martes, 24 de noviembre de 2009

EL SECRETARIO DE ALMOGÍA DICE NO TENER COMPETENCIAS SOBRE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS

TRIBUNALES | Juicio por las irregularidades urbanísticas

* Niega que quisiera facilitar la construcción de licencias ilegales

Efe | Málaga

El secretario municipal del Ayuntamiento de Almogía (Málaga) ha declarado ante la jueza que instruye el caso de presuntas irregularidades urbanísticas en dicho municipio que él no tenía capacidad para cuestionar informes técnicos de licencias de obras y que su función era "procedimental".

En este sentido, el imputado ha precisado que emitió esos informes jurídicos entendiendo que se cumplen los aspectos formales y procedimentales, que son los que le competen, y ha insistido en que, respecto al proyecto técnico, no tiene conocimientos para valorarlos, según han informado fuentes judiciales.

Preguntado por si con estos informes había pretendido facilitar la construcción o expedición de licencias ilegales, el procesado ha manifestado que "de ninguna manera", que no dictaminaba si el informe era favorable o no porque no tenía conocimientos técnicos para ello.

Ha explicado que es el arquitecto municipal el que emite un informe favorable o no en función de si la petición de obra se ajusta a la legalidad urbanística y que sus informes siempre son estándar porque sólo entran en aspectos formales.

Por otra parte, el secretario municipal ha confirmado que la Policía Local realizaba certificados de antigüedad respecto a las peticiones de reformas de viviendas, y que estos eran incluidos en el expediente con mucha otra documentación.

Preguntado por quién ordenaba a los agentes municipales elaborar esos informes sin ser técnicos, ha afirmado que él no tiene competencias para ordenarlo y que ignora quien lo hacía, aunque ha añadido que era la práctica habitual.

Ha sostenido durante su declaración que podría haberse equivocado pero "nunca" haber cometido un delito, que no se ha beneficiado económicamente, y que su casa, una de las investigadas, aún no está terminada.

Junto al secretario municipal, al que se le imputan los delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y negociación y actividades prohibidas al funcionario; han declarado un policía local, imputado por negociación y actividades prohibidas al funcionario; y su mujer, imputada por estafa, falsedad documental y tráfico de influencias.

Además, también ha comparecido una funcionaria encargada de la instrucción de expedientes de infracción urbanística, imputada por falsedad documental.

Estaba previsto que declarase también un arquitecto municipal, pero su abogado ha presentado un informe médico porque se sentía mal, por lo que la declaración queda aplazada.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha citado a declarar este miércoles al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), y a otros seis imputados más para continuar con la instrucción del caso.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR AL TSJB: "NADIE ME ADVIRTIÓ DE QUE EN CAN DOMENGE DEBÍA HABER HABER VPO"

CASO CAN DOMENGE | La declaración de la presidenta

* La ex presidenta del Consell dijo que no querían guetos
* El juez le aclaró:'Las VPO no son para gente marginada'


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

En uno de los pasajes más intensos y elocuentes del interrogatorio judicial al que fue sometida Maria Antònia Munar el lunes de la semana pasada como imputada en el caso Can Domenge, el juez del Tribunal Superior de Justicia que investiga el escándalo reprochó a la presidenta del Parlament que el Consell que ella presidía ignorase la ley autonómica que regula la venta de patrimonio público y no primase la edificación de viviendas de protección oficial al poner a la venta el mejor solar público de la institución. Una parcela que se acabó vendiendo por la mitad de su valor real y cuya venta se está enjuiciando al detectar una juez indicios de malversación de 30 millones de euros públicos, prevaricación y fraude a la administración pública.

Así lo refleja la transcripción de la comparecencia de la que fuera presidenta del Consell durante 12 años. Una comparecencia que duró 1 hora y 50 minutos y cuya transcripción ella misma revisó pormernorizadamente.

Según queda reflejado en ella, el veterano magistrado Francisco Javier Muñoz no se andó con rodeos cuando, a mitad de interrogatorio, abordó el asunto de las viviendas de finalidad social. "¿Por qué no se destinó la finca a patrimonio público del suelo [una catalogación del suelo público para el que la ley impone "preferentemente" el uso social] dado que se había aprobado una Ley que obligaba a los consejos insulares y al Ayuntamiento a constituirlo?", inquirió incisivamente Muñoz. "Nadie me advirtió", replicó escuetamente la presidenta del Parlament.

Ante esa respuesta, el juez fue claro: "Le comunico que la ley es del 23 de diciembre del año anterior [a la venta de Can Domenge] y que es una ley que se debe conocer". Y de nuevo topó con una Munar autosuficiente. "En el Parlamento se aprueban muchas leyes a propuesta del gobierno, con [entonces] mayoría absoluta del Partido Popular, según creo recordar", alegó.

