jueves, 31 de mayo de 2012

"CASO BOMSAI"; DOLÇA MULET: "TODA SUBVENCIÓN IBA A LA ENTIDAD SUBVENCIONADA Y NADA PARA UM"

Declaración ante el juez
La ex consellera alega que que era 'habitual' la 'correspondencia'

Europa Press | Palma

La exconsellera de Deportes y Promoción Sociocultural del Consell de Mallorca Dolça Mulet ha alegado ante el juez instructor del caso Bomsai, Juan Catany, que desde el departamento que dirigía era frecuente mantener "correspondencia" con las empresas concesionarias sobre las facturas que debían aportar para justificar la realización de los trabajos adjudicados. "Es habitual comunicar a todas las asociaciones si les falta algo para que aporten esa documentación", ha justificado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la declaración que ha prestado en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, en la que ha sido interrogada en torno a las subvenciones que obtuvo de la anterior Conselleria el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a Unió Mallorquina (UM)- pese a estar declarado insolvente.

El propio Fluxà admitió haber percibido subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular entre 2004 y 2006 a pesar de que no estar al día en el pago de sus deudas y en sus obligaciones tributarias, requisito imprescindible para acceder a las ayudas de la administración. Es más, manifestó que percibió estos pagos tras haberse entrevistado con la propia Mulet para que ésta apoyase las subvenciones.

Al respecto, Mulet ha asegurado que con estas aportaciones "no se quiso premiar al señor Fluxà por ser de UM", ya que en ese momento ella no sabía que estaba afiliado a esta formación. Es más, ha negado que el dinero fuese concedido en favor de algún miembro del partido, al aseverar que "toda subvención iba directa a la entidad subvencionada" y "nada fue" para UM, al que también pertenecía la declarante.

"CASO MALAYA"; MARBELLA VENDIÓ SUELOS A BAJO PRECIO CUYO VALOR LLEGÓ A MULTIPLICARSE POR 20

Durante la época del GIL
Los peritos de Hacienda subrayan el perjuicio patrimonial para el municipio

José Carlos Villanueva | Málaga

La dinámica siempre era la misma. Los sucesivos gobiernos del GIL en Marbella vendieron suelos municipales a precios muy inferiores a los de mercado y luego, en poco tiempo, los terrenos alcanzaban precios desorbitados en sucesivas operaciones de compra venta, que desembocaban finalmente en la edificación de viviendas.

A lo largo de la sesión de este jueves, en el juicio oral por el caso ‘Malaya’, los dos peritos arquitectos de la Agencia Tributaria, propuestos por el fiscal, han seguido desgranando toda una serie de irregularidades relacionadas con las tasaciones de terrenos. A preguntas del abogado de la Junta de Andalucía han llegado a afirmar que algunos aprovechamientos urbanísticos, cedidos por el Consistorio a terceros, “llegaron a muLtiplicar su valor por veinte” en tan sólo tres años.

Los dos expertos son conscientes de que aquellos años de bonanza inmobiliaria, entre 2000 y 2004, representaron una época de “crecimiento al alza”, pero a pesar de ello no les pareció “normal” dicho incremento de valor. Se trata de operaciones en las que aparecían sociedades del principal acusado, Juan Antonio Roca, controladas por testaferros.

Uno de los convenios analizados este jueves ha sido el firmado en 2002 entre la sociedad Cortijos La Ventilla y el Ayuntamiento de Marbella, representado por Julián Muñoz. Dicha mercantil, controlada por Roca por medio de hombres de paja, entregó 4.160 metros cuadrados de exceso de aprovechamientos al Consistorio marbellí. Se trataba de suelo rústico improductivo, tal y como constaba en el entonces PGOU vigente de 1986. El suelo se valoró en 372.000 euros.

Los dos arquitectos que han declarado ya expusieron en su informe, por escrito, que dicha aportación de suelo era “humo, algo intangible e inapropiable”, que de poco le servía al Ayuntamiento de Marbella. Aseguraron, de forma muy elocuente, que “era como aportar al convenio urbanístico una agrupación nubosa”.

A cambio de ese “humo”, en forma de terrenos de escaso valor, el equipo de gobierno presidido por Julián Muñoz entregó a Cortijos La Ventilla un exceso de aprovechamientos de igual techo, 4.160 metros cuadrados. Sin embargo se trataba de una parcela en plena Milla de Oro, concretamente en la avenida Alfonso de Hohenlohe, con la posibilidad de edificar 81 viviendas.

Lo primero que llamó la atención de los peritos de la Agencia Tributaria es que el goloso terreno cedido por el Ayuntamiento de Marbella a Cortijos La Ventilla se valorara igual que el de la finca rústica que recibía el Consistorio, osea 372.000 euros.

Según los peritos oficiales, el valor real de los aprovechamientos del suelo de la Milla de Oro, cedidos por Julián Muñoz, era de 6.710.121 euros. Dicha cantidad representa el perjuicio causado a las arcas municipales en la operación de permuta.

En abril de 2005, Cortijos la Ventilla vendió la parcela del bulevar Alfonso de Hohenlohe a la sociedad Lippizzar Investments -en poder de Roca- por 631.820 euros. Ya el 9 de febrero de 2006 Lipizzar vende por 7.873.000 euros a Edificaciones Tifan. La ganancia con esta operación para Roca en apenas cuatro años fue superior a los siete millones de euros.

