martes, 29 de mayo de 2012

"CASO MALAYA"; AGUILERA DICE QUE LAS LICENCIAS LEGALES CON GIL "SE PUEDEN CONTAR CON UNA MANO"

Abogado que persiguió la actuación del ex alcalde


Efe | Málaga

Las licencias de obra otorgadas por el gobierno del fallecido Jesús Gil cuando era alcalde de Marbella que se ajusten a la legalidad "se pueden contar con los dedos de una mano", según ha asegurado este martes el letrado José Carlos Aguilera al tribunal del caso Malaya.

Aguilera fue durante muchos años una de las personas que más persiguió la forma de actuar del exalcalde, ya que representaba a Isabel García Marcos cuando ésta era portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella y cuando dejó el cargo, época en la que fue considerada el azote de Jesús Gil.

Aguilera ha comparecido ante el tribunal del caso 'Malaya' en calidad de testigo y ha asegurado que desde 1991 hasta el 2003 se pueden contar con los dedos de una mano las licencias de obra otorgadas por el gobierno de Gil que se ajusten a la legalidad urbanística.

Además, el testigo ha querido señalar en su declaración que las que se pudieron conceder conforme a la legalidad fueron por "accidente". Este letrado ha explicado que además de abogado de Isabel García Marcos también fue asesor jurídico del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Marbella tras la moción de censura a Julián Muñoz en el 2003 y que elaboró un informe técnico para el consistorio analizando el urbanismo de la ciudad.

El testigo ha añadido que con la llegada del tripartito tras la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz se inició un proceso de normalización para estudiar las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en Marbella. Además, ha agregado que al grupo municipal socialista llegaba un centenar de licencias urbanísticas semanales y que todas venían con la resolución adjunta.

El juicio del caso 'Malaya' la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español -en el de Marbella-, que comenzó en septiembre del 2010, ha entrado en su recta final.

Por ello, la próxima semana podría finalizar la fase testifical del cuarto y último bloque, el de los sobornos, donde se han tratado delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

El tribunal tiene previsto que el próximo 6 de junio finalice la fase testifical y, al día siguiente, se pretende que las acusaciones presenten por escrito sus calificaciones definitivas.

Si los plazos se cumplen, el fiscal realizaría su informe final el 11 de junio, las otras dos acusaciones (Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía) al día siguiente y, el 13, comenzarían los abogados defensores con sus exposiciones finales.

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"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA IMPUTA TRES DELITOS AL EX DELEGADO DE TRABAJO JUAN RODRÍGUEZ

Está declarando en el juzgado
El responsable de Trabajo en Sevilla percibió 36.000 euros como prejubilado
Nunca trabajó en la empresa de la que se prejubiló, Calderinox
El ex alto cargo dice que no recuerda la cantidad que recibió de la Junta

Efe | Sevilla

La juez que investiga la trama de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este martes al ex delegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y obtención fraudulenta de ayudas.

La declaración de Rodríguez, que estaba citado a las 10.30 horas, ha comenzado aproximadamente una hora y media más tarde en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Rodríguez Cordobés, que fue delegado de Trabajo entre 1999 y 2000, percibió 36.000 euros como prejubilado de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

En su declaración ante la juez, ha asegurado que no recordaba la cantidad exacta que recibió por el ERE, y ha dicho que ha abandonado su afiliación al PSOE porque la Junta de Andalucía no le ha defendido, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Además, ha afirmado que conocía al ex secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, desde hacía mucho tiempo, y ha apuntado que ambos tenían una buena relación.

Cinco delitos para un 'intruso'
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, ha imputado los delitos de obtención fraudulenta de ayudas, contra la hacienda pública, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil a Luis Llorente Herrero, un "intruso", según se denomina a los falsos prejubilados, que recibió 36.000 euros por estas ayudas irregulares.

Durante su declaración ante la juez, que se ha prolongado durante más de tres horas, Llorente ha confirmado que nunca fue trabajador de Aglomerados Morell, empresa por la que recibió la ayuda, y que no conocía la procedencia del dinero que recibió, según han informado abogados personados en la causa.

