domingo, 8 de marzo de 2009

LA RED DE CORREA INTENTÓ CHANTAJEAR A RAJOY



La trama corrupta vinculada a administraciones del PP

Los extorsionadores hicieron saber al entonces vicepresidente que había sido filmado en vídeo cuando criticaba a Fraga y comentaba: "El viejo está gagá"

CARLOS E. CUÉ - Madrid

Francisco Correa lo fue todo en el PP de José María Aznar, en el que Mariano Rajoy era un personaje destacado, jefe de campaña en 1996 y 2000. Pero a partir de 2003 Correa fue perdiendo contratos en el PP nacional y se refugió en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Rajoy permitió que en Valencia y Madrid se siguiera contratando a Correa, pero rompió con él a principios de 2003. Lo hizo por una cuestión personal. Rajoy sufrió en esos días una extorsión con una supuesta cinta en la que se escuchaba cómo él y Xesús Palmou, secretario general del PP gallego, criticaban a Manuel Fraga en los pasillos de una convención del PP celebrada en enero. Tras atar cabos, Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje, y rompió con él definitivamente, según fuentes de la dirección del partido.

* Galicia consolida al líder del PP hasta las europeas

Mariano Rajoy Brey
A FONDO

Nacimiento:
27-03-1955

Lugar:
Santiago de Compostela

La red hizo llegar a Rajoy que conocía la cinta y que podía solucionar el asunto

Rajoy concluyó que Correa había urdido el chantaje y decidió no ceder

Era a finales de enero de 2003. Mariano Rajoy y Xesús Palmou, dos viejos amigos, entonces vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP gallego, respectivamente, charlaban en los pasillos de un pabellón del Ifema, en Madrid. Era un tiempo muerto de una convención del PP, poco después de la crisis del Prestige, que marcó el intento de José María Aznar por lanzar un mensaje centrista y preparar las elecciones autonómicas. "El nuestro es el partido del centro, del centro reformista", había dicho Aznar. El congreso había homenajeado a Manuel Fraga, que cumplía 80 años con un evidente deterioro físico y político por la crisis del petrolero. En su discurso, deslavazado, Fraga había puesto el futuro del PP en manos del apóstol Santiago: "Tengo la esperanza de que el patrón de todas las Españas nos ayudará. También él tuvo un momento de desaliento en tiempos difíciles, que recuperó a los pies de la Virgen del Pilar", sentenció.

Rajoy y Palmou caminaban comentando el discurso del fundador del PP. Una cámara, aparentemente, habría logrado grabar sus palabras. A Rajoy, según fuentes de la dirección del PP, le hicieron llegar que había una grabación en la que se apreciaba claramente cómo él y Palmou decían "el viejo está gagá" y criticaban su gestión en la crisis del Prestige.

Hubo un intento de chantaje con varios intermediarios, al que Rajoy y Palmou decidieron no ceder. Pero en medio de esa crisis, según las mismas fuentes, Francisco Correa habló con Rajoy para explicarle que sabía de la existencia de la cinta -a pesar de que era un asunto secreto dentro del partido- y para insinuarle que él podía solucionarlo. Rajoy llegó a la conclusión de que era Correa quien había urdido el chantaje. Decidió no ceder, y al final la cinta nunca llegó a aparecer, con lo cual nadie pudo saber si realmente existía ni qué era lo que pretendían obtener los chantajistas.

La portavoz oficial de Rajoy, Carmen Martínez Castro, confirmó ayer que el líder del PP supo del intento de chantaje con la supuesta cinta, pero aseguró que "no recuerda" haber hablado con Correa de este ni de ningún otro asunto. Rajoy asegura que conoció todo a través de Palmou y después supo que era el jefe de la supuesta trama corrupta quien podía estar detrás, y en todo momento ordenó no hacer ni caso a la extorsión.

Rajoy ha asegurado estos días que decidió romper con Correa a finales de 2003, poco después de que, en septiembre, Aznar lo nombrara secretario general del PP y sucesor. Según el líder, el PP nacional decidió dejar de trabajar con él al descubrir que utilizaba su influencia para tratar de lograr contratos y adjudicaciones en los municipios de la sierra madrileña. Sin embargo, según fuentes de la dirección, fue unos meses antes cuando Rajoy chocó con Correa, y lo hizo por algo personal, esto es: el chantaje al que fue sometido con la cinta en la que supuestamente aparecía hablando mal de Fraga.

Rajoy fue el jefe de campaña de Aznar en 1996 y 2000, por lo que tuvo responsabilidad cuando prácticamente todo en el PP, y especialmente las campañas electorales, se contrataba con la empresa de Correa. Pero desde finales de 2003, poco a poco, Correa fue perdiendo contratos del PP, que fueron a caer a manos de la empresa de la esposa de Juan Costa, Elena Sánchez, sin que desde entonces haya habido más quejas por sobreprecios o extrañas maniobras. Sin embargo, Rajoy permitió que uno de los barones más fieles a él, Francisco Camps, siguiera contratando todos los actos del PP de la Comunidad Valenciana con las empresas de la trama y nunca avisó oficialmente a las direcciones regionales, tampoco a la de Madrid, de que la gente de Correa no era de fiar. Además, Correa logró aún algunos pequeños contratos en 2005, especialmente de viajes de periodistas.

Mientras Rajoy rompió en 2003 con Correa, el enfrentamiento entre Palmou y la trama supuestamente corrupta venía de lejos. La mano derecha de Correa, Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, había chocado frontalmente con él. Palmou fue quien rompió con Special Events, la empresa con la que, en la época de Crespo, se organizaban todos los actos del PP gallego con la venia del fallecido Xosé Cuiña, entonces el jefe de Crespo en el partido. Palmou rompió con la gente de Crespo y éste dejó el partido y se pasó a trabajar para Special Events. Ahora está entre los principales implicados de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón.

