martes, 12 de julio de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL FUTURO DE CAMPS SE DEBATE HOY ENTRE SU VERSIÓN, UNA MULTA Y LA CÁRCEL

El instructor ya concluyó, hace un año, que existían suficientes indicios de cohecho impropio

María Fabra Castellón

El presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Francisco Camps, tiene hoy la última oportunidad para, en boca de su abogado, exponer las razones y argumentos por los que no debería ser juzgado del delito de cohecho impropio por el que está imputado. Hoy se celebra, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la audiencia preliminar, previa a la decisión del juez de sentar a Camps en el banquillo o archivar la causa. En el primer caso, se convertiría en el primer presidente autonómico en sentarse en el lugar que ocupan los acusados frente a un juez, ya que ha afirmado en reiteradas ocasiones que no piensa dimitir. En el segundo caso, el líder de los populares valencianos habrá estado sometido, durante más de dos años, a la sospecha.

Francisco Camps tratará de que prevalezca su versión de que “yo me pago mis trajes”, aunque no dispone de ningún documento que así lo acredite porque, según dijo, no los exigía para que nadie pensara que los cargaba a cuenta del erario público. Esa es su versión, la que le llevaría al archivo del caso, que discrepa de la concluida por la Fiscalía Anticorrupción, que lo considera autor de un delito continuado de cohecho por recibir regalos de la trama Gürtel, hasta un valor total de 14.021,5 euros. Por ello, solicita una multa de cinco meses y 15 días que, de convertirse en pena, supondría que Camps habría de pagar 41.250 euros.

Los peritos de Hacienda podrán aclarar hoy si la contabilidad de la trama Correa refleja el pago de los trajes de Camps

La acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, va más allá e insiste en que recibió los regalos, pero que lo hizo a cambio de adjudicar contratos, pese a que los tribunales han rechazado, de momento, esa argumentación y consideran que las dádivas únicamente “denotan que la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo”. En cualquier caso, esta acusación mantiene su argumentación, por lo que reclama tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat.

Las acusaciones tanto de la fiscalía como del PSOE se basan en documentos incautados a la propia trama Gürtel, en informes realizados por la policía y en otros elaborados por la Agencia Tributaria. De hecho, el análisis realizado por los peritos de Hacienda centrará uno de los momentos más importantes del acto que se celebra hoy, ya que el juez ha llamado a declarar a estos peritos para que las partes soliciten aclaraciones sobre sus conclusiones.

El sastre José Tomás también está llamado a declarar, después de asegurar que Camps nunca le pagó los trajes que confeccionó para él

El magistrado encargó este informe para cruzar la información relativa a los regalos y el reflejo de esos pagos por parte de las empresas de la trama Gürtel. El documento, conocido en noviembre, sostenía que la trama de empresas que lideraba Francisco Correa había pagado trajes a Camps, pero también exponía dudas sobre exactamente quién y cómo se pagaron. En cualquier caso, afirmaba con claridad que la contabilidad de estas empresas no recogía el pago de las prendas en metálico por parte de sus receptores, tal como afirma el presidente del PP valenciano.

El juez también cuenta con un manuscrito incautado a la trama en el que aparecen detalladas distintas cantidades de prendas de vestir y una referencia a los precios de las mismas en un documento, denominado “ctas milano”, que “se refiere a una contabilidad en la que se anotan los gastos producidos por las compras de prendas de vestir a distintas personas”, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. En el documento aparecían también los otros tres imputados en esta causa Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Si la decisión judicial ha de fijarse en declaraciones, contraria a la de Francisco Camps existe también la de un sastre, José Tomás, que fue el que confeccionó los trajes y al que, según declaró, le pagaron las empresas de la trama de Correa. También él podrá hoy ratificarse o rectificar sus palabras, ya que es otra de las personas a las que el juez ha citado para hoy. Versión distinta a la de Camps es también la del cabecilla de la rama valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, que dijo que fue un préstamo para realizar sesiones de fotos.

La conocida como causa de los trajes lleva más de dos años en danza. El juez instructor, José Flors, ya concluyó en 2010 que había indicios suficientes para juzgar a Camps pero posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el tribunal Supremo. Desde entonces, se han sucedido los recursos, las trabas, los intentos por prolongar la resolución de la causa y las peticiones de las acusaciones de que esta se acumulara a la parte más grave de las acusaciones que pesan sobre la cúpula del PP valenciano y que se refieren a la financiación irregular del partido.

