viernes, 20 de enero de 2012

"CASO DE LOS TRAJES"; EL JURADO ACCEDE AL ESCRITO DEL LETRADO DE CAMPS EN EL QUE ADMITÍA SER CULPABLE


IGNACIO ZAFRA / MARÍA FABRA - Valencia

El jurado del caso de los trajes escuchó ayer la lectura de la aceptación de culpabilidad que el abogado de Francisco Camps presentó en el tribunal el 20 de julio de 2011. Ocurrió en la esperpéntica semana en la que el expresidente de la Generalitat decidió confesar los hechos, embarcó en dicha decisión al resto de imputados, y terminó dando marcha atrás, dimitiendo del cargo (por presiones de su partido) y dejando en la estacada a dos de sus compañeros de causa: su exvicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, que finalmente, fueron condenados por cohecho impropio. Ricardo Costa no llegó a firmar la aceptación de culpa porque no se fiaba de Camps, pero ayer en el juicio se leyó el fax que su letrado envió al Tribunal Superior de Valencia autorizando a otro abogado a presentar por él su conformidad con las acusaciones.

"Mediante el presente escrito comparezco y me persono como parte en las actuaciones del procedimiento", indicaba el letrado del expresidente, Javier Boix, aludiendo al auto dictado el 15 de julio de 2011 por el juez instructor José Flors que enviaba a Camps, Costa, Campos y Betoret al banquillo. "Al mismo tiempo, muestro, a los solos efectos formales, mi conformidad con los escritos de acusación en el marco de lo dispuesto en el citado auto, interesándose que se dicte sentencia de acuerdo con la misma". Boix subrayó, en su turno de la prueba documental, la expresión "a los solos efectos formales" que incluyó en el escrito.

El último día de la fase documental del llamado juicio de los trajes contó también con la reproducción de nuevas grabaciones. Entre ellas, se escuchó la conversación mantenida, en diciembre de 2008, entre el cabeza visible de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Así, Camps escuchó cómo ambos diseñaban la estrategia para que El Bigotes intercediera ante el entonces presidente y su esposa, Isabel Bas, con el objetivo de que Costa entrara a formar parte de Gobierno valenciano. "Yo, como secretario general, le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno", le dijo Costa. "Tú déjaselo caer y que lo vaya teniendo en la cabeza", le pedía a El Bigotes. "No te preocupes, pensaba darle de lo lindo por varios sitios y ese era uno de ellos", le contestó Pérez.

En otra de las grabaciones, Pérez habla con el número dos de la red, Pablo Crespo. "Te llamaba para que estés tranquilo, que lo que se está haciendo allí se está haciendo bien pero lo que sí conviene es que llamaras a 'R' que nos tiene que echar una mano porque estamos muy colgados", le dice Crespo a Pérez. "A ver si hablas con él y solucionamos algo porque sino vamos a entrar en una situación peligrosa con los bancos", añade.

EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO


La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante
La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat

María Fabra / Ignacio Zafra

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La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado “pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market”.

Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.

En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que “presuntamente abonó a Orange 199.520 euros” es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.

En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y “cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española”. Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que “investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse” en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.

El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.

Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba “Barcelona”.

Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó “Alicante” y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.

En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.

Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.

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EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA CARLOS FABRA Y LE EXIGE 4,2 MILLONES DE FIANZA

Carlos Fabra en una imagen de archivo / ÁNGELSÁNCHEZ

El expresidente de la Diputación de Castellón será juzgado por tráfico de influencias y fraude fiscal
El político popular tiene de plazo hasta el lunes para pagar o se le embargarán los bienes
Según el juez, Fabra defraudó a Hacienda cerca de 694.000 euros

María Fabra Valencia

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El titular del juzgado número 1 de Nules ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y aún líder del PP provincial, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. El juez ha impuesto una fianza de 4,2 millones de euros al acusado. Fabra tiene de plazo hasta el próximo lunes para abonarla o se le embargarán los bienes, a no ser que se declare insolvente.

