lunes, 23 de noviembre de 2009

"CASO GÜRTEL"; PÍO GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ A DECENAS DE ALCALDES DEL PP FAVORECER A EMPRESAS AMIGAS

@José L. Lobo / Alberto Mendoza.

El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero (Efe).

Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado, ordenó en 2003 a todos los alcaldes populares de la Comunidad de Madrid, siendo presidente regional del partido, que favorecieran a casi dos docenas de empresas constructoras que habían aportado fondos a Génova para sufragar la campaña electoral de las municipales y autonómicas de aquel año.

Según el testimonio de uno de los imputados en el caso Gürtel ante el juez que instruye el sumario, Antonio Pedreira, García Escudero envió a finales de mayo de 2003, una semana después de los comicios municipales y autonómicos, un fax a todos los municipios madrileños gobernados por el PP, incluido el de la capital, en el que ordenaba a los alcaldes que "dieran prioridad" en la adjudicación de contratos públicos a las empresas que habían ayudado a financiar la campaña electoral del partido.

El fax, que fue enviado desde la Presidencia regional del PP a los alcaldes y concejales de Urbanismo de los ayuntamientos en los que el partido obtuvo o revalidó la victoria en las urnas, incluía un listado con las empresas -más de 20, la mayoría de ellas constructoras- que debían recibir un trato de favor durante la nueva legislatura por su generosidad para sufragar los gastos electorales de la campaña, según han asegurado a El Confidencial fuentes conocedoras del sumario.

Entre las constructoras recomendadas por García Escudero estaba Grupo Dico Empresarial, más tarde investigada por el presunto pago de comisiones millonarias a alcaldes y funcionarios de municipios madrileños del PP a cambio de favores urbanísticos. Un ex directivo de Dico denunció a principios de este año ante la Fiscalía Anticorrupción que uno de los políticos supuestamente beneficiado por los sobornos fue el actual consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y número dos del PP de Madrid, Francisco Granados, que fue alcalde del Ayuntamiento de Valdemoro entre 1999 y 2003. La causa fue archivada.

Guillermo Ortega, ex alcalde del municipio madrileño de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel, transmitió personalmente a varios alcaldes y concejales del PP las órdenes de García Escudero para beneficiar a empresarios amigos, según consta en la parte del sumario sobre la que el juez Pedreira aún mantiene el secreto. Ortega era en 2003 miembro de la Ejecutiva regional del partido y hombre de confianza de García Escudero.

"No lo recuerdo"
Consultado por El Confidencial, García Escudero aseguró ayer desconocer si se había enviado algún fax o carta a los alcaldes de la Comunidad de Madrid indicando a qué empresas debían contratar. "No lo recuerdo", afirmó. Sin embargo, mostró su "extrañeza" por que algo así se llegara a producir: "En la vida he hablado con un alcalde para recomendarle una empresa", dijo a este periódico. El entonces presidente regional del PP añadió que "sería absurdo hacer una recomendación de este tipo por fax", y apuntó a la posibilidad de que otra persona, haciéndose pasar por él, enviara el documento desde la Presidencia del PP de Madrid.

En 2003, García Escudero no sólo era el máximo responsable del PP en la Comunidad de Madrid, sino que figuraba como número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en la candidatura al Ayuntamiento de la capital y fue nombrado por el entonces presidente del Gobierno y líder del partido, José María Aznar, coordinador nacional de la campaña electoral para las municipales y autonómicas. Los populares necesitaban demostrar que el descontento por la guerra de Iraq y la gestión del hundimiento del Prestige no interferiría en los resultados electorales, y García Escudero fue el encargado de movilizar a toda la maquinaria del partido.

El ahora portavoz del PP en el Senado llevó las riendas de la campaña junto con Ana Mato, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP. Ésa fue, precisamente, la última campaña electoral en la que participó el ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, entonces secretario nacional del Área Electoral. Sepúlveda fue imputado por Baltasar Garzón en el caso Gürtel por haber recibido, presuntamente, más de medio millón de euros de la trama dirigida por Francisco Correa. Por este motivo, Sepúlveda dimitió como alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Los populares ganaron en aquellas elecciones 400 concejales más que los socialistas en toda España, pero el PSOE del entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo 100.000 votos más en el conjunto del país. En la Comunidad de Madrid, el territorio de García Escudero, el PP revalidó la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la capital. Su trabajo fue bien valorado por Mariano Rajoy, que en 2007 volvió a designar a García Escudero responsable de la campaña electoral para las municipales y autonómicas de aquel año.

elconfidencial.com

SANTA COLOMA DE GRAMENET PARALIZA TRES PLANES URBANÍSTICOS IMPULSADOS POR BARTOMEU MUÑOZ

La nueva alcaldesa espera alcanzar un consenso con la opisicón y los vecinos sobre los planes

EUROPA PRESS - Santa Coloma de Gramenet

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlón, ha anunciado esta tarde que el consistorio iniciará mañana los trámites para suspender tres de los planes urbanísticos más polémicos en el municipio impulsados por su ex alcalde Bartomeu Muñoz, imputado y encarcelado por presunta corrupción urbanística.

