viernes, 25 de febrero de 2011

EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" IMPUTA CUATRO DELITOS AL ANTERIOR ALCALDE DE BOADILLA

Siguero reconoce ante Pedreira que envió pliegos de contratas solo a la trama

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), apeló ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas de las partes relacionadas con los supuestos chanchullos por adjudicaciones irregulares de contratas a la red que dirigía Francisco Correa, Siguero respondió con frases como "no recuerdo" y otras del tipo "me remito a los informes técnicos", según asistentes al interrogatorio.
     
El instructor no fijó ninguna medida cautelar contra el imputado

Tras dos horas de declaración, Siguero salió del Tribunal Superior de Madrid con la imputación por parte del juez de cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a dimitir por su implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8 millones. Pedreira no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.

Un informe policial atribuye a Siguero haber facilitado a la red Gürtel datos previos sobre contratas que luego sacó a concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de los pliegos ad hoc" para el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, adjudicado a una empresa Gürtel por más de 600.000.

Ayer, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Siguero reconoció que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata. Su respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.

A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.

El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo- . Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor puntuación; en el segundo, quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe más favorable. Uno de los redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el sumario, era una persona de total confianza de González Panero. Preguntado por esta contrata dijo que no recordaba y se remitió, sin más, a los informes técnicos.
  
Más información:
    * Tema: Caso Gürtel
    * Fotografía: Declaración en el 'caso Gürtel'

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LIBERTAD PROVISIONAL PARA LOS DOS DETENIDOS POR LA ADJUDICACIÓN DE CARRETERAS EN GIRONA

El consejero de Territorio dice que la investigación ha provocado "sorpresa" en la Generalitat

PERE RÍOS - Barcelona

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha afirmado hoy que las presuntas irregularidades que la justicia esta investigando en la empresa pública GISA han provocado "sorpresa" en la Generalitat y que, de momento, se está a la espera de conocer con exactitud la dimensión del caso. Recoder ha subrayado que la Generalitat está completamente "a disposición" del juzgado que se encarga del caso. Los dos detenidos ayer por la Guardia Civil tras el registro de la sede de Barcelona de la constructora pública GISA, que gestiona la adjudicación de las obras de la Generalitat, han quedado en libertad provisional. Ambos están imputados por un delito de soborno y de alteración de precios de concursos y subastas públicas. Uno de los arrestados es Jordi Vergé, gerente de Carreteras en Girona de esta empresa pública. La fiscalía había solicitado prisión incomunicada.

Las detenciones y el registro culminaron una investigación abierta hace meses en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona impulsada por la fiscalía de delitos económicos tras la pista casual que apareció en otro proceso judicial que tramita ese juzgado. Ese proceso se refiere a la adjudicación irregular durante la época de Jordi Pujol de unas obras de construcción de un dique del puerto de la capital catalana en el que las constructoras adjudicatarias supuestamente obtuvieron grandes beneficios al facturar toneladas de materiales que, en realidad, no se emplearon, pero que sí cobraron.

Fuentes de la investigación explicaron que en ese proceso de las obras del dique aparece una conversación telefónica en la que se hace referencia a la adjudicación de carreteras, principalmente en Girona, por parte de la empresa pública GISA. Ese hecho, unido a un anónimo que llegó al juzgado, puso en alerta a la fiscalía y a la juez del caso, que encargó la investigación a la Guardia Civil. Al mismo tiempo, la juez solicitó el pasado mes de noviembre la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña para que analizara los informes financieros de las constructoras beneficiarias de la adjudicación de esas carreteras en Girona, la mayoría de ellas pequeñas empresas. Las adjudicaciones que están bajo sospecha se realizaron entre los años 2007 y 2010, en la época del tripartito.

Hace tres semanas la Oficina Antifraude entregó esos informes sobre la actividad de las empresas beneficiarias a la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil y ayer se decidió registrar la sede de GISA y realizar las detenciones. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, aunque sí trascendió que el registro de la en la empresa pública se centró en el contenido del ordenador de Jordi Vergé y que los agentes se llevaron una copia del disco duro.