Hoy, Camps subirá un escalón más de aquellos “dos escaloncitos” que, a su juicio, faltaban para pasar “esta cuestión absurda”. Una vez celebrada la vista preliminar, que se prevé larga, el juez tiene tres días para determinar si Francisco Camps será juzgado, por el procedimiento del jurado, o archiva el asunto de los trajes.
   
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"CASO MALAYA"; LOS PERITOS DE HACIENDA Y LAS DEFENSAS DISCUTEN SOBRE LOS NEGOCIOS DE ROCA

Sobre su origen delictivo

Europa Press | Málaga

Los funcionarios de la Agencia Tributaria que han intervenido en la investigación del 'Caso Malaya' y los letrados de algunos acusados se han enzarzado en un debate sobre el origen delictivo o no de los negocios u operaciones inmobiliarias llevadas a cabo a través de sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, y sobre las cantidades presuntamente blanqueadas.

Los dos peritos de Hacienda que colaboraron con datos en los informes contenidos en la causa han continuado su comparecencia este martes en el juicio con el interrogatorio por parte de las defensas. Su declaración como testigos en esta segunda parte del bloque dedicado al blanqueo de capitales seguirá este miércoles, ya que quedan letrados de procesados por preguntar, entre ellos la abogada de Roca.

La discrepancia se ha puesto más de manifiesto con las preguntas del letrado José Antonio Choclán sobre la operación inmobiliaria en una parcela municipal para la promoción 'El Alcornoque', el origen de la inversión realizada, la transmisión a otra sociedad y el por qué se computan como objeto de blanqueo cantidades que se pretende obtener con la venta de la promoción, centrando el debate en cuál es el delito previo al blanqueo y el origen del dinero.

Los peritos han incidido en su convencimiento de que "el origen de la disponibilidad de Juan Antonio Roca Nicolás de esos terrenos municipales es ilícito" y han manifestado que "la inactuación del Ayuntamiento marbellí, porque estaba allí el señor Roca, es lo que posibilitaba" la venta del suelo a otra sociedad y el desarrollo de la promoción, recordando la posición que el principal acusado en este procedimiento tenía respecto al urbanismo de la ciudad.

"Esta promoción arranca en un acto de corrupción, lo que se superpone en otro acto de corrupción, el primero mediante el que el señor Roca se hace con la parcela y el segundo es la obtención de la licencia, contraria a la legalidad urbanística", ha indicado uno de los funcionarios, quien ha explicado que algunas de las viviendas construidas, según la documentación aportada, "no fueron cobradas" o fueron pagos de deudas.
Intervención del presidente del Tribunal
El debate ha llegado a ser tenso, hasta el punto de que el letrado ha dicho a uno de los peritos que "en cuanto puede, suelta usted una", respondiendo éste: "suelto lo mismo que usted me suelta a mí, cariñitos". El presidente del Tribunal, José Godino, ha tenido que pedir a ambas partes que "guarden la compostura" e incluso ha tenido que decir si necesita "traer los guantes de boxeo o lo dejamos para otro día".

A preguntas de otro letrado, el otro de los funcionarios ha admitido la posibilidad de que "haya terceros de buena fe que no tuvieran conocimiento" de que el dinero procedente de Roca era supuestamente ilícito y que "se hayan visto en esta situación", aunque ha insistido en que por lo analizado en la causa se concluye que Roca "de los ilícitos de su actividad desde 1992 estaba obteniendo dinero".

En este sentido, han analizado la venta de un local, El Molino, en la que el principal acusado "obtuvo un beneficio de 90 millones de pesetas", según los testigos, quienes han indicado que estos hechos "son los que hemos trasladado a la autoridad judicial, esos negocios clandestinos, ocultos". Han añadido que según lo investigado, "las transmisiones de sociedades ponen de manifiesto que los testaferros actuaban ocultando la actividad de Juan Antonio Roca".