En su intervención en un pleno extraordinario, el primero tras el estallido hace un mes del caso Pretoria, Parlón ha concretado que los tres planes que "dejan en suspenso" para alcanzar consenso con la oposición y con los vecinos son las expropiaciones de Singuerlín Norte, la Ciba3 y el Área Residencial Estratégica (ARE) de Safaretjos. Ninguno de estos proyectos aparece citado en el auto del juez Baltasar Garzón, aunque generan discrepancias vecinales y tampoco gustan a la oposición.

Precisamente, la oposición en el consistorio -PP, CiU e ICV-EUiA- había pedido a Parlón suspender estos planes urbanísticos, aunque los tres grupos reclamaban extender la paralización a otros proyectos, como el Cubics -que aparece citado en el auto de Garzón- y la reforma de Can Zam y los entornos del río Besòs.

El plan Ciba III consistía en la construcción de varios bloques de pisos en un antiguo recinto industrial, entre ellos una torre de hasta 20 plantas. En Singuerlín, el barrio de Santa Coloma con menos densidad de población, días antes del estallido del caso Pretoria el Ayuntamiento aprobó un plan urbanístico que incluía construir 763 viviendas, la mayoría de ellas protegidas, en un área formada mayoritariamente por casas de planta baja y patio, donde viven 109 familias a quien se les expropiaría su hogar entre 10 y 15 años. El ARE de Safarejos contemplaba la construcción de un bloque de 30 plantas con 310 viviendas, otros de más pequeños, equipamientos y zonas verdes.

Modelo de ciudad
La oposición y los movimientos vecinales han lamentado durante los últimos días el modelo urbanístico de Muñoz, basado en promover altos bloques de pisos en una localidad de las más densas de Cataluña, donde viven casi 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado de media, cuando lo que se tenía que haber hecho era apostar por zonas verdes, equipamientos y esponjar el tejido urbano del municipio.

Así, Parlón defendió la creación de un "ámbito de debate y participación" para establecer las bases del modelo de ciudad en un contexto de crisis económica, y también de crear una mesa de seguimiento de las medidas que se acuerden sobre este tema.

Parlón abogó por celebrar dos plenos al año de seguimiento y control al Gobierno municipal, plantear el modelo de participación ciudadana, y alcanzar acuerdos con las entidades y la oposición en urbanismo y vivienda.

En cuanto a los cambios que ha habido en el organigrama municipal, con el cese de tres de los gerentes de área a propia petición de los mismos -entre ellos, Pascual Vela, imputado en el auto de Garzón-, Parlón aseguró que no son "cabezas de turco" y que en ningún momento se ha cuestionado su profesionalidad.

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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 750.000 EUROS AL EX DIPUTADO DEL PP ALFONSO BOSCH

La suma exigida por Pedreira para asegurar futuras responsabilidades supera los cinco millones para los cargos políticos madrileños implicados

Madrid

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza por importe de 750.00 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, que fue expulsado del Grupo Popular tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y de 650.000 a Isabel Jordán, la administradora de una de las empresas de la red dirigida por Francisco Correa. En el caso de que no abonaran la cantidad exigida, el magistrado ha dado orden de que se decrete el embargo de sus bienes hasta completar la cifra fijada.

* El juez impone una fianza de 750.000 euros a López Viejo
* Fianza de 1,8 millones para el ex alcalde de Boadilla, la mayor del 'caso Gürtel'

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En total, suman más de cinco millones de euros las fianzas que el juez ha exigido a los altos cargos populares madrileños implicados en la trama Gürtel, no para evitar la cárcel sino para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su presunta participación en el procedimiento. A los 750.000 euros de Bosch hay que sumar la misma cantidad correspondiente a Alberto López Viejo, los 950.000 euros de Benjamín Martín Vasco, el millón de José Galeote y los 1,8 millones de Arturo González Panero.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo ese puesto, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento durante 14 años.

