miércoles, 17 de febrero de 2010

"OPERACIÓN TEQUILA"; UNA DENUNCIA DE IU DESVELA UNA TRAMA URBANÍSTICA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El ex alcalde y 10 personas más, puestos a disposición de la justicia

Según denuncia Diario de Cádiz en su edición de hoy, La Guardia Civil acaba de cerrar la Operación Tequila que ha puesto al descubierto una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto durante el anterior gobierno de Independientes Portuenses. Al frente de dicha trama sitúan a cuatro personas que manejaban todos los hilos necesarios: el ex alcalde, Hernán Díaz, su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo

Ellos se lo guisaban, ellos se lo comían. Los técnicos municipales, preparando el papeleo necesario para que fueron regularizados los chalés ilegales, promovidos en El Puerto fundamentalmente por chiclaneros, y los políticos, concediendo licencias o firmando decretos para legalizar las viviendas. La Guardia Civil acaba de cerrar la Operación Tequila que ha puesto al descubierto una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto durante el anterior gobierno de Independientes Portuenses.

Trama del ex alcalde
Al frente de dicha trama los investigadores sitúan a cuatro personas que manejaban todos los hilos necesarios: nada menos que el ex alcalde, Hernán Díaz -foto-, que tuvo que dejar la Alcaldía al ser inhabilitado por un delito de prevaricación (por nombrar a dedo al jefe de la Policía Local), su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo.

Jefe de licencias y su novia
Se trata del jefe de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, y su novia, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo, que siguen en la actualidad ostentando los mismos puestos. Ella es la que figura al frente del estudio de arquitectura Tec, pieza clave de la trama. Por ese estudio ha bautizada la Guardia Civil la operación con el nombre de Tequila. Y porque además Trigo posee un restaurante típico andaluz en una localidad mexicana fronteriza con EE.UU.

11 imputados
En total, son 11 las personas que han sido imputadas en la trama. Junto a estos cuatro, están implicados otros arquitectos, como Isabel Ruiz Vázquez, trabajadora del estudio Tec, autora de varios de los proyectos que siempre lograban informes a favor de Jiménez Fornell y los consabidos decretos de regularización y las licencias municipales, que rubricaban, ora Hernán, avocándose las competencias, ora Rodríguez, además de varios promotores de Chiclana. Todos ellos han sido imputados por la Guardia Civil en la supuesta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Denuncia de IU
La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Puerto, se inició a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz de la agrupación local de Izquierda Unida hace ya más de dos años. Fue a finales de 2007 cuando IU denunció la supuesta comisión de irregularidades por parte de ex dirigentes de IP y técnicos municipales.

Entre 2004 y 2007
Las pesquisas emprendidas por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz han determinado que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto entre 2004 a 2007 concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano ó aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".

o El Ayuntamiento de El Puerto estudia personarse como acusación

elplural.com

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN RECLAMA INVESTIGAR LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO EN 10 BANCOS

Los escándalos que afectan al PP

Hacienda analiza la contabilidad de los sospechosos de financiación ilegal

JOSÉ MANUEL ROMERO / JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Así lo ve Peridis

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia. Anticorrupción entiende que es necesario analizar esas cuentas para cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa sobre los actos que organizaba para el PP. El objetivo es reforzar, en su caso, el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama corrupta, no declarados a Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de esa comunidad. Éstas obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Francisco Camps mediante pagos a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios no prestados.

Las fiscales quieren contrastar los pagos en dinero negro a la trama corrupta

El juez no se ha pronunciado aún definitivamente sobre la petición de la fiscalía por entender que el informe policial apunta como sospechosos de esa trama de financiación a altos cargos del PP de Valencia cuyo enjuiciamiento, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de esa comunidad. Sin embargo, ese tribunal acaba de dictar una resolución que podría modificar la actual situación. Se trata de un auto relativo a la querella por financiación ilegal contra un total de 17 personas (entre empresarios y altos cargos del PP de Valencia) que interpuso el PSOE de Valencia y que está basado en el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El Tribunal Superior de Valencia considera en ese auto que hay que investigar los indicios delictivos que se describen en la querella del PSOE y en el informe policial y deja la investigación de este asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo introduce la salvedad de que Madrid le remita todas las actuaciones que realice al respecto en el momento en que observe la implicación de algún aforado valenciano.

No obstante, la investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia lleva meses en marcha, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Valencia se negase, en julio del año pasado, a investigar el informe que le remitió la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Entonces, el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, estaba a punto de dar carpetazo a las diligencias que instruía en ese momento contra varios altos cargos del PP valenciano por cohecho impropio, entre ellos el propio presidente, Francisco Camps, por recepción de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel.

La Agencia Tributaria lleva meses analizando en su base de datos la información sobre los implicados de la trama corrupta valenciana para determinar si han incurrido en posibles delitos fiscales similares a los de otros imputados del Partido Popular. La investigación por parte Hacienda fue autorizada en su momento por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del citado organismo.

La supuesta financiación irregular del PP que la Brigada Policial de Blanqueos considera acreditada en documentos de las empresas de la trama corrupción y en la propia investigación abierta por este caso se canalizó básicamente a través de Orange Market, la firma que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los lugartenientes de Correa.

Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana funcionaba de la siguiente forma: las empresas de la red de Correa organizaban todos los actos para el PP, pero éste sólo les pagaba una parte con factura. El resto del dinero era abonado sin declarar el gasto a Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat.

Doble facturación
La red corrupta mantenía una doble contabilidad, según se desprende de los libros incautados por la policía en registros de las empresas de Francisco Correa, el cerebro de la trama. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación: una real, plasmada con una factura formal emitida por Orange Market por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante y que sería la caja A; y otra sin factura y, por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona o caja B", señala el informe de la Brigada de Blanqueo. La policía apuntaba a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, como "canalizador del dinero", entre otros altos cargos del partido. Costa fue suspendido de militancia tras negarse a abandonar su cargo, como había ordenado la dirección nacional.

Entre las empresas que supuestamente pagaron dinero para el PP, el documento policial señala a la constructora Piaf; a Ortiz e Hijos y a Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino.

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elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; ESTARÁS RESPONSABILIZA A MATAS DE LAS DECISIONES EN TORNO AL VELÓDROMO

Declara como testigo

Los tres ex consellers a su llegada a los juzgados. | Efe

* La eurodiputada se ha desvinculado de cualquier infracción en los contratos
* Ha señalado a Matas como el principal interesado en el avance de las obras

Europa Press | Palma

La eurodiputada y ex vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura, Rosa Estaràs, que ha declarado como testigo en el caso Palma Arena, ha señalado en su comparecencia ante el juez de instrucción número 3, José Castro, al ex presidente del Govern, Jaume Matas, como el principal "interesado" en que el avance de las obras del velódromo y le ha responsabilizado a él personalmente de las principales decisiones tomadas en torno a la construcción.

En una declaración que se prolongó durante más de tres horas, la ex presidenta del PP balear ha sido interrogada sobre los contratos presuntamente irregulares que fueron rubricados en la pasada legislatura para la ejecución de la infraestructura 'estrella' del ex presiente Matas, aunque se ha desvinculado de cualquier infracción y ha manifestado que "no asistía" a las actas donde se suscribían estos acuerdos.

Así, durante la declaración se ha referido en varias ocasiones a Matas, quien actualmente reside en Nueva York y que deberá prestar declaración ante el juez el próximo 23 de marzo, al estar imputado en este caso por el presunto enriquecimiento ilícito de su patrimonio y su conexión con el desvío de 48 millones de euros producido durante la ejecución del velódromo.

Mientras tanto, también estaba previsto que declarase el ex conseller de Turismo y diputado del PP en el Parlament, Joan Flaquer, igualmente como testigo, aunque debido a la duración de la comparecencia de Estaràs finalmente su comparecencia ha sido aplazada a las 11.00 horas de mañana, en la que previsiblemente será interrogado, entre otras cuestiones, por los contratos de eventos deportivos que autorizó para su celebración en el Palma Arena.

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elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; UN EJECUTIVO DE SACYR DECLARA QUE AREAL COMPRÓ SOBRE PLANO

El piso de Madrid

El consejero delegado de la filial residencial de ´S y V´ testificó ayer ante el juez José Castro

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. Miguel Ángel Peña Penilla, que desde 2004 ocupa cargos directivos en la constructora Sacyr-Vallermoso (S y V), declaró ayer durante dos horas ante el juez del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo público del mismo nombre. Peña, que compareció como testigo, confirmó una afirmación de otro directivo de la firma respecto a que Maite y Fernando Areal, esposa y cuñado respectivamente del entonces president del Govern del PP Jaume Matas, eligieron sobre plano el piso 4º-C de la finca 105 de la calle de Don Ramón de la Cruz de Madrid.

Peña explicó al magistrado José Castro, al fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la acusadora particular en nombre del Govern María Ángeles Berrocal y a las defensas que él no trabajaba en "S y V" en 2003. Según fuentes de la empresa, el testigo se incorporó a Vallermoso en 2004 como gerente de la zona centro. En 2007 fue nombrado director territorial de esa división y desde enero del 2008 es consejero delegado de la filial residencial del grupo.

Peña ratificó que los hermanos Areal escogieron la casa sobre los planos de Don Ramón de la Cruz 105, un complejo residencial de lujo en pleno barrio de Salamanca de Madrid.

El testigo también fue interrogado a fondo sobre la extraña cesión de la reserva para ese mismo piso y dos aparcamientos efectuada por Fernando Areal. El cuñado de Matas se comprometió a comprar esos inmuebles y abonó cien mil euros en concepto de arras, o señal.

Posteriormente, y de una forma anómala, según admitió ayer el testigo, Fernando Areal cedió sus derechos sobre el piso y los aparcamientos a Bartolomé Reus, ex conseller del Govern, antiguo presidente de Gesa y amigo de Jaume Matas. Reus firmó un contrato de arras por la misma cantidad el 16 de junio del 2003 y pocos días después formalizó la adquisición del inmueble, por un millón de euros más IVA. La devolución de las arras al cuñado de Matas lleva esa misma fecha

Peña dio a entender que lo correcto hubiese sido dar por finalizada la opción de Fernando Areal, devolverle el dinero y contablemente abrir un expediente diferente para el nuevo cliente, Reus.

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