Edificaciones Tifan es propiedad del promotor también procesado en ‘Malaya’ Fidel San Román. Cabe recordar que el conocido empresario madrileño ya acusó a Roca durante el juicio de haber tenido que sobornarle con 3 millones de euros, a cambio de licencias de primera ocupación para sus promociones de viviendas.

Además

PROCESADO EL EX VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE POR PARALIZAR UN HOTEL EN CABO DE GATA

TRIBUNALES | El Tribunal Supremo determinó que la licencia municipal era válida
Juan Jesús Jiménez Martín está acusado de prevaricación administrativa
También se ha ordenado el procesamiento de otro alto cargo de Medio Ambiente

Europa Press | Almería

Una jueza de Almería ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el ex viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil Círculo Agroambiental para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda, sin embargo, el sobreseimiento de las actuaciones contra el ex delegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el ex titular de Medio Ambiente Clemente García al no quedar debidamente justificada durante las diligencias su participación en los hechos ya que, según subraya, "no dictaron materialmente las resoluciones" por las que se paralización de la obra.

La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por Círculo Agroambiental, a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003. La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.

La jueza indica en el auto, fechado el día 25 y por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada "materialmente" por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una semana después confirmando la anterior en alzada presentan indicios de ser "arbitrarias", ya que "impidieron la ejecución de actos administrativos firmes" en alusión al fallo del Supremo.

En esta línea, señala que podrían haberse dictado "prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos" que, además, según remarca, conllevan una indemnización económica a favor de la empresa promotora, "previa declaración de lesividad o revisión de oficio" al tratarse de un presunto delito de prevaricación administrativa.

En concreto, la resolución objeto del procedimiento advertía tanto a Círculo Agroambiental como al Ayuntamiento de Níjar que no podría "ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente" al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildaron de "altamente improbable". En concreto, la promotora debía adaptar el proyecto de hotel en El Campillo de Gata a lo previsto "en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante" ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial, da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas en el procedimiento para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.

Expediente sancionador
La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa penal, contra Círculo Agroambiental, al entender que la empresa vulneró la normativa referente a los espacios protegidos cuando inició los trabajos previos para la construcción del hotel.

El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta de Andalucía consideró que el inmueble era "incompatible ambientalmente" con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona de B2 o área natural de interés general.

La mercantil, propiedad de los herederos del empresario Marcos Eguizabal, cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de Medio Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.

El Tribunal Supremo (TS) archivó el procedimiento incoado tras la demanda de la Junta después de que ésta desistiese de continuar con el recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya desestimó en 2009 otro recurso de la Administración en el mismo sentido por "defectos formales" en la argumentación y ratificó la validez de la licencia municipal de obras concedida para la construcción del hotel.

miércoles, 30 de mayo de 2012

ADMITIDO OTRO RECURSO DE CARLOS FABRA QUE PEDÍA ARGUMENTOS AL JUEZ POR LA FIANZA DE 4.2 MILLONES

TRIBUNALES | La Audiencia de Castellón revoca el auto del Juzgado de Nules
La Audiencia dice que ha de admitirse el recurso pero no reduce la cuantía
La cuantía se debería a la responsabilidad civil por los delitos fiscales

ELMUNDO.es | Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra Carreras, y su ex mujer, Maria Desamparados Fernández Blanes, contra el auto de fecha del 7 de marzo de 2012 dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Nules, que no admitía a trámite el recurso de reforma en el que pedía explicaciones al juez sobre la cuantía de la fianza que imponía el magistrado, cifrada en 4,2 millones para Fabra y 800.000 euros para Fernández.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), a Carlos Fabra y su ex mujer no se les permitió recurrir para solicitar la argumentación de la cuantía de la fianza y el juez debe dar cuenta de este trámite.

El tribunal señala en su auto que las resoluciones en materia de medidas cautelares son susceptibles de recurso por lo que pide al juzgado que lo admita y sustancie su decisión de fijar esa fianza. La Audiencia advierte en su auto que la decisión del juez de Nules de no admitir a trámite el recurso formulado por Fabra contra el pronunciamiento sobre la adopción de las fianzas "fue desacertada", por lo que el juzgado "debió proceder a la admisión y trámite" del recurso que deberá llevarse a cabo en la pieza de responsabilidades pecuniarias.

La sala considera que se ha privado a Carlos Fabra de la posibilidad de conocer las razones tenidas en cuenta por el juez instructor para la cuantificación de las fianzas a efectos de poder rebatir los argumentos tenidos en cuenta, lo cual, no significa, según las mismas fuentes del TSJ, que una vez admitido a trámite el recurso de reforma, el titular de Nules considere que debe detallar las explicaciones.

Tampoco supone, hasta el momento, la reducción de los 4,2 millones de fianza, puesto que, según las mismas fuentes, la cuantía se debe a la responsabilidad civil que debería cubrir en relación a los presuntos delitos fiscales, por los propios delitos, por la multa que le podría suponer y por el recargo de impagos al fisco.

Carlos Fabra está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y cuatro presuntos delitos fiscales tras determinar la semana pasada la Audiencia Provincial la inexistencia del presunto delito de cohecho, admitiendo a trámite un recurso de Carlos Fabra. Su ex mujer, María Amparo Fernández, está imputada por presuntos delitos fiscales.

