jueves, 31 de enero de 2013

"CASO EMARSA"; INTERVENTOR DE LA EMSHI: "HABÍA GASTOS MUY LLAMATIVOS PARA UNA EMPRESA PÚBLICA"


Declaración ante el juez
Francisco Carlos Pastor ha aludido a gastos de viajes y representación
Esteban Cuesta le aseguró que 'estaban dentro de la normalidad'

Efe | Valencia

El interventor de la Emshi, empresa que asumió la gestión de Emarsa tras su disolución, Francisco Carlos Pastor, ha afirmado ante el juez que investiga el caso Emarsa que en la entidad había gastos que le parecían "muy elevados para la actividad de una empresa que presta un servicio público".

En concreto, ha señalado que se trataba de gastos de viajes y representación, y que al ponerlo en conocimiento del presidente de la entidad Enrique Crespo y del gerente Esteban Cuesta, y éste último dijo que estaban "dentro de la normalidad".

En su declaración como testigo, Pastor ha explicado que se hizo un primer análisis de los proveedores que tenía Emarsa y se detectaron "ciertos problemas o hechos" que resultaban de interés, ya que por ejemplo, existían gastos de viaje "de mucho importe" o diversos abogados.

Asimismo, ha explicado que los costes de mantenimiento y aprovisionamientos "habían crecido de forma muy importante" desde 2004, mientras que los gatos de personal "eran muy estables en toda la serie temporal analizada".

Esto, ha indicado el interventor de la Emshi, "no cuadraba con las justificaciones que nos habían dado anteriormente", aunque tampoco en esa ocasión tuvo "una respuesta clara" ni de Crespo ni de Cuesta.

'Retribuciones por encima de los límites'
Ha indicado que siempre se había justificado que los problemas financieros de Emarsa "venían por unos excesos de costes de personal", pero las auditorías demostraban que en los convenios colectivos "se incrementaban las retribuciones por encima de los límites legales".

Pastor también ha expresado que trasladó a Crespo dudas respecto a la capacidad tanto de Cuesta como del director financiero de Emarsa Enrique Arnal, de quien ha afirmado que suministraba información "de forma deficiente y con retraso".

La respuesta de Crespo, según el interventor de la Emshi, fue que "no estaba de su mano" el poder cesar a estas personas, por lo que se le planteó la alternativa de un vicegerente o alguien que mejorara los procedimientos de la empresa, iniciativa a la que "no dio respuesta".

Pastor también ha manifestado que Crespo comentaba que era habitual que una sociedad pública "estuviera en causa de disolución aunque tuviera problemas de desequilibrio patrimonial", pero la información de la Sindicatura de Comptes, según ha dicho, reflejaba que la mayor parte de las empresas públicas no tenían esos problemas.

También ha mostrado su disconformidad con la decisión de Crespo de presentar en la junta de accionistas de la Emshi solo el informe de auditoría financiera y no las auditorías de Cumplimiento y Operativa realizadas en la Emarsa respecto del ejercicio 2008.

"CASO PALAU"; JAUME CAMPS REITERA QUE SU RELACIÓN CON MILLET ES "EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL"

Incluido en el saqueo a la institución cultural


Germán González | Barcelona

El ex diputado de CiU en el Parlament, Jaume Camps, imputado en el 'caso Palau', ha negado este jueves que el dinero que cobró del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, esté relacionado con Convergència o con la empresa Ferrovial.

Según argumenta en un comunicado, los pagos corresponden a su trabajo como abogado. En un comunicado, Camps destacó que a partir de 1979 y "durante más de 20 años" fue la representación jurídica de Millet que le hizo "diversos encargos profesionales". Por eso indicó que su actuación fue "exclusivamente profesional" y las minutas de honorarios profesionales "puntualmente declaradas en cumplimento de los deberes fiscales".

"Todas las sumas percibidas del señor Millet lo fueron por el concepto de honorarios profesionales, sin ninguna relación ni con CDC ni con la empresa Ferrovial", ha destacado. Camps volvió a reiterar su "absoluta inocencia", como confía demostrar en su declaración ante el juzgado el próximo 19 de febrero

El nombre de Camps apare en un documento encontrado en el Palau de la Música junto con la anotación manuscrita "Pago 105.000m. Ferrovial" y, justo debajo, "autopista". En el mismo documento aparecieron también una serie de cifras mecanografiadas: "105.000 euros=(17.470.530.000ptes)", "El 4%=4.200.000 euros (698.821.000ptes)" y "FOC 1,5%= 1.575.000 euros (262.058.000ptes)".