Cuando Palmou era secretario general del PP gallego se produjo una anécdota que el líder del PP y su entorno repiten una y otra vez para demostrar que él siempre ha estado alejado de la trama corrupta, a pesar de que en 1996 y 2000, como jefe de campaña, trabajó con ella. Fue en 1997, en plena guerra entre el sector de la boina, cuyo líder era Cuiña, con Crespo como su principal ayudante, y el del birrete, con Rajoy al frente. El líder del PP acudió al congreso regional del partido en A Estrada. Cuiña y Crespo quisieron mostrar su poder, e idearon un extraño protocolo, basado en el orden alfabético, que tenía un solo objetivo: mandar a Rajoy y a otro ministro destacado, miembro de grupo del birrete, José Manuel Romay, a la última fila. Los colocaron en un anfiteatro, al fondo, mientras Cuiña estaba en primera fila.

Rajoy se enfadó mucho, pero utilizó su ironía para quejarse. Dijo que nunca hasta entonces lo habían mandado a "o poleiro" (el gallinero) y que desde allí se veían las cosas de otra manera. La maniobra no gustó en La Moncloa, y muchos en el PP creen que marcó el inicio de la caída de Cuiña. Sólo dos años después llegaría Palmou a la secretaría general gallega y echaría a Crespo.

Pero Crespo y Correa no olvidaron y aparentemente buscaron venganza, años después, con la supuesta cinta comprometedora. Al final, según fuentes de la dirección, la operación no tuvo éxito, pero dejó un claro rastro de cómo funcionaban las cosas en un partido que, entonces con el poder absoluto en Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana y La Moncloa, tenía a su alrededor un complejo entramado de empresas, amigos, adjudicaciones millonarias, recalificaciones, regalos y favores donde lo público y lo privado se entremezclaban.

ELPAÍS.COM

LA TRAMA DE BAENA JUSTIFICABA PAGOS EN PROSTÍBULOS CON DONATIVOS A HERMANDADES

Actividades de la Virgen de los Desamparados y trajes de romanos

El alcalde (dcha.), presidiendo el pleno junto a la bandera y un crucifijo. | Madero Cubero

* Encargos para los romanos de las procesiones servían para justificar pagos
* Un informe policial concluye que así se ocultaba el destino del dinero

Silvia Moreno | Sevilla

La presunta red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena llegó a justificar en actividades de carácter religioso –relacionadas con la Semana Santa o con la Virgen de los Desamparados de este municipio cordobés– los fondos recaudados ilícitamente que terminaban gastando en el club de alterne de Marbella Milady Palace.

Así se desprende de las escuchas telefónicas practicadas durante la instrucción del caso. En una, fechada el 13 de agosto de 2007, Rafael Santano, hombre de confianza del alcalde, contacta con un desconocido y le indica por teléfono: «Me tienes que hacer dos facturas... Una es de 550 euros IVA incluido... Y otra de 1.100 con el IVA incluido... Pones gastos de diversas actividades protocolarias o de protocolo y en la otra pones regalos celebración... Actividades Virgen de los Desamparados... Me las subes mañana con la otra».

Cuando Santano dice «me las subes», se refiere al dinero de las facturas falsas, que deben llevárselo a su despacho en el Ayuntamiento de Baena. El modus operandi de la red consistía en la emisión de facturas por encargo y a nombre del consistorio en las que figuraban trabajos y materiales inexistentes.

Los imputados se ponían de acuerdo con varios empresarios para que les hicieran facturas falsas. A cambio, el Ayuntamiento de Baena les seguía haciendo encargos. El dinero para pagar las facturas falsas salía de las arcas municipales y se depositaba en la cuenta de los empresarios. Después, se deducía el IVA y el dinero regresaba al presunto cerebro de la trama, el funcionario Rafael Santano, que ejercía las funciones de secretario del alcalde. Por eso, pedía que le «subieran» el dinero.

En otra conversación, Santano presiona a otro empresario para que le lleve el dinero de la factura falsa: «Míralo, porque he quedao con los que... van a hacer los trajes de los lanceros... pa los romanos negros». En la Semana Santa de Baena hay una hermandad conocida como los colinegros, en la que desfilan romanos negros y lanceros, enfrentada a los llamados coliblancos.

Estas actividades religiosas son excusas para recaudar dinero. «Todo indica que son motivos que alegan para ocultar el verdadero destino del dinero conseguido, que sería el beneficio personal de los investigados», precisa un informe de la Policía Judicial que forma parte del sumario que tramita el juzgado de Baena.

Las escuchas telefónicas desvelan otra técnica malversatoria consistente en la emisión de facturas por un importe mayor del real. En una de las conversaciones entre los dos trabajadores municipales imputados en la trama, que son personal de confianza del alcalde y senador socialista Luis Moreno, hablan abiertamente de que hay que «inflar» la factura de una obra municipal.

Así, el imputado Juan Díaz Pérez –el mismo que ofrecía «información privilegiada» para dar pelotazos urbanísticos–, dice: «Y le pregunté yo que si estaba el camino hecho o lo que sea y dice, ahí le llevao paa que me haga el presupuesto Ortega pa, pa que termine de apañar porque dice Jorge que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, digo bueno ehh que lo apañe como pueda, ¿sabes? ¡Pero vamos!».

Al otro lado del hilo telefónico, el imputado Rafael Santano, presunto cerebro de la red, contesta: «A ver si ahora salimos escardados con eso». «No porque él no sabe naa y lo van a apañar», responde Díaz Pérez. «¡Ah!, que lo van a apañar. ¡Bueno ya está!», replica aliviado el hombre de confianza del alcalde. «To lo contrario, lo que tenían era eso, lo que pasa es que yo, con José, no tengo paa decirle... que Ortega inflara más la factura», dice abiertamente el otro trabajador imputado.

