lunes, 29 de octubre de 2012

DIMITE UN ALCALDE DE MURCIA QUE "COMPRÓ VOTOS A CAMBIO DE TRABAJO"


El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, anuncia su dimisión. / Israel Sanchez (EFE)
El Supremo ratifica una condena de inhabilitación contra Matías Carrillo, del PP

Javier Ruiz Murcia


El alcalde de Fortuna, localidad murciana de 10.000 habitantes, “ofreció trabajo municipal y vales de comida a ciudadanos del municipio para que le votaran” en 2003 y ganó la alcaldía por mayoría absoluta “merced a esas recompensas y promesas”. Lo dijo primero la Audiencia Provincial de Murcia —hace ahora un año y medio que emitió sentencia condenatoria, más dura que la del Supremo— y ahora lo ha ratificado el alto tribunal, circunstancia que ha obligado a Matías Carrillo (PP) a dimitir de todos sus cargos públicos y a dejar el Partido Popular de Murcia. La condena por delito electoral es de cinco años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de regidor, concejal “o cualquier otro de elección democrática”.

El resultado de aquellas elecciones de 2003 fue muy ajustado. El PP obtuvo la mayoría absoluta y siete concejales, frente a cuatro del PSOE y dos de IU, pero no los habría conseguido sin los votos por correo —más de 400— que recabó una concejal, también condenada, por trabajar para ello “en colaboración con el alcalde”. En las anteriores elecciones habían votado por correo sólo 100 personas y el incremento alertó a IU en Fortuna, que denunció el caso.

En el texto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de hace un año y medio aparecen los casos de algunas personas que IU de Fortuna y su abogado, Joaquín Dólera, denunciaron como “casos flagrantes de compra de votos.” Aparecen por ejemplo los nombres de “Primitivo, quien a cambio de votar por correo al Partido Popular fue contratado por el Ayuntamiento como auxiliar de mantenimiento de vías públicas”, o el de “Pura, a la que se la contrató como limpiadora después de haber entregado toda la documentación necesaria en relación al procedimiento completo del voto por correo.”

También está el caso de “Andrea, quien, ante la expectativa generada por la concejal de que le iban a proporcionar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de su voto entregó toda la documentación necesaria del procedimiento completo del voto por correo si bien, finalmente, no fue contratada por el Ayuntamiento”.

Así hay hasta seis casos más declarados probados por la sentencia. Según la acusación fueron varios cientos de personas en el pueblo los que “eran abordados, a veces por la calle, o en la sede del PP de Fortuna, solicitándoles el DNI suyo y el de sus padres para obtener así su voto por correo y destinarlo al Partido Popular a cambio de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de dicha localidad”.

El Supremo ha condenado a la concejala que hacía los ofrecimientos y al alcalde por actuar “en colaboración” con ella. Eso sí, absuelve al regidor de los cargos de prevaricación que también se presentaban contra él. Su dimisión se ha producido 24 horas después de conocerse la sentencia. El primer edil ha agradecido el apoyo de sus vecinos en todo este tiempo y, al ser preguntado por su futuro, ha dicho que se tomará “unos días de descanso antes de volver a su trabajo como cartero en Correos”. Carrillo siempre ha mantenido su inocencia y negó tanto en la Audiencia como después ante el Supremo que participara en operación alguna de compra de votos.

El PP de Murcia, a través de un comunicado de su vicesecretario general de Comunicación, Francisco Bernabé, ha afirmado que "se valora el ejercicio de responsabilidad del que Matías Carrillo ha hecho gala ante este acontecimiento al dimitir antes de que el partido tuviera que hacer lo que dicen sus estatutos".

Por su parte, el abogado de IU en Murcia Joaquín Dólera se ha felicitado hoy por la sentencia y ha dicho que, “como dice la canción cubana, se acabó la fiesta y el alcalde que ganó con métodos fraudulentos dejará de serlo”. Según Dólera es muy raro que el alcalde ayer celebrara una supuesta sentencia absolutoria sin conocerla. El abogado ha reconocido que cuando vio la noticia en los medios, él no tenía notificada la sentencia a pesar de ser parte del proceso, “cosa que no es lo habitual”.

