miércoles, 19 de octubre de 2011

MONTIS TAMBIÉN LE OCULTA AL JUEZ LAS CIFRAS "LEGALES" DE LA TAPADERA DE SON OMS

Las maniobras del testaferro de UM

* Fracasa su Plan para tapar las deudas de Gestora Desarrollo a Hacienda

María J. García | Eduardo Colom | Palma

Un documento incautado en su despacho revelaba el reparto de las comisiones en B a través de Gestora Desarrollo Son Oms, pero Jaime Montis se ha negado, sin embargo, a dar ningún tipo de información sobre la operativa supuestamente legal de la tapadera. Montis, imputado por ser el testaferro que aglutinó en nombre de la cúpula de UM las comisiones por la recalificación del polígono industrial de Son Oms –un 15% de cada solar–, pidió voluntariamente el concurso de acreedores en febrero para la firma con la que los uemitas se repartieron la tarta.

Él mismo firmó el poder para autorizar al procurador y es que a pesar de haber intentado hacerse pasar por loco desde 2009 para no desvelar a quién corresponde la inicial 'M' en el reparto de comisiones hasta febrero de este año ha sido el administrador de Gestora Desarrollo Son Oms.

Una vez aceptado el concurso por la juez María Encarnación González López, se nombró administradora concursal a la abogada María Alba. Sin embargo, tanto Jaime Montis –que es apartado del cargo ya que el objetivo del concurso es la liquidación– como su abogado y su asesor, han colaborado más bien poco en la resolución del mismo.

El informe concursal, ya presentado en el Juzgado así lo indica. "Esta administración lamentablemente se ha encontrado con múltiples problemas que han imposibilitado la obtención de toda la documentación necesaria para poder elaborar el informe", señala. Y eso a pesar de que el concurso era voluntario y de que la Ley Concursal "impone como deberes fundamentales del concursado los de información y colaboración con la administración".


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"CASO MALAYA"; LA SALA AUNCIA LA ABSOLUCIÓN DEL HIJO DEL EMPRESARIO PÉREZ PEÑA

Le pedían dos años por falsedad documental

Efe | Málaga

El tribunal del caso 'Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español -el de Marbella-, ha anunciado la absolución de un procesado tras el acuerdo suscrito con la Fiscalía Anticorrupción y le ha permitido levantarse del banquillo de los acusados.

El fiscal Juan Carlos López Caballero, "anticipando" los términos de las conclusiones de su escrito, ha comunicado la retirada de la acusación contra Javier Pérez Villena, acusado de un delito de falsedad documental y por el que se le pedían dos años de prisión.

Pérez Villena es la tercera persona que se beneficia de un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado lunes el padre de Javier Pérez, el empresario Ismael Pérez Peña, reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

Pérez Peña también reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos, extremo que ella negó durante su declaración en el cuarto y último bloque del juicio del caso 'Malaya'. Al confesar estos hechos, la Fiscalía acordó la reducción de la pena solicitada inicialmente, y la retirada de la acusación contra su hijo.

En los mismos términos, la Fiscalía también ha llegado esta semana a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que ha admitido que cometió un delito de falsedad documental.

Armenta, que fue detenido en la segunda fase de la operación 'Malaya', ha reconocido que "era consciente en todo momento de la mendacidad de dicho documento" y del fin ilícito.

La falsedad documental cometida por Carmelo Armenta se remonta a 2006 cuando firmó un contrato simulado para justificar dos millones de euros, que recibió Juan Antonio Roca del también procesado, Ismael Pérez.

El próximo lunes, el macrojuicio llega a su sesión número cien en su último bloque, que trata delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos entre otros.

Aunque actualmente sólo se han firmado tres acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción otros procesados estudian con sus abogados defensores si pueden suscribir algún tipo de acuerdo con el ministerio público para poder beneficiarse de la reducción de sus posibles condenas y multas.

El juicio se inició hace algo más un año, periodo en el que se han desarrollado las cuestiones previas y los bloques relativos a blanqueo de capitales, que permitían que sólo tuvieran que acudir al juicio los acusados imputados de ese delito.

Los magistrados que componen la Sala tienen previsto que el juicio pueda quedar visto para sentencia antes del próximo verano.

Además
* Pérez Peña pagó sobornos a Roca y Yagüe
* Gráfico: Las claves del caso 

IMPUTAN POR SUPUESTA MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE ARROYOMOLINOS

Investigan contrataciones irregulares

* La denuncia fue puesta en 2007 por el entonces portavoz del grupo socialista

Efe | Madrid

El Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero ha imputado por un supuesto delito de malversación y prevaricación al alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde, y a parte de su equipo, a quienes se investiga por supuestas contrataciones irregulares que podrían alcanzar los 44 millones de euros.

La titular del juzgado llamará a declarar como imputados al regidor, al primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Félix López, a la concejala de empleo, Ana Millán, al ex concejal de servicios generales durante la pasada legislatura, Laureano Arrogante y al ex gerente de la empresa municipal de vivienda, Carlos García Escribano.

Todos ellos tendrán que declaran ante el Juzgado el próximo 14 de diciembre a las 10 de la mañana, según el auto que ha sido notificado este miércoles y al que ha tenido acceso Efe.

Asimismo el Juzgado ha pedido al Tribunal de Cuentas que audite al Ayuntamiento de Arroyomolinos para que concrete "el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos".

Los hechos por los que se imputa al alcalde del PP de Arroyomolinos y a parte de su equipo responden a la denuncia interpuesta en el año 2007 por el entonces portavoz del grupo socialista y hoy secretario general de la Agrupación Socialista, Juan Carlos García.

Piden la dimisión 'inmediata'
Tras tres años recopilando información, éste presentó una denuncia en la que hablaba de supuestas contrataciones irregulares por valor de tres millones de euros, que posteriormente se amplió a 44 millones por presuntas adjudicaciones y construcciones irregulares.

Unos hechos por los que el pasado mes de noviembre declararon parte del cuerpo técnico del ayuntamiento en calidad de testigos.

Así pues, tras conocer este miércoles la imputación del alcalde Juan Velarde, el secretario de la agrupación socialista, Juan Carlos García ha pedido la dimisión "inmediata" del regidor de Arroyomolinos y los ediles imputados.

"No se puede permitir que una persona que está bajo sospecha de cometer delitos contra el patrimonio permanezca al frente del ayuntamiento", ha apuntado García, que ve en este gesto la forma de que la gente empieza a valorar "realmente" el trabajo que se hace desde las administraciones.


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