El Departamento de Economía informó ayer de que el fiscal había solicitado documentación referente al trabajo de la empresa en Girona de 2007 a 2010. Uno de los tres detenidos ayer quedó en libertad a las pocas horas.


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"CASO MAQUILLAJE"; LA POLICÍA DETIENE A UN MIEMBRO DE UM TRAS EL REGISTRO DE SU SEDE EN PALMA Y LA DE UNA EMPRESA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO



La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta financiación irregular

ANDREU MANRESA - Palma

Nueva nube de sospecha sobre Unió Mallorquina (UM), cuya imagen ha recibido otro duro golpe a menos de 100 días de las elecciones. La sede central del partido en Palma, está siendo registrada desde primera hora de la mañana por orden judicial, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción que trabaja con expertos del Grupo de Delincuencia Económica y especialistas en informática.

La acción pretende hallar pistas o documentos de una supuesta trama delictiva ligada a una presunta financiación ilegal, con supuesta compra de votos con pagos y contratos laborales hechas por las instituciones y empresas contratadas.

La sede de UM no es el único lugar que está registrando la Policía Judial. Los agentes también han entrado en las oficinas del Intituto Municipal de Formación y Ocupación (IMOF), una empresa pública controlada por los regionalistas hasta febrero de 2010, y la plataforma de la que el partido presuntamente se valía para realizar los contratos objeto de la investigación.

La operación ya se ha saldado con una detención. La de Paula Cortés, número dos de la que fuera líder de UM en Palma, Cristina Cerdó. Cortés fue coordinadora del área de medio ambiente del Ayuntamiento de la localidad y gestionaba una red de informadores medioambientales, subvencionada presuntamente por UM, que se había contratado a través del INFOB. Su arresto no ha sido el único. Anoche, la exgerente del organismo, Catalina Palleras, fue detenida e interrogada sobre una supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por UM. Palleras que, según fuentes de la investigación, se avino a contar todo lo que sabía a cambio de un mejor trato penal, quedó en libertad sin cargos.

No es el único escándalo en el que está inmersa UM, excargos y políticos en ejercicio de esa formación están sometidos a investigación y pendientes de juicios por diferentes causas penales por supuesta corrupción. Un exsecretario general, Tomeu Vicens, está en la cárcel con una condena firme por malversación y los tres últimos presidentes, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, están imputados en diferentes causas.

La operación dirigida por el juez Antonio Rotger, el fiscal Pedro Horrach y el comisario Antonio Cerdá, ha causado gran expectación desde que ha trascendido. No en vano, las oficinas de UM están en la populosa calle comercial de la Via Sindicato.

UM fue partido clave de la política y el poder en Baleares -ayudando alternativamente al PP o a la izquierda- desde 1983 hasta febrero de 2011, cuando el PSOE expulsó a sus políticos de los pactos de Gobierno por la multiplicación de sus escándalos de supuesta corrupción. La formación nacionalista logró 28.178 sufragios entre 700.000 electores, un 6,9%, en 2007. Con esta fuerza de palanca UM ejerció de nuevo de bisagra y mandó a la oposición a un PP que había obtenido el 47% de los votos, dando al PSOE las presidencias de Baleares, Mallorca y Palma. Sin este apoyo, la izquierda habría quedado en la oposición en la inmensa mayoría de instituciones de las islas.

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AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN PARA EL ALCALDE POPULAR DE PIÉLAGOS POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

"La sentencia ha tardado más que la del 11-M y llega a dos meses de las elecciones", se queja el regidor cántabro

NATALIA JUNQUERA - Madrid

El juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde de Piélagos (Cantabria), José Manuel Pacheco, del PP, a un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística.

"Dicen que he dado unas licencias que no debía haber dado. Yo creo que no es así. Yo no me he llevado un euro por todo esto. Voy a recurrir", ha asegurado Pacheco en conversación con este diario. "Soy inocente, pero hay tantos culpables en la calle y tantos inocentes en la cárcel... El juicio fue en junio y la sentencia llega ahora, a dos meses de las elecciones. Ha tardado más que la del 11-M. ¿A quién quieren engañar?".

