viernes, 1 de junio de 2012

"CASO PALAU"; UN PROVEEDOR GRÁFICO ADMITE DONACIONES A CDC POR MÁS DE 700.000 EUROS

Para así seguir obteniendo contratos con ellos

Europa Press | Barcelona

El administrador de la empresa de buzoneo Mail Rent imputado en el caso de desfalco del Palau de la Música ha admitido este viernes en el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona que su empresa donó hasta 775.000 euros a CDC entre 2007 y 2010, y que lo hicieron para fidelizar a la empresa.

Según han explicado fuentes judiciales, Juan Antonio M. ha explicado que el comercial de la empresa que llevaba la cuenta de CDC propuso trabajar a cuenta durante tres años y donar el equivalente a los beneficios que obtenían por los trabajos gráficos al partido, para así seguir obteniendo contratos con ellos.

El juzgado está investigando por qué las empresas filiales de Mail Rent, News Letter y Letter Graphic facturaron un millón de euros al Palau de la Música en los mismos años en que entregaron los 775.000 euros a CDC, ya que se sospecha que fueron usadas para hacer llegar al partido pagos de Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública.

"CASO NÓOS"; EL JUEZ PIDE AL GOVERN LOS INFORMES Y ACUERDOS SOBRE LAS CONTRATACIONES CON NÓOS

Las novedades del caso

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha solicitado al Govern que le remita los informes y acuerdos de los que disponga en sus archivos en relación a las contrataciones efectuadas por el Ejecutivo autonómico con el Instituto Nóos, y más en concreto los que hayan sido objeto de decisión por parte del Consell de Govern así como los relativos a los dos foros sobre turismo y deporte celebrados en las islas en 2005 y 2006 y al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.

Mediante un auto, el juez instructor del caso Palma Arena ha librado oficio al conseller de Presidencia, Antonio Gómez, a fin de que le facilite toda esta información y, de forma específica, que dé testimonio de cuantos documentos y decisiones administrativas disponga el Govern en relación a los convenios de colaboración suscritos con Nóos para llevar a cabo las dos ediciones del Illes Balears Forum, que supusieron una inversión pública de 2,3 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce.

En su auto, el magistrado ha solicitado asimismo que desde el gabinete autonómico le remitan los informes jurídicos, de fiscalización o de otro tipo en relación a los expedientes administrativos referentes al patrocinio del equipo ciclista, su presentación y seguimiento, además de que se le faciliten cuantos acuerdos consten en sus archivos en torno a Nóos que hubiesen sido objeto de decisión por parte del Consell de Govern, así como los que afecten a la dotación presupuestaria.

Y es que, en referencia a los foros sobre turismo y deporte, el primero de ellos costó a la Administración autonómica 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones, cantidades cuyo destino se está investigando en la pieza 25 del caso Palma Arena.

De hecho, el propio Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al frente de Nóos, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.

Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Es más, un informe policial incluido en el sumario de la causa revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".

Patrocinio del equipo Illes Balears
De forma paralela, los investigadores indagan si el Govern asumió el 75 por ciento del coste que supuso un acuerdo privado alcanzado entre Nóos y la empresa Abarca S.L., que habría sido creada 'ad hoc' por el exmanager del equipo ciclista Illes Balears, José Miguel Echavarri, y el exdirector del antiguo Banesto, Eusebio Unzúe, para gestionar el equipo ciclista.

Tal y como señaló el propio Echavarri en dependencias policiales, la mercantil fue puesta en marcha tras alcanzar un acuerdo verbal, que ya incluía precio y condiciones, con el Ejecutivo de Jaume Matas para que éste patrocinase al Illes Balears. Según los investigadores, en base al acuerdo privado firmado el 27 de noviembre de 2003 entre Abarca y Nóos, el Illesport abonó durante 2004 tres facturas por importe de 58.000 euros cada una a Nóos, el mismo día en que fue rubricado el convenio de patrocinio con el Govern.

"TRAMA DE LOS ERE"; LA GUARDIA CIVIL SOSTIENE QUE EL GOBIERNO DE LA JUNTA CONOCÍA LA TRAMA DE LOS ERE

Atestado remitido a la juez Mercedes Alaya
La UCO concluye que 'el consejo de Gobierno conocería el sistema utilizado'
También dice que habrían participado 'en los mecanismos que lo harían viable'
Apuntan a que un ex director de Trabajo sacó documentación comprometida'

Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera, en el atestado remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que "los miembros del Consejo de Gobierno [de la Junta de Andalucía] sí conocerían el sistema utilizado" para conceder los ERE fraudulentos, "participando en mecanismos que lo harían viable".

