jueves, 24 de mayo de 2012

ANTICORRUPCIÓN RECURRE LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE COHECHO EN EL "CASO FABRA"

Carlos Fabra fue presidente de la Diputación de Castellón hasta el mes de mayo. / angel sánchez
La Audiencia de Castellón devolvió la causa al juzgado para eliminar el delito

María Fabra Castellón

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante la Audiencia de Castellón en el que anuncia la presentación de un recurso contra la decisión de este audiencia de excluir el delito de cohecho en el “caso Fabra”, en el que el presidente del PP provincial y expresidentes de la Diputación, Carlos Fabra, está acusado también de tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales.

Así lo ha anunciado la fiscalía en comunicado en el que explica que presentará el recurso de casación en las próximas semanas y que este será elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La Sección Primera de la Audiencia de Castellón, en una resolución realizadas de oficio, decidió devolver la causa, tras más de ocho años de instrucción, al juzgado de Nules, en donde se inició la investigación después de que un empresario acusara a Fabra de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. La Audiencia se basó en otros escritos de la Sección Segunda para exigir al juez una rectificación sobre las acusaciones formuladas contra el dirigente del PP y requirió que se excluyera el delito de cohecho. Esta decisión ha provocado la reacción de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrirá la exclusión de este delito y, por tanto la nulidad del auto de apertura de juicio oral, con el que Fabra se acercaba al banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la acusación mantienen que utilizó su cargo de presidente de la Diputación de Castellón

Tanto la fiscalía como la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores UCE, alegaron que Carlos Fabra utilizó su cargo como presidente de la Diputación para mediar ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de tratar de agilizar la fabricación de productos sanitarios reclamada por un, entonces, amigo. La acusación ha anunciado que también recurrirá la decisión de la Audiencia provincial.

En cualquier caso, recurso supondrá un nuevo retraso en la resolución de la causa, después de que el 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordara la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003.

El Supremo rechaza otro recurso de Carlos Fabra por la filtración de sus datos fiscales

Mientras Carlos Fabra se mostraba ayer "satisfecho" y con "ganas de luchar" después de que la Audiencia Provincial descartara el delito de cohecho que se le imputaba, hoy, además de conocer la decisión de Anticorrupción de recurrirlo, se ha topado también con una resolución del Tribunal Supremo que desestima uno de sus recursos. En este caso, se mostró en contra de la decisión de la Agencia de protección de dato de no sancionar las filtraciones sobre el expediente fiscal en el que se le atribuyó, a él y a la entonces su esposa, un fraude de más de un millón de euros. El Supremo ha rechazado el recurso.

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EL CERCO DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL SE ESTRECHA SOBRE EL PP VALENCIANO


Los informes, los argumentos y las declaraciones van cerrando el círculo de la acusación

María Fabra Castellón

El intento de la anterior cúpula del PP valenciano por salvarse de las acusaciones de financiación ilegal es cada vez más complicado. El cerco se estrecha sobre quienes, bajo el mandato de Francisco Camps, aceptaron, según la investigación, endosar a empresarios varias facturas de deudas contraídas durante dos campañas electorales con la trama Gürtel. De esa forma, habrían financiado, de manera ilegal al PP valenciano.

Tres son las líneas desde las que se va cerrando el círculo. Por un parte, los informes policiales atestiguan que la filial de la red corrupta Gürtel en Valencia, Orange Market, cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana “transformada” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. U otra factura emitida al PP de Castellón que “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”.
Conclusiones de la investigación policial sobre la trama de financiación ilegal.  / El País

Ambas empresas, junto a otras siete, están implicada en la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.

Los informes policiales también hacen referencia a la campaña de las elecciones generales de 2008, en la que se investiga si el Grupo Sedesa, propiedad de la familia del exconsejero de Camps y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. La policía ya ha averiguado que cuatro facturas abonadas por el grupo a Orange Market no respondieron en realidad a “operación económica subyacente” alguna.

