ser juzgado por la complejidad de la instrucción de esta causa".

No obstante, argumenta que "siguen persistiendo, incluso incrementados", los factores tenidos en cuenta a la hora de mantener su situación de privación de libertad.

Cita, entre estos factores, la gravedad de los hechos e indicios de participación de Roca en los hechos delictivos instruidos en el caso 'Malaya', al que se le imputan los delitos de cohecho de forma continuada, fraude y malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.

El tribunal considera "evidente" la gravedad de los delitos, y recuerda que el propio Ministerio Fiscal ha resaltado en su informe emitido en la vista del recurso que atribuye indiciariamente a Roca la cualidad de "jefe de la organización criminal", y que la representación procesal del Ayuntamiento de Marbella lo califica de "auténtica columna vertebral" del procedimiento.

Respecto al agravamiento de su situación procesal, la Sala señala que "ha empeorado notablemente", al haber sido condenado a 6 años de prisión por el "caso Saqueo I" de la Audiencia Nacional, y encontrarse inmerso en "numerosos procedimientos penales".

En cuanto al riesgo de fuga, insiste en que la gravedad de los hechos que se le atribuyen determinaron incluso la disolución del Ayuntamiento de Marbella, y resalta la "acumulación de frentes procesales abiertos, todos ellos de gran entidad".

Por este motivo, considera "razonable y de sentido común" que se incrementen "de manera lógica y humana" las expectativas de fuga -algunos de los imputados iniciales en el caso han eludido de esta forma la acción de la Justicia- de quien ha de enfrentarse a tales procesos penales.

Sobre las dificultades para preparar la defensa en prisión esgrimidas como alegación en el recurso de apelación que ahora se desestima, la Sala afirma que ocurre en procesos complejos, pero este inconveniente lo soportan "todos los ciudadanos que se encuentran en esa gravosa situación".

Esta dificultad, añade, puede ser superada por la "indudable dedicación y diligencia de la asistencia letrada", y por la colaboración de Roca, quien -según el propio letrado- disponía en el centro penitenciario de 42.000 folios relativos a las actuaciones, recoge el auto.

El juicio del caso 'Malaya' está previsto que comience este año en la Audiencia de Málaga con más de un centenar de imputados, lo que ha obligado a la ampliación de una sala de la Ciudad de la Justicia.

Además
* El juicio por 'Malaya' 'no irá más allá de este año'

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PP EXIGE "EXPLICACIONES" POR EL ENVÍO DE UNA AGREGADA A UN REGISTRO

POLÍTICA | En una inspección al gestor de Correa

*Pons señala al ministro del Interior como responsable de las filtraciones

Carmen Remírez de Ganuza | Madrid

El PP ha reclamado "explicaciones inmediatas" a Alfredo Pérez Rubalcaba ante la "gravedad" de la asistencia de una representante del Ministerio del Interior en un registro del caso Gürtel, sobre la que ha dado cuenta hoy EL MUNDO.

En la sede del partido, su portavoz Esteban González Pons no sólo ha exigido al ministro dichas explicaciones políticas, sino que le ha señalado ante los jueces como el probable filtrador de las informaciones sobre el caso y "contra el PP".

"Ahora sí tenemos", ha dicho, "un indicio claro de quién puede filtrar con la sola intención de dañar al PP". Y en este sentido ha instado a los jueces: "Esperamos que los jueces que investigan las filtraciones del secreto de sumario llamen a declarar a los representantes de la Policía Judicial y del Ministerio del Interior", sin descartar a las propias "autoridades políticas".

González Pons ha afirmado que su partido ampliará la denuncia presentada meses atrás con este objetivo.

El portavoz ha insistido, no obstante, en urgir al propio Rubalcaba a contestar al PP "a lo más tardar, esta misma tarde". Pese a la urgencia, el dirigente popular ha asegurado que su grupo llevará el asunto al parlamento, cuando se reabra en febrero o, tal vez, pedirán para ella la reunión de la Diputación Permanente.

"Le preguntaremos", ha dicho, "por qué representantes del Gobierno han accedido al secreto del sumario; qué se hizo con esa información; y en cuántos registros estuvieron presentes".

"La sombra de Rubalcaba es alargada", ha sentenciado Pons, antes de calificar el asunto de "inquietante" para "todos los demócratas".

Además
* Rubalcaba 'coló' a una agregada en un registro de Gürtel
* Quién es quién | Cronología

elmundo.es