jueves, 2 de septiembre de 2010

LA ALCALDESA DE DÉNIA, DEL PP, IMPUTADA POR PREVARICACIÓN

ARTURO RUIZ - Dénia -

La alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, del PP declarará el 5 de octubre ante el juzgado número 1 de la ciudad imputada por un presunto delito de prevaricación después de que el PSPV la acusara de impedirle el acceso a decenas de expedientes urbanísticos, contratos a empresas, documentos contables y facturas.

La denuncia fue interpuesta por el concejal socialista Vicent Grimalt en julio de 2009 y acusaba a Kringe de violar el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local que insta a los alcaldes a facilitar los datos que solicitan los ediles de la corporación en un plazo de cinco días naturales. Grimalt sostiene que hay peticiones de información no contestadas que se remontan a septiembre de 2008, poco después de que el PP, tres grupos independientes y un tránsfuga ex socialista, le arrebataran el poder a PSPV y Bloc mediante una moción de censura.

El gobierno local sigue sin facilitar datos sobre posibles gratificaciones a un grupo de funcionarios o los contratos de publicidad con diversas empresas de comunicación. Curiosamente, el pasado martes, 24 horas antes de que se hiciera pública su imputación, la alcaldesa accedió a facilitar 69 de los documentos solicitados por el PSPV.

Pero aún faltan más. Según la propia alcaldesa, en los dos últimos años el PSPV ha solicitado información sobre 164 asuntos. Kringe aseguró que "las acusaciones son falsas e infundadas" y dijo que los socialistas "intentan obstruir la gestión del Ayuntamiento, ya que hemos tenido que poner a 5 funcionarios a trabajar exclusivamente en sus peticiones".

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA APORTA MÁS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

Informe policial sobre el 'caso Gürtel'

Nuevos documentos acreditan que tres constructoras pagaron 440.000 euros en 2008 a la trama Gürtel por servicios prestados al partido en Valencia

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

La claves del 'caso Gürtel' y los artículos publicados en EL PAÍS

El caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a un partido político más extensa de la democracia, acorrala al Gobierno de Francisco Camps y al PP valenciano por uno de los delitos más graves: la financiación ilegal.

Adjudicatarias de contratos pagaban a la trama corrupta con facturas ficticias La investigación afecta a Enrique Ortiz, implicado en el amaño de partidos

Ricardo Costa pedía dinero a las constructoras, según el informe

Contable de Orange Market: "Ya me dieron la caja de magdalenas"

La policía ha depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps, el presidente autonómico que ya está imputado en relación con el caso Gürtel por un delito de cohecho impropio al haber aceptado miles de euros en trajes regalados por las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que lograron en Valencia decenas de contratos a dedo.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales , fechado el pasado 20 de julio, sostiene que los nuevos documentos incautados a la trama "confirman los hechos expuestos" en un informe anterior, del verano de 2009, donde se afirmaba que el PP se había financiado ilegalmente a través de, al menos, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana.

La nueva investigación policial hace "especial hincapié" en el "pago de diversas facturas ficticias por parte de empresas privadas asentadas en la Comunidad Valenciana y adjudicatarias de numerosos contratos públicos". El importe íntegro de esas facturas, a nombre de Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Sedesa, entre otras empresas, 440.000 euros, "se destina al pago de una parte de la deuda generada entre el PP valenciano y Orange Market", la empresa de la trama corrupta que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes , íntimo amigo de Camps.

En la documentación incautada figura la contabilidad de Orange Market, que emplea "de forma sistemática la clave BARCELONA para referirse a fondos que entran en la empresa y que no proceden del tráfico económico". La policía tiene documentados pagos de 405.000 euros en dinero negro por parte del PP a Orange Market.

En otra parte de la documentación figura una factura con la denominación "Galletas" que, según la Policía, corresponde a la empresa de Enrique Ortiz e Hijos, cuyo propietario principal es el accionista mayoritario del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos la temporada pasada con el pago a jugadores de equipos contrarios por dejarse perder.

En las conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se aludía a "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala en este último informe que las palabras "Galletas" y "Magdalenas" se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".

La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, en la actualidad suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "Entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".

Para apuntalar las conclusiones de la investigación, la Policía relata una conversación telefónica entre el contable de Orange Market, Cándido Herrero, y su jefe Álvaro Pérez el 5 de febrero de 2009. Herrero le comenta que ya le dieron la caja de magdalenas. Ese mismo día, según la documentación incautada por la Policía, la empresa Enrique Ortiz e Hijos firmó tres cheques a nombre de Orange Market.

Las empresas constructoras que pagaban a Orange Market para liquidar deudas del PP justificaban esos desembolosos mediante "unos acuerdos de colaboración ficticios relacionados con labores de marketing, publicidad, desarrollo de marca, con un contenido suficientemente amplio y vago, así como flexibles en su ejecución", señala la Policía, que aporta en su informe copia de esos documentos para ocultar la financiación ilegal del PP valenciano.

El informe policial sostiene que existió una "participación activa" de Ricardo Costa y de David Serra "para conseguir que empresarios como Enrique Ortiz financie parte de la deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market mediante el pago de los servicios prestados a la formación política enmascarado mediante el artificio del acuerdo de colaboración empresarial".