"CASO PEAJE"; LOS COSTES QUE SURGÍAN EN LA CARRETERA DE MANACOR LOS ASUMÍA LA CONCESIONARIA

Declaración de un técnico


Europa Press | Palma

El asistente técnico de las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyos trabajos están siendo investigado en el marco del caso Peaje por un presunto desvío de fondos públicos, ha defendido ante la juez instructora que las facturas de los trabajos se justificaban ante la empresa concesionaria de los mismos y no ante el Consell de Mallorca, puesto la adjudicación de las obras habían recaído en manos de esta mercantil y ésta a su vez las subcontrató a la UTE que finalmente las llevó a cabo.

De hecho, durante su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, Ricardo Collado ha incidido en que la propia concesionaria, Pamasa, era la que asumía el coste de la reparación que cualquier anomalía que surgiera y que hubiera que subsanar más allá de la cantidad inicialmente presupuestado, de forma que si a alguien le supuso un "coste importante" los remates en la carretera fue a la empresa adjudicataria y no a la Institución insular.

"Cualquier reparación que debiera hacerse correspondía a Pamasa, porque el contrato era a riesgo y ventura", ha aseverado el declarante. Precisamente, las defensas niegan que el presunto sobrecoste producido durante la ejecución -que los investigadores elevan a unos 23 millones de euros- repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la Institución otorgó la concesión de los trabajos a Pamasa, que a su vez subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715, encargada así de los trabajos y sus modificaciones.

Así las cosas, el testigo ha negado que el excelador de la carretera Palma-Manacor Gabriel Mestre tomase las decisiones en torno a las modificaciones que iban realizándose durante la ejecución de las obras y, al respecto, a preguntas del letrado de Mestre, Josep de Luis, ha explicado que semanalmente se celebraban reuniones de seguimiento en las que se planificaba el trabajo a realizar la semana siguiente. "Cada semana se contrastaba lo que se había planificado con lo ejecutado y, en su caso, se incrementaban los nuevos trabajos", ha precisado.

"CASO MAQUILLAJE"; LA FISCALÍA ASEGURA QUE LA ACUSACIÓN POPULAR ES "UN APÉNDICE" DE MUNAR

Las defensas piden su expulsión
Anticorrupción también ha denunciado que el dinero público del Consell que recibía Video U aumentó un 1500% cuando Munar y Nadal se infiltraron

Eduardo Colom | María José García | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado hoy que la acusación popular del juicio por el caso Maquillaje, que estos días se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, es "un apéndice" de Maria Antònia Munar.

Los fiscales Joan Carrau y Miguel Ángel Subirán también han denunciado durante su alegato final que el dinero público del Consell de Mallorca que recibía Video U aumentó un 1500% cuando Munar y su delfín Miquel Nadal -otro de los acusados en el juicio- se infiltraron en la productora.

Los fiscales destacan, además, que cuando la ex presidenta de Mallorca se fue al Parlament en el año 2007, Video comenzó a trabajar para esa institución. Señalan que casualmente se le contrató desde Presidencia cuando ella era la presidenta.

Carrau ha destacado en sus conclusiones definitivas las "mentiras e incertezas" en las que incurrió Munar durante su declaración ante el tribunal que la juzga, informa Efe.

El fiscal ha considerado que existen suficientes pruebas para condenar a los acusados en este caso de supuesta corrupción, en el que la ex presidenta de Mallorca se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, y su expresidente Miquel Nadal a 2 años y 7 meses, por haber dado una subvención de 240.000 euros del Consell a una productora de su propiedad para elaborar un programa de radio que nunca hizo.

Durante su exposición, el fiscal ha resaltado varias partes de la declaración de Munar ante el tribunal en las que la expresidenta supuestamente "mintió", lo que a su juicio desacredita su versión desentendiéndose de la compra de la productora y de la concesión de las subvenciones.

El fiscal ha recordado que la expresidenta dijo que solo veía "de Pascuas a Ramos" a su prima política Coloma Munar, quien en cambio testificó en el juicio que la visitaba todas las semanas.

También aseguró, ha dicho, que no existía dinero negro en Unió Mallorquina (UM), mientras que el excontable de este partido afirmó en la vista que sí había y que además parte de él lo manejaba la propia Munar.

El fiscal ha apuntado que los acusados cometieron el delito de fraude a la Administración al dar dinero a la productora de Munar y Nadal, Vídeo U, para el programa de radio; el de falsedad porque elaboraron facturas falsas para justificar un trabajo que no se hizo; malversación porque se llevaron el dinero público; negociaciones prohibidas porque intervinieron para auto-adjudicarse la subvención y prevaricación porque se hizo de manera irregular.

Rechazo a la acusación popular
Por su parte, los tres abogados defensores han solicitado al tribunal que aparte de la causa a dicha acusación popular, representada por el letrado Francisco Hernando y que precisamente solicita la absolución de la ex presidenta del Parlament balear.

Los defensores de Miquel Oliver, Luisa Armiñana y Ramón Rullán reclaman la expulsión de Hernando por abuso de derecho al pedir únicamente las absoluciones para Munar y Margarita Sotomayor, ex directora de Comunicación del Consell. También solicita 3 años para Miquel Nada y 2,7 para los socios de video U, para los cuales la fiscalía ha pedido penas menores.

Hernando representa a la Asociación Justicia y Democracia, que preside un ex guardia civil autor de un libro que defiende la gestión de Munar en la venta de Can Domenge.

