martes, 8 de septiembre de 2009

PP CREE QUE LAS CINTAS DE MERCASEVILLA EVIDENCIAN QUE EL PSOE "ESTARÍA FINANCIÁNDOSE" CON SUBVENCIONES

Dicen que Chaves estaba informado "al dedillo" de todo

Foto: EP

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha declarado que las grabaciones en las que los responsables de la empresa pública Mercasevilla reclaman a dos empresarios el pago de una comisión de 450.000 euros por la concesión de una subvención para una escuela de hostelería, evidencia que el PSOE se financiaría ilegalmente mediante subvenciones de la Junta de Andalucía.

"Según las cintas y las personas que intervienen, que son cargos públicos, el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía", aseguró González Pons en una rueda de prensa en Madrid en la que los 'populares' emitieron ante los medios de comunicación las mencionadas grabaciones.

El responsable de Comunicación del PP, que compareció junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sostiene que, a la vista de las conversaciones que contienen esas cintas, el PSOE "incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta de Andalucía para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas".

Por su parte, el portavoz del PP en el consistorio hispalense acusó a los socialistas de convertir "dinero blanco en negro y dinero público en dinero B" en beneficio de sus propios intereses.

"LA JUNTA DICE QUE ES PARA LOS NIÑOS SAHARAUIS"

En las grabaciones difundidas se puede escuchar cómo el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su director adjunto, Daniel Ponce, explican a los empresarios del grupo hostelero La Raza que, de las subvenciones que se reciben --en su caso 900.000 euros-- hay de destinar una parte "a donde la Junta en cada momento nos dice".

"La Junta nos dice esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis. Pues serán para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis, y nos imponen una serie de condiciones", asegura en la grabación Ponce, que mantiene que la Administración autonómica "tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: 'Yo colaboro con quien colabora'".

En las cintas también se puede escuchar cómo uno de los empresarios llama "impuesto revolucionario" a esa colaboración reclamada y que, según Ponce, les traería otros beneficios, como subvenciones para los cursos que se puedan impartir en la escuela o la contratación en ésta de todos los catering que encargue Mercasevilla y otras empresas públicas.

Así las cosas, los 'populares' afirman que las conversaciones ponen de manifiesto que la Junta "cobraba comisiones por todo" y "blanqueaba el dinero a través de fundaciones".

En las cintas, Ponce también mantiene que la subvención de 900.000 euros que la Junta concedía a la escuela es más cuantiosa que la recibida por cualquier otra --"A ninguna escuela de hostelería de Andalucía le han dado lo que a nosotros nos dan-- y añade que, si ésta no funcionase, "no pasa nada, porque la Junta no te va a quitar las cocinas después".

En otro momento de las grabaciones, el responsable de la empresa pública de abastos afirma que la Junta sabe que los presupuestos "se hacen como se hacen" y que "la administración pone para recibir". Del mismo modo, llegan a asegurar que Mercasevilla "paga una comisión por haber conseguido" su Expediente de Regulación de Empleo (ERE). "Yo, cuando a mí me consiguen una subvención del tipo ERE (...) yo, por razones obvias, al 'conseguidor' tengo que pagarle una comisión", argumenta Mellet.

EXIGIRÁN RESPONSABILIDADES

Por otro lado, González Pons y Zoido hicieron referencia al conocimiento que Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía cuando se destapó el caso, ha tenido desde que el mismo se dio a conocer, el pasado mes de febrero. Para ambos, el actual vicepresidente tercero del Gobierno estaba informado "al dedillo de todo lo que había pasado en Mercasevilla" y, sin embargo, los socialistas ni si quiera cesaron a los responsables de la empresa pública.

En el mismo sentido, consideran que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también habría recibido información sobre el mismo desde que se conoció públicamente y tampoco actuó. Los 'populares' anunciaron que exigirán responsabilidades en el Congreso de los Diputados.

"DOBLE VARA DE MEDIR"

Con la denuncia pública realizada este martes, el PP pretende poner de manifiesto la "doble vara de medir" que la Fiscalía y la Policía tienen para actuar ante indicios delictivos similares dependiendo de quién los protagonice. "El Fiscal General del Estado --Cándido Conde Pumpido-- no actúa con la misma diligencia y fuerza si detrás está el PP o el PSOE", sentenció González Pons, para quien su actuación es de "brazos caídos".

El Fiscal General del Estado actúa "a cien por hora si es el PP" y "persigue a los políticos hasta más allá de la línea que marca la presunción de inocencia" pero se "quedan quietos" y "levanta el pie del acelerador" si los afectados pertenecen al PSOE.

"Si estas grabaciones en lugar de referirse al PSOE, se hubieran referido al PP habría intervenido el Fiscal General del Estado, la Audiencia Nacional, habría prisiones incondicionales y gran escándalo periodístico", añadió González Pons.