Sobre el texto judicial ha recordado que la Audiencia Provincial y el Supremo "han sido benevolentes con Carrillo a la hora de acusarle" porque finalmente se libra del delito de prevaricación. Y añade: “Como curiosidad jurídica, la sentencia del Supremo pudo haberlo inhabilitado como funcionario público de cualquier tipo y no lo ha hecho. Si hubiera sido así, no podría ejercer como cartero, su anterior oficio antes de ser alcalde.”

El secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar, ha dicho que es “vergonzoso que se haya cometido en Murcia uno de los delitos peores en democracia como es el de la compra de votos”. Señala que es “muy triste que un político use las necesidades humanas para conseguir votos” y añade que “cuando salió la sentencia de la Audiencia Provincial hace un año y medio, el presidente Valcárcel debería haber exigido que Matías Carrillo se marchara”.

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"CASO DE LAS BASURAS"; "EL ALCALDE ME DICE QUE PONGA QUE SE HAN HECHO TRES CONSULTAS"


Funcionarias del Ayuntamiento de Torrevieja llegan a declarar a la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano. / CARLES FRANCESC
La Oficial Mayor de Torrevieja atribuye a Hernández Mateo las instrucciones sobre el informe de la contrata de residuos

EP Valencia


La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha atribuido al exalcalde de la localidad y diputado en las Cortes Valencianas, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.

La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.

Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el Ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".

"Era meticuloso, inteligente y con muy buena memoria, no creo  que firmara escritos sin leerlos"

La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.

Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.

"Me llamó [el exalcalde] y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el Ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.

La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuoso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.

"En 22 años en el Ayuntamiento nunca se había cambiado la composición de la mesa de contratación"

A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.

Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".

Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.

También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.

Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".

Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torreveja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.

Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.

Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.

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"CASO DE LAS BASURAS"; UNA TESTIGO DESMONTA ANTE EL TSJCV LA COARTADA DEL EXALCALDE DE TORREVIEJA


TRIBUNALES
La testigo define al alcalde como un hombre 'meticuloso' con los documentos
Hernández Mateo dijo en una sesión anterior 'él firmó decretos sin leer'
Derivó gran parte de responsabilidad al técnico municipal, ya fallecido

Juan Nieto | Valencia

Continúa este lunes en el TSJ de Valencia el juicio contra el ex alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por el conocido como '»Caso de las basuras»'. Un proceso que investiga el supuesto amaño del servicio de recogida de basuras en esta ciudad de la Vega Baja. Se trata de un contrato por el que el ayuntamiento paga a la firma que adjudico más de 9 millones de euros cada año durante diez años y que ahora esta bajo sospecha judicial.

La investigación apunta que el también diputado del PP se inventó que pedía asesoramiento a tres empresas para disfrazar la legalidad de la adjudicación. Y lo hizo pese a que la secretaria, el interventor y el arquitecto no apoyaron dar el concurso a la UTE que finalmente se hizo con el. Sólo el aparejador, padre de un concejal del PP, dio su visto bueno.

En la jornada de este lunes los testigos de ambas partes serán los protagonistas. La sesión ha arrancado con la declaración de la oficial mayor de Torrevieja, María Pilar García, que en su día estuvo imputada en la causa. La alta funcionaria ha desmontado las coartadas del ex alcalde y ha asegurado ante el tribunal que Hernández Mateo era una persona meticulosa que revisaba la documentación de los expedientes.

«Él no firmaba los decretos sin leer y muchas veces venían con correcciones a mano para que cambiásemos cosas». Además, mantiene que el diputado la llamó por teléfono para pedirle expresamente que incluyera que se había consultado a otros despachos legales. Algo inusual, según la testigo, en este consistorio.

La defensa del ex alcalde ha basado su intervención en incidir en las lagunas de esta testigo, aunque ninguna de sus afirmaciones ha girado en torno al punto en el que la técnico aseguraba que el alcalde la telefoneó para que incluyera en su decreto que habían consultado a otros despachos.

Al testimonio de esta testigo se han sumado las declaraciones de varios técnicos municipales, que han corroborado su versión sobre la "meticulosidad" del ex alcalde y su atención al detalle en todos los documentos que firmaba.

Apariencia de legalidad
Otra de las comparecencias que han dejado al descubierto contradicciones en la justificación de Hernández Mateo ha sido el del abogado de una de las empresas que supuestamente fueron invitadas por el Ayuntamiento después de que el alcalde, tal y como ha asegurado en su declaración, requiriera a tres consultoras externas la emisión de informes sobre el concurso de basuras.

