lunes, 17 de agosto de 2009

600.000 EUROS SIN FACTURAS POR SERVICIOS AL PP

Los escándalos que afectan al PP

La investigación apunta indicios de un nuevo fraude tras analizar la contabilidad de la red encontrada en una caja de seguridad de un banco de Pontevedra

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a una decena de gobiernos del PP, mantiene una vía abierta sobre una supuesta operación de emisión de facturas falsas por parte de la red empresarial que dirigía Francisco Correa para justificar gastos electorales del partido de Mariano Rajoy que rondan los 600.000 euros.






El número dos de la trama, Pablo Crespo, y su máximo responsable, Francisco Correa.- LUIS SEVILLANO / ULY MARTÍN












Francisco Correa
A FONDO


Hay miles de folios en cajas que aún no ha analizado ningún tribunal

En los registros de las distintas sedes y domicilios particulares de los miembros y empleados de la trama corrupta, la policía encontró algunos indicios de una supuesta facturación irregular por servicios prestados al Partido Popular. El sumario del caso incluye un informe donde se hace referencia al contenido de la caja de seguridad de Pablo Crespo Sabaris, un ex dirigente del PP gallego que se convirtió en el número dos de la trama corrupta liderada por Correa.

Crespo, según la investigación, era la persona que se encargaba de liquidar con las tiendas de ropa Milano y Forever Young las cuentas correspondientes a los trajes regalados a dirigentes del PP valenciano.

En la caja de seguridad número 5, a nombre de Crespo, ubicada en una sucursal bancaria de Pontevedra, figuraba documentación sobre la facturación de la trama corrupta con el PP entre los años 1996 y 1999, cuando se encargaban casi en exclusiva de los actos electorales del partido que entonces presidía José María Aznar.

El importe de lo facturado en ese periodo, según la documentación incautada en la caja de seguridad, ascendía a 1.027 millones de pesetas (más de seis millones de euros).

En otros dos documentos localizados dentro de la misma caja de seguridad se hacía el siguiente reparto de esos ingresos:

- "Hoja número 1: resumen en B por importe de 536 millones de pesetas".

- "Hoja número 2: Relación de entregas con recibo en B de 439 millones de pesetas".

- "Hoja número 3: recibos".

- "Hoja número 4: relación de entregas sin recibo".

La investigación interpreta que estos documentos "hacen referencia a partidas de gastos del PP entre abril de 1996 y septiembre de 1999". Del análisis de la documentación se desprende que, de la primera cantidad de 536 millones de pesetas, la trama corrupta registró "entregas con recibo" por valor de 439 millones mientras que no consta recibo en otros 97 millones de pesetas, es decir, los casi 600.000 euros citados. La trama apuntó que, de esa cantidad sin justificar, se intentaba localizar los justificantes de tres empresas:

"A-UNO ASOCIADOS por 20 millones de pesetas. FCS 4 por 21 millones de pesetas y SPECIAL EVENTS por 19 millones de pesetas, mediante seis recibos que sumarían 60 millones".

"Con el fin de concretar la posible emisión de facturas falsas por dichas sociedades", señalan los documentos de la investigación, "habría que analizar la documentación recogida en los registros practicados por si entre la misma se encuentran dichas facturas". Hay miles de folios almacenados en cajas que aún no han sido analizados por ninguno de los tribunales que investigan la trama corrupta.

La trama llevaba una contabilidad detallada de todos los movimientos de su caja B, con anotaciones en clave. Esta hoja, incorporada al sumario, fue hallada en la caja de seguridad de Pontevedra e incluye el detalle de los pagos e ingresos del entramado empresarial que dirigía Correa.

Noticias relacionadas:
* Las entrañas de la 'caja B' de Correa
* El PP insiste sin pruebas en que el Gobierno ordenó espiar a sus dirigentes

ELPAIS.COM

UN EX DIRECTIVO DE MERCASEVILLA RESISTE EN EL CARGO PARA BENEFICIARSE DEL ERE

CASO MERCASEVILLA | Se podrá prejubilar en 2010 con el 89% de su salario

* En 2010, cuando Ponce cumpla 50 años, podrá acogerse al plan de prejubilación

Sebastián Torres | Sevilla

Daniel Ponce Verdugo, uno de los dos directivos del mercado de mayoristas de Sevilla (Mercasevilla) imputado por supuesto intento de extorsión a empresarios, tiene previsto prejubilarse a partir de marzo de 2010, cobrando el 89 por ciento de su salario sin tener que trabajar.