ANTICORRUPCIÓN PIDE A RUZ QUE RECLAME A HACIENDA DATOS SOBRE JORDI PUJOL JR.


JUSTICIA | Tras declarar la ex novia
Quiere saber si ha regularizado fondos que pueda tener fuera de España

María Peral | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido esta mañana al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que se dirija a la Agencia Tributaria para que le proporcione los datos que tenga sobre Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

La petición se produce después de que la ex novia de Pujol Ferrusola confirmara el pasado día 17 ante Ruz la declaración que prestó en la Udef sobre los viajes realizados entre Andorra, Madrid y Londres supuestamente para blanquear fondos que la familia Pujol mantendría en cuentas bancarias andorranas.

La Fiscalía quiere saber, en concreto, si Jordi Pujol Ferrusola ha presentado alguna declaración tributaria especial para regularizar cuentas abiertas en el extranjero.

También cree procedente que el juez pregunte a Hacienda si tiene datos de que Pujol Ferrusola haya obtenido rentas fuera del territorio nacional, sea como persona física o sea como persona jurídica a través de sociedades.

CONDENADA LA EXALCALDESA SOCIALISTA DE CHIPIONA POR 345 CONTRATOS IRREGULARES


Dolores Reyes, junto al socialista Francisco Menacho, el día que asumió la alcaldía. | J.F.F.

TRIBUNALES | Siete años de inhabilitación para cargo público
Dolores Reyes Ramos autorízó las contrataciones entre los años 2000 y 2004

Efe | Cádiz

La exalcaldesa de Chipiona (Cádiz) Dolores Reyes Ramos (PSOE) ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cualquier cargo de naturaleza electiva de ámbito local por haber realizado durante su mandato 345 contratos de personal laboral eventual para el consistorio de forma irregular.

Fuentes jurídicas han confirmado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz explica que los contratos, realizados entre el 2000 y el 2004, se hicieron sin consignación presupuestaria del consistorio, sin ningún procedimiento de información pública ni de selección del personal y con informes técnicos en contra.

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia Provincial condena a la ex alcaldesa como autora de un delito continuado de prevaricación a siete años de inhabilitación, en una sentencia que absuelve del mismo delito al entonces concejal delegado de Personal del Ayuntamiento de Chipiona José Luis Otero Jiménez.

La Audiencia recuerda que este concejal rubricó los contratos "por delegación de firma" de la exalcaldesa, quien, en el juicio, mostró su conformidad con la petición de condena que pedía para ella la fiscalía.

Dolores Reyes Ramos dejó la alcaldía de Chipiona en el 2004, al mismo tiempo en el que rompía sus relaciones con el PSOE de Cádiz, en el que desde entonces no milita.

Sin embargo continúa trabajando en el Ayuntamiento de la localidad gaditana, en la actualidad gobernado por el PP, ya que es funcionaria de la corporación.

CORRUPCIÓN: PEOR EL DESTROZO QUE EL ROBO

Juan M. Blanco (30-01-2013) 

Pocas condenas por corrupción se han dictado en España y en ningún caso se ha recuperado toda la cantidad estafada. Sin embargo, aunque parezca paradójico, el dinero detraído no es el elemento más grave de la actividad corrupta.

Aunque todos los saqueadores del Presupuesto restituyeran hasta el último euro sustraído, nuestros males no se resolverían. Llegaría, eso sí, un inmenso caudal dorado desde Suiza, Islas Caimán, Liechtenstein, Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales para remiendo de presupuesto, alivio de deuda y bálsamo contra la crisis. Y también para quiebra de la lujosa jubilación de muchos dirigentes. Sin embargo, no compensarían, ni de lejos, todo el perjuicio causado.

Los corruptos no se asemejan a ese elegante carterista de guante blanco que birla limpiamente el efectivo pero restituye tarjetas y documentos. Actúan como esos torpes ladrones que, para desvalijar la vivienda, ocasionan destrozos por un valor muy superior a lo sustraído. Para detraer un millón de euros, la corrupción puede generar a la sociedad perjuicios desproporcionadamente mayores aunque el daño resulte menos visible que el palpable estropicio de los cacos.

Duele e indigna el expolio de los fondos pero resultan mucho más nocivos ciertos elementos que van inexorablemente unidos a la corrupción: los favores concedidos, las decisiones políticas tomadas, el ejemplo ofrecido y el ambiente creado. Una nación moderna y próspera requiere instituciones que garanticen una combinación armoniosa de competencia y cooperación entre sus miembros. Pero un régimen de cleptocracia, además de detraer fondos, impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación. Lo que se observa a primera vista en la corrupción no es más que la punta del iceberg de una grave enfermedad, que corroe todo el cuerpo político y contagia al resto de la sociedad.