Además
* Opinión: La sombra de Can Domenge es alargada

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; EL CUÑADO DE MATAS PAGÓ PARTE DE LAS OBRAS DEL PALACETE EN NEGRO

CASO PALMA ARENA | Declaraciones del constructor

* Anticorrupción atribuye a Matas un cohecho de al menos 1,5 M€ en especie
* El ex presidente está citado a declarar como imputado el 23 de marzo de 2010

Efe | ELMUNDO.es | Palma

El constructor que realizó las obras de rehabilitación del palacete que el ex presidente balear Jaume Matas compró en Palma, Juan Serra, ha declarado que por la reforma cobró 70.000 euros en metálico y el resto en negro de mano del cuñado de Matas Fernando Areal, que entonces era gerente del PP.

Según fuentes próximas a la investigación, Serra ha acudido este martes a declarar como testigo ante el juez José Castro, quien instruye la causa del presunto caso de corrupción en la construcción del velódromo del Palma Arena en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Jaume Matas.

Junto a Serra, el vendedor de muebles Juan Cortés y el joyero Pablo Fuster han relatado este martes ante el juez José Castro, que instruye un presunto caso de corrupción en el velódromo del Palma Arena, cómo cobraban y quién pagaba la obra del palacete del ex presidente balear Jaume Matas.

Los tres empresarios han comparecido ante el juez en la segunda planta del edificio judicial de Vía Alemania en calidad de testigos, dentro de la causa abierta por el caso Palma Arena.

El juez investiga los pagos de la reforma de una vivienda de 400 metros cuadrados, situada en un palacete de la calle Sant Feliu, que Matas adquirió por 950.000 euros, cuando el valor estimado por la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.

Por otra parte, los investigadores elevan ya a más de dos millones de euros a falta de la tasación definitiva el dinero destinado por el ex presidente del PP balear sólo en el interior de su vivienda palmesana. En un registro llevado a cabo en la vivienda del ex ministro en Palma, decenas de agentes fotografiaron e inventariaron cada uno de los elementos que albergan los inmuebles. Desde las obras de arte que cuelgan de las paredes a las camisetas del Real Mallorca que conserva firmadas por los jugadores, encontrándose a su paso con 8 televisores, una bodega con varios cientos de botellas de vino y 80 de Vega Sicilia, y medio centenar de pares de zapatos de la mujer del ex presidente. No obstante, la obsesión de la comisión judicial pasaba por hallar las cajas fuertes de los inmuebles no fueron encontradas.

El ex presidente balear, su esposa, Maite Areal, su hermano Fernando Areal (que ya declaró como imputado) y Bartomeu Reus (testaferro de Matas), están llamados a declarar en calidad de imputados el próximo 23 de marzo de 2010. La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas un cohecho de, "al menos, 1.527.550 euros en especie" al comprar el palacete de Palma.

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; LOS CINCO IMPUTADOS SERÁN TRASLADADOS ESTE MIÉRCOLES A CATALUÑA

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA | Desde la cárcel de Soto del Real

* Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco, Macià Alavedra, Lluís Prenafeta y Luis García
* El martes, Garzón rechazó la petición de excarcelación de Prenafeta y Alavedra

Xiana Siccardi | Barcelona

Los cinco imputados en el caso Pretoria que están encarcelados en la prisión de Soto del Real (Madrid) serán trasladados este miércoles a una cárcel catalana, que sería Brians I o Brians II.

Fuentes del departamento de Justicia de la Generalitat han confirmado que está previsto un traslado ordinario en las próximas horas relacionado con el 'Caso Pretoria'. Los presos que serán trasladados son Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, aunque el traslado se ampliaría al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; el ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; y el ex diputado del PSC Luis García.

Así, el juez habría aceptado la petición de acercamiento de presos. El martes, Garzón rechazó la petición de excarcelación de Prenafeta y Alavedra, cuyos abogados argumentaron su avanzada edad como razón para pedir su libertad provisional.

elmundo.es

GONZALEZ PANERO SERÁ JUZGADO ESTE MIÉRCOLES POR PREVARICACIÓN

TRIBUNALES |
En el nombramiento de un conserje

González Panero, tras declarar por el caso Gürtel. (Di Lolli)

Europa Press | Madrid

El ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero se sentará el miércoles en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles por un delito de prevaricación que habría cometido en 2001 en el nombramiento de un conserje interino para la Escuela Municipal de Música.