«O... o decirle a tu cuñao que ha costao más de la cuenta», ofrece Santano. Esta conversación telefónica se produjo el 28 de agosto de 2007 y es la transcripción número 33 del caso que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena.

El cuñado referido de Díaz Pérez es un empresario que también está imputado por el juzgado de Baena que tramita el caso de las facturas falsas. Precisamente este empresario fue el que aportó la factura falsa que sirvió a los responsables de la presunta trama para irse de juerga al club de alterne Milady Palace en la carretera de Puerto Banús, en Marbella en agosto de 2007.

ELMUNDO.ES

Además

* El juez y el fiscal desmontan el 'doble juego'
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* "Me ha agotado más la trama de Baena que combatir a terroristas"

LA RED DE CORREA INTENTÓ CHANTAJEAR A RAJOY CON UN VÍDEO








[Francisco Correa, Pablo Crespo, Xesús Palmou y Mariano Rajoy]

(PD).- A Mariano Rajoy no le tembló el pulso. No dudo un instante. Cuando el engominado Francisco Correa, que en aquellos días de consideraba la "última Coca-Cola del desierto", se le acercó para decirle que sabía de la existencia de la cinta y que podía "solucionar el problema", lo puso de patitas en la calle.

Corría el año 2003. Eran días duros. Acababa de ocurrir los del Prestige y Aznar seguía en La Moncloa y mandándolo todo en el PP. Cuenta Carlos E. Cué en El País que el vídeo en cuestión era una grabación, en la que aparecían Rajoy y Xesús Palmou, entonces vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP gallego, respectivamente, charlando en los pasillos de un pabellón del Ifema, en Madrid.

El congreso del PP había homenajeado a Manuel Fraga, que cumplía 80 años y en su discurso, deslavazado y a propósito del Prestige, había puesto el futuro del PP en manos del apóstol Santiago:

"Tengo la esperanza de que el patrón de todas las Españas nos ayudará. También él tuvo un momento de desaliento en tiempos difíciles, que recuperó a los pies de la Virgen del Pilar".

Una cámara habría logrado grabar accidentalmente las palabras de Rajoy y se apreciaba claramente cómo le decía a Palmou:

"el viejo está gagá".

Rajoy sabía de la existencia de la cinta, pero lo que le encorajinó fue que Correa se acercará a él, para explicarle que sabía de la existencia de la grabación -a pesar de que era un asunto secreto dentro del partido- y alardease de que él podía "solucionarlo".

Carmen Martínez Castro, portavoz oficial de Rajoy, confirmó este sábado a El País que el líder del PP supo del intento de chantaje, pero que "no recuerda" haber hablado con Correa de este ni de ningún otro asunto.

Rajoy asegura que conoció todo a través de Palmou y después supo que era el jefe de la supuesta trama corrupta quien podía estar detrás, y en todo momento ordenó no hacer ni caso a la extorsión.

Rajoy ordenó cortar todo lazo con Correa a finales de 2003, poco después de que, en septiembre, Aznar lo nombrara secretario general del PP y sucesor.

Según el líder, el PP nacional decidió dejar de trabajar con él al descubrir que utilizaba su influencia para tratar de lograr contratos y adjudicaciones en los municipios de la sierra madrileña.

Desde finales de 2003, poco a poco, Correa fue perdiendo contratos del PP, que fueron a caer a manos de la empresa de la esposa de Juan Costa, Elena Sánchez, sin que desde entonces haya habido más quejas por sobreprecios o extrañas maniobras.

El enfrentamiento entre Palmou y la trama montada por lo que se conoce como el "clan de la boda de Agag" venía de lejos.

Comenzó cuando mandó a hacer gárgaras a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y mano derecha de Correa, quien con la venia del ya fallecido Xosé Cuiña, montaba actos para el PP gallego.

Crespo, que dejó el partido y pasó a trabajar para Special Events, figura entre principales implicados de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón.

Cuando Palmou era secretario general del PP gallego se produjo una anécdota que el líder del PP y su entorno repiten una y otra vez para demostrar que él siempre ha estado alejado de la trama de los engominados.

Fue en 1997, en plena guerra entre el sector de la boina, cuyo líder era Cuiña, con Crespo como su principal ayudante, y el del birrete, con Rajoy al frente. El líder del PP acudió al congreso regional del partido en A Estrada.

Cuiña y Crespo quisieron mostrar su poder, e idearon un extraño protocolo, basado en el orden alfabético, que tenía un solo objetivo: mandar a Rajoy y a otro ministro destacado, miembro de grupo del birrete, José Manuel Romay, a la última fila. Los colocaron en un anfiteatro, al fondo, mientras Cuiña estaba en primera fila.

Rajoy utilizó su ironía para quejarse. Dijo que nunca hasta entonces lo habían mandado a "o poleiro" (el gallinero) y que desde allí se veían las cosas de otra manera. La maniobra no gustó en La Moncloa, y muchos en el PP creen que marcó el inicio de la caída de Cuiña. Sólo dos años después llegaría Palmou a la secretaría general gallega y echaría a Crespo.

Pero Crespo y Correa no olvidaron y aparentemente buscaron venganza, años después, con la cinta comprometedora.

Al final, según fuentes de la dirección, la operación no tuvo éxito, pero dejó un claro rastro de cómo funcionaban las cosas en un partido que, entonces con el poder absoluto en Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana y La Moncloa, tenía a su alrededor un complejo entramado de empresas, amigos, adjudicaciones millonarias, recalificaciones, regalos y favores donde lo público y lo privado se entremezclaban.