Quedan lejanos aquellos tiempos en que se consideraba la corrupción un lubricante, facilitador o catalizador de la economía. Ante un sinnúmero de trabas burocráticas, normas y regulaciones, unos oportunos sobornos agilizarían los trámites, permitiendo la actividad industrial, la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo. Esta benigna visión se desvaneció al comprobar que esas normas y regulaciones no eran más que barreras establecidas deliberadamente por los políticos con el fin de crearse oportunidades de enriquecimiento inconfesable. Las trabas se dirigen a restringir la competencia, garantizando así sustanciosos beneficios a esos amigos que pagarán bien el favor concedido. Los sobornos y comisiones no agilizan nada: se parecen más a la protección que venden los mafiosos contra la amenaza creada por ellos mismos.

Un auténtico océano de leyes
Como señaló el senador e historiador romano Publio Cornelio Tácito: “corruptissima republica plurimae leges". Los gobernantes corruptos multiplican las leyes hasta el límite, creando en el sistema económico auténticos cuellos de botella donde colocar sus particulares “peajes”. Como símbolo de este contumaz latrocinio se alza una colosal pirámide formada por más de 700.000 páginas de Boletines Oficiales Autonómicos, con la friolera de 100.000  leyes, normas y regulaciones, muchas veces contradictorias e imposibles de cumplir. Esta gigantesca y enrevesada selva legal, plagada de trampas y arenas movedizas para quien no pague los “peajes”, genera en la economía nacional unas pérdidas muy superiores a los sobornos recaudados pues destruye tejido industrial y dificulta la creación de empresas.

La corrupción organizada lesiona la competencia y distorsiona el mercado pues no permite prosperar a las empresas más eficientes, ni a las que proporcionan mejor servicio, sino a aquéllas con mayor disposición a pagar sobornos. Por ello, cuando la administración contrata corruptamente servicios de empresas privadas, no solo infla el precio con las comisiones, también proporciona menos calidad. Y la omnipresente arbitrariedad genera enorme incertidumbre, desalentando la inversión productiva.

Pero el problema no se reduce sólo a empresas inadecuadas: los corruptos también impulsan proyectos inapropiados, con tremendo despilfarro de recursos escasos. Las líneas de AVEs sin viajeros, las autovías sin coches o los aeropuertos peatonales, suelen surgir de decisiones políticas que no priman las partidas con mayor rentabilidad social sino, más bien, aquéllas que mayor flujo de comisiones proporcionan. Por ello, la corrupción tiende a sesgar el gasto de las administraciones hacia proyectos faraónicos, de escasa utilidad para el ciudadano. Llamativos e inútiles monumentos salpican las Comunidades Autónomas como recuerdo, para generaciones venideras, de esta desaforada y particular fiebre del oro… ajeno.

Por todo ello, la recaudación opaca de 22 millones de euros requiere muchas decisiones dañinas para la economía, que perjudican mucho más allá de su mera repercusión en el precio pagado por los contribuyentes. Los políticos habrían favorecido a empresas poco eficientes, construido carísimas e inútiles infraestructuras o promulgado normas perniciosas para el establecimiento de nuevas de empresas y para la creación de empleo. No sorprendería que la obtención de estos 22 millones hubiera ocasionado a la sociedad un coste económico diez o veinte veces superior.  

Puntilla a la confianza y a la legitimidad
Desgraciadamente, los males causados por la corrupción ni siquiera se limitan a los ya descritos: el deterioro se extiende a las percepciones y a las actitudes de los ciudadanos. Un régimen de cleptocracia suele destruir la confianza que los ciudadanos tienen en los demás, ese delicado material con el que se teje el capital social, que permite la cooperación. Y lesiona gravemente la legitimidad de las instituciones, esa argamasa que mantiene unidas las vigas maestras del sistema político.

Los estudios muestran que, en países con líderes corruptos, los ciudadanos tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno. La imagen que cada individuo se crea de los demás, de la gente en general, se encuentra muy influida por aquello que percibe en sus políticos. “¿Por qué “la gente” no va a ser capaz de hacer lo mismo que los gobernantes?”. Si los líderes son tramposos, embusteros o incumplen su palabra, los sujetos se inclinan también a recelar de sus conciudadanos, generando así una conducta poco cooperativa y una tendencia a incluirse en grupos cerrados.