En el atestado, que ha motivado que la juez Mercedes Alaya suspenda todas las declaraciones pendientes en los próximos días, la Guardia Civil analiza el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía bajo los mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

Así, concretamente en el punto referido al mandato de Javier Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla, los agentes de la Benemérita consideran que "los miembros del Consejo de Gobierno sí conocerían el sistema utilizado" para conceder las ayudas investigadas, "participando en mecanismos que lo harían viable".

Además, el informe, titulado 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', apunta a que el ex director de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así consta en las conclusiones del atestado que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla. Dicha investigación se compone del informe en sí y un total de 50 anexos.

También los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada "será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración".

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; ALAYA APLAZA LA DECLARACIÓN DE IMPUTADOS TRAS UN NUEVO INFORME DE LOS INVESTIGADORES

La declaración de Rivas, en el aire
La juez se toma tiempo para estudiar las conclusiones de la Guardia Civil
La investigación se ha centrado en la Dirección General de Trabajo
El nuevo auto ha sido notificado este viernes a las partes

ELMUNDO.es | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de financiación de ERE fraudulentos, ha dictado un nuevo auto dejando en suspenso todas las declaraciones de imputados señaladas para los próximos dos meses, para poder estudiar en profundidad el informe de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo.

En el auto, notificado este viernes a las partes, la juez indica que dada la relevancia del informe de la Guardia Civil y con objeto de hacer un estudio detallado del mismo, suspende las declaraciones señaladas y anuncia que va a hacer una remodelación del calendario fijado hasta ahora.

En los próximos dos meses estaban citados como imputados varios de los "intrusos" detectados en los Expedientes de Regulación de Empleo financiados por la Junta de Andalucía, y también el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La juez también ha acordado pedir numerosa documentación a la Junta de Andalucía y al bufete Garrigues como mediador en las ayudas investigadas.

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA JUDICIAL Y TÉCNICOS DEL TSJ CONSULTAN ARCHIVOS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

Investigan las contrataciones de Fitur
Siguen el rastro de dos archivos digitales sobre los contratos de Fitur
Johnson: 'La Policía quería contrastar alguna información que ya tenían'

Iván Pérez | Agencias | Valencia

La Policía judicial y técnicos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha accedido la mañana de este jueves a la sede de la Agencia Valenciana de Turismo, situada en el edificio Europa de Valencia para consultando varios archivos.

La Policía, según han confirmado fuentes judiciales, buscaba dos archivos en el ordenador de una funcionaria de Turismo. La diligencia ha sido ordenada por el magistrado José Ceres, instructor de la causa abierta por supuesta financiación irregular del PP valenciano y presunta prevaricación de la Generalitat en la contratación de la empresa Orange Market relacionado con la trama 'Gürtel'.

Los agentes y operarios del TSJ se han personado en la sede de la AVT a las 9.00 horas con una resolución judicial en la que solicitaban la colaboración de la Administración autonómica para el estudio de distintos archivos informáticos que pudieran tener relación con la pieza de Fitur.

Hasta las 13 horas, según fuentes institucionales, los agentes no habían procedido a llevarse ningún ordenador u otro material de la AVT y seguían analizando "un par de archivos".

La comprobación de estos archivos se ha practicado a petición de una de las partes personadas en la causa, que ha solicitado que la Dirección General de la Conselleria de Turismo permitiera el acceso al ordenador de una funcionaria.

Los archivos que buscaba la Policía están relacionados con la tercera pieza que compone la denominada "causa de la financiación": supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación pública de Orange Market, para el montaje del expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Las otras dos piezas que completan la causa, en la que hasta el momento hay veintiséis imputados, son presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y supuesta falsedad documental en las generales de 2008.

La consellera de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson, ha reconocido que la Policía se ha personado en la Agencia Valenciana de Turismo para "contrastar información que ya había sido remitida" en relación a los "pliegos" de la contratación para la feria Fitur del año 2005.

"Solo ha pasado lo que os estoy diciendo. Han solicitado la colaboración para contrastar y valorar alguna información que ya tenían y se han trasladado a la agencia para comprobar 'in situ" la documentación", ha explicado.