La policía y la Agencia Tributaria detectaron el endoso a empresarios de deudas del PP por actos electorales

También la Agencia Tributaria se ha pronunciado sobre estas prácticas. "De los documentos indicados (...) se infiere que algunos servicos prestados al PP habrían sido pagados no por este, sino por terceros (Ortiz, Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf)", explicaba Hacienda en un informe elaborado en 2010 en el que se reclamaba que “habría que examinar documentación que permitiera saber si los trabajos facturados a las constructoras se hicieron”. También la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que había "terceras personas" que pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.

El hilo del círculo sigue por los argumentos escritos del propio PP, por una parte el nacional y, por otra, el regional. Y, pese a manifestar que son un único partido, se contradicen. De los informes requeridos por el juez y remitidos desde las calles Génova (Madrid) y Quart (Valencia), se concluye un choque en la exposición sobre cómo se organizaban las cuentas en el partido. En Valencia aseguran que era Madrid quien las perfilaba mientras que en Madrid mantienen que las cuentas regionales nunca se han tocado sino que, simplemente, se consolidan para la contabilidad global del partido.

El exvicesecretario del PPCV ha admitido que "el de las galletas" es el empresario Enrique Ortiz

Ayer se cerró más el círculo después de que el ahora ex vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, admitiera que el de “las galletas” y “las magdalenas” del que habla en sus conversaciones grabadas con Álvaro Pérez El Bigotes, es el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP. “El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra”, se le oye decir a Serra en una de ellas. El exvicesecretario argumentó que de lo que trataba con El Bigotes se limitaba a una mediación para que la trama cobrara una deuda que tenía con Ortiz. Afirmó, en su declaración como imputado, que no hablaban de un acto del PP sino de un servicio prestado por Orange Market al Grupo Ortiz. Y mantuvo que su intervención se debió a que era amigo de El Bigotes. Es decir, su teoría es que el vicesecretario general del PP valenciano, como amigo de uno de los cabecillas de la red Gürtel, medió para que la trama cobrara una deuda de uno de los más importantes grupos empresariales valencianos.

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO RECHAZA DE NUEVO APARTARSE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE NÓOS

Dice que Matas está 'empecinado'
'Ni Matas ni su abogado discreparon de las preguntas realizadas'
Le recuerda que la investigación lleva abierta dos años
Dice que 'hasta ahora nunca había parecido inquietarle' este hecho

Eduardo Colom | M. J. García | Palma

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha rechazado de nuevo inhibirse de las investigaciones en torno a las actividades presuntamente ilícitas llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, y que constituyen la pieza 25 de la causa. De esta manera, desestima la petición del ex presidente del Govern Jaume Matas por la que interesaba que el magistrado se apartase de estas pesquisas al considerar que no tienen relación con las que indagan un presunto desfase en la construcción del velódromo palmesano.

Castro recuerda a Matas que la investigación lleva abierta desde hace dos años y que "hasta ahora nunca había parecido inquietarle" que él fuera el instructor. "Queda de manifesto que el interés de Matas no es la observancia de las normas de competencia sino un empecinamiento en privar de esa competencia a este intructor".

Mediante un auto dictado este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma alega entre otros argumentos que ya cuando tomó declaración al imputado en marzo de 2010 se le preguntó en torno a los convenios firmados entre el Govern balear y Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte, y entonces "ni el señor Matas ni su dirección letrada mostraron su discrepancia sobre las preguntas que se le formularon, ni se cuestionaron la competencia de este instructor para hacerlas o consentir que otros lo hicieran" en el marco del caso Palma Arena, según recoge Europa Press.

Tal y como pone de manifiesto el magistrado en sus razonamientos jurídicos, desde entonces se han dictado más de quince resoluciones hasta que fue abierta la pieza sobre Nóos, el 4 de agosto del pasado año, a partir de cuando se dictaron otras 33, sin que ni siquiera una vez levantado el secreto de las mismas ninguna de ellas fuese objeto de recurso ni de cuestionamiento de la competencia por parte de Matas.