Peticiones de la fiscalía
En la jornada de ayer, Fiscalía Anticorrupción decidió rebajar su solicitud de condena para el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y su testaferro, Miguel Sard, al considerar la "atenuante analógica de confesión".

La petición de pena para Nadal queda en 2 años, siete meses y 15 días, para el testaferro Miquel Sard, a quien pedían dos años y tres meses, ahora solicitan un año y un mes.

Para Maria Antonia Munar, sin embargo, mantiene la solicitud de 6 años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas.

Asimismo ha retirado los cargos contra la dueña de Studio Media, Elisabeth Diéguez a quien acusaba de malversación continuada y falsedad en documento oficial y pedía para ella tres años de cárcel.

Luisa Almiñana, quien fuera administradora de Vídeo U, y Ramón Rullan, por su parte, ven incrementada la petición de condena hasta un año y cuatro meses.

Además

"CASO TÓTEM"; LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TSJ ORDENA LA "INMEDIATA" DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN DEL EXALCALDE DE TOTANA


Señalan que el delito de cohecho es continuado, que tiene pendiente otro proceso y que solo buscaba su interés propio y personal

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia(TSJRM).

En este sentido, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad".

Cabe recordar que el principal acusado en el denominado 'caso Tótem', que saltó a la luz pública en noviembre de 2007, había pedido evitar su ingreso en la cárcel al no superar los dos años de prisión.

Así como que el pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.

SENTENCIA DE MARZO

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.

En concreto, por el delito de cohecho por el cobro de comisiones se le condena a dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros; y por el de blanqueo, a la pena de cinco meses de prisión y una multa de 133.000 euros, además del comiso de dos vehículos, una vivienda en Murcia por valor de 120.000 euros y 55.800 euros que en su momento le fueron incautados.

Por el delito de falsedad, la pena de un año, seis meses y un día de prisión sustituible por una multa de 32.900 euros, y una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros; por el de malversación, la pena de cárcel de cinco meses sustituible por una multa de 3.000 euros, así como una pena de multa de un mes y 15 días; e infidelidad en la custodia de documentos, seis meses de prisión sustituibles por una multa de 10.800 euros, así como una multa de seis meses con una cuota diaria de 30 euros.

Procede también que Morales indemnice al Ayuntamiento de Totana en la cantidad de 2.945 euros por las facturas telefónicas y al mismo tiempo se decretará la nulidad de los contratos firmados.

Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero.

Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

OTRO PROCESO PENAL ABIERTO

En abril, el Ministerio Fiscal solicitó que se averiguara si existían procesos penales contra el condenado y en la información solicitada por los Juzgados de Totana detallaba que seguía contra Morales un proceso penal en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Totana por un presunto delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como por un posible delito de prevarización.

Tras lo que el Ministerio Fiscal presentó un escrito pidiendo que no se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Morales, quien solicitaba la suspensión de la pena privativa de libertad de dos años.

Finalmente, la Sala fundamenta que el artículo 80 del Código Penal dispone que los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

Sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la Sala recuerda que Juan Morales ha sido condenado por un delito continuado de cohecho cometido por funcionario público, que no ha sido un delito realizado esporádica y ocasionalmente una sola vez "porque le han tentado desde fuera los particulares con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana".

Sino que, puntualizan, "es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde, de suerte que centralizó en su condición de autoridad en el ejercicio del cargo la tramitación de los convenios urbanísticos como un suculento negocio a explotar a nivel particular, exigiendo comisiones o participaciones en la venta de terrenos, tras conseguir la calificación de urbanizables, asesorando a los particulares a tal fin no sólo a los vendedores sino también al comprador, como ha sucedido en el caso de Inmonuar S.L".

De tal forma, añaden, que "su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos de los propietarios. Concretamente 1,2 millones en la operación de 'Inmonuar'; 2,1 millones en la actuación de 'Agroproducciones Integradas S.L.'; 5,4 millones en la operación 'Visanfer' y 6,5 millones en la operación con 'Frutas Guadalentín'.

En total, 15.483.901 euros, que es la cantidad "con la que el condenado pretendía enriquecerse", lo que evidencia, según la Sala, "la magnitud de la operación y la degradación del ejercicio de funciones públicas, movido exclusivamente por el enriquecimiento privado".

Asimismo, señala que el delito de cohecho es continuado y que tiene pendiente otro proceso en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por lo que, subraya la Sala del TSJ, "durante todo el ejercicio de sus funciones propias como alcalde sólo iba dirigido al menoscabo de la función pública, y la búsqueda de su interés propio y personal".

LICENCIAS PARA CONSTRUIR 5.000 VIVIENDAS

El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.

El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

"CASO TOTEM"; ODENAN EL "INMEDIATO" INGRESO EN PRISIÓN DEL EX ALCALDE DE TOTANA

Juan Morales, ex alcalde de Totana. | Alfonso Durán


JUSTICIA | Corrupción en Murcia
Juan Morales cumplirá dos años de prisión por corrupción urbanística
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia dice que no 'ha lugar' a beneficios

Agencias | Murcia

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del ex alcalde de Totana, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

En el auto de este miércoles, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se le había impuesto a Morales en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del TSJRM.

Sobre este aspecto, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad". El principal acusado en este caso de corrupción urbanística de la localidad murciana, había pedido evitar su ingreso en prisión al no superar los dos años de prisión.

El pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ sobre el 'caso Tótem', en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.