La Fiscalía reclama para el ex alcalde y el conserje dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa consistente en una cuota de 12 euros diarios durante 8 meses. Por su parte, el PSOE reclama siete años de inhabilitación y multa de 20 euros diarios durante ocho meses.

En su condición de alcalde, González Panero nombró a Raúl de Diego conserje interino saltándose supuestamente la normativa vigente, siendo advertido de la ilegalidad del nombramiento. Ante esto, el Grupo Municipal Socialista interpuso en 2002 una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Móstoles.

En el escrito, el PSOE expuso que el 15 de octubre de 2001, con el fin de cubrir "una pretendida urgencia" en el puesto de conserje de la Escuela Municipal de Música dependiente del Patronato de Cultura, el gerente se interesó en el INEM por Raúl de Diego, cuya familia mantiene una estrecha amistad con el ex regidor, para la cobertura del citado puesto alegando que reunía los requisitos necesarios para ello. Raúl de Diego se dio de alta en el INEM ese mismo día.

Quince días después se produce una modificación en la afiliación a la seguridad social pasando a figurar como funcionario interino al servicio de dicho organismo. González Panero en su condición de alcalde, mediante decreto, nombró a Raúl de Diego conserje interino.

El PSOE acusó al alcalde de quebrantar la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las Administraciones locales. El nombramiento debía ir precedido de la pertinente convocatoria pública y, después de su elección, no se aprobó oferta de empleo público del Ayuntamiento o del Patronato en la que se incluyera el puesto de trabajo de conserje.

Por otro lado, González Panero comparecerá el jueves ante el juez que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid por su imputación en la red corrupta liderada por Francisco Correa y vinculada a administraciones del PP, entre ellas Boadilla del Monte.

El pasado 9 de junio, el magistrado impuso a González Panero, 'el Albondiguilla', una fianza de 1,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación. Al igual que hizo durante su comparecencia ante el juez Baltasar Garzón, el ex alcalde popular se negó entonces a declarar hasta que se levantara el secreto del sumario.

El nombre de González Panero aparece en varias de las escuchas interceptadas a los integrantes de la red corrupta de Francisco Correa. Según el sumario, Correa habría grabado al ex alcalde con una cámara oculta repartiendo billetes a otros tres de los implicados. Las empresas de Correa se vieron beneficiadas por cuantiosos contratos adjudicados por el Ayuntamiento.

elmundo.es

"CASO MATSA"; LA JUNTA SE RESISTE A ABRIR EXPEDIENTE A CHAVES POR LA AYUDA A LA EMPRESA MATSA

Insiste en que 'no hubo conflicto de intereses'

* La Junta insiste en que Paula Chaves intervino después de adoptado al acuerdo

Manuel María Becerro | Sevilla

Para la Junta de Andalucía, el reconocimiento expreso por parte del apoderado de Matsa que trabajó con la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, de que ésta participó de manera activa en la gestión de la subvención por parte de la Junta de 10,1 millones de euros a la empresa en que trabajaba Paula Chaves no cambia un ápice la situación.

El portavoz del Gobierno andaluz, Manuel Pérez Yruela, ha insistido esta mañana en que la Junta de Andalucía ya rechazó en su día abrir un expediente a Manuel Chaves por incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, al entender que cualquier intervención de Paula Chaves en relación con la subvención concedida por la Junta a la empresa en que ella trabajaba fue posterior al acuerdo del Consejo de Gobierno concediendo la ayuda. Por tanto, entendía la Junta, no se había incurrido en "conflicto de intereses" alguno.

En la adopción de aquel acuerdo participó Manuel Chaves, presidente entonces de la Junta de Andalucía. Pues bien, para el Gobierno de Griñán, ni siquiera la confesión del apoderado de Matsa reconociendo la plena implicación de la hija de Chaves en la gestión de la solicitud de la ayuda ante la Junta es motivo para abrir un expediente por incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de la propia Junta, que en su artículo 7.1 obliga al presidente de la Junta a "inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil".

Manuel Chaves ha negado, tanto ante el Congreso de los Diputados como en sucesivas comparecencias públicas y entrevistas, que su hija hubiera tenido relación alguna con el expediente antes de que él votara a favor de ratificar la concesión de la ayuda el pasado 20 de enero.

Además
* Para el PSOE: 'Todo fue legal; Chaves sufre una cacería'
* La hija de Chaves 'validó' informes del expediente
* El PP le pregunta si 'siempre ha dicho la verdad' al Congreso

elmundo.es

GONZÁLEZ PANERO INSISTE EN SU INOCENCIA Y NIEGA HABER PREVARICADO

TRIBUNALES | Se suspende la vista oral

González Panero, tras declarar por el caso Gürtel. (Di Lolli)

Europa Press | Madrid

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero sigue negando haber prevaricado cuando estaba al frente de la Alcaldía en el nombramiento a dedo de un conserje interino para la Escuela Municipal de Música al estar fuera de su competencia.