Se ha ratificado en la declaración que prestó ante la Guardia Civil, en la que señaló que la hermana de una amiga suya fue quien le puso en contacto primero con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y después con el 'conseguidor' Juan Lanzas, que fue su "enlace sindical".

Lanzas le pidió una documentación que el "intruso" entregó, aunque en ningún momento preguntó por la procedencia de la ayuda ni quiso hablar con nadie de este asunto, han añadido las fuentes.

La Fiscalía ha pedido para él una fianza por responsabilidad civil superior a 60.000 euros, a la que se han adherido todas las acusaciones particulares.

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"CASO UMBRA"; EL ALCALDE DE MURCIA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN UN CASO DE CORRUPCIÓN

Miguel Ángel Cámara, en unas jornadas de movilidad sostenible. | Sergio Enríquez-Nistal


Agencias | Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, para que preste declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El pasado 9 de abril el alcalde de Murcia, del Partido Popular, defendió que en el Ayuntamiento de Murcia "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general".

Cámara hizo estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apuntaba que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia tenía previsto imputarle en el denominado caso 'Umbra', tal como finalmente ha ocurrido.

Esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.

El PP murciano ha salido en defensa de Cámara, expresando en una nota su "plena confianza" en su gestión. "Como siempre, el PP expresa su respeto a la Justicia y muestra su plena transparencia y colaboración con todas las instancias judiciales y los principios consagrados por la Constitución Española", concluye la nota.

La concejal portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, también ha querido apoyar a su alcalde y ha defendido la legalidad de los convenios urbanísticos investigados en esta operación, añadiendo que, en lo referente a la legalidad de los convenios de la zona norte de la ciudad, "fue investigada y avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas

Operación Umbra
La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

"CASO EMARSA"; CRESPO ATRIBUYE A 2 ALTOS CARGOS YA FALLECIDOS LA CONTRATACIÓN DEL EX GERENTE DE EMARSA

Se refiere a García Antón y Coquillat
El ex alcalde de Manises niega que fuese él quien contrató a Cuesta
Dice que se lo recomendaron José Ramón García Antón y Fernando Coquillat
El primero fue conseller de Medio Ambiente y el segundo delegado del Consell

Europa Press | Valencia

El ex presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, Enrique Crespo, ha declarado este lunes ante el juez que investiga un agujero de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, que fueron los fallecidos José Ramón García Antón, que fue conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y Fernando Coquillat, delegado del Consell en Valencia, quienes le recomendaron a Esteban Cuesta como gerente de la entidad.

Así lo ha indicado en su declaración de este lunes ante el instructor de la causa, en una comparecencia que se prolongará durante otras tres jornadas en esta semana y la próxima.

De esta forma, ha negado haber sido él mismo quien le ofreciera el cargo en el Ayuntamiento de Manises que presidía, sino que, en primer lugar, fue el propio Cuesta quien se le acercó en un acto de partido y le comunicó que sabía que el gerente de Emarsa estaba enfermo y él podía gestionar la empresa "por su conocimiento en temas municipalistas" como alcalde pedáneo y en temas laborales.

Según su declaración, Crespo le contestó que, por ser un tema de partido, debía buscar "apoyos" ya que él solo tenía un voto en el consejo de administración e iba a someter la propuesta a votación porque no iba a contratar "unilateralmente" a nadie.

El también ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación ha asegurado que hubo dos personas que le causaban "consideración personal" que le hablaron de Cuesta: Fernando Coquillat -fallecido en 2005- y García Antón -que murió en agosto de 2009-.

Del primero, ha explicado que se lo dijo en un acto de partido y le definió como una persona "con predisposición, con ganas de trabajar y con conocimiento perfecto del área metropolitana", recomendación que, a su vez, procedía de otras personas ya que era "conocido por el Ayuntamiento de Valencia", por lo que "existía un conocimiento del participe mayoritario del Emshi".

Al "poco tiempo", en otro acto institucional, coincidió con García Antón, que le preguntó por cómo iba la empresa y por el estado de salud del gerente, y le instó a contratar a otro directivo porque la situación no podía seguir así.