Otra de las irregularidades detectadas contra el diputado regional sería su intermediación para conseguir que se adjudicara a la promotora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte, así como la adjudicación de unos locales por ese municipio a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de la petrolera Repsol YPF.

Isabel Jordán, la subordinada de Francisco Correa que planificó la expansión de la red corrupta en Valencia, admitió ante el juez Garzón el pago de 30.000 euros en trajes para Camps: "He hecho trabajos reales para la Comunidad [Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps".

elpaís.com

UN JUZGADO INVESTIGARÁ LA DENUNCIA SOBRE LAS OBRAS DE TECONSA

TRIBUNALES | Carretera de la Azucarera

Europa Press | Málaga

Un juzgado de instrucción de Málaga investigará la denuncia sobre las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce ejecutadas por Teconsa, una vez que la Fiscalía ha visto que los hechos denunciados inicialmente podrían tener indicios de ser constitutivos de delitos, en concreto falsedad y estafa, según han informado fuentes judiciales.

El ministerio público decidió remitir al Juzgado Decano de la capital las diligencias de investigación penal abiertas tras recibir una denuncia sobre las presuntas irregularidades detectadas en las certificaciones pasadas por dicha empresa al Ayuntamiento. La causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 3, según han señalado las mismas fuentes.

Con el fin de investigar los hechos y de averiguar las personas que podrían ser responsables de éstos, el fiscal ha solicitado al juzgado la práctica de una serie de diligencias de investigación, según han indicado. Además, también se ha enviado la documentación relacionada con estas obras remitida por parte del Consistorio de la capital.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia en la que se pondría en conocimiento que la constructora, en suspensión de pagos y presuntamente relacionada con la trama del caso 'Gürtel', podría haber inflado los trabajos de excavación y desmonte para facturar al Ayuntamiento más de lo ejecutado realmente.

El Ayuntamiento envió al ministerio público documentación relativa al expediente, aunque el alcalde, Francisco de la Torre, señaló que la Fiscalía no se había puesto en contacto con el Consistorio para informarle de la investigación sobre esta obra, financiada a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y en la que Teconsa tenía hasta seis subcontratistas.

De la Torre insistió en su momento en que "la liquidación que se hace es por la obra hecha, no se va a pagar nunca ni un euro más que no esté hecho". Además, precisó, está retenida la cantidad de aval, que "es importante". También el edil de Urbanismo, Manuel Díaz, dijo que "está dentro de la máxima y absoluta legalidad", siendo el porcentaje de obra ejecutado de un 10,2%.

Además
* IU considera 'insuficientes' las explicaciones de De la Torre

elmundo.es

"CASO ARCOS"; LEVANTAN PARCIALMENTE EL SECRETO DE SUMARIO

TRIBUNALES | Alcaucín

Efe | Málaga

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, ha decretado el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín.

Fuentes próximas al caso han informado a Efe de que la juez ha decidido levantar el secreto de los primeros nueve tomos de las actuaciones, así como de otros trece tomos de la pieza separada de atestados policiales.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, el procedimiento debe continuar secreto -por el plazo de un mes- debido a que la Guardia Civil continúa el análisis de la documentación intervenida y la práctica de diligencias.

Argumenta que existe riesgo de destrucción y manipulación de pruebas por parte de algunos de los imputados, por lo que entiende que debe mantenerse el secreto "el tiempo imprescindible" para asegurar dichas pruebas.

La instructora del caso Arcos acordó el secreto de las actuaciones el pasado 19 de septiembre de 2008, decisión que ha prorrogado en doce ocasiones.

En el escrito, el Juzgado señala que "carece de medios suficientes para hacer y entregar copias a todas las partes personadas", situación que en otros procedimientos de "semejante volumen" se ha solucionado con el escaneo de los folios para entregar las copias en formato digital.

Por ello, la jueza libra un oficio a la Delegación de la Consejería de Justicia en Málaga para que "provea de los medios necesarios" para escanear 7.657 folios y dar las copias a las 37 partes personadas en el procedimiento.

La trama del caso 'Arcos', con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la juez.

La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

elmundo.es

"CASO BAENA"; "ME DA COSA GASTARME DINERO MÍO... EN ESTAS COSAS"

CÓRDOBA Conversaciones intervenidas en Baena

El alcalde de Baena, Luis Moreno, junto a un ejemplar de la Constitución. | Madero Cubero

* El secretario del alcalde prefería pagar las prostitutas con dinero público

Manuel María Becerro Sevilla
La investigación judicial sobre la presunta red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena descubrió que el dinero supuestamente malversado por personal de confianza del alcalde -el también senador socialista Luis Moreno- se destinaba a sufragar los gastos derivados de las visitas a un afamado burdel de Marbella, el Milady Palace, situado en la carretera de Puerto Banús.