La decisión judicial se ha tomado casi dos meses después de que el Tribunal Supremo ordenara que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así una decisión de la Audiencia provincial de Castellón. Este tribunal acordó en diciembre de 2010 sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

En su auto de apertura de juicio oral, con el que se remitirá el caso a la Audiencia provincial, donde ha de ser juzgado, el juez incluye a la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández, al empresario que acusó a ambos, Vicente Vilar, y a la exesposa de este, Monserrat Vives. A la primera le exige una fianza de 1.718.192 millones de euros y a Vilar y a Vives otros 800.000. Los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para abonar la cantidad. “Si transcurrido dicho término no lo verifican”, indica el auto, “embárguenseles bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia”. La fianza impuesta a Fabra trata de asegurar su responsabilidad civil, es decir, el político popular no ingresará en prisión si no la abona porque no es ese su fin.

Además, las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas. Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

El conocido como caso Fabra estalló cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La investigación desembocó en la imputación al dirigente del Partido Popular por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por fraude fiscal, tras detectar un incremento patrimonial no justificado.

En el auto con el que el titular del Juzgado de Nules dio por concluida la instrucción de este caso, el juez describe las gestiones realizadas por Carlos Fabra ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar las autorizaciones para los productos de su entonces amigo Vicente Vilar. Además, relata cómo obtuvo ganancias de este, por ejemplo, en concepto de pago de “unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados”. El juez afirma que “en parte” por las ganancias antes mencionadas, “y en parte por otras fuentes”, Carlos Fabra Carreras y su entonces esposa, María Desamparados Fernández Blanes, “obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados”.

Tras los dos informes de los peritos que cruzaron las cuentas y patrimonio de la pareja, el juez concluye que Fabra defraudó cerca de 694.000 euros, mientras que señala que Fernández dejó de ingresar en Hacienda casi 429.000 euros.

El juez de Nules no ha querido esperar a que se resuelva el recurso que la Audiencia de Castellón está debatiendo desde hace más de un mes sobre la ampliación del número de imputados en la causa, tal como solicitó la acusación popular.

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EL JUEZ DE NULES ABRE JUICIO ORAL CONTRA CARLOS FABRA Y LE FIJA UNA FIANZA DE 4,2 MILLONES

Fabra, saliendo de Juzgado de Nules. | Eugenio Torres
TRIBUNALES | También a Vicente Vilar y las dos ex mujeres

Los imputados tienen de plazo hasta el lunes para acreditar la fianza
Las partes tienen diez días para presentar escrito sobre las acusaciones
Defiende a Fabra el mismo letrado que lleva a Camps en la 'causa de los trajes'

Castellón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules, Jacobo Pin, ha emitido el auto de apertura de juicio oral contra el presidente del PP de Castellón y ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y le fija una fianza de responsabilidad civil de 4.270.859,6 euros.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo abre juicio oral contra su ex mujer, María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives. A Fernández le fija una fianza de 1.718.192,8 euros y a Vilar y Vives 800.000 euros a cada uno.

El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa, que pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a nueve años de prisión o bien con cualquiera otras penas de distinta naturales, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, y por tanto, de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuciamiento Criminal".

El titular de Nules da como plazo 'el término de una audiencia', es decir, un día (a lo sumo, hasta el lunes), para que los imputados presenten las fianzas que se les solicitan por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal y, si transcurrido ese plazo no es depositada, se procederá a embargar los bienes de su propiedad en la cantidad necesaria para cubrir la suma fijada, a no ser que se acredite la insolvencia.

Se señala como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa la Audiencia Provincial de Castellón.

Las defensas deben formular en el plazo de diez días escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, "con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento". Contra este auto no se da recurso alguno, "excepto a lo relativo a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de reforma" ante el mismo juez en un plazo de tres días.

Concluidos estos pasos, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

Antecedentes
El juzgado considera que Fabra y su ex mujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.

En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003. En relación a su ex mujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.

El abogado de Carlos Fabra y de su ex mujer es Javier Boix, letrado que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.

En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su ex esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.

Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su mujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.

Además