Por ello, es falso el razonamiento de que los políticos son corruptos porque la gente también lo es. La causalidad es distinta: cuando la gente percibe que los políticos no son honrados, se inclina a pensar que los ciudadanos desconocidos tampoco lo son. Y el individuo tiene incentivo a comportarse de manera no cooperativa cuando cree que los demás actúan también así, con grave quebranto del capital social.

Por último, la percepción de la corrupción deteriora gravemente la legitimidad de un régimen, esa noción que impulsa a las personas a respetar las normas que emanan de la autoridad, no por temor al castigo sino por convicción. La legitimidad se refuerza cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera justa y equitativa. Pero tiende a desvanecerse cuando observan que el comportamiento de sus líderes, incluyendo el monarca, no resulta constructivo ni ejemplar. Cuando advierten que impera el privilegio, el abuso, la arbitrariedad y la corrupción. Y el fenómeno reviste muchísima gravedad: la pérdida de la legitimidad a ojos de los ciudadanos suele ser una de las señales más inequívocas de que un régimen toca a su fin.

Últimos posts24.01.2013
16.01.2013
09.01.2013

martes, 29 de enero de 2013

"OPERACIÓN CLOTILDE"; DETENIDO EL TENIENTE DE ALCALDE DE LLORET DE MAR TRAS LA DECLARACIÓN DE PETROV

CORRUPCIÓN | En el seno de la operación contra la mafia rusa
Valls, acusado de cochecho, era responsable de Urbanismo con Crespo
La Guardia Civil registra este martes la sede del club de fútbol local
El juez requiere al Parlament sobre la condición de diputado de Crespo

Germán González | Manuel Marraco | Barcelona | Madrid
La 'operación Clotilde' continúa expandiéndose por Lloret de Mar (Girona). La Guardia Civil ha detenido esta mañana a Josep Valls, primer teniente de alcalde de la localidad, acusado de cohecho por su relación con Andrei Petrov, el presunto cabecilla de una red que blanqueaba dinero procedente de organizaciones mafiosas rusas en la Costa Brava.

Valls, quien tuvo responsabilidades en el área de Urbanismo en el anterior Gobierno municipal, liderado por el ex alcalde y actual diputado de CiU, Xavier Crespo, es actualmente el portavoz de Convergència en el consistorio, además de ocuparse de las áreas de Sostenibilidad y Seguridad Ciudadana.

Existen varias pruebas que relacionan a Valls con la trama, según los investigadores, como grabaciones o imágenes de sus encuentros con Petrov.

También es el presidente del club de fútbol de la localidad que recibió patrocinio de la empresa de Petrov, Development Diagnostic Company (DDC), la misma que se encargó de la remodelación y parte de la gestión de la antigua plaza de toros de Lloret, uno de los proyectos investigados. Precisamente es dicho patrocinio el que alimenta las acusaciones por cohecho.

Agentes de la Guardia Civil, además, están registrando este mismo miércoles la sede del equipo de fútbol en busca de documentos que demuestren las relaciones entre Valls y la trama rusa.

Pagó dos viajes de Crespo a RusiaSería la misma situación que el presidente del club de hockey de Lloret, Joan Perarnau, que está imputado por cohecho, ya que según la investigación era el encargado de recibir dinero de patrocinio del presunto mafioso, que está en la cárcel sin fianza, y presuntamente pasarlo a cargos municipales. Ayer, Petrov reconoció en su declaración en la Audiencia Nacional que había pagado dos viajes a Crespo a Rusia, uno de ellos con su familia.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó ayer prisión incondicional para Andrei Petrov, arrestado el pasado viernes en Lloret de Mar, quien afirmó que pagó dos viajes a Rusia al ex alcalde Xavier Crespo.

Velasco tomó declaración ayer a seis detenidos en la llamada "operación Clotilde" y dictó prisión incondicional para Petrov, para su cuñado y mano derecha, Konstantin Mischanin, y para la arquitecta Pilar Gimeno, que presuntamente sirvió de vínculo entre Petrov y el Consistorio.

A Petrov se le imputa pertenencia a organización criminal por sus relaciones con la mafia rusa, blanqueo de capitales en el seno de organización criminal, falsedad en documento mercantil y cohecho, mientras que a los otros dos encarcelados solo los últimos tres delitos.

CORRUPCIÓN, CAUSAS PENALES Y COLABORACIÓN LEAL

María Tardón

En estos días resulta difícil cruzar más de dos frases con alguien sin que surja, casi de forma imperiosa, inevitable, el tema más enojoso, la palabra más aborrecida: los que se aprovechan de los cargos públicos para enriquecerse, la corrupción en sus más variadas formas.