EUROPAPRESS.ES

QUIEN ES QUIEN EN EL CASO MERCASEVILLA

Presunto cobro de comisiones ilegales

Fernando Mellet (en la foto). Era el director de Mercasevilla, socialista, propuesto por un alcalde del PSOE. Imputado tras ser grabado pidiendo supuestas comisiones ilegales en nombre de la Junta de Andalucía presidida por el vicepresidente tercero del gobierno de Zapatero, Manuel Chaves y con el secretario de Estado, Gaspar Zarrías, como vicepresidente. Dimitió cuando la grabación con la extorsión a los empresarios en nombre del gobierno de Chaves, estaba en la Fiscalía. Nunca fue cesado.

Daniel Ponce. Director adjunto de Mercasevilla. Socialista. Propuesto 'a dedo' por el alcalde (PSOE). Imputado tras ser grabado pidiendo las citadas comisiones. Sigue trabajando y cobrando de la compañía pública participada por el Gobierno de Zapatero.


Antonio Rivas
(en la foto). Delegado provincial de Empleo. Imputado. Destacado dirigente socialista en la provincia de Sevilla. Sigue al frente de la gestión del empleo en Sevilla y provincia.




Regla Pereira. Directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla y secretaria de Fernando Mellet. Acudió a la reunión en la que Ponce, presuntamente de acuerdo con las indicaciones de Mellet, le pidió a uno de los empresarios la comisión. Imputada. Actualmente sigue en nómina en Mercasevilla.

Juan Lanzas (en la foto). Participó en las reuniones que los hosteleros mantuvieron en la Consejería de Empleo para tratar la subvención de la escuela de hostelería que iban a poner en marcha. Participó en la empresa de su cuñado, asesorando a Mercasevilla en las de tareas de realización de los ERE. Según ha reconocido públicamente, tiene buenos contactos en la Junta y en especial con el ahora ex consejero Gaspar Zarrías. La jueza que instruye el caso ha encargado a la Policía que lo identifique para ser llamado a declarar.

ELMUNDO.ES

EL TSJM REQUIERE AL GOBIERNO DE CAMPS LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS DE CORREA

INVESTIGACIÓN | 'Caso Gürtel'

* La solicitud no es para investigar las relaciones entre Generalitat y Correa
* El juez aclara que su interés es 'conocer las actividades de estas empresas'


Europa Press | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, dictó el pasado 3 de agosto una providencia en la que requirió a la Generalitat valenciana la relación de pagos y contratos con trece empresas relacionadas con Francisco Correa, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con trece empresas de Correa.

El requerimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para hacer efectivo la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inhibiera a favor de los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y de la Comunitat Valenciana para que asumieran la investigación del 'caso Gürtel' al implicar a aforados del PP madrileños y valencianos.

En la nota, el TSJM insiste en que esta solicitud "en modo alguno" obedece al deseo del juez de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino "al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional".

De este modo, el magistrado obra a petición del Ministerio Fiscal después de que de "forma reiterada así se lo ha venido solicitando ante la demora de la Generalitat valenciana a la hora de facilitar la relación de los pagos y contratos señalados con anterioridad".

"Las investigaciones practicadas por el Ministerio Fiscal y el juez instructor ni están dirigidas contra Francisco Camps ni tienen por tanto que ver con el mismo", añade la nota del TSJM.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó, en un auto hecho público el pasado 3 de agosto, el sobreseimiento de la causa abierta contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por un delito de cohecho. El Tribunal determinó que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama de Correa no son constitutivos de delito.

Además
* Costa insta a Rubalcaba a aclarar las filtraciones

ELMUNDO.ES

BÁRCENAS PIDE AMPARO AL SENADO POR UN "ALLANAMIENTO DE MORADA" POLICIAL

'GÜRTEL' | Denuncia que dos policías intentaron entrar a su casa

* La Cámara Alta inicia la tramitación del suplicatorio del ex tesorero del PP

Europa Press | Efe | Madrid

El ex tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, ha solicitado amparo a la Mesa del Senado tras denunciar haber sufrido un "intento de allanamiento de morada" por parte de dos personas que se identificaron como miembros del Cuerpo Superior de Policía. El órgano rector de la Cámara Alta vio en su reunión de este martes el asunto y dio traslado del mismo al Gobierno.

Bárcenas denunció el pasado 27 de julio en un Juzgado de Guardia de Madrid que dos personas que se identificaron como policías habían tratado de entrar en su casa para entregarle "una citación judicial que en realidad no existía".

"Ello con la única intención de acceder a mi domicilio, lo que constituye un intento de allanamiento de morada", explica el senador en el escrito remitido a la Mesa. Según Bárcenas, este incidente supone una "inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes Generales" y una "quiebra del orden constitucional y de las normas de conducta democráticas".

"El hecho, objetivamente es gravísimo. Que funcionarios del Ministerio del Interior, los envíe quien los envíe, intenten irrumpir ilegalmente en el domicilio de un parlamentario sin orden judicial", afirma Luis Bárcenas, quien asegura que este "precedente" no puede quedar "sin la adecuada respuesta por parte de las instituciones del Reino de España". De lo contrario, añade, "equivaldría a reconocer por el Senado la pérdida de fortaleza del Estado de Derecho".