Lo confirman las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil por orden del juzgado, a las que ha tenido EL MUNDO.es. Reproducen los aspectos más reseñables de 62 conversaciones que tuvieron lugar entre el 30 de julio y el 4 de octubre de 2007.

"Una que está muuu buena"
Destaca una conversación intervenida el 6 de septiembre de aquel año al imputado Juan Díaz Pérez en la que habla con un trabajador del club de alterne antes de viajar a la Costa del Sol, interesándose por "cómo está por ahí el ambiente" y de si había "buenas tías".

Se presenta como "Juan el de Córdoba", y como su interlocutor no lo identifica, el trabajador baenense le recuerda: "Cojones, de allí de Milady, ¿no me conoces, cojones? Con la de veces que nos hemos bebío copas". Una vez lo identificado, se interesa por si está prestando sus servicios "una brasileña, una alta que estaba, que está muuu buena".

"A mí me da cosa"
Hay otra conversación en el sumario en la que también vuelve a evidenciarse el uso final que se el daba al dinero recaudado de las facturas falsas. En concreto, el 3 de agosto de 2007 se intervino una comunicación entre Rafael Santano, secretario del alcalde de Baena, y el citado Juan Díaz.

La preocupación de Santano es lograr dinero para no tener que pagar de su bolsillo los gastos de sus visitas al club de alterne de Marbella, ni en concepto de adelanto. Por eso intenta obtener liquidez con las supuestas facturas falsas, explicando a su acompañante: "A mí me da cosa gastarme dinero mío... en estas cosas".

Pese a todo, el alcalde de Baena, Luis Moreno, apelando al derecho a la presunción de inocencia de su secretario y el otro trabajador imputado, se ha negado en redondo a sancionarlos. Y eso que Luis Moreno está al tanto de todo lo que se trasluce de las escuchas, que revelan más prácticas corruptas de su personal de confianza.

Además
'Una brasileña que está muu buena'
'A mí es que me da cosa'
Así se da un 'pelotazo urbanístico'
Ofrecimiento de un 'pelotazo'
'¡Habremos hecho cosas peores!'
'Tengo mis chanchullos con el alcalde'
'¿Tanto comimos?'

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; DENUNCIAN DE NUEVO AL EX ALCALDE DE LLAVANERES, AHORA POR FAVORECER A SUS PRIMOS

Pudieron obtener 24 millones

* Los primos pudieron beneficiarse de una recalificación, obteniendo 24 millones
* Victor Ros permanece como imputado en otras dos causas que se siguen
* Pudo incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
* Ros ha asegurado que está 'muy tranquilo' porque no tiene 'nada que esconder'

Efe | Barcelona

El grupo municipal SOS Llavaneres va a presentar ante la Fiscalía una nueva denuncia contra el ex alcalde Víctor Ros (PP), en este caso por favorecer a dos primos en la recalificación derivada de la creación de un nuevo sector, por la que podrían llegar a obtener 24 millones de euros en plusvalías.

Víctor Ros, que aún es concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) por el PP, permanece como imputado en otras dos causas que se siguen en Mataró (Barcelona) por supuestas irregularidades urbanísticas durante su mandato, que también investiga ahora el juez Baltasar Garzón en el marco de la operación Pretoria.

En esta ocasión, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, SOS Llavaneres presentará ante la Fiscalía una nueva denuncia contra el ex alcalde, al considerar que pudo incurrir en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, al favorecer supuestamente a dos de sus primos.

En concreto, según la denuncia, los dos primos de Víctor Ros fueron los "principales beneficiarios" de la recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector en el nuevo planeamiento urbanístico del municipio, en la zona de la Riera, hasta el punto de que podrían llegar a obtener 24 millones de euros en plusvalías gracias a su "información privilegiada".

Según la denuncia, los dos primos del ex alcalde disponían de dos fincas rústicas y una parcela que vendieron en agosto de 2005 por un fijo de 3,6 millones de euros, a los que se tendría que añadir una cantidad variable, en función de múltiples cláusulas adicionales, entre ellas multiplicar por 1.081 euros cada metro cuadrado de techo edificable.