PEDRO CRESPO: FONTANERO EN BUSCA DE DINERO FÁCIL

No hubo acto político entre 1996 y 1999 en el PP gallego que no organizase Special Events, la empresa implicada en la presunta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Su monopolio era tal que el resto de agencias ni peleaban por las campañas de los populares gallegos.

Corrían buenos tiempos para el sector de la boina, el ala rural del partido, que proporcionaba a Manuel Fraga las romerías multitudinarias que tanto le gustaban. Su máximo exponente, Xosé Cuiña, el sempiterno delfín -ya fallecido-, ocupaba la secretaría general del PP y presidía la consejería más inversora del Gobierno: Obras Públicas.

Y, para los asuntos corrientes, Cuiña había aupado a número tres del PP (secretario de organización) a Pablo Crespo, un dirigente de perfil bajo con experiencia en los números como director de banco en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Si Cuiña programaba un baño de masas para don Manuel, Pablo Crespo se encargaba de cerrar el trato. Siempre a través de Special Events. Si el alcalde de un pequeño ayuntamiento se tambaleaba en las encuestas, el secretario de organización asfaltaba carreteras para ganarse a los vecinos. Aunque luego olvidase pagar la factura, como recordaban ayer dos constructores pontevedreses.

A Crespo apenas se le conocieron declaraciones públicas. Los enemigos de Cuiña, el sector urbano del PP, no olvidan sin embargo una afrenta a finales de 1997 que refleja la incruenta batalla interna.

El secretario de organización, ya con escaño autonómico, aprovechó la celebración de un congreso para relegar a los últimos bancos a dos ministros de Aznar: Mariano Rajoy y José Manuel Romay, enfrentados al sector galleguista. En primera fila posaban sonrientes Cuiña y su equipo.

El episodio molestó mucho a La Moncloa y sirvió a la prensa para explicar la caída de Crespo un año más tarde. Pero su eclipse, a principios de 1999, tuvo más que ver con la gestión y contratos a empresas (singularmente Special Events) que firmó en nombre del PP, según fuentes del partido.

Tras la caída de Cuiña, el nuevo secretario general, Xesús Palmou, exigió a Fraga la destitución del secretario de organización. Y Crespo buscó acomodo en la sociedad con la que tanto había tratado. Special Events le ofreció un cargo directivo en Madrid y el eterno fontanero siguió organizando actos y campañas del PP en todo el país, a excepción de Galicia, donde se le había cortado el grifo.

Fue tal el ninguneo que ni siquiera la presión desde la sede nacional del PP surtió efecto: y entre 1999 y 2004 la sociedad no facturó un euro al PP gallego (aunque sí firmó una campaña por 1,5 millones con la Consejería de Agricultura).

Las informaciones sobre el accionariado de Special Events y su ubicación en un paraíso fiscal obligaron a Fraga a comprometerse en 2005 a no tratar más con la empresa. Pero Pablo Crespo hacía un lustro que volaba por libre lejos de Santiago. A través de ocho sociedades distintas ha negociado contratos con Administraciones publicas gobernadas por el PP, como la Generalitat valenciana o la Comunidad de Madrid.

En octubre no perdió ocasión de saldar viejas cuentas en el juzgado. Acudió como testigo a una vista por una deuda que el PP de Pontevedra contrajo con una pequeña agencia de publicidad cuando él era gerente provincial. Crespo testificó a favor de la empresa y el PP fue condenado.

Nada más conocerse su detención, los populares gallegos -es visperas de ganar por goleada las elecciones autonómicas y de convertir a Alberto Núñez Feijóo en presidente de la Xunta- anunciaron que el ex secretario de organización ni siquiera es ya afiliado. El fin de su carrera empresarial no pilló por sorpresa a quienes lo conocieron en Pontevedra. Algunos ex compañeros recordaban ayer su propensión a elegir socios comprometidos en busca de dinero fácil.

PERIODISTADIGITAL.COM

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DEL PP FUNCIONÓ DE FORMA DISTINTA EN MADRID Y VALENCIA


El juez investiga financiación ilegal en la organización de Camps y supuesto enriquecimiento personal, en los imputados madrileños

M. IGLESIAS COLPISA. MADRID

Diez dirigentes imputados, cinco aforados bajo sospecha y tres tribunales investigando la trama de corrupción relacionada con el PP dibujan un panorama sombrío para el partido de Mariano Rajoy, que apenas ha tenido unas horas para disfrutar de su reciente éxito electoral en Galicia y el País Vasco. La organización delictiva nació en la sede central del partido al amparo del aparato de Organización bajo la presidencia de José María Aznar, pero más tarde, expulsado del nido original, se extendió por las comunidades valenciana y madrileña. Rajoy ha tratado de forma diferente a los militantes implicados en la causa de una y otra autonomía porque la actuación del entramado investigado era muy distinta en una y otra comunidad.

Los autos de inhibición del juez Baltasar Garzón han venido a confirmar un secreto a voces en los pasillos de la sede popular de la calle Génova: el tinglado de Francisco Correa se construyó en los años noventa sobre las relaciones del empresario con los funcionarios del partido. El negocio floreció cuando el PP llegó al poder y se hacían actos cada vez más potentes.

La amistad del empresario con el entonces gerente, Luis Bárcenas, y el contacto frecuente con Jesús Sepúlveda Recio, alcalde hasta el viernes de Pozuelo (Madrid) y en aquellas fechas secretario de Organización del PP, encargado de la organización de los eventos del partido como responsable electoral, fueron pilares sólidos sobre los que Correa construyó su alianza con la organización política y creó así un entramado de influencias en las administraciones que iban ocupando sus amigos del 'aparato'.

Sepúlveda estaba entonces casado con la hoy vicesecretaria de Organización, Ana Mato, que también ocupaba un cargo en la dirección nacional. Fue cesado como responsable electoral en el 2003 y circularon rumores en el partido sobre su connivencia con las facturas abusivas que presentaban al partido las empresas de Correa.