El senador pide a la Mesa amparo y que estudie su caso "a los efectos de la posible personación" de la Cámara Alta en la denuncia que presentó en julio. Por el momento, el órgano rector ha trasladado el asunto al Ministerio del Interior.

El ex tesorero del PP registró en el Senado la solicitud de amparo el pasado 24 de agosto y añadió como documentación la denuncia que presentó el 27 de julio por los delitos de amenazas y coacciones, contra la integridad moral, de usurpación de funciones públicas y contra los derechos individuales, "cometidos por determinadas personas que se identificaron como policías".

El senador asegura en su denuncia que estos hechos fueron "sin duda" una "respuesta o represalia" a una conversación que él había mantenido el 17 de junio con el Comisario Jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González García.

Aprovechando una "inesperada coincidencia" entre ambos, Bárcenas le comentó que sufría una "persecución judicial y mediática" desde hacía meses, así como "inexplicables filtraciones de datos confidenciales" del 'caso Gürtel', relata el senador en la denuncia.

Tras esta conversación, añade Bárcenas, el 29 de junio se produjeron los hechos denunciados: la visita a su domicilio de dos personas que se identificaron como policías y posteriores llamadas al teléfono móvil de su mujer realizadas desde la Policía Judicial y la Comisaría de Canillas. Todo ello, constitutivo, según el senador, de los citados delitos.

Suplicatorio
Por otro lado, la Mesa de la Cámara Alta ha remitido, tal y como estaba previsto, la documentación sobre el suplicatorio de Bárcenas enviada por el Supremo a la Comisión de Suplicatorios, que dispone ahora de un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el mismo.

El Supremo ha remitido al Senado documentación adicional sobre Bárcenas -imputado en el 'caso Gürtel' por los delitos de cohecho y fraude fiscal- que puede ser consultada ahora por todos los senadores que así lo soliciten, además de los miembros de la comisión, junto con el suplicatorio.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado hoy que el inicio de la tramitación del suplicatorio no cambia la situación de Bárcenas en el partido porque "la situación ya cambió" cuando dimitió como tesorero y "ya no tiene más que cambiar".

Además

* El TSJM requiere a Camps los contratos con Correa
* El Congreso da 10 días a Merino para que alegue
* Gráfico: Quién es quién en la trama

ELMUNDO.ES

LA FISCALÍA DICE QUE UM USÓ LAS FECHAS NAVIDEÑAS PARA FAVORECER A SACRESA

CASO CAN DOMENGE | El escrito del fiscal Horrach

Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía apunta ahora que los políticos de UM en el Consell usaron el Plan Territorial como mero pretexto para favorecer a Sacresa al adjudicar la parcela de Can Domenge por 30 millones de euros y que sacaron el concurso en plenas fechas navideñas con el fin de "eliminar la competencia" a la promotora catalana y propiciar así que se quedase con el mejor solar público "por la mitad de su precio real". En lo que califica como la "primera vez en la historia de la Administración española que se establece un precio máximo, es decir, que la administración renuncia de forma altruista a obtener el valor real de un bien público".

Estas acusaciones están contenidas en el escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma. Un informe aportado con el fin de que la magistrada se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ya que la Fiscalía ha detectado indicios de que dos de los acusados, que son aforados, pudieron cometer «malversación, fraude y prevaricación». Se trata concretamente de Bartomeu Vicens y Miquel Nadal, ex conseller de Territorio y vicepresidente del Consell y hoy diputado y conseller de Turismo del Govern respectivamente.

‘No motiva la fianza’
Concretamente, Horrach remarca como uno de los indicios incriminatorios la fecha de publicación del concurso. "El acuerdo se produce el 30 de diciembre de 2006" y se publica la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas el 3 de enero de 2006. "La elección de las fechas –añade– es una decisión plenamente consciente y deliberada (plenas fechas navideñas)". "El objetivo", concluye, "era demorar el conocimiento de los eventuales interesados en la licitación, y forma parte de la estrategia seguida por los imputados, eliminando posibles competidores". Es decir, "dirigir el procedimiento administrativo para que la adjudicataria [del solar en el que se podrían construir 600 viviendas] fuese la Unión Temporal de Empresas" que lideraba la promotora catalana.

Según la Fiscalía, en ese mismo fin se enmarca una de las cláusulas que pusieron en el concurso: "Que el proyecto constituyese un claro exponente de las determinaciones previstas en el Plan Territorial de Mallorca (PTM)". Una condición que representaba el 15% de la puntuación global cuando "el Plan nada tiene que ver con la venta de una finca ubicada en el casco urbano de Palma, al contrario, contraviene el propio PTM". Y en el "hipotético caso de que estas determinaciones existieran", añade, "qué sentido tiene que se valore y se puntúe el cumplimiento de la legalidad vigente".

Además
* La defensa de Flaquer presenta un recurso
* Lea el recurso completo

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