Pacheco, que gobierna en Piélagos desde hace 21 años, asegura que la inhabilitación no le afecta porque ya no pensaba volver a presentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Pero no quiero irme así. Tengo la completa seguridad de que tengo la razón en este asunto, por eso voy a recurrir".

El alcalde ha sido condenado por 15 licencias de construcción que otorgó entre 2004 y 2005 vulnerando la normativa urbanística vigente y en contra de las advertencias del arquitecto municipal y los servicios jurídicos.

Este no es el primer revés judicial para Pacheco. Los tribunales ya han ordenado la demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco. Esta última fue la quinta sentencia de derribo que afrontó el municipio.

LA JUEZA DESOYE AL FISCAL Y DEJA EN LIBERTAD AL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA DE LA GENERALITAT

Fachada de la sede de GISA en Barcelona.| Efe
Irregularidades en la adjudicación de obra pública

* También ha quedado en libertad Joan Mozo, de la constructora Rubau Tarrès
* Ambos están acusados de cohecho y se han negado a prestar declaración

Germán González | Barcelona

La juez ha dejado en libertad con cargos a Joan Vergé, gerente de carreteras de Girona de GISA y al empresario de la constructora Rubau Tarrès, Joan Mozo. La Fiscalía reclamaba su ingreso en prisión.

Ambos están acusados de los delitos de cohecho y maniobras parar conseguir concursos y subastas públicas y se han negado a declarar explicitando que no lo harán hasta que se levante el secreto de la causa y conozcan explícitamente por qué hechos se les acusa.

Se les ha impuesto la obligación de presentarse una vez al mes en el juzgado.

La investigación estudia posibles irregularidades en la adjudicación de obras en carreteras de la provincia de Girona por parte de GISA. Rubau Tarrès está precisamente afincada en Girona y es una empresa creada en 1971 especializada en obra pública y ha recibido adjudicaciones de GISA en el periodo investigado, que va desde 2007 a la actualidad.


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"CASO MAQUILLAJE"; LA POLICÍA DETIENE A LA EXGERENTE DEL IMFOF ANTES DEL REGISTRO DE UM

Contrataciones fantasma en UM

Efe | Palma

La policía detuvo anoche e interrogó a la exgerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación) del Ayuntamiento de Palma Catalina Palleras, antes del inicio esta mañana del registro a la sede central de UM en Palma, han informado fuentes jurídicas.

Tras su declaración ante la policía, que la preguntó sobre supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por Unió Mallorquina, Palleras quedó en libertad con cargos, indicaron las fuentes.

El IMFOF es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Palma que se dedica, según expone en su propia web, a fomentar al ocupación en Palma, favorecer la creación de empresas e impulsar los sectores productivos de la economía local.

El abogado de la exgerente no ha querido hacer declaraciones porque el asunto está bajo secreto judicial.

El titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, ha ordenado el registro de UM, que comenzó a las 8:30 horas, y se encuentra en el interior de la sede política.

A las dos y media de la madrugada, el juez dictó el auto de registro de la sede de Unió Mallorquina y de otras oficinas en las que la policía recaba esta mañana información para la investigación.

En el registro de la sede de Unió Mallorquina (UM), en la céntrica calle Sindicat de Palma, se encuentra también el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.


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"CASO MAQUILLAJE"; REGISTRAN LA SEDE DE UM PARA INVESTIGAR LA CONTABILIDAD B DESTAPADA POR EL MUNDO

La Policía Judicial a su entrada en la sede de UM en Palma. Pep Vicens

Habrá más registros a lo largo del día

* Investigan la captación irregular de votos y las contrataciones fantasma
* El registro ha durado 7 horas y se han incautado abundante documentación
* Hasta el momento hay tres detenidos en la operación

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Policía Judicial ha registrado este viernes durante 7 horas la sede de Unió Mallorquina (UM) para investigar la contabilidad B del partido desvelada por EL MUNDO con la que se llevó a cabo la compra de votos durante las pasadas elecciones. Los agentes han acudido al local junto al fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Está previsto que haya más registros a lo largo del día.