Tan sólo ocho meses después, el 10 de abril de 2006, el ayuntamiento comandado por Víctor Ros aprobó de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico, que preveía la creación del sector de la zona de la Riera, lo que disparaba las plusvalías para los primos de Ros.

Además, en el último pleno del anterior mandato se aprobó "con prisas y de forma precipitada" una nueva reforma que amplió la edificabilidad de todo el proyecto de la Riera de Sant Andreu, para pasar de las 623 viviendas previstas inicialmente a 803.

Según la denuncia, los dos primos de Ros podrían llegar a obtener unos 24 millones de euros en plusvalías en función de la valoración final que se haga del exceso del 20% de vivienda pública oficial que se efectúe en la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.

Víctor Ros ya ha sido imputado por un juez de Mataró que investiga un convenio por el que el consistorio vendió a Proinosa, una empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre a un precio muy por debajo del mercado, según denunció en su día SOS Llavaneres.

Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además de a Víctor Ros, a Antonio Jiménez (PSC), a quien el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña, el ex diputado socialista Luis García.

Ros también está imputado por la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería.

La Fiscalía de Cataluña ya ha enviado estos supuestos "pelotazos" en Llavaneres a la Fiscalía Anticorrupción, para que investigue su supuesta relación con la trama de corrupción urbanística.

En declaraciones a Efe, el ex alcalde Víctor Ros ha asegurado que está "muy tranquilo" porque no tiene "nada que esconder", ya que todo lo que ha hecho como alcalde lo ha hecho "con arreglo a la ley" y con informes positivos de instancias superiores, como la Generalitat.

Asimismo, Ros ha explicado que no ha recibido ninguna citación ni imputación por parte del juez Baltasar Garzón sobre los supuestos "pelotazos" cometidos durante su mandato y que ahora están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; GARZÓN RECHAZA EXCARCELAR A PRENAFETA Y ALAVEDRA POR SU AVANZADA EDAD

La defensa pidió su puesta en libertad

Prenafeta, tras ser detenido por agentes de la Guardia Civil | Quique García

* La defensa alegaba su avanzada edad y el poco riesgo de destrucción pruebas
* Llevan en prisión provisional en Soto del Real desde el 30 de octubre

Europa Press | Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU) Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, imputados en la presunta trama de corrupción urbanística Pretoria, argumentada por su avanzada edad, más de 70 años, y al poco riesgo de destrucción pruebas, informaron fuentes jurídicas. El magistrado resolverá en los próximos días sobre otra petición de su defensa relativa al acercamiento de ambos a una prisión de Cataluña.

La pasada semana, la Fiscalía anticorrupción informó en contra de la puesta en libertad de ambos imputados, que alegaban precisar atención farmacológica específica, si bien el Ministerio Público objetaba que esta circunstancia no justificaría una excarcelación.

Los dos ex altos cargos llevan en régimen de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre junto con el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Bartomeu Muñoz (PSC), el ex concejal de urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco, y el ex diputado socialista Luis Andrés García, imputados por el mismo caso.

elmundo.es

"CASO MATSA"; EL PP PREGUNTARÁ A CHAVES SI "SIEMPRE HA DICHO LA VERDAD" EN EL CONGRESO

POLÉMICA | Sesión de control al Gobierno

* Cambia una pregunta para la sesión de control tras la infomación de EL MUNDO
* Pedirá a la Fiscalía que se pronuncie de nuevo sobre su querella
* El vicepresidente dijo: 'Es falso que mi hija haya tenido participación'
* El apoderado que en nombre de Matsa pidió la ayuda desmintió esa declaración

Agustín Yanel | Madrid

El PP ha cambiado una de las preguntas que tenía previsto formular en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles para introducir una cuestión sobre las informaciones publicadas por EL MUNDO, según las cuales la Junta subvencionó a la empresa en la que trabajaba la hija del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves.

El grupo parlamentario popular cuestionará a Chaves si "ha dicho siempre la verdad en sus respuestas parlamentarias desde que ha sido nombrado vicepresidente tercero del Gobierno", en una cuestión que expondrá el diputado Rafael Merino.

El pasado mes de junio, Chaves aseguró en sede parlamentaria que su hija, Paula Chaves Iborra, no había mediado en el procedimiento -"ni como apoderada ni nada"- para conseguir una ayuda de 10,1 millones de la Junta de Andalucía para la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) donde trabaja. Su padre, que participó en la aprobación de la subvención, era entonces el presidente de la Junta de Andalucía.

"En todo caso, es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada", afirmó Chaves textualmente en el Congreso.