Ahora, el juez Garzón considera claves las relaciones de aquella época entre el dimitido alcalde de Pozuelo y el empresario detenido. «Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón era una de las personas que organizaban eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos», relata el magistrado de la Audiencia Nacional en la resolución en la que le imputa en el 'caso Gürtel'.

En la misma época crecieron las amistades de Correa y su entorno con los restantes funcionarios del partido: Guillermo Ortega, Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y otros militantes que participaban en los preparativos de los actos del partido. Más tarde, accedieron a cargos de la Comunidad y los ayuntamientos, hasta donde, muy pronto, llegaron los tentáculos del entramado de Correa. La red estableció relaciones supuestamente delictivas para hartarse de intermediar en la oferta de contratos públicos, controlados mediante sobornos, y cobrar comisiones a los adjudicatarios.

Negocio diversificado
El negocio se diversificó poco después con la intermediación en actividades urbanísticas, recalificaciones y maniobras especulativas que se repartieron por los municipios de Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Majadahonda.

El contacto para llegar al Ayuntamiento de Boadilla fue el eurodiputado Gerardo Galeote, que relacionó al empresario con su padre, concejal de ese municipio y también imputado en la causa acusado del cobro de cuantiosos sobornos.

El ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, se habría enriquecido con las comisiones por adjudicar a las empresas del entramado la organización de todos los actos públicos de la presidenta de Madrid durante años. Correa utilizaba hasta seis distintos números de registro para sus distintas empresas, de manera que las consejerías que pagaban las facturas pensaban que se estaban adjudicando los contratos a diferentes sociedades.

Esperanza Aguirre había descubierto la trampa cuando citó a su consejero el día que saltó el escándalo a los medios de comunicación. «Alberto, ¿tú has contratado alguna vez con Special Events?», le preguntó la presidenta. «No, ni hablar, nunca, todo eso es mentira», replicó el consejero. «Bueno, pues entonces es mejor que dimitas», le espetó ella.

El partido al rescate
El PP dejó caer a los presuntos corruptos madrileños con dimisiones y suspensiones de militancia que Aguirre aplicó sin muchas contemplaciones. No es de extrañar, pues el juez les imputa en un sumario que investiga delitos como falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero.

Sin embargo, la dirección nacional salió en defensa de los dos aforados de la Comunidad Valenciana, el presidente Francisco Camps y el secretario general Ricardo Costa. Lo que el juez pide al Tribunal Superior de Justicia que investigue es un esquema delictivo diferente al de Madrid. Los dos políticos valencianos, junto a un ex vicepresidente y un jefe de gabinete, habrían recibido dádivas de la terminal valenciana de la trama que, supuestamente, pagó sus gastos en vestuario.

Con ser menos relevantes penalmente, los hechos son de un calado político indudable y dejarán huella en la trayectoria política de los afectados. Sobre todo, la resolución judicial que revela el pago de los trajes resulta demoledora para Camps, quien, a pesar de que la Policía detectó los cheques y transferencias utilizados para los pagos, sigue negándolo todo.

El 'modus operandi' del entramado en la Comunidad Valenciana apunta a una supuesta financiación irregular del partido que ni el juez ha probado ni parece fácil lograrlo. Lo que la Policía trató de averiguar fueron los contactos entre los altos cargos receptores de regalos y las contrataciones de las administraciones públicas con Orange Market, sobre todo para el stand de la Generalitat en FITUR. La amistad de su propietario, Álvaro Pérez, con el presidente autonómico fue decisiva para la expansión de la empresa en la comunidad y letal para el político.

NORTECASTILLA.ES

SEPÚLVEDA, CAMPS, CORREA Y EL BIGOTES: UNA HISTORIA DE AMIGUETES


El ya ex alcalde de Pozuelo y el presidente valenciano, bajo el amparo de Aznar, coincidieron con el jefe de la trama en Génova 13

Jesús Sepúlveda recibió, presumiblemente, dinero y regalos de Francisco Correa, según explicaba uno de los autos del juez Garzón emitidos el pasado jueves. ¿Pero quién es Jesús Sepúlveda? A simple vista, el alcalde de Pozuelo de Alarcón hasta el viernes. Pero su papel en el Partido Popular llega más lejos, concretamente hasta los albores de la formación, cuando se llamaba Alianza Popular. Es un hombre que gestó una importante, y ahora perjudicial, amistad con Francisco Correa, con Álvaro Pérez y… con Francisco Camps.

Así lo explica hoy en El Mundo la periodista Lucía Méndez, experta conocedora de lo que sucede en Génova 13, que habla de un “club de los suboficiales del Ejército de Aznar”, que sería el conocido como clan de Valladolid: un grupo de jóvenes conservadores que respondían al tópico de camisa con iniciales bordadas, gemelos y chaquetas Barbour, como la que Garzón dice que le pagó la empresa del Bigotes a Francisco Camps”.

De la mano de Aznar
Jesús Sepúlveda llegó a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, una de las ciudades más prósperas y con mayor renta per cápita de España, de la mano de José María Aznar, quien no dudó en forzar la marcha del anterior alcalde para dar ese puesto a quien le había acompañado desde los albores de su carrera política, cuando el ex presidente sólo era uno más de los muchos dirigentes del PP.

El área electoral
Pero no es su gestión como alcalde la que está únicamente en entredicho sino también sus acciones al frente del área electoral, donde la trama de Francisco Correa habría sacado la mejor tajada del PP nacional organizando eventos y actos varios. Así lo explica Méndez: “Allí en la sede central coincidieron en los albores del año 2000 Jesús Sepúlveda, en el área electoral, y Francisco Camps, que trabajó primero en el área sectorial con Ana Mato antes de ser nombrado secretario de Estudios y Programas”.