Informe de la UDEF del 20 julio
DOCUMENTO (PDF - 1,89Mb) - 01-09-2010

Caso Gürtel
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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA ACREDITA CON UN NUEVO INFORME LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recibe un amplio documento con nuevas pruebas de los delitos

EL PAÍS - Madrid -

Las claves del 'caso Gürtel' y los artículos publicados en EL PAÍS

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía concluyó el pasado 20 de julio un informe sobre la financiación ilegal del PP valenciano a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. El informe , de más de 100 folios, precisa cada uno de los pagos ilegales con grabaciones telefónicas, entre ellas a Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos para el ascenso de su equipo a la primera división.

Su empresa, Enrique Ortiz e Hijos, ya apareció en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como una de las compañías que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana con unos 100.000 euros. La publicación de la noticia en la versión online de este periódico ha caído como una bomba en el Parador de Toledo donde la dirección del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se reúne desde este mediodía para diseñar la estrategia política para lo que queda de legislatura, informa Carlos E. Cué.

Diez minutos después de que la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, se incorporara a la reunión del Comité de Dirección tras participar en el debate del estado de la región en el Parlamento de Castilla La Mancha, las alertas han interrumpido una sesión que hasta ese momento discurría de forma tranquila. Dirigentes de Génova como el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, han dejado la sala para verificar la información y llamar a Valencia para buscar las primeras reacciones.

Constructoras y Orange Market

"No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios, ubicadas en la Comunidad Valenciana (Grupo SEDESA, Lubasa Desarrollos lnmobiliarios S.A., y Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL.), que resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos en dicha Comunidad, efectúen el pago de distintas Facturas a la mercantil Orange Market SL, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta", señala el informe policial del pasado 20 de julio.

Queda acreditado, de acuerdo con este nuevo informe, que el PP valenciano ha sido financiado mediante "entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por esta empresa a la formación política y abonadas por ésta". El PPCV efectuó además gestiones para que las empresas adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del partido mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de "facturas ficticias".

Pedreira rechaza varios recursos

También hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado en un auto que "un sector" de los imputados en el caso Gürtel, pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. El tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -encabezados por los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

En ella, después de que el TSJM declarara "ilícitas" las intervenciones de las comunicaciones que los considerados cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- mantuvieron en prisión con sus abogados, Pedreira acordaba dar a éstos traslado de las grabaciones para que pidieran la práctica de las diligencias que estimaran oportunas en relación con las mismas.

Pese a no verse afectados por los pinchazos declarados ilícitos, López Viejo, Martín Vasco y Bosch recurrieron ese auto, pidiendo su nulidad y solicitando que todas las partes tengan acceso a las grabaciones, pretensión que el TSJM considera "totalmente improcedente" en una resolución que no ahorra calificativos a los recurrentes. "Varios de los recurrentes ejercitan un petitum que, totalmente improcedente, debe desestimarse en su integridad: en su afán de recurrir todo, incluyen la pretensión de nulidad de pleno derecho del auto recurrido", señalan los magistrados del Tribunal Superior.

La sala añade: "Suscita perplejidad que soliciten (...) que se declare la nulidad de pleno derecho del auto de 27 de abril pasado, cuando la resolución ejecuta y lleva a puro y debido efecto el de la sala de lo civil y penal" que declaró ilícitas las escuchas de Garzón.

Caso Gürtel
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"CASO BRUGAL"; RIPOLL AFIRMA QUE HA "REPASADO" LA ADJUDICACIÓN DE BASURAS Y "ESTÁ PERFECTA"

El presidente espera que se levante el secreto de sumario

El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, declaró este miércoles que en las últimas semanas ha "repasado" y ha "dado vueltas" a la adjudicación del plan de basuras de la Vega Baja, investigado en el caso Brugal, y que la conclusión a la que llega es que está "perfecto".

Junto a siete empresarios y tres concejales de Orihuela, el pasado julio Ripoll fue detenido e imputado por cinco delitos por el juez número 3 de Orihuela en la operación Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos XVII de la Vega Baja.

Tras su primer acto en la Diputación tras las vacaciones, para presentar las etapas de la Vuelta en Alicante, señaló que la instrucción del caso se había paralizado en agosto y que sólo conoce las últimas novedades, como el envío de su causa a un juzgado de Alicante, que a su vez lo decidió devolver a Orihuela, a través de los medios de comunicación y "no oficialmente".

Recordó que desde un primer momento el objetivo de sus abogados fue que se levante el secreto de sumario en lo que respecta a su persona puesto que desconoce qué presuntos hechos delictivos se le imputan.

"Si no sabes de qué te acusan es muy difícil defenderte", subrayó antes de continuar que "parece ser que todo se centra en la adjudicación del plan zonal XVII, de la Vega Baja".

"El expediente lo hemos repasado y le hemos dado vueltas, y pensamos que está perfecto y que ahí no hay ningún tipo de dudas", indicó aunque sigue a expensas de que "se levante el sumario y se sepa qué es exactamente lo que el fiscal plantea".

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