En el auto, Castro asevera que fue a partir de la nueva citación del exjefe del Ejecutivo autonómico ya en el marco de la pieza número 25 cuando su abogado, Antonio Alberca, cuestionó la competencia de su Juzgado para instruir estas investigaciones. Es más, el juez considera que la pretensión de la defensa de Matas de que el juez decano decida en base a las normas de reparto que estas pesquisas recaigan en otro Juzgado "carece de todo encaje jurídico", puesto que a pesar de que el decano, entre otros cometidos, tiene el de intervenir en el reparto de asuntos, no es así "en cualquier momento procesal que a alguien se le pueda antojar sino solo cuando aquéllos acceden a los Juzgados a través de los variados cauces habilitados para ello".

Y ello, prosigue, "con la estricta finalidad de que la carga competencial entre todos ellos sea equitativa y con rigurosa observancia de las normas de reparto". Tanto es así que considera que la solicitud del exministro "supera todo lo inconcebible" y asevera que la inhibición de un instructor "no puede ser algo caprichoso que obedezca al personal interés de éste ni al personal y además extemporáneo de ninguna de las partes".

Es por todo ello que considera "extemporáneo, sin cauce procesal y sin base legal alguna" entrar en el debate planteado por la defensa de Matas, menos aún cuando está por resolverse por la Audiencia Provincial de Palma un recurso de apelación sobre "exactamente la misma cuestión".

Además

UN JUEZ INVESTIGA A 13 PERSONAS POR PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y FALSEDAD EN LA DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN DE GRANADA | Entre los implicados, el ex vicepresidente
Según la Policía, se hicieron contrataciones para beneficiar a un empresario
En la feria empresarial Mercamed de Tetuán y en el proyecto de museo en Xauen
También aparece entre los implicados la mujer del portavoz del PSOE en Granada

José A. Cano | Granada

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, el magistrado Miguel Ángel del Arco, ha abierto diligencias contra 13 personas, entre ellas el que fuera vicepresidente de la Diputación por IU en el anterior mandato, Julio Bernardo, y la pareja de Francisco Cuenca, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización la feria empresarial Mercamed en Tetuán y en la realización del proyecto de un museo en Xauen, Marruecos.

El juzgado investigará la participación de estas 13 personas, entre las que se encuentran, además de los mencionados, once trabajadores o ex trabajadores de la institución provincial, en los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles. La apertura de la investigación llega después de que la Fiscalía Provincial presentase denuncia por los mismos cargos.

La investigación se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía diera traslado el pasado 26 de marzo de un informe de la Policía Judicial que ponía de manifiesto "suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed, algunos responsables de la Diputación favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario Antonio Roldán Maroto pudieran realizar trabajos para el organismo provincial pese a tener deudas con la Seguridad Social.

El ex vicepresidente, según la Policía, buscó la manera de "amparar" dichos pagos haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las empresas de Roldán, "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que Roldán realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

"En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno", indica el informe.

La actual vicepresidenta de la Diputación Provincial, Luisa García Chamorro (PP), ha advertido que la institución, como posible parte perjudicada, estudia personarse en el proceso "para ejercer cuantas acciones penales y civiles considere oportunas", pues "se ha hecho un daño muy grave tanto económico como de imagen a esta Diputación y se están poniendo en riesgo los fondos europeos".

Asimismo, en la línea de lo que ya ha solicitado el PP en otras ocasiones, la vicepresidenta de la Diputación ha considerado que "no se sostiene" que el que fuera delegado provincial de Innovación y actual portavoz del PSOE municipal, Francisco Cuenca, "estuviera ajeno a los trapicheos que hacía su mujer en la Diputación".

"TRAMA DE LOS ERE"; EL ABOGADO DE JAVIER GUERRERO PIDE A LA JUEZ QUE CITE AL EX CONSEJERO JOSÉ ANTONIO VIERA

No aclara si como testigo o imputado
La Guardia Civil lo cree promotor de ayudas a empresas de la Sierra Norte
Firmó como consejero el convenio que creaba la partida del 'fondo de reptiles'
También pide a la juez que reclame al PP 'toda la documentación' que tenga

Europa Press | Sevilla

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el pasado día 10 de marzo imputado en la investigación de los ERE fraudulentos, ha solicitado a la juez que investiga el caso que cite a declarar al ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, al responsable del gabinete jurídico de la Junta y al ex interventor general.