El cuarteto
Juntos, Sepúlveda y Camps formaron un cuarteto que ahora ha golpeado directamente en los pasillos de Génova. Según la periodista de El Mundo “allí fue donde se gestaron las relaciones Correa-Sepúlveda y Camps-Alvarito que han resultado ser fatales para los dos dirigentes del PP”.

Camps se llevó al Bigotes
A partir de entonces, fue cuando la trama se ramificó para atender a los gobiernos populares que se empezaban a gestar en otras Comunidades. Camps y Sepúlveda “salieron de la sede del partido al mismo tiempo, en 2003”, explica la periodista. Cuando el PP decidió que las facturas de Correa eran sospechosamente elevadas, Sepúlveda fue enviado a Pozuelo y Camps se marchó a Valencia para sustituir a Zaplana “y se llevó con él a Álvaro Pérez, quien montó una empresa para organizar los actos del PP valenciano”.

Otra historia
Más tarde, se apuntaron a este provechoso “club” Alberto López Viejo, el ex consejero de Esperanza Aguirre, acusado de cobrar sobornos y Alfonso Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid. Ambos pasaron de poner sillas en los actos del PP a las cimas del PP madrileño donde se encontraban ahora. Un ascenso que, curiosamente, se produjo al mismo tiempo que su relación con Correa iba intimando. Pero esa es otra historia.

ELPLURAL.COM

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EL AYUNTAMIENTO SOCIALISTA DE BAENA CAMUFLABA LAS JUERGAS EN EL PUTICLUB COMO "DONATIVOS RELIGIOSOS"


(PD).- La red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena, regido por el senador socialista Luis Moreno, llegó a justificar en actividades de carácter religioso -relacionadas con la Semana Santa o con la Virgen de los Desamparados de este municipio- los fondos recaudados ilícitamente que terminaban gastando en el club de alterne de Marbella Milady Palace.

Así se desprende de las escuchas telefónicas practicadas durante la instrucción del caso.


Cuenta Silvia Moreno en El Mundo que en una, fechada el 13 de agosto de 2007, Rafael Santano, hombre de confianza del alcalde, contacta con un desconocido y le indica por teléfono: «Me tienes que hacer dos facturas... Una es de 550 euros IVA incluido... Y otra de 1.100 con el IVA incluido... Pones gastos de diversas actividades protocolarias o de protocolo y en la otra pones regalos celebración...Actividades Virgen de los Desamparados... Me las subes mañana con la otra».

Cuando Santano dice «me las subes», se refiere al dinero de las facturas falsas, que deben llevárselo a su despacho en el Ayuntamiento de Baena.


El modus operandi de la red consistía en la emisión de facturas por encargo y a nombre del Consistorio en las que figuraban trabajos y materiales inexistentes.


Los imputados se ponían de acuerdo con varios empresarios para que les hicieran facturas falsas. A cambio, el Ayuntamiento de Baena les seguía haciendo encargos. El dinero para pagar las facturas falsas salía de las arcas municipales y se depositaba en la cuenta de los empresarios. Después, se deducía el IVA y el dinero regresaba al cerebro de la trama, el funcionario Rafael Santano, que ejercía las funciones de secretario del alcalde.

LAS ESCUCHAS DE LA GUARDIA CIVIL

Según las escuchas telefónicas de la Guardia Civil, el coordinador de la red era Rafael Santano, acusado de malversación de caudales públicos o falsificación de documentos, entre otros delitos.


Pero la Benemérita dice en su informe que Luis Moreno "parece estar al tanto" de las "anomalías" contables. De hecho, subrayan que "pudieran haberse utilizado viajes inexistentes para tapar o camuflar las cuentas, estando asimismo el alcalde en conocimiento de esta irregularidad".


En una conversación pinchada entre el alcalde y su secretario, el regidor le dice: "las cuentas llévalas mejor, ¿eh? Las cuentas de la otra vez son infumables".

"Vamos a ver, esas cuentas pueden dar un mal rato en cualquier momento, así que nunca mais", sentencia Moreno.


Pero Santano le replica y subraya que "pero que no, no voy a hacer yo algo que nos pillen por un viaje, habremos hecho cosas peores".


Durante las grabaciones de la Guardia Civil, también se ve la preocupación del secretario por no utilizar nunca su dinero, aunque fuera sólo de adelanto, para los clubes de alterne.

En una conversación entre el secretario y otro empleado, ambos imputados, Santano le dice que "te estoy diciendo que, hombre, no te adelante mucho, que te adelante, ohh, unos mil euros, con mil euros tenemos para mañana". Y el hombre de confianza del alcalde concluye diciendo que "a mi me da cosa gastarme dinero mío...en estas cosas".

PERIODISTA DIGITAL

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Los abogados de la Administración valenciana encuentran incongruencias, errores y falta de datos que relacionen los supuestos sobornos con las posteriores adjudicaciones


V. VILLAPLANA | VALENCIA
Tras casi un mes de filtraciones continuas de la investigación del juez Baltasar Garzón a una red de empresas relacionadas con el PP, los abogados de la Generalitat han podido por fin «hincarle el diente» a una acusación que salpica al presidente valenciano, Francisco Camps, y al secretario general del PPCV, Ricardo Costa. El resultado de ese análisis es concluyente. Falta de pruebas, errores e incongruencias en las que muy pronto basarán la defensa de los imputados en la causa, que se tralada ahora al Tribunal Superior de Justicia autonómico.

Incongruencia
Considera facturas que el auto tilda de falsas
La instrucción otorga credibilidad a los supuestos cobros recibidos por los representantes del PP pese a que el propio auto define como «facturas falsas» las operaciones financieras ficticias del grupo para acreditar una actividad con la que disimular los ingresos ilícitos. Además, los conceptos recogidos tampoco están claros.