De acuerdo con la conformidad alcanzada por la fiscalía, las defensas y los acusados, el ex alcalde de Totana y ex diputado regional fue condenado a la pena de dos años de prisión y multa de ocho millones de euros por un delito de cohecho, y a cinco meses de prisión y multa de 133.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

"CASO GÜRTEL"; VICENTE RAMBLA: "SU SEÑORÍA HA VISTO QUE MI ACTUACIÓN SE HA AJUSTADO A LA LEGALIDAD";

Vicente Rambla llega junto a su abogado al TSJ de Valencia. | José Cuéllar
La financiación del PP
El ex vicepresidente del Consell ha declarado durante cerca de tres horas

Europa Press | Valencia

El ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla ha asegurado este martes que está convencido de que el juez José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa por la presunta financiación irregular del PPCV, ha visto con su declaración que su actuación durante sus 12 años de responsabilidades en el Gobierno valenciano "ha estado siempre ajustada a la legalidad".

Rambla ha llegado sobre las 09.50 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para comparecer como imputado en la causa por la presunta financiación irregular del PPCV por las piezas que componen la causa: un supuesto delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007, presunta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market entre 2005 y 2009.

Al respecto, tras comparecer durante cerca de tres horas ante el magistrado, ha mostrado su "satisfacción" por "haber podido prestar declaración". "Estoy convencido de que su señoría ha visto que mi actuación ha estado ajustada a la legalidad como siempre lo he hecho a lo largo de mis 12 años como miembro del Gobierno de la Generalitat valenciana", ha apuntado.

Rambla ha señalado que no quería ser "descortés" con los numerosos periodistas que le aguardaban a la salida, pero ha rechazado contestar a más preguntas de los medios de comunicación.

Además

"CASO EMARSA"; CRESPO NIEGA HABER INSTADO AL EXGERENTE DE EMARSA A BUSCAR NEGOCIOS EN RUMANÍA

Duda de que lo hiciera la Epsar
'Nunca se supo, ni se habló, ni se dijo nada sobre Rumanía', afirma al juez
Admite que los estatutos de Emarsa impedían hacer negocios fuera de Valencia
Dice desconocer que se compraran entradas ni para la Fórmula 1

Europa Press | Valencia

El ex presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, Enrique Crespo, ha negado este martes ante el juez que investiga un agujero de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, que él, el Consejo de administración o la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) autorizaran o instaran al gerente de la empresa, Esteban Cuesta, a ir a Rumanía a buscar "cualquier forma de financiación o de negocio".

En su segunda declaración de esta semana ante el magistrado, que continuará el próximo martes, Crespo ha afirmado, en relación con la declaración de Cuesta de que el Consejo había intado a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y de que estaban informados tanto Crespo como los directivos de la Epsar Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, que en este órgano "por supuesto nunca se supo, ni se habló, ni se dijo nada sobre Rumanía".

Crespo, asegura en su declaración que personalmente a él no se le comunicó este extremo y "duda mucho" de que lo hicieran a la Epsar y a las personas a las que Cuesta alude en su declaración.

Limitación por los estatutos
El también ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia ha destacado que la Epsar "nada tiene que ver fuera de la Comunidad Valenciana, ni siquiera Emarsa por sus estatutos podía hacer nada fuera del área metropolitana".

Durante su declaración, ha insistido en que ni la depuradora ni la entidad pública "podían hacer nada fuera de la depuradora ni la entidad pública podían hacer nada fuera del ámbito territorial delimitado para sus competencias".

Por ello, ha achacado las manifestaciones realizadas en ese sentido por Cuesta a una "burda estrategia malintencionada" de "a saber qué se haría en Rumanía y todos los agentes que participaron en aquella aventura, de querer involucrar en todo esto al consejo de administración" y a él mismo como presidente de la entidad, así como a la Epsar, a Morenilla y Bernácer.

'Ni siquiera en Albacete'
En su opinión, Crespo se debía creer que, involucrando al consejo, podía dar posibilidad a una cosa "inverosímil jurídica y legalmente y descabellada, como podía ser que una empresa pública 100% y la Emshi, con delimitación marcada de funciones y territorialmente y presupuesto público, pudiera hacer aventuras de negocios privados ni más ni menos que en Rumanía". "Ni siquiera en Albacete", ha apuntado.

No obstante, ha precisado que no sabe si en uno o varios consejos de administración se instó a Cuesta, por medio de consejeros, a buscar nuevas fórmulas de negocio "pero en el ámbito estricto de Emarsa" y el área metropolitana, con lo que se hace referencia a empresas contaminantes de lixiviados o aquellas que tuvieran que depurar sus aguas o que tuvieran que contratar una empresa para hacerlo, entre otras.

Así, ha sostenido que nadie hubiera sospechado que se le hubiera dado un "cheque en blanco" para "ni más ni menos ir a Rumanía a buscar negocio, y porque no se le ocurrió ir a China". En esta línea, ha insistido en que en ningún caso tuvo conocimiento del tema de Rumanía "ni de los contactos, ni los viajes, ni la gente que iba y venía, lo que se pretendía hacer allí".

Preguntado por la gestión de los lodos y las declaraciones de Cuesta sobre que todas las personas que se ocupan de esta cuestión y el sistema existía "desde antiguo", ha calificado de "increíbles" las manifestaciones.