En un escrito presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el abogado de Francisco Javier Guerrero pide a la magistrada que cite a declarar a Viera, al ex interventor de la Junta Manuel Gómez, que emitió los informes y fiscalizó las ayudas investigadas, y al responsable jurídico de la Junta, Francisco del Río.

El letrado del ex director general de Trabajo no precisa si estas tres personas deben ser citadas como imputadas o como testigos, lo que deja a criterio de la propia Mercedes Alaya.

En el mismo escrito, el abogado de Guerrero pide a la juez instructora que requiera al PP, personado en este caso como acusación particular, para que entregue toda la documentación que posea sobre el presente procedimiento y no lo haga "por capítulos semanales".

Hay que recordar que Viera era consejero de Empleo cuando se firmó el convenio con el IFA que reguló la entrega de las ayudas sociolaborales y directas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe realizado después de tomar declaración al propio Guerrero, concluyó que Viera "tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte" de Sevilla.

En ese informe, los agentes concluían que Viera, "no sólo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte, sino que especialmente fue el que promovió las ayudas" vinculadas a Matadero de la Sierra Morena, perteneciente a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza José María Sayago Lozano, SAT Virgen del Espino y Almazara del Guadalcanal.

Además

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ DENIEGA LA PETICIÓN DE MATAS DE TOMAR DECLARACIÓN A CAMPS Y GONZÁLEZ PONS

Las novedades
Le recuerda que si quiere 'disipar cualquier duda' puede comparecer y 'explicitar los indicios de criminalidad concurran en esas personas'

Europa Press | Palma

El magistrado del Juzgado número 3 de Palma, José Castro, ha denegado la petición que le hizo este miércoles el expresidente Jaume Matas para que tomara declaración al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al exconseller de esta Generalitat y vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por los convenios firmados con el Instituto Nóos, cuando estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

En un auto dictado este jueves, Castro también deniega la solicitud de Matas para que solicitara a los Ayuntamientos de Madrid; de Alcalá de Henares y de Mataró que facilitasen toda la documentación que obre en sus archivos acerca de convenios de colaboración y/o contratación con Fundación Cultura, Deporte e Integración Social; Fundación Instituto Nóos; la mercantil Nóos Consulting o con Iñaki Urdangarin.

En este auto, el juez recuerda que el abogado de Matas, Antonio Alberca, le pidió que se inhibiera en la instrucción de la subpieza 25, que hace referencia al caso Nóos, al alegar una "falta de competencia" del Juzgado de Instrucción número 3 para instruir esta causa.

"Pues bien, un no acaba de entender cómo, al tiempo que se mantiene esta pretensión, se le está pidiendo a quien previamente se reputa incompetente que haga extensiva su incompetencia a la investigación de contrataciones habidas en Alcalá de Henares, Madrid y Mataró, así como cite para recibirles declaración a determinadas personas con ellas relacionadas", señala Castro.

En este sentido, el juez recuerda a Matas que si quiere "disipar cualquier duda", respecto a un supuesto "agravio comparativo" con otras personas, puede comparecer ante este Juzgado y "explicitar cuantos indicios de criminalidad concurran en esas personas a las que cita y que las hagan acreedoras a recibir el mismo trato que él y comprobará cómo el Juzgado adoptará el posicionamiento que corresponda".

Así, Castro recalca que "mientras esto no ocurra, y el pasado 17 de mayo desaprovechó la oportunidad que se le brindaba, este Juzgado no habrá de abordar diligencias ni estrategias que en este momento no estima oportunas sólo para convencer a Matas".

Respecto a la declaración de González Pons, que Matas llegó a decir que fue "extrañamente suspendida 'sine die', el juez ha recordado que no pudo tomar declaración al vicesecretario general del PP, debido a que el mismo día, él se encontraba interrogando a otras personas en la sede de la Ciudad de Justicia de Valencia, por lo que "careciendo quien ahora resuelve del don de la ubicuidad, la razón de la suspensión parece obvia".

Respecto al 'sine die', el juez manifiesta que es cierto que hasta ahora no se ha hecho un nuevo señalamiento en sustitución del anterior, si bien anuncia que ya se acordará "de manera concentrada para todas las diligencias que hayan de practicarse en Madrid de manera que no fuercen a segundos desplazamientos".

Además