Convenios con Nóos
Respecto a los convenios del Ejecutivo autonómico con el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, la consellera de Turismo ha insistido en sede parlamentaria en que fueron firmados dentro de la "legalidad vigente" y "cumpliendo todos los requisitos para los que fueron suscritos".

Johnson admitió el pago de 382.000 euros para tramitar la posibilidad de que Valencia albergara unos juegos olímpicos europeos que nunca llegaron a celebrarse, y ha asegurado que su departamento ha enviado "toda la documentación requerida" al tribunal balear que instruye esta pieza separada del caso Palma Arena.

Además

"CASO GÜRTEL"; LOS TÉCNICOS DE RTVV ATRIBUYEN AL EX DIRECTOR PEDRO GARCÍA LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL

Cobertura de la visita del Papa
Firmaron el informe con el que se adjudicó el contrato a empresas de Correa
Los dos imputados aseguran ante el juez que cumplían 'órdenes del director'
Pedro García declaró que la adjudicación la hizo la Mesa de Contratación

Europa Press | Madrid

Los técnicos de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) que firmaron el informe con el que se adjudicó el contrato de sonorización de la visita que el Papa hizo a Valencia en 2006 a empresas de la trama Gürtel han declarado en la Audiencia Nacional que cumplían "órdenes del entonces director" del ente, Pedro García Gimeno, informaron fuentes personadas en la causa.

Así lo han manifestado el ex director de Antena del ente público Antonio de la Viuda y el ex jefe del Departamento Técnico Luis Sabater durante su comparecencia como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la adjudicación de este contrato por importe de 7.493.600 euros a la constructora Teconsa y el supuesto desvío de fondos a la trama dirigida por Francisco Correa.

Sabater ha afirmado que el entonces director económico financiero de la entidad, Ricardo Calatayud, le ordenó que el contrato se adjudicara a Teconsa "por órdenes superiores" y sin más explicaciones, lo que él interpretó como una directriz del propio García Gimeno.

De hecho, ha señalado que él ni siquiera elaboró el informe con el que se justificó la adjudicación, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Por su parte, De la Viuda ha añadido, según las citadas fuentes, que él también cumplía órdenes de la dirección del ente autonómico y que visaba las órdenes que procedían del departamento técnico acreditando que el asunto seguía los procedimientos adecuados.

La versión de estos dos ex altos cargos de la televisión valenciana contradice la que realizó García Gimeno el pasado 8 de mayo, cuando aseguró que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

El magistrado también ha interrogado como testigos a Pedro Fuste y Alejandra Lascary, trabajadores de Easy Concept, y a Rocío Perea, empleada de Servimadrid Integral. Según la investigación, estas dos empresas eran la matriz de la trama supuestamente corrupta en las actividades que desarrolló en la Comunidad de Madrid.

Perea ha declarado que sus superiores le ordenaron sacar 170.000 euros en dos cheques de 115.000 y 55.000 euros y que la administradora de esta sociedad, Isabel Jordán, a la que se atribuye el pago de comisiones a cargos públicos, le reclamó el dinero en la misma puerta del banco, como acredita un acta notarial que obra en la causa.

"Nunca supimos para qué era ese dinero", ha señalado la testigo durante su interrogatorio, en el que también ha señalado que quiso pedirle un recibo a Jordán para acreditar que le entregaba el dinero y ésta se negó.

Estas declaraciones se producen después de que el juez Ruz solicitara el pasado 18 de mayo al Gobierno de Esperanza Aguirre copia de un total de 317 contratos para la organización de eventos firmados con empresas de la trama Gürtel en los que habrían intervenido el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch, ambos imputados.

Ruz ha llevado a cabo estas diligencias ante la sospecha expresada por la Fiscalía Anticorrupción de que ambos ex cargos públicos pudieran haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de eventos. Entre los actos organizados se encontraban el correspondiente al primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un cuadro del exalcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Además

"CAUSA DE LA COOPERACIÓN"; EL TSJ PIDE REFUERZOS PARA EL JUZGADO QUE INVESTIGA EL FRAUDE EN LAS AYUDAS AL TERCER MUNDO

TRIBUNALES | Por su volumen
Reclama otro juez para que la titular se ocupe en exclusiva de la causa
Asegura que es 'enormemente voluminosa y de muy compleja documentación'

ELMUNDO.es | Valencia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, celebrada este jueves, ha acordado solicitar al Consejo General del Poder Judicial un juez de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha asumida la causa que investiga el presunto fraude en las ayudas de la Generalitat valenciana al Tercer Mundo.