Errores cronológicos
Actos cuando no estaba creada la empresa
El auto judicial afirma que en la empresa Orange Market aparece un archivo con el nombre de «congreso regional de Valencia» que va desde septiembre de 2002 hasta enero de 2003, en el que cita varios apuntes, tanto en «A» como en «B». Parece complicado que esta sociedad pudiera emitir facturas durante 2002 cuando Orange Market se constituyó en 2003 y empieza a operar efectivamente en 2004.

Baile de números
La financiación irregular no cuadra
El escrito del juez Baltasar Garzón se refiere a una supuesta financiación irregular al «PP de Valencia», aunque rápidamente puntualiza que es un extremo sin confirmar y que deber ser investigado. Pero lo más grave es que los supuestos fondos logrados por los populares con la trama no cuadran.

Primero se cita un dinero de «procedencia desconocida» que llega al PP por un total de 420.000 euros, pero después recoge que «consta una entrada de procedencia desconocida y, en el reparto de la misma, corresponden 420.700 euros».

El auto explica que, como concepto, aparece «PP VLC», de lo que presupone que «se distribuyó para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia».

El auto judicial afirma que en la empresa Orange Market aparece un archivo con el nombre de «congreso regional de Valencia» que va desde septiembre de 2002 hasta enero de 2003, en el que cita varios apuntes, tanto en «A» como en «B». Parece complicado que esta sociedad pudiera emitir facturas durante 2002 cuando Orange Market se constituyó en 2003 y empieza a operar efectivamente en 2004.

Productos que no casan
Facturas por conceptos que no se comercializan
La tienda Forever Young tiene un papel clave en la supuesta trama de soborno de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el auto reconoce que la elaboración de las facturas se realizan por conceptos que ese establecimiento no comercializa, como metros de tela, seda natural, batista suiza azul y Oxford algodón, y «por cuantías que no se corresponden» con los pagos, ya que presentan agregados distintos pedidos a cuenta de ropa.

De esta forma, recoge que «la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización» para poder llevar a cabo sus supuestos fines delictivos.

Prenda inexistente
Un chaleco blanco que nunca apareció
El auto se refiere a varias prendas de vestir que el presidente de la Generalitat Valenciana habría recibido por parte de las empresas investigadas, entre ellas, un chaleco blanco que debía vestir Camps en una recepción del Papa en el Vaticano. Sin embargo, como ya informó ABC, el presidente valenciano vistió un chaleco negro en aquella ocasión.

Nexo causa-efecto
No prueba la relación con las adjudicaciones
Los abogados de la Generalitat defienden que el auto judicial no muestra el vínculo entre los supuestos pagos en especie a los representantes políticos del PP valenciano y las posteriores adjudicaciones de distintos stands de la Comunidad en certámenes turísticos como Fitur. Ninguna de esas adjudicaciones fue recurrida, por lo que el protocolo para la elección de adjudicatario se considera correcta y no puede deducirse contraprestación, según la doctrina del Tribunal Supremo.

El auto asegura que la organización y sus empresas tenían negocios «en países tales como China, Azerbaiyán y Miami» (sic). Después se refiere a la ciudad de la costa este de Estados Unidos como «esta última capital», cuando Miami no es la capital de Florida, sino que lo es la ciudad de Tallahassee.

«Pifias» geográficas
Miami no es un país, ni una capita
El auto asegura que la organización y sus empresas tenían negocios «en países tales como China, Azerbaiyán y Miami» (sic). Después se refiere a la ciudad de la costa este de Estados Unidos como «esta última capital», cuando Miami no es la capital de Florida, sino que lo es la ciudad de Tallahassee. Dos errores en un solo párrafo.

Problemas con las siglas
Confusión con el nombre del partido
Garzón crea confusión a la hora de nombrar a la estructura dentro del Partido Popular. En la cuarta conclusión cita «los gastos del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market SL y abonados por el PPV» (sic). «PPV» se referiría al PP provincial de Valencia o al municipal de la capital autonómica, no al estamento regional de la organización que lideran Camps y Ricardo Costa, que se denomina Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).

ABC.ES

LA FISCALÍA INVESTIGA AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIJAS


URBANISMO | Presunto delito
El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, en un pleno.

* La investigación se abre por una denuncia del PP

Marga García | Málaga

La Fiscalía de Delitos contra la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha abierto diligencias para investigar si la inactividad del Ayuntamiento de Mijas ante una denuncia sobre unas supuestas obras ilegales fuera constitutiva de un delito urbanístico, según la documentación que obra en poder de este periódico.

Así lo ha notificado el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo Rubio, en un escrito fechado el 26 de febrero de 2009. La incoación de diligencias se produce a raíz de una denuncia presentada por el PP de Mijas. De esta forma, sobre la gestión urbanística del Consistorio pesa una nueva investigación fiscal y la duda sobre la excesiva permisividad ante las presuntas irregularidades de construcciones en suelo rústico de ediles y algunos vecinos del pueblo.

Para el PP el alcalde, quien tiene la competencia en el expediente sancionador, «se merece un reproche penal al haber dejado transcurrir de forma consciente los plazos para evitar la sanción administrativa a los que, de forma consciente, han llevado a cabo la edificación no autorizable, desoyendo la orden emitida de paralización».

Los 'populares' trasladaron al fiscal que el 7 de febrero de 2007 presentaron una denuncia ante el departamento de Urbanismo del Consistorio y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). En el escrito reseñaron que se estaba realizando la construcción de una plancha de hormigón y de un muro perimetral en la carretera Mijas-Coín, justo en el diseminado 18, junto al cruce de Entrerríos.

En la misma fecha, el Ayuntamiento acusó recibo de la denuncia, alegando que desconocía la situación, por lo que se dio orden a Urbanismo para que inspeccionara las obras supuestamente ilegales.