Los letrados han cuestionado, igualmente, las referencias a delitos urbanísticos y las consideraciones jurídicas incluidas en los informes en los que han colaborado los peritos, sobre lo que éstos han reiterado que ellos transmitieron a la autoridad judicial "hechos, con mejor o peor criterio" y aportaron "datos y evidencias" sobre cada acusado para los informes sobre blanqueo elaborados por los investigadores de la Policía Nacional.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

IMPUTADO POR PREVARICACIÓN EL ALCALDE DE OTURA POR PAGAR DE MÁS EN LA COMPRA DE UN TERRENO

GRANADA | Para la ampliación del Ayuntamiento

* Junto a Ignacio Fernández están imputados los concejales de su gobierno
* Según Fernández, se amplió el Ayuntamiento por ser la situación 'insostenible'

José A. Cano | Granada

Un auto de la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe ha abierto procedimiento abreviado contra el alcalde de Otura, Ignacio Fernández, y los concejales de su equipo de gobierno del pasado mandato. Se les acusa de prevaricación en la compra de unos terrenos para la ampliación del edificio consistorial, que se habría realizado pagando por encima de su precio de mercado y usando fondos del patrimonio público de manera ilegal.

En concreto, la juez advierte tras la instrucción que los imputados, en calidad de Presidente y miembros de la Corporación Local, votaron a favor de la adquisición de un inmueble para la ampliación a sabiendas de que "se abonaría por él una cantidad superior a su valor de mercado y que la compraventa se financiaba con fondos provenientes del Patrimonio Público". Esta actuación, que se recoge el escrito, dice que está "expresamente prohibida por las normas administrativas vigentes".

El auto también señala que los imputados conocían de la existencia de una oferta por parte del propietario de otro inmueble colindante con el Ayuntamiento "que podría resultar más ventajosa", y que el equipo de gobierno –los cinco concejales del PP y tres del Grupo Independiente de Otura (GIO) con el que gobernaban en coalición– "votaron a favor" de la compra.

Una actuación del alcalde del PP que la propia juez tacha en su auto de "arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, apreciándose presuntamente una conciencia clara de la ilegalidad y de la arbitrariedad de la decisión", por lo que los hechos instruidos presentan, a su juicio, "los caracteres de un presunto delito de prevaricación".

El regidor oturense, reelegido con mayoría absoluta el pasado 22 de mayo, ha respondido, tras hacerse público este auto, que la decisión de ampliar el edificio consistorial se tomó por ser la situación "insostenible". Ignacio Fernández señaló que existía graves problemas de espacio, y que la opción supuestamente "más ventajosa" que se cita era de 900.000 euros frente a los 300.000 que se pagaron por el solar finalmente adquirido.

Por otro lado, y con respecto a la financiación, Fernández recordó que se realizó con cargo a un convenio suscrito con una entidad mercantil, firmado por el Ayuntamiento, en el cual se preveía la aportación de dicha entidad para completar y mejorar los equipamientos municipales y para poder desarrollar obras de interés local.

Esta respuesta pública se debe no tanto a la defensa legal, que quedará para el juzgado y aún puede impedir que se siente en el banquillo, sino a las declaraciones del PSOE de Otura. En concreto, el secretario de organización local, Nazario Montes, ha acusado a Fernández de ser "el campeón de los líos judiciales", recordando casos como el de la denuncia interpuesta contra él por el secretario municipal, por cinco presuntas irregularidades urbanísticas, y que llegó a suspender viéndose posteriormente obligado a readmitirlo.


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL SASTRE JOSÉ TOMÁS, TRAS DECLARAR EN EL TSJ: "CAMPS HA MENTIDO A TODOS SUS VOTANTES"

El sastre José Tomás, acude a declarar al TSJ de Valencia. | Efe
Audiencia preliminar

* 'Se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo', ha asegurado José Tomás
* 'A estas alturas nadie duda de que Camps no se pagó los trajes', ha dicho
* Han comparecido a puerta cerrada los peritos y un total de seis testigos
* El juez tiene un plazo de 3 días para pronunciarse sobre si abre juicio oral

Gema Peñalosa | Agencias | Valencia

El magistrado instructor de la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' celebra este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la audiencia preliminar prevista en la ley del Jurado para oír a las partes sobre la procedencia de la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PPCV, imputados en este procedimiento, acusados de un delito de cohecho impropio por haber presuntamente recibido trajes como regalo de la empresa Orange Market.