El registro se produce por orden del titular de juzgado de instrucción número 8 de Palma Antoni Rotger a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, informa Europa Press. Esta es la primera vez que se registra la sede de un partido político en la historia democrática de Baleares.

Tras siete horas de registro, la policía ha salido a las 15:37 horas de la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, con media docena de cajas de documentación. A la misma hora han salido de la sede de UM los fiscales anticorrupción encargados del caso, quienes llevaban toda la mañana en el registro del partido político.

Las investigaciones se enmarcan dentro del caso Maquillaje y se centran en una presunta compra de votos a nivel municipal durante las pasadas elecciones y en la contratación de militantes de UM en diferentes cargos del ayuntamiento a pesar de que en estos cargos ellos no tenían ninguna función, sino que se dedicaban a labores de partido.

Los registros se dan después de que este diario adelantara que UM compró el voto gitano de las barriadas más populares de Palma, entre las que destacaron las de Son Gotleu y La Soledad, mediante sobres repletos de billetes de 500 euros que fueron entregados a uno de sus cabecillas en plena campaña electoral en la propia sede del partido tras pactar con ellos las cantidades en una céntrico taberna de Palma.

El partido que presidía Maria Antònia Munar contactó con varios líderes gitanos de estas zonas, que se ofrecieron a lograr el voto de al menos 20 familias. A cambio, eso sí, exigieron dinero en efectivo para repartir entre los nuevos votantes de la formación nacionalista que con sus tres diputados desbancó al PP de Jaume Matas y entregó el poder al PSOE de Francesc Antich.

EL MUNDO/El Día de Baleares también destapó la colocación de empleados fantasma en las empresas relacionadas con el entramado audiovisual de Video-U, que fue ordenada y coordinada presuntamente por el ex presidente de UM Miquel Nadal a cambio de la realización de trabajos durante su campaña para acceder a la Alcaldía de Palma en 2007.

Según pudo saber este diario, fue el ex conseller de Turismo del Govern de Antich quien urdió el sistema para gratificar a quienes le ayudaron durante su candidatura para optar a la Alcaldía de Palma.

Este fue el método empleado para premiar, por citar algunos ejemplos, al hermano del ex conseller de Deportes Mateu Cañellas, que acabó prestando servicios para Nadal; o al presidente de la Casa Argentina en Baleares. A este último se le fichó como asesor de una de las empresas del grupo de Video-U, Ambbit Digital, durante varios meses pese a no tener, al igual que ocurre con el hermano de Cañellas, experiencia alguna en el sector audiovisual. En el caso de Jorge Joaquín Mandado, el principal objetivo de su fichaje pasaba por la captación de votos entre sus compatriotas censados en Baleares y acabó siendo colocado por UM como director gerente de la Fundación Illesport en el Govern presidido por Francesc Antich.

La sede como caja fuerte
UM utilizaba su propia sede para custodiar las comisiones que cobraba en efectivo a sus proveedores y con las que posteriormente financió la pasada campaña electoral.

Algunos de los principales contratistas del Consell de Mallorca, que presidía la histórica líder de la formación nacionalista Maria Antònia Munar, realizaban entregas de sobres en mano a las secretarias de sus altos cargos durante los meses previos a los comicios autonómicos y municipales de 2007, en los que UM obtuvo tres diputados que acabaron convirtiéndose en la llave para que el PSOE de Francesc Antich lograse el Gobierno de Baleares.

Acto seguido, las secretarias tenían orden de sus superiores políticos de depositar el dinero en la sede central de la formación política.

Entre quienes entregaban en mano los fondos se encontraban las administradoras de la productora audiovisual Video-U, adquiridas mediante testaferros por Munar y su delfín Miquel Nadal, y a la que desviaron cinco millones de euros públicos del Consell de Mallorca mediante el pretexto de programas de radio y televisión que nunca se llevaron a cabo.