Según su versión, le pidió que lo propusiera y, si no salía por unanimidad, tenían la opción de proponer a otras personas. Por dos ocasiones, en 2004 y 2007, el consejo de administración apoyó a Cuesta sin que él diera "orden alguna" a ningún miembro para que votara a favor.

Posición de Cuesta
Preguntado por si Cuesta le comentó que carecía de formación para ocupar el cargo, ha asegurado que "siempre" se ofreció "muy resolutivo y voluntarioso" de querer ocupar el puesto, que fue iniciativa del propio Cuesta y que nunca le refirió ninguna incapacidad para desarrollar la labor sino "todo lo contrario".

"Era conocido que el señor Cuesta era gerente en contactos con el Emshi, con la Generalitat, estaba en el comité económico de la Ecogira, daba conferencias medio-ambientales sobre gestión de agua, acudía a todos los sitios como gerente de Emarsa y como persona competente para ello, y en ningún momento ni en público ni en privado manifestó su falta de formación", ha relatado.

Asimismo, Crespo ha negado ante el juez haber dado instrucciones de contratación ni en Emarsa ni en la Emshi, ni en otras instituciones en las que ha estado al frente y ha apuntado que, como presidente del consejo, "como cargo representantivo y nunca ejecutivo", no tuvo asesoramiento por parte de determinadas personas por las que ha sido preguntado en su declaración. Así, ha señalado que era informado y asesorado de lo que el gerente o el director financiero informaba al consejo.

En esta línea, ha negado contratar con empresas como Construcciones Rocafort o Valmasmark para proveedoras de Emarsa, al tiempo que ha asegurado no conocer a sus gerentes o representantes. Al respecto, ha hecho hincapié en que "nunca" desde su posición de cargo político de la empresa ha hecho "gestión de ejecución, ni tenía despacho en Emarsa, ni secretario para ayuda de gestión" y, según ha dicho, se limitaba "como hacíamos todos los miembros del consejo de administración, una vez por mes y en el seno del consejo", a "hacer el seguimiento de la empresa".

De acuerdo con su versión, no ha sido "ejecutor" ni ha cobrado como staff de Emarsa, sino que únicamente ha percibido por asistencia a las reuniones del consejo como el resto de miembros. En relación con los informes de auditoría del director financiero, ha dicho que no eran conocidos por el consejo sino que únicamente se facilitaban a los habilitados nacionales de la entidad mientras que las cuentas generales se daban previamente a todos los consejeros.

Informes positivos
En ese caso, se aprobaba la formulación de las cuentas cuando habían sido estudiadas por el Consejo, se firmaban y se elevaban a la Emshi, órgano madre donde pasaba a la Junta general y se aprobaban de forma definitiva.

En este punto, ha reiterado sus declaraciones sobre la ampliación de capital por más de ocho millones de euros que promovió Emshi para equilibrar las cuentas de Emarsa, con todos los informes positivos por lo que no sospecharon "ninguna irregularidad".

Asimismo, Crespo ha afirmado desconocer qué compró Emarsa en El Corte Inglés; ha negado haber dado órdenes para estas compras, ni en Loewe, ni en una joyería. Sobre este punto, ha precisado que solo conoce regalos que se hicieron en Navidad en el seno del consejo y ha indicado que ha tenido conocimiento por la prensa de la existencia de un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Crespo sí que ha reconocido que como presidente de Emarsa, accedió a "esponsorizar" a la Junta Local Fallera de Manises, para comidas y cenas de integrantes, y ha negado haber autorizado ningún viaje con fondos de la empresa ni a Cuesta ni al director financiero "ni en concepto de retribuciones en especies ni nada por el estilo".

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ACUSAN DE COHECHO A VICENS POR GANAR 91.500 EUROS A CAMBIO DE UN PELOTAZO DE SON CASTELLÓ

CORRUPCIÓN | Próximo juicio
El fiscal ncluye en sus cargos por Son Oms 3 años de cárcel por otra 'dádiva'
El exconseller recibió un local y parkings en el polígono

Eduardo Colom | María J. García | Palma

En la batería de cargos y delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita ahora 19 años de prisión para el ya encarcelado Bartomeu Vicens –el único político de UM que cumple condena por el regalo de 12.000 euros públicos a su contable–, no sólo se encuentran las sumas presuntamente cobradas como «dádivas» a cambio de la recalificación del polígono de Son Oms. En el escrito de acusación que firman conjuntamente, los dos fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach también atribuyen al exconseller de Territorio de Unió Mallorquina otro presunto cohecho de 91.500 euros por el caso Vipasima, detectado en 2009 por la Agencia Tributaria.