Según ha dicho, el gerente tenía todos los poderes y la gestión delegada y ha asegurado que ésta fue una toma de decisión que solo adoptó Cuesta, que le ha involucrado a él, a Morenilla, a Bernácer y a Jorge Roca, a quien desconoce y con el que nunca ha contactado ni sabía que era proveedor de Emarsa.

secadero de jamones
Durante su declaración, Crespo también ha contestado a las preguntas sobre la nueva sede que se había planteado para la entidad, y para la que se propuso un secadero de jamones, que no prosperó. El expresidente de Emshi ha explicado que el ex edil del PP en Valencia Juan Carlos Gimeno, imputado en la causa, le ofreció realizar una distribución del edificio que se eligiera.

Asimismo, ha asegurado que el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, le comunicó que el Ayuntamiento iba a ceder un solar en la avenida Ecuador para la sede, aunque luego se rechazó.

En todo caso, ha precisado que, con Gimeno no hubo contratación de ningún proyecto ni encargo de trabajo ni dio órdenes a Cuesta para pagar unas facturas a las que alude el ex edil popular. Tampoco negoció la salida laboral de Gimeno de Emarsa, según su declaración.

Comidas, lotería y Fórmula 1
Crespo ha insistido en este jornada en que no tenía secretaria ni despacho en Emarsa y, sobre las comidas de Navidad, ha apuntado que el menú lo concertaba el gerente.

En este punto, ha dicho que se hicieron hasta 2007, dada la situación de crisis, e ignoraba si en 2008 y 2009 se sigueron cargando estos gastos del Consejo. Preguntado por los pagos en lotería para estas fechas, ha dicho que recibía, igual que el resto de miembros del Consejo, un décimo, y ha negado llevarse más.

Asimismo, Crespo ha afirmado desconocer que se compraran entradas ni para la Fórmula Uno ni para el Open de Tenis, eventos a los que asegura no haber ido, ni tampoco haber encargado tickets para el acceso, en los que figura un desfase de 52.000 euros.

Además

"CASO MAQUILLAJE"; EL FISCAL REBAJA LA PETICIÓN DE PENA PARA NADAL A 2 AÑOS Y 7 MESES Y MANTIENE LA DE MUNAR

Octava jornada del juicio
La petición de pena para Nadal queda en 2 años y siete meses
Para el testaferro Miquel Sard ahora solicitan un año y un mes
Retira la acusación contra Elisabeth Diéguez
Luisa Almiñana y Ramón Rullan ven incrementada la petición de condena

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido rebajar su solicitud de condena para el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y su testaferro, Miguel Sard, al considerar la "atenuante analógica de confesión".

La petición de pena para Nadal queda en 2 años, siete meses y 15 días, para el testaferro Miquel Sard, a quien pedían dos años y tres meses, ahora solicitan un año y un mes.

Para Maria Antonia Muncar, sin embargo, mantiene la solicitud de 6 años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas. Sin embargo, la acusación popular prevé pedir mañana que se le retire la acusación, en lo que a ella respecta, a la ex presidenta del Parlament y a Margarita Sotomayor, ex directora insular de Comunicacíón.

Asimismo ha retirado los cargos contra la dueña de Studio Media, Elisabeth Diéguez a quien acusaba de malversación continuada y falsedad en documento oficial y pedía para ella tres años de cárcel.

Luisa Almiñana, quien fuera administradora de Vídeo U, y Ramón Rullan, por su parte, ven incrementada la petición de condena hasta un año y cuatro meses.

El juicio por el Caso Maquillaje entra en su recta final y podría finalizar este miércoles.

En el juicio, Nadal narró con detalle la supuesta entrega del dinero, que él entendió que procedía de UM, explicando que ocurrió en el asiento de atrás del coche oficial de Munar cuando circulaba por la autopista de Inca y que ella le señaló el sobre y le dijo: "Ahí lo tienes".

El ex conseller responsabilizó en todo momento a Munar de la toma de decisiones y de la adjudicación de las subvenciones del Consell.

Munar negó ante el tribunal estas acusaciones y afirmó que se podrían deber "a la presión de la Fiscalía" y a que las relaciones entre ella y su antiguo delfín político se deterioraron cuando ella decidió dejar la política.

Tal y como sostiene la acusación pública, una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal se hicieron con el control mayoritario de Vídeo U intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" con el objetivo de inyectarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Tanto es así que la Institución supramunicipal tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones, nunca llegó a emitirse.

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martes, 29 de mayo de 2012

"CASO MALAYA"; AGUILERA DICE QUE LAS LICENCIAS LEGALES CON GIL "SE PUEDEN CONTAR CON UNA MANO"

Abogado que persiguió la actuación del ex alcalde


Efe | Málaga

Las licencias de obra otorgadas por el gobierno del fallecido Jesús Gil cuando era alcalde de Marbella que se ajusten a la legalidad "se pueden contar con los dedos de una mano", según ha asegurado este martes el letrado José Carlos Aguilera al tribunal del caso Malaya.

Aguilera fue durante muchos años una de las personas que más persiguió la forma de actuar del exalcalde, ya que representaba a Isabel García Marcos cuando ésta era portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella y cuando dejó el cargo, época en la que fue considerada el azote de Jesús Gil.

Aguilera ha comparecido ante el tribunal del caso 'Malaya' en calidad de testigo y ha asegurado que desde 1991 hasta el 2003 se pueden contar con los dedos de una mano las licencias de obra otorgadas por el gobierno de Gil que se ajusten a la legalidad urbanística.