Una vez en el partido, se colocaban en casilleros sobres con cantidades que rondaban los 300 euros con los nombres de los activistas de UM que se encargaban de pedir el voto puerta a puerta y que, en el seno de la formación nacionalista, fueron bautizaron como biblieros. Con el resto del dinero en efectivo se abonaba todo tipo de gastos derivados de los comicios, desde cenas a los catering de los mítines que se organizaban.

Además
* El Govern está preocupado
* Melià: 'No afecta a nadie de la nueva UM'
* Los casilleros
* ¿Queda algún papel?
* Detienen a la mano derecha de Cerdó

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"CASO MINUTAS"; MAITE ZALDÍVAR NIEGA HABER MANTENIDO RELACIONES COMERCIALES CON DEL NIDO

Maite Zaldívar durante el juicio del caso 'Minutas'. | Efe
Afirma que eran amigos

* Dice que sólo intervino como letrado en su divorcio del ex alcalde Julián Muñoz

Efe | Málaga

Maite Zaldívar, ex mujer del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz, ha declarado este viernes en el juicio del 'caso Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento marbellí al abogado José María del Nido, que su relación con el letrado fue siempre de amistad y nunca comercial.

Zaldívar, que ha declarado este viernes en calidad de testigo, ha asegurado la única vez que Del Nido ha intervenido en su familia como letrado fue cuando su divorcio y que desde entonces su relación de amistad se rompió en todos los niveles.

Ha explicado que durante años Julián Muñoz y ella salieron con José María del Nido y su mujer a comer y cenar frecuentemente por la amistad que les unía, pero que nunca asesoró a la pareja, ya que en aquel momento Muñoz no tenía negocios y no podían tener relación comercial alguna.

La ex mujer de Julián Muñoz ha asegurado que desconoce como se conocieron su ex marido y Del Nido, actual presidente del Sevilla FC, pero ha añadido que quizás los presentó el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil.

El abogado José María Del Nido se enfrenta en esta causa a trece años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades, para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones de las mismas.

En este procedimiento hay dieciocho personas procesadas, entre ellas el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, para quien el fiscal pide la pena más elevada, de dieciséis años y medio de prisión y 48 años de inhabilitación.

El juicio comenzó el pasado 5 de abril y se prevé que la fase testifical termine el jueves que viene.
 

"CASO ALMENARA"; UN JUZGADO DE TOLEDO INVESTIGA LAS CUENTAS DE LA HÍPICA DE BONO

Manuel Marraco | Madrid

Un juzgado de Toledo admitió este jueves a trámite una querella contra los administradores de la Hípica Almenara, propiedad del presidente del Congreso, José Bono, y su familia. El juzgado imputa por un delito societario a media docena de sucesivos administradores de la sociedad –ninguno de la familia Bono–, y ordena a Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, 'el Pocero', que remita toda la documentación sobre las obras realizadas en la hípica, lo que debería sacar a la luz quién las pagó realmente.

La querella fue presentada el pasado mes de julio por el abogado Antonio Panea en nombre de la asociación Ciudadanía Anticorrupción. El escrito se centraba en que, de acuerdo con los datos del registro del periodo 2004-2008, no se habían incorporado a los balances de la sociedad el "considerable" incremento patrimonial de la hípica, lo que supondría un falseamiento de las cuentas anuales.

Según fuentes del caso, la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 se ha producido en contra del criterio de la Fiscalía, que rechazó la legitimación de la asociación para querellarse.

En principio, sólo los socios, como agraviados, pueden ejercer la vía penal contra los administradores de una sociedad, pero esa limitación se anula cuando el supuesto delito "afecte a los intereses generales". Y en este caso, el Juzgado estima que la relevancia pública de José Bono encaja en ese supuesto.

Formalmente, Bono y su familia, como socios de la hípica, serían los directos perjudicados, por lo que previsiblemente el Juzgado les ofrecerá actuar contra los querellados, entre los cuales se encuentra un ex chófer del dirigente socialista.


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