La Fiscalía incluye y desgrana este negocio en el escrito de acusación que acaba de elevar al Juzgado que investiga desde hace tres años la trama montada en torno a Son Oms. Lo tipifica como un delito de «cohecho pasivo continuado» y pide por él tres años de prisión para el político además del «comiso de los 91.500 euros percibidos».

'Mucho más de un millón'
Anticorrupción sostiene que el negocio oculto se produjo después de que en el verano de 2004 Vicens impulsara una modificación de las normas urbanísticas en calidad de conseller insular de Territorio. Un retoque que permitía eliminar los umbrales máximos de edificabilidad en las llamadas «zonas M» de los polígonos y que «posibilitó un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias» en las zonas industriales. Aquel cambio afectó a Son Oms. Pero según concluye el fiscal también –al menos– a un determinado proyecto del polígono de Son Castelló. Un moderno edificio de oficinas promovido por un empresario muy próximo al partido y ya fallecido. El edificio Vipasima.

La Fiscalía relata cómo «tras la aprobación por el Consell [de los cambios en la normativa de las zonas M, ejecutados contra los técnicos y toda la normativa urbanística], la empresa Vipasima pudo construir en 2005 y 2006 un edificio de oficinas gracias a la nueva regulación». Concretamente, prosigue, el Ayuntamiento de Palma le había otorgado licencia para que construyese «6 oficinas y 72 aparcamientos con un presupuesto de 2,7 millones de euros». En virtud de la aprobación «instada por Vicens», la promotora «pudo construir un edificio con un presupuesto incrementado en más del 600%». Un complejo con «65 oficinas y 359 aparcamientos» y un presupuesto de «12,4 millones de euros». El beneficio para la compañía «se incrementó con aquella modificación en mucho más de un millón de euros», apostilla el fiscal.

Según su informe, Vipasima «decidió facilitar de manera totalmente gratuita el uso de locales y parkings» para «recompensar» al conseller que había «promovido el cambio de planeamiento urbanístico multiplicando el valor de sus activos». Una decisión que «Vicens aceptó y trató de esconder con la utilización de su empresa Metalumba». La ya famosa sociedad pantalla que administraba una testaferro.

De esta forma, agrega el Ministerio Público, «Metalumba adquirió de Vipasima un local y dos plazas de aparcamiento por un total de 298.032 euros del edificio construido merced a las funciones públicas de Vicens». En el contrato de compraventa se dijo, «faltando a la verdad», que Vipasima había recibido de Metalumba 72.848 euros». Y se libró una «factura inveraz» para simular que se había entregado ese dinero «a cuenta». Realmente, esgrime la Fiscalía, ese dinero no se entregó. El contrato tornó luego en un arrendamiento con opción de compra, haciendo figurar que la prima de la opción eran los 72.848 euros ficticiamente desembolsados. Además de esta suma que le fue «condonada» a Vicens, «Vipasima pagó gastos ocasionados por Metalumba por 18.703,88 euros».

Otro regalo según la Fiscalía. «Eso suponía que esa empresa había favorecido a Vicens con 91.551,88 euros». Agrega también que la «dádiva» fue «encubierta» por el antaño influyente político de UM mediante la emisión de 5 facturas falsas a nombre de Metalumba. Dos de ellas fechadas incluso un mismo día. Este escrito ha sido presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Palma como sostén de la acusación por la que la Fiscalía pide 19 años de cárcel a Vicens (el grueso de los cargos es el cobro que le atribuyen de más de 500.000 euros por recalificar Son Oms); 5 al abogado Jaime Montis y otro año de prisión a Miquel Nadal, exvicepresidente del Consell. Todavía no se ha hecho pública la apertura de juicio. El caso está por tanto pendiente de ser juzgado. Las defensas deben ahora contraponer sus argumentaciones.