El pasado domingo, EL MUNDO recogía la declaración de Francisco Javier López Rubio, el apoderado que en nombre de Matsa pidió la ayuda pública, quien reconocía que para conseguir el incentivo "se trabajó" con la hija del ex presidente andaluz para conseguir la subvención.

"Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa", declaró López Rubio a EL MUNDO en una conversación en la que también reconoció que su relación profesional con la hija de Chaves fue "frecuente y fluida" a lo largo de los meses.

Tras conocer esta información, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que "la mentira" del vicepresidente tercero del Gobierno "es mortal en términos políticos por haberse producido en sede parlamentaria". "Mentir en el Parlamento es causa de dimisión en todas las democracias serias", sentenció el dirigente 'popular'.

El equipo jurídico del PP está estudiando la posibilidad de incorporar esta información a la querella que, en su día, interpuso sobre Matsa por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP.

"A la luz de los nuevos datos que conocemos, vamos a solicitar que el fiscal se vuelva a pronunciar acerca de si mantiene esta postura favorable al archivo o si piensa seguir investigando", afirmó este lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien añadió que "el PP va a hacer lo que los ciudadanos le demandan, que es seguir hasta el final".

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, al término de la reunión del comité de dirección de su partido, De Cospedal reiteró que "si se demuestra que [Chaves] mintió, tendrá que dimitir".

Los 'populares' siempre han defendido que Chaves debería haberse inhibido cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la subvención a la empresa de su hija. Creen que Manuel Chaves pudo haber incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía.

elmundo.es

EL "CASO GORDILLO" CRUZA LA FRONTERA Y ES PORTADA DE UN SEMANAL MARROQUÍ

Escrito por Pablo Matés

Sineb Ahmed ha concedido una entrevista al semanario

-'Sexo, poder y vídeo' titula en portada el semanal Telquel con la foto de Gordillo y de la mujer que puso fin a su carrera política

-La mujer que grabó el vídeo niega tener vinculación con los Servicios Secretos Marroquíes y acusa a "la mayoría de militantes del PP" de haberse "vendido de una forma u otra para obtener favores"

El semanal, Telquel ha dedicado el reportaje central y su portada de la edición del 21 de noviembre al ex ‘hombre fuerte’ de Ceuta, Pedro Gordillo, y su aventura grabada en un vídeo cada día menos hipotético por una mujer, Zineb Ahmed, que aparece en esta publicación de frente y en primer plano. Además niega tener nada que ver con los servicios secretos marroquíes.

En portada bajo el título de ‘Sexo, poder y vídeo’ se reproduce un montaje con una bandera marroquí en un lado y otra española, debajo de la bandera del país veecino, Zineb Ahmed, debajo de la española, Pedro Gordillo.

En el interior, siete páginas que reproducen el escándalo que ha tumbado a Pedro Gordillo y le ha obligado a retirarse de la vida política. Este reportaje recopila lo ya publicado en diversos medios, tanto nacionales como locales, pero le da un enfoque marroquí al asunto.

Nada que ver con la inteligencia marroquí

Así se recuerda que Pedro Gordillo ascendió en su trayectoria política defendiendo un discurso antimarroquí. Y dice el semanal que ha sido precisamente una mujer de ascendencia marroquí quien ha puesto punto y final a la carrera política de Gordillo.

El ex presidente del PP de Ceuta trató de mediar en la vida religiosa de la comunidad musulmana y se alineó en contra del poder de los órganos administrativos islamistas de Marruecos, que siguen ejerciendo influencia sobre las mezquitas locales. Un enfrentamiento que ha llevado a muchos a pensar que quizás detrás del escándalo pudieran estar los servicios secretos marroquíes. Algo que la propia Zineb Ahmed niega en una mini entrevista que conforma un despiece del reportaje.

“Algunos comentaristas han visto la mano de los servicios secretos marroquíes en la caída de Gordillo (opuesto al islam pro-rabat). ¿Qué les responde usted?”, pregunta el periodista.

(risas) “Ya me hubiera gustado. Al menos me habrían puesto una condecoración u otra cosa. Pero la cosa es bien distinta. He actuado totalmente sola. Y además, francamente, Marruecos tiene otros enemigos a los que azotar antes que al Partido Popular de Ceuta, ¿no?”, responde Zineb Ahmed.

En el resto de la entrevista carga contra la prensa local por lo publicado sobre su caso y muestra su preocupación por su futuro, su hijo y su madre. “Las tonterías cometidas por la prensa local me han convertido en una celebridad.