Uno de los aspectos más llamativos de la actuación del gobierno socialista se produjo cuando el PP se interesó por la titularidad de la finca en la que se ordenó la paralización de las obras que se ejecutaron ilegalmente. La respuesta del Ayuntamiento de Mijas fue que no se podía facilitar esta información, «por ser contrario a la normativa sobre protección de datos de carácter personal». Es curiosa esta respuesta teniendo en cuenta que el ente infractor es la empresa Almacenes Moreno, S.L., representada por Francisco Moreno Rodríguez, con el que mantiene una estrecha relación personal el actual concejal de Urbanismo del PSOE, Juan Cruz.

El Departamento de Valoraciones del Ayuntamiento el día 23 de abril de 2007 emitió informe por el que se estimaba el valor de las obras en 148.440,60 euros. Esta fue la base para que el expediente se resolviera en mayo de 2007 con una multas coercitivas de 24.006,30 euros al mes, así como con la orden de demolición de las obras ejecutadas.

Las obras continuaron

Sin embargo no sólo no se demolió la obra ni se pagó la multa, sino que el 14 de junio de 2007 se emitió un nuevo informe de la Policía Local que confirmó la continuación de las obras, ante la pasividad del propio Consistorio. También la arquitecta técnica municipal del Ayuntamiento, Elena Martín Andrés, emitió un informe negativo sobre un proyecto de actuación solicitado por Almacenes Moreno, S.L., considerando la parcela afectada como Suelo no Urbanizable Agrícola de Regadío.

A pesar del rechazo unánime de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mijas al proyecto de Almacenes Moreno, S.L., y de los informes de la arquitecta técnica municipal y el de la jefa del departamento de Urbanismo, María de la Peña Ortíz Alarcón, no se pararon las obras, ni se obligó a demoler la vivienda. Tampoco se gestionó el cobro de la multa. Esta inactividad del Consistorio provocó que el representante de Almacenes Moreno, S.L. presentara un escrito reclamando la suspensión del expediente. Una petición que fue refrendada por decreto de Alcaldía basándose en «la caducidad del expediente».

ELMUNDO.ES

EL JUEZ GARZÓN CITA EN SU AUTO AL EMPRESARIO JOSÉ LUIS ULIBARRI COMO MODELO DE "TEJEMANEJES"

[El presidente Zapatero con José Luis Ulibarri]

(PD).- De entre los numerosos detalles que se incluyen en las autos de inhibición del juez Garzón, emitidos el pasado jueves, ha pasado por alto para muchos la presencia de José Luis Ulibarri, propietario del Diario de León, parte de Punto radio, varias cadenas de televisión y un imperio inmobiliario.

El empresario ponferradino -bien relacionado con el presidente Zapatero y con algunos leoneses de su entono- aparece, de una manera muy clarificadora, en el auto enviado al TSJM y en el que se imputa a los alcaldes de Pozuelo y Arganda.

Además de aclarar su condición de imputado, Garzón le pone como ejemplo de los tejemanejes que utilizaba la trama de Correa para repartir las comisiones cobradas.

Explica Marcos Paradinas en El Plural que, tras explicar que, en sus negocios, Correa obtenía “una comisión a repartir entre las personas que habían intervenido en la operación”, Garzón asegura lo siguiente: “Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri”.

Ulibarri, el retorno
Poco a poco, la atención sobre José Luis Ulibarri, empresario leonés con suculentos negocios allí donde gobierna el PP, se ha ido desvaneciendo en la operación Gürtel y sobre todo en su cobertura mediática, algo a lo que no puede ser ajeno la foto que mostró Camps y en la que se ve al empresario junto al presidente Zapatero.. Sin embargo, en el auto del juez Baltasar Garzón con el que se inhibía a favor de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, su nombre aparece brevemente en dos ocasiones, pero con suficiente protagonismo.

Imputado
La primera de ellas es en el auto remitido al TSJ de Madrid. Es aquí donde el magistrado se refiere al empresario como “el imputado José Luis Ulibarri”. En concreto, lo hace cuando explica cómo se repartían las porciones de las comisiones que conseguía Correa por sus gestiones.

Concursos a medida
“Para conseguir ese objetivo, el concurso se diseñaba a medida, de tal forma que el trámite administrativo tenía lugar adjudicándose aquél a la empresa presentada por Correa, que obtenía una comisión a repartir entre las personas que habían intervenido en la operación”, explica Garzón.

Ulibarri, todo un ejemplo
A continuación, comenta: “Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri”.

“¡La polla!”
Esta forma de reparto la dejó en evidencia el propio Correa en una de las grabaciones conseguidas, con mención a Ulibarri incluida: "Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un montón de gente ahí... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( El bigotes) , reparto con el alcalde (del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!”.

Empresa fantasma
Tampoco pasa por alto la mención a la sospechosa adjudicación a UFC de una parcela en Boadilla del Monte. La adjudicación en 2005 de terrenos para construir 139 viviendas y más de 300 plazas de garaje levantó sospechas porque la empresa de Ulibarri no estaba dada de alta en la Seguridad Social en el momento de tal concesión, era una empresa fantasma.

Tomás Martín Morales
La mención a esta adjudicación en Boadilla del Monte se completa con el segundo auto de Garzón en el que aparece mencionado Ulibarri, concretamente en el que se imputa a los alcaldes de Pozuelo y Arganda. Es en el momento en que se habla de Tomás Martín Morales, el que para muchos era el alcalde en la sombra en la localidad madrileña, de plena confianza de Panero.

Adjudicación directa
A él le relaciona con las adjudicaciones sospechosas de Boadilla. Garzón le atribuye a él la “adjudicación directa de una parcela en Boadilla del Monte a la empresa UFC SA propiedad de José Luís Ulibarri tras la intervención de Francisco Correa”.

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