Este testigo ha rechazado que el consistorio cursara invitación alguna a su empresa para emitir ningún tipo de informe y ha añadido que no sabía dónde está Torrevieja y que ha tenido conocimiento del asunto que se trataba en este juicio a través de los medios de comunicación.

Descarga de responsabilidades
En su declaración del viernes, Hernández Mateo, a preguntas del fiscal, admitió el rechazo de los técnicos a la adjudicación, pero aseguró que no se inventó la petición de asesoramiento. El diputado puntualizó que él propuso la consulta, pero que fueron los técnicos los que se encargaron de tramitarla. En concreto descargó la mayor parte de responsabilidad sobre un aparejador municipal, ya fallecido.

Finamente el ayuntamiento pagó 12.000 euros a un despacho para que asesorara al ayuntamiento (son los abogados que tradicionalmente trabajan para la UTE que se llevó el contrato millonario)

El dirigente alicantino también explico el viernes que el proceso se hizo «con toda la buena voluntad del mundo», aunque no recuerda muchas partes del contrato de las basuras y el del asesoramiento.

A Hernández Mateo se le imputan los presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos y de la consultoría de informes externos; y falsedad documental en la propuesta y en el decreto de adjudicación del contrato de consultoría.

Por el primero de los delitos, la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación para ejercer cargo público durante ocho años, mientras que por el segundo exige tres años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros.

No obstante, la acusación popular eleva la petición de pena a un total a 5 años de prisión y 14 años de inhabilitación (cinco de los cuales sería de carácter especial) y una multa diaria de 10 euros durante 20 meses.

Además

"CASO OVER MARKETING"; CABRER PIDE QUE MATAS DÉ LA CARA ANTE LA ACUSACIÓN DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Corrupción
Respecto a su posible imputación, ha afirmado que nunca tuvo 'nada que ver'
Si es imputada, podrá a disposición del partido su cargo de portavoz y su acta

Efe | Palma

La portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer, ha instado al ex presidente del partido Jaume Matas a "dar la cara" ante las acusaciones de financiación ilegal de esta organización política realizadas por responsables de la empresa de publicidad Over Marketing.

"Que las personas a las que se ha acusado den explicaciones", ha reclamado Cabrer en referencia a las supuesta incriminación de Matas y de su cuñado, y ex gerente del PP balear, Fernando Areal, por parte del publicista Daniel Mercado, quien ha declarado ante el juez José Castro en el curso de una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos en el periodo 2003-2007, tal y como adelantó EL MUNDO/El Día de Baleares.

Respecto a su posible imputación en la causa, aún bajo secreto de sumario, como titular de la Conselleria de Obras Públicas durante el último periodo de Govern de Jaume Matas, Cabrer ha afirmado que nunca tuvo "nada que ver con una supuesta financiación irregular del PP".

La portavoz ha explicado que en su etapa como consellera su departamento no contrató directamente con Over Marketing, una sociedad ligada a la trama Gürtel, porque todas las campañas de publicidad que hizo esta empresa para proyectos de Obras Públicas se gestionaron desde el área de Presidencia.

En opinión de Cabrer, las acusaciones supuestamente lanzadas sobre todo el PP por Mercado requieren de una aclaración inmediata por parte de los aludidos, Matas y Areal, a quienes ha se ha referido como "las más altas instancias" del partido en la anterior etapa.

Las explicaciones del ex presidente y el ex gerente del PP balear evitarían "el sufrimiento de mucha gente que cada día iba a trabajar al Govern y al partido".

En cuanto a las consecuencias de una hipotética imputación, dada la doctrina impuesta por José Ramón Bauzá en el PP de apartar a los imputados de listas electorales y cargos públicos, Cabrer ha dicho que, "como siempre", su cargo de portavoz parlamentaria y su acta de diputada están a disposición del partido.

No obstante, ha insistido que en Obras Públicas no se hizo durante su mandato "ningún expediente de contratación" con Over Marketing, que sí hizo diversas campañas informativas sobre el desarrollo de proyectos de infraestructuras.

"Estas campañas eran responsabilidad de las empresas constructoras, que eran las que contrataban" en coordinación con el departamento de Publicidad del Govern, que dependía de la Presidencia, ha explicado.

Además, ha puntualizado, "en 2005 dejamos de trabajar con Over Marketing porque no respondían con la agilidad" que se precisaba para informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de las obras. "Esto es lo que hay y lo que saldrá", ha recalcado Cabrer.