miércoles, 23 de febrero de 2011

EL PP TRAMITA LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO DEL EXALCALDE DE EL ÁLAMO

Jesús Arribas reconoce dos delitos de cohecho durante su mandato al frente del Consistorio

JUAN DIEGO QUESADA - Madrid

El Partido Popular está tramitando la expulsión como afiliado de Jesús Arribas, el exalcalde de la localidad madrileña de El Álamo que ha reconocido, en una entrevista con EL PAÍS publicada hoy, haber sido partícipe de dos delitos de cohecho durante sus años de mandato en colaboración con varios de sus concejales. El equipo de Gobierno en el municipio está "trabajando con el equipo jurídico en la presentación de una querella criminal inminente" contra Arribas. Izquierda Unida, por su parte, ha anunciado que presentará el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

En una nota hecha pública esta tarde, el Ayuntamiento niega las acusaciones del exalcalde y calificaba sus declaraciones de "deplorables, llenas de odio e injurias, solo entendibles en alguien que está atravesando graves problemas y se encuentra desestabilizado emocionalmente". Arribas se vio obligado a dimitir de su cargo cuando se descubrió que había traicionado en lo personal a uno de sus concejales, hace nueve meses.

"Cacicadas ilegales"
Arribas fue alcalde durante dos años y medio en el lugar en este municipio de 6.500 habitantes situado al sureste de la región. El partido le obligó a dimitir cuando se descubrió que había traicionado en lo personal a un concejal. Desde entonces, apartado del Gobierno municipal, cuenta que durante su mandato se produjeron "cacicadas y hechos que se pueden considerar ilegales", en los que se involucra a sí mismo y a los actuales dirigentes del Consistorio. Desde el cobro de una comisión por la apertura de un centro comercial a la extorsión a un empresario. "Era muy común exigir pagos por cualquier asunto", explica.

De eso da fe un importante hombre de negocios de Majadahonda. Él, que exige el anonimato, compró por 50.000 euros la licencia a un taxista jubilado de El Álamo y la puso a nombre de su mujer, pues la ley no permite tener más de tres a una misma persona. El Ayuntamiento debía tramitarle el cambio de titularidad. "Hablé por teléfono con el concejal de Hacienda [José González] y me dijo de quedar en un hotel. Me sonó raro. Le dije que yo quedaba en el Ayuntamiento, que era donde tenía que hacer el trámite", cuenta el empresario en su despacho. Cuando se presentó en el Consistorio, dice que se reunió en una habitación con González y la concejal de Transportes, María Orgaz. "El concejal me pidió 15.000 euros porque estaban muy estresados y tenían que ir a un spa. Yo me quedé a cuadros. (...) Me fui a casa y lo hablé con mi familia. Decidimos no darles ni un duro", agrega.

Arribas asegura que siendo alcalde, durante una reunión, tuvo conocimiento de que a este hombre se le había exigido una cantidad de dinero. "A juicio de González, una vez que se construyese el aeropuerto, la licencia valdría mucho dinero. El señor se echó para atrás", añade Arribas, que corrobora así la versión del empresario. Reunidos en el despacho de la actual alcaldesa, Natalia Quintana, la sustituta de Arribas, los concejales señalados con el dedo niegan las acusaciones. Nunca pidieron dinero, según su versión. Aseguran que aplicaron a rajatabla la ordenanza municipal del taxi.

Más información:
* Organismo: PP Partido Popular
* "En mi mandato hubo cacicadas"
* Fotografía: Jesús Arribas
* Fotografía: Ayuntamiento de El Álamo

elpaís.com

LA JUEZA DEL "CASO VOLTOR" ABRE UNA PIEZA SOBRE UN CONTRATO MILLONARIO A MINSER

CORRUPCIÓN | Adjudicación irregular

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, ha abierto una nueva pieza separada dentro del caso Voltor, la número 12, relacionada con la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de un millón de euros desde el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) a la empresa Minser, y ha citado a declarar en calidad de imputados, entre otros, al ex conseller de Turismo Francesc Buils y a los propietarios de la sociedad beneficiaria -todos ellos en libertad bajo fianza de 100.000 euros-.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el 5 de abril están fijadas las comparecencias del gerente del Cilma, Eugenio Losada, y los propietarios de Minser Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas. Mientras, un día después declararán Buils, el ex coordinador de UM, Antoni Caldentey, y el ex jefe de Informática del Consell, Antoni Barceló, todos ellos como encausados.

En concreto, las investigaciones de este nuevo fleco giran en torno al procedimiento presuntamente amañado por el que fue adjudicado a finales de 2007 un contrato de un millón de euros a Minser para ofrecer información turística con tecnologías avanzadas mediante un sistema de reconocimiento interactivo de voz (IVR). El propio Losada confesó en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, tras ser detenido, que Buils le impuso vestir el expediente para simular que se trataba de una adjudicación directa por "especificaciones técnicas".