Además, el testigo ha querido señalar en su declaración que las que se pudieron conceder conforme a la legalidad fueron por "accidente". Este letrado ha explicado que además de abogado de Isabel García Marcos también fue asesor jurídico del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Marbella tras la moción de censura a Julián Muñoz en el 2003 y que elaboró un informe técnico para el consistorio analizando el urbanismo de la ciudad.

El testigo ha añadido que con la llegada del tripartito tras la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz se inició un proceso de normalización para estudiar las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en Marbella. Además, ha agregado que al grupo municipal socialista llegaba un centenar de licencias urbanísticas semanales y que todas venían con la resolución adjunta.

El juicio del caso 'Malaya' la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español -en el de Marbella-, que comenzó en septiembre del 2010, ha entrado en su recta final.

Por ello, la próxima semana podría finalizar la fase testifical del cuarto y último bloque, el de los sobornos, donde se han tratado delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

El tribunal tiene previsto que el próximo 6 de junio finalice la fase testifical y, al día siguiente, se pretende que las acusaciones presenten por escrito sus calificaciones definitivas.

Si los plazos se cumplen, el fiscal realizaría su informe final el 11 de junio, las otras dos acusaciones (Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía) al día siguiente y, el 13, comenzarían los abogados defensores con sus exposiciones finales.

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"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA IMPUTA TRES DELITOS AL EX DELEGADO DE TRABAJO JUAN RODRÍGUEZ

Está declarando en el juzgado
El responsable de Trabajo en Sevilla percibió 36.000 euros como prejubilado
Nunca trabajó en la empresa de la que se prejubiló, Calderinox
El ex alto cargo dice que no recuerda la cantidad que recibió de la Junta

Efe | Sevilla

La juez que investiga la trama de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este martes al ex delegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y obtención fraudulenta de ayudas.

La declaración de Rodríguez, que estaba citado a las 10.30 horas, ha comenzado aproximadamente una hora y media más tarde en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Rodríguez Cordobés, que fue delegado de Trabajo entre 1999 y 2000, percibió 36.000 euros como prejubilado de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

En su declaración ante la juez, ha asegurado que no recordaba la cantidad exacta que recibió por el ERE, y ha dicho que ha abandonado su afiliación al PSOE porque la Junta de Andalucía no le ha defendido, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Además, ha afirmado que conocía al ex secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, desde hacía mucho tiempo, y ha apuntado que ambos tenían una buena relación.

Cinco delitos para un 'intruso'
Por otro lado, la juez Mercedes Alaya, ha imputado los delitos de obtención fraudulenta de ayudas, contra la hacienda pública, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil a Luis Llorente Herrero, un "intruso", según se denomina a los falsos prejubilados, que recibió 36.000 euros por estas ayudas irregulares.

Durante su declaración ante la juez, que se ha prolongado durante más de tres horas, Llorente ha confirmado que nunca fue trabajador de Aglomerados Morell, empresa por la que recibió la ayuda, y que no conocía la procedencia del dinero que recibió, según han informado abogados personados en la causa.

Se ha ratificado en la declaración que prestó ante la Guardia Civil, en la que señaló que la hermana de una amiga suya fue quien le puso en contacto primero con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y después con el 'conseguidor' Juan Lanzas, que fue su "enlace sindical".

Lanzas le pidió una documentación que el "intruso" entregó, aunque en ningún momento preguntó por la procedencia de la ayuda ni quiso hablar con nadie de este asunto, han añadido las fuentes.

La Fiscalía ha pedido para él una fianza por responsabilidad civil superior a 60.000 euros, a la que se han adherido todas las acusaciones particulares.

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"CASO UMBRA"; EL ALCALDE DE MURCIA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN UN CASO DE CORRUPCIÓN

Miguel Ángel Cámara, en unas jornadas de movilidad sostenible. | Sergio Enríquez-Nistal


Agencias | Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía, para que preste declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El pasado 9 de abril el alcalde de Murcia, del Partido Popular, defendió que en el Ayuntamiento de Murcia "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general".

Cámara hizo estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apuntaba que el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia tenía previsto imputarle en el denominado caso 'Umbra', tal como finalmente ha ocurrido.

Esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.

El PP murciano ha salido en defensa de Cámara, expresando en una nota su "plena confianza" en su gestión. "Como siempre, el PP expresa su respeto a la Justicia y muestra su plena transparencia y colaboración con todas las instancias judiciales y los principios consagrados por la Constitución Española", concluye la nota.

La concejal portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, también ha querido apoyar a su alcalde y ha defendido la legalidad de los convenios urbanísticos investigados en esta operación, añadiendo que, en lo referente a la legalidad de los convenios de la zona norte de la ciudad, "fue investigada y avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas

Operación Umbra
La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

"CASO EMARSA"; CRESPO ATRIBUYE A 2 ALTOS CARGOS YA FALLECIDOS LA CONTRATACIÓN DEL EX GERENTE DE EMARSA

Se refiere a García Antón y Coquillat
El ex alcalde de Manises niega que fuese él quien contrató a Cuesta
Dice que se lo recomendaron José Ramón García Antón y Fernando Coquillat
El primero fue conseller de Medio Ambiente y el segundo delegado del Consell

Europa Press | Valencia

El ex presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, Enrique Crespo, ha declarado este lunes ante el juez que investiga un agujero de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, que fueron los fallecidos José Ramón García Antón, que fue conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y Fernando Coquillat, delegado del Consell en Valencia, quienes le recomendaron a Esteban Cuesta como gerente de la entidad.