Esperaba que me llamasen a principios de diciembre para trabajar en una naviera pero temo que no lo hagan”, explica Zineb Ahmed.

Más favores

Del mismo modo lamenta que ni Vivas ni el Partido Popular del que es afiliada desde hace años le hayan mostrado apoyo alguno. Va incluso un poco más lejos e insiste en que más mujeres han pasado por su situación, pero sin denunciarlo. Algo habitual, según ella para conseguir los favores del poder.

“He recibido llamadas de otras mujeres que han vivido lo mismo con Gordillo, pero no se atreven a declarar a cara descubierta. De todas formas, la mayoría de militantes del PP se han vendido de una forma u otra para obtener favores. Es como funciona aquí, es una dictadura silenciosa”, recoge la entrevista.

La ya famosa guerra de los vídeos desatada a los pocos días del escándalo Gordillo, con la aparición en el canal Youtube de grabaciones en las que Juan Vivas ofrecía su ayuda y toda su influencia a un matrimonio que iba a su despacho en busca de sus favores, también son recogidos por el semanal marroquí.

REPRODUCCIÓN ÍNTEGRA DEL REPORTAJE

ceutaldía.com

EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA A LA IGLESIA Y A CAMPS POR LAS CUENTAS OPACAS DE LA VISITA DEL PAPA

La Generalitat se niega a explicar a dónde fueron a parar los 12 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga la posible relación de la trama corrupta con la fundación que gestionó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 y que estuvo auspiciada por la Iglesia y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Hasta el momento, el Gobierno valenciano se ha negado a ofrecer datos sobre el gasto realizado a través de la mencionada fundación.

La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha reconocido que "el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia". Esta entidad está integrada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento -administrados por el PP- y el Arzobispado de Valencia, a partes iguales, según El País.

12,2 millones de euros
La fundación contó con la gestión como secretario del vicepresidente del Consell, Víctor Campos, investigado, junto a Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret por recibir trajes de la trama que dirigía Francisco Correa. Según los datos en posesión de la Fiscalía, la citada entidad se gastó en 2006 un total de 12,2 millones de euros, un dinero que el Gobierno valenciano se niega a justificar.

Canal 9 en el punto de mira
El juez Pedreira también investiga el contrato que Canal 9 realizó con la empresa Teconsa para el montaje del equipo de sonido y las pantallas en Valencia durante la visita del Papa, y que dejó a Francisco Correa y su entramado más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. La fundación auspiciada por el arzobispado de Valencia y Camps acordó ceder a Canal 9 la gestión íntegra de la señal de televisión del viaje del Papa.

El Arzobispado de Valencia
El actual director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, desveló el pasado martes que el 11 de septiembre remitió toda la documentación que había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por su parte, el Arzobispado de Valencia, donde está la oficina de la Fundación V Encuentro, no aclaró si el juez Pedreira también les ha requerido documentación.

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LA ÚLTIMA DE MILLET: SE HIZO UN CONTRATO LABORAL INDEFINIDO EN FEBRERO DE 2009


@Antonio Fernández.-

Fèlix Millet (Efe)

Aunque pocas cosas pueden ya sorprender del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, cada papel o informe oficial arroja nuevos y curiosos datos sobre la gestión que realizó al frente del Palau de la Música de Barcelona. La última perla es que en febrero de este mismo año se hizo firmar un contrato por el que cobraba del Consorcio del Palau de la Música-Orfeó Català como gerente. La intervención general había detectado que Millet no tenía ningún documento sobre su relación laboral con el Consorcio (que es una de las entidades del Palau; las otras son la Fundación, el Orfeó Català y el Coro de Cámara), que tiene la condición de organismo público y debe estar fiscalizado por la Administración.

Sólo había un problema: ¿Cómo hacerse un contrato a sí mismo? ¿Puede un gerente contratarse por cuenta de un tercero? Ningún problema. Ni corto ni perezoso, “en fecha 1 de febrero de 2009, se formaliza un contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con el Consorcio, con el cargo de gerente y una retribución anual total bruta de 155.018,16 euros anuales. En este contrato firman como trabajador el señor Fèlix Millet i Tusell y como representante de la empresa o Consorcio el señor Jordi Montull Bagur, cuando este último no tiene poderes para firmar el contrato del gerente”, dice el informe de auditoría encargado por la Generalitat. Montull era la mano derecha del ex presidente de la entidad y ejercía como director administrativo de la misma. Que tuviese o no potestad para hacer de representante del Consorcio y contratar a Millet como gerente era un tema baladí, por lo que formalizaron la relación.