La audiencia, fijada para las 10.00 horas y a puerta cerrada, ha comenzado con la comparecencia de los peritos, a los que han seguido los seis testigos. La audición de las grabaciones propuestas y el informe de los abogados de cada una de las partes personadas en este procedimiento se han postergado para la sesión de tarde, a partir de las 16.30 horas.

Entre los testigos se encuentran un chófer y un escolta del presidente, uno de los supuestos cabecillas de Orange Market, Cándido Herrero, y el sastre José Tomás, el único que ha hecho declaraciones antes de entrar en el Tribunal y a su salida. "A estas alturas nadie duda de que Camps no pagó los trajes", ha dicho el ex empleado de las tiendas madrileñas Milano y Forever Young a primera hora.

"A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los trajes. No hay duda de que él no los pagó, ni siquiera el juez lo hace", ha reiterado.

Tomás, quien asegura que ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para demostrar "ciertas irregularidades" relacionadas con el caso, ha expresado su deseo de que "de una vez por todas se sepa la verdad de todo y que cada uno pague el precio que tiene que pagar".

"Se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo, y veremos si después no lo hace en otro", ha dicho en alusión a Camps.

Tras declarar ante el juez, José Tomás ha vuelto a atender a los medios para sentenciar que "Camps ha mentido a todos sus votantes" y ha asegurado que "cuando se dice la verdad y se aportan documentos, por mucho que los abogados maravillosos intenten dar la vuelta a la tortilla, es imposible".

El sastre ha reconocido que le es "indiferente" el futuro político de Camps y ha dicho que "en la vida hay que ser justos".
 
Los imputados
Junto con Camps se encuentran imputados en esta causa el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; el ex secretario general del PPCV y diputado 'popular' Ricardo Costa y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme y responsable de Protocolo de la Diputación, Rafael Betoret.

El magistrado tiene un plazo de tres días para pronunciarse sobre si es procedente abrir juicio oral en esta causa. En el caso de que su resolución sea favorable, no existe para las partes posibilidad de recurrir esta decisión. En el supuesto de que se acuerde sobreseimiento, sí que se puede presentar recurso ante la sala civil y penal del TSJCV.
 
¿Habrá juicio?
En el supuesto de que se acuerde la apertura de juicio, el instructor debe dictar una resolución con los hechos justiciables y las pruebas a practicar que considere pertinentes y se inicia el proceso de elección del jurado y la designación de su presidente, que en este caso corresponde, según el turno de la sala, al magistrado Juan Climent, que será el encargado de fijar una fecha de juicio. El sorteo de los miembros del tribunal 'popular' se celebra como mínimo un mes antes de la celebración de la vista.

La fecha de la celebración de la audiencia preliminar se acordó la pasada semana tras haber decidido el TSJCV que las dos causas derivadas de 'Gürtel' que han entrado en el alto tribunal valenciano: la de los 'trajes' y la presunta financiación irregular del PPCV, debían continuar de forma separada.
 
Seis testigos
En la audiencia han comparecido como peritos, según acordó Flors, dos inspectores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y un censor jurado de cuentas y economista. Como testigos, declararán, por decisión del instructor, el sastre de Milano, José Tomás y dos personas más, solicitadas por el fiscal y PSPV, en relación con la posible manipulación de ficheros informáticos referidos a ventas de prendas de vestir.

Asimismo declararán, por decisión de la sala que aceptó un recurso en este sentido de Francisco Camps, su chófer, su escolta y Cándido Herrero, considerado uno de los presuntos 'cabecillas' de la trama Gürtel. En la aprte documental, se procederá a la audición de archivos que había propuesto Víctor Campos, de conversaciones con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez.

La convocatoria de la audiencia preliminar es el paso siguiente a la recepción por parte del instructor de todos los escritos de conclusiones provisionales, según establece la Ley del Jurado. En este acto procesal, las acusaciones podrán modificar los términos de su petición de apertura de la vista pero, de acuerdo con la normativa, no se admitirán nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.

Fiscalía Anticorrupción pide una multa de 41.250 euros para Camps, igual condena que reclama para Costa y Betoret, mientras que solicita 35.000 euros para Víctor Campos. El PSPV eleva la petición, de acuerdo con su calificación provisional, hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.