Así lo ha indicado en su declaración de este lunes ante el instructor de la causa, en una comparecencia que se prolongará durante otras tres jornadas en esta semana y la próxima.

De esta forma, ha negado haber sido él mismo quien le ofreciera el cargo en el Ayuntamiento de Manises que presidía, sino que, en primer lugar, fue el propio Cuesta quien se le acercó en un acto de partido y le comunicó que sabía que el gerente de Emarsa estaba enfermo y él podía gestionar la empresa "por su conocimiento en temas municipalistas" como alcalde pedáneo y en temas laborales.

Según su declaración, Crespo le contestó que, por ser un tema de partido, debía buscar "apoyos" ya que él solo tenía un voto en el consejo de administración e iba a someter la propuesta a votación porque no iba a contratar "unilateralmente" a nadie.

El también ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación ha asegurado que hubo dos personas que le causaban "consideración personal" que le hablaron de Cuesta: Fernando Coquillat -fallecido en 2005- y García Antón -que murió en agosto de 2009-.

Del primero, ha explicado que se lo dijo en un acto de partido y le definió como una persona "con predisposición, con ganas de trabajar y con conocimiento perfecto del área metropolitana", recomendación que, a su vez, procedía de otras personas ya que era "conocido por el Ayuntamiento de Valencia", por lo que "existía un conocimiento del participe mayoritario del Emshi".

Al "poco tiempo", en otro acto institucional, coincidió con García Antón, que le preguntó por cómo iba la empresa y por el estado de salud del gerente, y le instó a contratar a otro directivo porque la situación no podía seguir así.

Según su versión, le pidió que lo propusiera y, si no salía por unanimidad, tenían la opción de proponer a otras personas. Por dos ocasiones, en 2004 y 2007, el consejo de administración apoyó a Cuesta sin que él diera "orden alguna" a ningún miembro para que votara a favor.

Posición de Cuesta
Preguntado por si Cuesta le comentó que carecía de formación para ocupar el cargo, ha asegurado que "siempre" se ofreció "muy resolutivo y voluntarioso" de querer ocupar el puesto, que fue iniciativa del propio Cuesta y que nunca le refirió ninguna incapacidad para desarrollar la labor sino "todo lo contrario".

"Era conocido que el señor Cuesta era gerente en contactos con el Emshi, con la Generalitat, estaba en el comité económico de la Ecogira, daba conferencias medio-ambientales sobre gestión de agua, acudía a todos los sitios como gerente de Emarsa y como persona competente para ello, y en ningún momento ni en público ni en privado manifestó su falta de formación", ha relatado.

Asimismo, Crespo ha negado ante el juez haber dado instrucciones de contratación ni en Emarsa ni en la Emshi, ni en otras instituciones en las que ha estado al frente y ha apuntado que, como presidente del consejo, "como cargo representantivo y nunca ejecutivo", no tuvo asesoramiento por parte de determinadas personas por las que ha sido preguntado en su declaración. Así, ha señalado que era informado y asesorado de lo que el gerente o el director financiero informaba al consejo.

En esta línea, ha negado contratar con empresas como Construcciones Rocafort o Valmasmark para proveedoras de Emarsa, al tiempo que ha asegurado no conocer a sus gerentes o representantes. Al respecto, ha hecho hincapié en que "nunca" desde su posición de cargo político de la empresa ha hecho "gestión de ejecución, ni tenía despacho en Emarsa, ni secretario para ayuda de gestión" y, según ha dicho, se limitaba "como hacíamos todos los miembros del consejo de administración, una vez por mes y en el seno del consejo", a "hacer el seguimiento de la empresa".

De acuerdo con su versión, no ha sido "ejecutor" ni ha cobrado como staff de Emarsa, sino que únicamente ha percibido por asistencia a las reuniones del consejo como el resto de miembros. En relación con los informes de auditoría del director financiero, ha dicho que no eran conocidos por el consejo sino que únicamente se facilitaban a los habilitados nacionales de la entidad mientras que las cuentas generales se daban previamente a todos los consejeros.

Informes positivos
En ese caso, se aprobaba la formulación de las cuentas cuando habían sido estudiadas por el Consejo, se firmaban y se elevaban a la Emshi, órgano madre donde pasaba a la Junta general y se aprobaban de forma definitiva.

En este punto, ha reiterado sus declaraciones sobre la ampliación de capital por más de ocho millones de euros que promovió Emshi para equilibrar las cuentas de Emarsa, con todos los informes positivos por lo que no sospecharon "ninguna irregularidad".

Asimismo, Crespo ha afirmado desconocer qué compró Emarsa en El Corte Inglés; ha negado haber dado órdenes para estas compras, ni en Loewe, ni en una joyería. Sobre este punto, ha precisado que solo conoce regalos que se hicieron en Navidad en el seno del consejo y ha indicado que ha tenido conocimiento por la prensa de la existencia de un bolso para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Crespo sí que ha reconocido que como presidente de Emarsa, accedió a "esponsorizar" a la Junta Local Fallera de Manises, para comidas y cenas de integrantes, y ha negado haber autorizado ningún viaje con fondos de la empresa ni a Cuesta ni al director financiero "ni en concepto de retribuciones en especies ni nada por el estilo".

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