González Panero ha declarado en los Juzgados de Móstoles a raíz de una denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Socialista en 2002 por un presunto delito de prevaricación que habría cometido en 2001 en la designación de este funcionario, con cuya familia mantenía una estrecha amistad.

A instancias del fiscal, la juez suspendió la vista oral por la ausencia de la directora del centro educativo Príncipe Felipe, quien estaba propuesta por la defensa como testigo. La incomparecencia se debió a la enfermedad que sufre la mujer, quien hizo llegar a la magistrado un certificado médico para justificar su ausencia.

En los pasillos de los Juzgados, el ex alcalde de Boadilla comentó a los periodistas que no intervino en el nombramiento del conserje, puesto que competía al Patronato de Cultura, "un organismo autónomo de la Alcaldía". "Esto es una cosa de locos. Una cuestión política promovida por el concejal de Boadilla Ángel Galindo", reseñó.

A escasos metros de él se encontraba José Pastor, entonces gerente del citado organismo. "Yo no firmé el nombramiento, lo firmó el alcalde", apostilló Pastor, quien se encuentra también imputado en el procedimiento judicial. Su versión la certificó la que en aquella época era portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Carmen Gómez, quien explicó que "el que tenía potestad en recursos humanos era Arturo, mientras que el gerente sólo aportaba la documentación".

La Fiscalía reclama para el ex alcalde y el conserje dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa consistente en una cuota de 12 euros diarios durante 8 meses. Por su parte, el PSOE reclama siete años de inhabilitación y multa de 20 euros diarios durante ocho meses.

Denuncia del Grupo Municipal Socialista
En su condición de alcalde, González Panero nombró a Raúl de Diego conserje interino saltándose supuestamente la normativa vigente, siendo advertido de la ilegalidad del nombramiento. Ante esto, el Grupo Municipal Socialista interpuso en 2002 una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Móstoles.

En el escrito, el PSOE expuso que el 15 de octubre de 2001, con el fin de cubrir "una pretendida urgencia" en el puesto de conserje de la Escuela Municipal de Música dependiente del Patronato de Cultura, el gerente se interesó en el INEM por Raúl de Diego, cuya familia mantiene una estrecha amistad con el ex regidor, para la cobertura del citado puesto alegando que reunía los requisitos necesarios para ello. Raúl de Diego se dio de alta en el INEM ese mismo día.

Quince días después se produce una modificación en la afiliación a la seguridad social pasando a figurar como funcionario interino al servicio de dicho organismo. González Panero en su condición de alcalde, mediante decreto, nombró a Raúl de Diego conserje interino.

El PSOE acusó al alcalde de quebrantar la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las Administraciones locales. El nombramiento debía ir precedido de la pertinente convocatoria pública y, después de su elección, no se aprobó oferta de empleo público del Ayuntamiento o del Patronato en la que se incluyera el puesto de trabajo de conserje.

Vinculado con 'Gürtel'
Por otro lado, González Panero comparecerá el jueves ante el juez que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid por su imputación en la red corrupta liderada por Francisco Correa y vinculada a administraciones del PP, entre ellas Boadilla del Monte.

El pasado 9 de junio, el magistrado impuso a González Panero, 'el Albondiguilla', una fianza de 1,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación. Al igual que hizo durante su comparecencia ante el juez Baltasar Garzón, el ex alcalde popular se negó entonces a declarar hasta que se levantara el secreto del sumario.

El nombre de González Panero aparece en varias de las escuchas interceptadas a los integrantes de la red corrupta de Francisco Correa. Según el sumario, Correa habría grabado al ex alcalde con una cámara oculta repartiendo billetes a otros tres de los implicados. Las empresas de Correa se vieron beneficiadas por cuantiosos contratos adjudicados por el Ayuntamiento.

elmundo.es

EL GOBIERNO QUIERE APAGAR LA LUZ AL "CASO GORDILLO" Y ALÍ ACUSA AL PP DEUTÍ DE CONTRADECIR AL PP NACIONAL

Escrito por CAD

Luz y taquígrafos, transparencia y honestidad. Palabras reiteradas por los políticos en multitud de ocasiones y también en los últimos tiempos por el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas. En cambio, a pesar de esa particular filosofía en la que asentar una imagen de honestidad sobre todas las cosas, el Ejecutivo no cree necesaria la comisión de investigación sobre las áreas de gestión del ex vicepresidente Gordillo y votará en contra de la misma en el Pleno del Jueves.