La titular del Juzgado, Nieves Molina, lo ha solicitado para poder "concentrarse" en la actual fase de la conocida como 'causa de la cooperación'. El objetivo es que el juez de refuerzo se dedique mayoritariamente, y de forma transitoria, al trabajo que necesitan las causas que tramita el juzgado. Con ello, la juez titular se ocupará prácticamente en exclusiva de una causa, que según reconoce el TSJ, es "enormemente voluminosa y de muy compleja documentación".

La investigación del presunto fraude en las ayudas a ONG's se remonta a octubre de 2010. Entonces la Fiscalía abría diligencias por una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las subvenciones otorgadas dos años atrás por la Conselleria de Solidaridad, dirigida entonces por Blasco. Las beneficiarias eran dos entidades: la Fundación Cultural y de Estudios Sociales y la fundación Hemisferio (antes conocida como Solidaria Entre Pueblos).

El PSPV mantenía que la ayuda de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para proyectos en Nicaragua acabó destinándose a la compra de dos pisos de casi 300 metros cuadrados en el centro de Valencia, un garaje e incluso un velero.

Paralelamente se abría otra causa tras la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà. Denunciaba que la conselleria de Blasco también había favorecido a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. El dinero que recibió esta entidad se desvió, según la denuncia, a empresas que creó la propia fundación.

Entre los proyectos de Solidaridad estaba la construcción de un hospital en Haití, desolado tras el terremto de 2010. El Consell debía aportar 4 millones de euros y ajudicó a Hemisferio por su asesoramiento 177.000 euros que salían de las aportaciones solidarias de los valencianos. El hospital nunca se construyó.

El pasado 23 de febrero, la Policía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, registró la sede de la dirección general de Cooperación en Valencia y detuvo, entre otros, al director general de Integración y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Josep María Felip.

Un día después, tanto Felip como Alexandre Catalá, subsecretario de Sanidad y subsecretario antes tanto en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía como en la de Solidaridad, fueron destituidos por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

22 imputados
Hasta ahora son 22 las personas imputadas por la juez que instruye el caso. Una de ella es Augusto César Tauroni, que está en situación de prisión provisional.

La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, desde la presentación periódica en los juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio.

En la causa están implicadas, al menos, seis ONG, entre las que se encuentra la Fundación Hemisferio. Asimismo, son 19 los testigos a los que ya se ha tomado declaración.

Durante el año de instrucción, la juez ha acordado la práctica de distintas pruebas, como documental, testifical, pericial y entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.

Además

"CASO MAQUILLAJE"; AL ABOGADO DE MUNAR "LE DA RISA" QUE LA JUZQUEN POR UNAS SUBVENCIONES DE HACE 8 AÑOS

Munar esta mañana a su llegada al juicio. | Cati Cladera
JUICIO A MUNAR | Queda visto para sentencia
El letrado asegura que 'no hay ninguna prueba contra ella'
Pide la libre absolución para el ex presidenta del Consell

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La defensa de Maria Antònia Munar ha mantenido hasta el último momento la inocencia de la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca. El letrado, Grabriel Garcías ha solicitado la libre absolución de su patrocinada alegando que "no existe ninguna prueba contra ella, ninguna". En su alegato ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Palma, Garcías ha asegurado que "no hay ningún indicio" que relacione a Munar con Video U.

Asimismo, ha bromeado con la situación y ha manifestado que "da risa" que se esté juzgando a la ex presidenta del Consell por unas subvenciones concedidas hace ocho años.

La Fiscalía, por su parte, considera que existen suficientes pruebas para condenar a los acusados en este caso de supuesta corrupción, en el que la ex presidenta de Mallorca se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, y su expresidente Miquel Nadal a 2 años y 7 meses, por haber dado una subvención de 240.000 euros del Consell a una productora de su propiedad para elaborar un programa de radio que nunca hizo.

El primer juicio contra Munar por una pieza separada del Caso Maquillaje ha quedado visto para sentencia después de que ninguno de los acusados haya querido aprovechar la posibilidad de utilizar el derecho a la última palabra.