Camps, por su parte, pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones ya que niega haber recibido ningún regalo y sostiene que pagó las prendas en metálico. Asimismo, Campos alegaba que las prendas de vestir las pagó a Álvaro Pérez para que a su vez las abonara en el establecimiento; Betoret argumentó que pagó el precio personalmente mientras que Ricardo Costa aducía la intrascendencia penal de los hechos investigados y destacaba que la relación con Orange Market y Pérez fue por razón de su cargo en el PPCV y no como diputado.

Además
* Camps en el precipicio 

"CASO GÜRTEL"; UN INFORMÁTICO DE FOREVER YOUNG ADMITE QUE FALSEARON REGISTROS PARA AYUDAR A CAMPS

Afirma que los manipuló por orden de sus superiores

* El juez tiene de plazo hasta el viernes para decidir si abre juicio oral
* La vista preliminar en el TSJ se ha extendido durante más de ocho horas

M. Gasparet | G. Peñalosa | Efe | Valencia

Un informático de Forever Young ha admitido este martes ante el magistrado José Flors que manipuló la contabilidad de esta firma de moda en favor del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras estallar el conocido como 'caso de los trajes'.

El empleado ha reconocido que, por orden de sus superiores, sustituyó el código de cliente de Francisco Camps por el de Álvaro Pérez, 'El Bigotes' para atribuir a este último las prendas de vestir que supuestamente correspondían al jefe del Ejecutivo valenciano.

Este testimonio corroboraría así la denuncia del sastre José Tomás, quien ya apuntó ante la Fiscalía Anticorrupción la modificación interesada de los registros internos de Forever Young con el objetivo de exculpar a Francisco Camps.

A Camps, junto al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; el ex secretario general del PPCV y diputado 'popular' Ricardo Costa; y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo y jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, se les acusa un delito de cohecho impropio por haber recibido presuntamente trajes como regalo de Orange Market.

Más de ocho horas de comparecencias
La declaración de este informático se enmarca en la vista preliminar celebrada este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que se ha prolongado durante más de ocho horas.

En esta audiencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se juzgue al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por recibir regalos de la trama Gürtel, mientras que su defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa al estimar que no existe el delito de cohecho pasivo impropio que se le imputa.

La Fiscalía, por tanto, mantiene su petición de una pena de multa de 41.250 euros para Camps, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y de 35.000 euros para el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Camps.

La acción popular, ejercida por el PSPV-PSOE, mantiene a su vez la petición de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, aunque también pide alternativamente una pena de multa, según han informado fuentes jurídicas.

Novedades en tres días
Ahora el juez instructor dispone de un plazo máximo de tres días (hasta el próximo viernes) para pronunciarse sobre si es procedente abrir juicio oral en esta causa. En el caso de que su resolución sea favorable no existe posibilidad alguna de recurso. En cambio, si el magistrado acordara su archivo las partes aún podrían recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.

Además del informático, otros cinco testigos han comparecido ante Flors a lo largo de la jornada: dos inspectores de la Agencia Tributaria, un censor jurado de cuentas, el chófer de Francisco Camps, su escolta, Cándido Herrero (considerado como uno de los cabecillas de la trama), así como una última persona vinculada con la posible manipulación de ficheros informáticos en Forever Young.

Asimismo, también ha prestado declaración el que fuera sastre de Forever Young y Milano José Tomás, el único que ha efectuado declaraciones ante los medios: "A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los trajes. No hay duda de que él no los pagó, ni siquiera el juez lo hace".

A su juicio, "Camps ha mentido a todos sus votantes" y ha asegurado que "cuando se dice la verdad y se aportan documentos, por mucho que los abogados maravillosos intenten dar la vuelta a la tortilla, es imposible".

Al concluir la vista, el abogado de Betoret, Ignacio Peláez, ha asegurado que las acusaciones "no han aportado ningún elemento incriminatorio" en esta sesión para mantener sus imputaciones.

Por el contrario, considera que el asunto "está mejor que antes" para las defensas, ya que la declaración de los peritos, según dice, no ha acreditado que las prendas de vestir las abonaran las sociedades vinculadas a la supuesta trama corrupta.

Además
* Camps en el precipicio