"Me lo dieron todo hecho", recalcó en su día el arrestado, al aseverar que el sistema de contratación empleado estaba "ya elegido" y que él se limitó a seguir "órdenes estrictas" del ex conseller. Además, atribuyó la elección de Minser a que Buils, Escuer y Rivas "eran amigos y se iban de copas juntos". Sobre el importe de un millón de euros, manifestó que también fue el ex conseller quien lo fijó pese a que en Minser valoraban el proyecto en 780.000 euros.

El imputado explicó que el proyecto fue adjudicado a tenor del convenio de colaboración suscrito por Buils y el ex conseller de Economía y Hacienda del Consell, Miquel Àngel Flaquer. Asimismo, señaló que en 2006 se había realizado otro concurso propuesto por Buils y al que se presentaron cinco empresas de toda España, de las que resultó Minser adjudicataria.

Nuevas citaciones por Banif y los Spa
Por otro lado, también en el marco de esta misma causa aunque dentor de otras piezas también se han producido nuevas citaciones. De este modo, el 7 de marzo prestará declaración en calidad de imputado el ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, por la transferencia presuntamente irregular de 1,2 millones de euros públicos de esta empresa en una cuenta corriente abierta en la entidad bancaria Banif.

Asimismo, el día 8 están citados como encausados Buils y el ex responsable económico del Inestur, Álvaro Llompart, dentro de la pieza que indaga los contratos presuntamente irregulares que la Conselleria de Turismo adjudicó a la esteticista de la ex presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, para analizar los spa y los circuitos termales de varios hoteles de las islas a través de su empresa Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas (IBCCS). También por esta misma pieza ha sido citada la técnica del Inestur, Catalina Mas, el 15 de marzo.

A nivel global, el caso Voltor investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos a través del Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.

Además
    * Interrogan a la denunciante del caso Peaje

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA ANTE LA "INEXISTENCIA DE INDICIOS INCRIMINATORIOS"

De la pieza sobre Calatrava

Europa Press | Palma

El ex presidente del Govern Jaume Matas ha remitido un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en el que le pide el sobreseimiento libre y el archivo de la pieza sobre la adjudicación del Palacio de la Ópera de Palma al arquitecto Santiago Calatrava ante la "inexistencia de indicios incriminatorios, tras la fructífera y cuidada instrucción llevada a cabo por el juez".

Así, en el escrito enviado por el abogado de Matas, Rafael Perera, se subraya que en esta pieza separada del caso Palma Arena "no se objetivan indicios racionales de ninguno de los delitos" de los que se le acusa y que, concretamente, son malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración, en base a los cuales el fiscal y la letrada de la Comunidad Autónoma tienen solicitada la medida cautelar de una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros.

En el citado escrito, remitido un día después de que Matas compareciera de manera voluntaria ante el juez Castro, se rechaza la idea de la Fiscalía y de la acusación particular, que sostienen que el proyecto de Calatrava tenía la "única y exclusiva finalidad de favorecer los intereses propios de Matas, como candidato a la Presidencia del Govern y los del partido al que representa, a modo de golpe de efecto durante la campaña".

Así, Matas remarca que, "desde luego, este procedimiento nada tiene que ver de montaje", al tiempo que subraya que en el "hipotético" caso en el que se hubieran producido irregularidades en el expediente de contratación del Palacio de la Ópera, éstas "a parte de ser completamente ajenas" a él tendrían un carácter "puramente administrativo y serían sólo contemplables en el ámbito de otra jurisdicción, distinta a la Penal".

Por tanto, el ex presidente del Ejecutivo balear manifiesta que es a los electores a quien corresponde "censurar las decisiones políticas adoptadas por los gobernantes si las consideraran desacertadas, y en modo alguno, a la Justicia Penal".

EL FISCAL PIDE 900.000 EUROS PARA LOS CUATRO ACUSADOS DEL COBRO DE COMISIONES EN MERCASEVILLA

Ponce, Rivas y Mellet, imputados
MERCASEVILLA | Un ex delegado de Empleo de la Junta, entre ellos

Efe | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 900.000 euros de multa a los cuatro acusados por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, entre ellos el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

En un escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide la misma pena para los otros tres acusados: los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla.

Según la Fiscalía, en enero de 2009 los acusados Mellet y Ponce se reunieron con directivos del grupo de hostelería La Raza y les pidieron "una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía", y les prometieron que si accedían a entregar el dinero "su grupo obtendría luego favores tales como subvenciones y la concesión de todos los cátering que se organizaran".

Además
* La juez da por terminada la instrucción del caso
* La Guardia Civil certifica la autenticidad de la grabación
* Quién es quién en el caso 'Mercasevilla'


elmundo.es