Esto podría explicar que, pese a ser uno de los principales inculpados por la juez del 'caso Mercasevilla', Ponce se mantenga en el puesto con el beneplácito del gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Daniel Ponce no es el único imputado que sigue en nómina de la empresa Mercasevilla. Además del que fuera subdirector, también la secretaria de dirección, Regla Pereira, y el vicesecretario del consejo de administración, Jorge Piñero, siguen trabajando para la empresa, que es objeto de una investigación tras la denuncia de unos empresarios a los que se reclamó el pago de comisiones.

El 25 de marzo de 2010, Ponce cumplirá 50 años y, por tanto, reunirá los requisitos para poder acogerse al plan de prejubilaciones camuflado como expediente de regulación de empleo (ERE) cuya única función hasta la fecha es contentar a los sindicatos para garantizar la paz social en Mercasevilla a un coste de más de 11 millones de euros de dinero público.

De hecho, el ERE se justificó por la supuesta amenaza que suponía para Mercasevilla una sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia que nunca se ha llegado a cumplir. Es decir, la amenaza se disipó, pero la empresa hizo como si nada hubiera cambiado y empezó a prejubilar a trabajadores de un modo innecesario, puesto que las bajas que se producen se siguen cubriendo con nuevo personal.

El resultado para el interés general es una duplicidad de salarios, ya que a los prejubilados se les paga con fondos públicos y a los que los sustituyen también, ya que Mercasevilla es una empresa mixta de mayoría municipal.

De este modo, el ERE es en realidad un ventajoso plan de prejubilaciones para los trabajadores con más de 50 años y más de cinco de antigüedad en Mercasevilla, requisitos que cumplirá Ponce el 25 de marzo de 2010.

Fuentes presentes en la negociación del ERE han asegurado a EL MUNDO de Andalucía que Daniel Ponce es uno de los trabajadores que figuran como beneficiarios de este plan de prejubilaciones con cargo a fondos públicos, principalmente europeos, según las fuentes, pero para el que Mercasevilla ha debido formalizar una póliza de seguro de 10,9 millones de euros, el coste total de los despidos, al que hay que sumar el gasto en informes de "asesoramiento" realizado por hasta tres empresas.

Mellet frente a Ponce
Ponce era el 'número dos' en el organigrama ejecutivo de Mercasevilla, como subdirector por detrás Fernando Mellet, director gerente, cuya suerte ha sido muy distinta: el acta del consejo de administración del 17 de febrero de 2009 refleja que dimitió por "graves razones familiares y personales", con felicitaciones de los concejales del PSOE e IU presentes, pero el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), ha asegurado que fue él quien ordenó fulminar a Mellet mediante una orden remitida por fax al enterarse de que estaba siendo investigado por la Fiscalía.

Siendo así, este modo de proceder del alcalde contrastaría con su actitud hacia Daniel Ponce, quien ha dejado de ejercer como subdirector de Mercasevilla, pero sigue estando en nómina de la empresa mixta de mayoría municipal. A día de hoy no consta que se le haya abierto ningún expediente.

Fernando Mellet y Daniel Ponce son los dos directivos de Mercasevilla que participan en la conversación grabada por dos empresarios a los que, presuntamente, estaban intentando extorsionar, pidiéndoles 450.000 euros en comisiones ilegales a cambio de una subvención. Ellos mismos admitieron ante la Policía Judicial que son sus voces las que se escuchan en la grabación, según aseguran fuentes del caso, si bien matizan el contenido de la grabación para defender su inocencia.

Pese a ello, el propio consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, incluso llegó a decir en el Parlamento de Andalucía, en respuesta a una pregunta del PP, que "lo único que estaba claro" era que "dos señores", en referencia a Mellet y Ponce, habían delinquido. De ese modo, trataba de salvar a su Consejería y a su delegado en Sevilla, Antonio Rivas, también imputado por la juez del caso.

ELMUNDO.ES