UDCE y PSOE pidieron conjuntamente que se creara una comisión de investigación no ya para esclarecer los hechos de la dimisión de Pedro Gordillo, que también, sino para comprobar que las contrataciones llevadas a cabo en su área de Gobierno no escondían ninguna irregularidad. En su escrito, la oposición aludía además a limpiar la imagen de una institución dañada por el escándalo Gordillo.

Muchos son los que dudan ahora de si las denuncias de ‘enchufismo’ que han venido reiterando los sindicatos desde el principio de la legislatura pueden ser realidad. El Gobierno perderá el jueves la oportunidad de callar todas esas voces al rechazar la comisión de investigación sobre las contrataciones.

La postura del Gobierno la ha hecho pública tras el Consejo de Gobierno de este martes, el portavoz accidental, Francisco Márquez.

Márquez ha recordado que el proceso está en una investigación judicial, y que no hay ninguna acusación por irregularidades administrativas, en cuyo caso la Ciudad remitiría al Juzgado toda la información necesaria. En la línea ya iniciada por Vivas, el Ejecutivo no dudará en ofrecer explicaciones a la Justicia, pero cierra el grifo de la información a la ciudadanía.

El portavoz accidental ha explicado que el Gobierno no comparte la idea de que sea necesario investigar toda la gestión de una persona que ya no tiene responsabilidades en la Ciudad. Y en parte porque el asunto, cree el Gobierno que ya está siendo investigado judicialmente.

PP de Ceuta no es igual a PP nacional

Ese mismo argumento lo ha combatido Alí, acusando al PP local de contradecir a su Partido nacional. “Eso es una contradicción. Hay multitud de asuntos en otros parlamentos que a pesar de estar bajo investigación judicial han sido tratados a su vez en el parlamento en el seno de comisiones de investigación. Sin ir más lejos, en el asunto del Alakrana a pesar de estar subjudice el PP nacional está pidiendo y exigiendo una comisión de investigación. Es justo el argumento contrario al que utiliza aquí el PP local para impedir arrojar luz a la gestión de Gordillo”, ha afirmado Alí.

El líder de la oposición cree el voto en contra de la comisión “es un error más del Gobierno en la gestión de toda esta crisis. En lugar de apostar por esclarecer el asunto, apuestan por taparlo y por el oscurantismo”, ha espetado Alí.

ceutaldía.com

"CASO GORDILLO"; NO HABRÁ COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIMISIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE CEUTA

Escrito por Luis Manuel Aznar

El Gobierno, de manera definitiva, tiene decidido no votar a favor de la creación de una comisión de investigación que aborde la dimisión del vicepresidente de la Ciudad Autónoma y consejero de Presidencia, Pedro Gordillo.

Así traslució ayer en la reunión de la Junta de Portavoces que tuvo lugar a mediodía en el despacho del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas.

Además de los tres miembros de la mesa rectora, compuesta por el presidente Vivas y los vicepresidentes Rabea Mohamed y Jaime Wahnon, acudieron los portavoces de las tres formaciones políticas con representación en la Asamblea. Sin embargo, en esta ocasión la representación por parte del grupo parlamentario popular la ostentó el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, dado que tanto la titular, Yolanda Bel, como la suplente, Mabel Deu, se encuentran fuera de nuestra ciudad por cuestiones relacionadas con su cargo.

El asunto primordial que se aclaró en esta reunión de la Junta de Portavoces fue consensuar los tiempos de intervención de cada formación política para abordar el punto de la comisión de investigación.

Cabe recordar que la moción es conjunta presentada por la Unión Demócrata Ceutí y por el Partido Socialista Obrero Español, cuyos portavoces, Mohamed Alí e Inmaculada Ramírez, respectivamente, tendrán cinco minutos cada uno de ellos para argumentar su moción y diez el Gobierno para contestar y lo más probable es que la responsabilidad recaiga en la portavoz, Yolanda Bel.

Los portavoces de la oposición han podido conocer que el gobierno votará en contra de la creación de esta comisión de investigación, argumentando que el vicepresidente Gordillo presentó la renuncia a todos sus cargos y que, ahora mismo, es una persona sin ninguna responsabilidad pública.

Con el añadido que la cuestión se encuentra en manos de la Justicia y se interpreta por parte del Partido Popular que no debe hacerse ningún juicio paralelo para que la Administración de Justicia tenga la oportunidad de poder actuar de la manera más tranquila posible.

elfarodeceuta.es