La historia tiene miga. El informe detalla que el 7 de octubre de 1983, el comité ejecutivo del Consorcio acordó retribuir el cargo de presidente con cinco millones de pesetas, acuerdo que se formalizó el 2 de marzo de 1984 con efectos retroactivos. Y ello debido a que, como no había gerente, debía cubrir sus funciones. El 23 de junio de 1986, el mismo comité ejecutivo le otorgó poderes de gerente, función que ya desempeñaba desde dos años antes y que ha durado hasta finales de julio de 2009, tras su dimisión como consecuencia del registro policial de la sede del Palau.

De acuerdo con estas decisiones, según la auditoría, quedaba sujeto a exclusividad, por lo que no podía tener otras remuneraciones. Pero eso tampoco era problema para él. “Se ha visto que de la Fundación percibía una retribución que el año 2008 fue de 1.261.999,34 euros. Por un lado, se infringe la exclusividad y, por otro, aunque ésta no existiese, se considera que la suma de las dos retribuciones es excesiva”. Además, la ley de incompatibilidades impide al personal “ejercer un segundo puesto de trabajo en el sector público. Si se considera que la Fundación es sector privado, también las leyes prohiben el ejercicio de actividades privadas por cuenta de entidades que se relacionen directamente con el organismo o entidad en el que prestan servicio. Caso que es el presente”. Más claro, el agua. En el mismo caso que Millet, sin embargo, se encontraba también Montull y otros altos cargos que cobraban salarios o pluses de varias entidades.

El vídeo de Jaume Roures

La investigación encargada por la Generalitat revela también una curiosa operación en el año 2007, cuando encargó a Mediapro un audiovisual que luego hinchó en más de 106.000 euros. El contrato con Mercuri, una de las sociedades de Jaume Roures comprada por Mediapro, recibió el encargo de una obra audiovisual y un documental el 16 de octubre del 2006. El importe total del contrato fueron 313.740,80 euros. Los pagos realizados a lo largo de todo el año 2007 se incluyeron en la justificación de gastos de la subvención otorgada al Consorcio por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem).

Según los números presentados por Millet, la aportación del Inaem a esta obra fueron 156.870,04 euros. Además, la Fundación Caja Madrid puso 120.000 euros y Ferrovial Agroman otros 100.000 euros para que en los créditos apareciese su logotipo. En total, pues, Millet justificó el gasto de 376.870,04 euros en la realización del documental, cuando el gasto real, según las facturas, había sido de más de 313.000 euros. Sin embargo, las cifras que pagó también tienen trampa, ya que el IVA no puede justificarse ni detraerse de las subvenciones, por lo que el coste del vídeo fue, en realidad, de 270.466,21 euros y el “total del exceso de financiación” fue de 106.403,83 euros. “La financiación obtenida supera el coste del vídeo”, señala el texto de la auditoría. Por si fuera poco, en el vídeo no aparece el logotipo del principal financiador, el Inaem, que era un requisito establecido.

La picaresca le llevó también a hacer trampas en la adjudicación, ya que “algunos de los presupuestos solicitados para cumplir los requisitos” de la convocatoria (ha de tener como mínimo tres ofertas diferentes) “son de empresas que se dedican a otras actividades de las que se presupuestan”. Así, algunas de las ofertas que se utilizaron para cubrir el expediente eran de las empresas constructoras que realizaron trabajos de albañilería en el propio Palau o en los domicilios particulares de Millet y Montull (y que pagaba igualmente la entidad).

De las cuentas del Consorcio, que se nutre de fondos públicos salieron 3,8 millones sin justificación. De ellos, 1,7 millones fueron pagos irregulares del Consorcio al Orfeó Català, la ùnica entidad del Palau que no está fiscalizada. El dinero salía del Consorcio, pero no llegaba nunca a las cuentas del Orfeó. En obras particulares en su residencia de l’Ametlla del Vallès, Millet pagó más de 750.000 euros. Además, imputó indebidamente a las subvenciones públicas más de 276.000 euros que correspondían a IVA deducible. Entre los gastos que cargó a las subvenciones figuran, asimismo, los relativos a la estancia en Madrid de los dos máximos directivos del Palau juntamente son sus esposas, hijos y yerno el pasado mes de enero. Por hacer noche en Madrid cuando viajaban hacia las Maldivas, pasaron gastos por casi 3.500 euros de hotel. Todo un lujo. Tan asiático como las propias Maldivas.

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