Ya iba siendo hora, cabría decir, en primer lugar. Hasta hace muy poquito, uno de los lugares comunes, casi un axioma, entre los politólogos y comentaristas mejor informados era el de que la corrupción no restaba votos.

Y parecían tener razón, a juzgar por los resultados electorales destacables de algunas personas que se presentaron como candidatos estando, ya, incluso, imputados en causas por delitos relacionados con la corrupción.

Quizás es que haya caído la gota que colmó el vaso. O será por la situación económica que atravesamos, que está imponiendo tan duros sacrificios para la mayoría de los ciudadanos. A lo mejor es una mezcla de todo ello y puede que de alguna cosa más.

Pero lo que sí parece cierto es que la indignación no va a permitir, más, que los corruptos queden impunes. Ni que los responsables de que alguien se enriquezca a costa del dinero y los bienes públicos, puedan seguir gestionando los recursos de todos, como si no hubiera pasado nada.
 
Hasta ahora, cada nuevo escándalo de corrupción política se ha venido saldando con un puñado de declaraciones retóricas. Entrecruce de reproches por parte de los distintos partidos políticos. El consabido "y tú mas" en los escasos debates que la cuestión suscite...y así hasta el episodio siguiente.

Y mientras tanto, en los procedimientos penales abiertos en cada caso, –desaparecido el primer fogonazo informativo- ahí se quedan los Juzgados solitarios, intentando desentrañar, lenta y trabajosamente, las tramas más elaboradas, intrincadas e internacionalizadas. Los hechos que en ese largo y tortuoso proceso vayan pudiendo precisarse. Qué se cobró, por quién y cómo, y, sobre todo, dónde ha ido a parar el dinero.

Ya resulta bastante complejo investigar delitos en los que se conjugan el fraude, los contratos ficticios, las organizaciones con un objeto lícito aparente, con parte de hechos y disposiciones realizadas fuera del territorio español. Si a ello se añade que las personas investigadas gozan de poder político, social o económico, la dificultad se multiplica de forma exponencial.

Las conductas delictivas en que se traduce la corrupción, o forman parte de una estructura organizativa creada a propósito para obtener una financiación ilícita e irregular de los partidos políticos que la integran, o se lleva a cabo por personas que, dentro de ellos, se aprovechan de la opacidad o la falta de control en su funcionamiento.

Por eso, aún con distintas intensidades y diferentes matices, la colaboración de los partidos políticos o de los Gobiernos a los que pertenezcan los cargos que aparecen implicados en un supuesto de corrupción no siempre es la más adecuada.

En no pocas ocasiones se sienten y hasta se declaran perseguidos; se revuelven contra aquéllos que han aflorado e investigan los hechos delictivos: los policías, los jueces, los fiscales...Intentan ver en ello el contubernio, la conspiración, la ideología o las posibles relaciones de unos y otros que justifiquen que se les investigue, precisamente, a ellos.

Da igual, entonces, que la razón y el sentido de la decencia dicten que el interés de todos está en perseguir y castigar a los corruptos. Y que quienes debieran prestar mayor colaboración son los partidos políticos de los que, precisamente, se valieron para cometer sus delitos.

Porque, aunque declaren que aclararán los hechos "hasta sus últimas consecuencias", y añadan, en expresión que parece haber hecho fortuna últimamente "caiga quien caiga", no se conoce que a la hora de facilitar datos, papeles, cuentas o cualquiera otra información de interés, la disposición a colaborar con las distintas investigaciones judiciales haya cambiado de forma sustancial.

Y así, hemos visto que -como sucediera hace ya muchos años con otros papeles y con otras causas- la Juez que investiga a políticos del PSOE, por los fraudes en los ERES andaluces, tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que la Junta le facilitara las actas de gobierno que necesitaba para aclarar extremos de interés en la investigación.

También que han hecho falta más de cuatro años, varios jueces instruyendo, y más de treinta comisiones rogatorias efectuadas a distintos países, para descubrir las cuentas que tenían en el extranjero algunos políticos y ex altos cargos del PP, junto con algunos empresarios relacionados-imputados en la causa sobre la trama Gurtel.

O que han tenido que transcurrir diecisiete largos años para que se pusiera fin al caso Pallerols, con el dictado de una sentencia de conformidad, además, -muy beneficiosa para los penados, favorecidos, precisamente por la dilación extraordinaria en la tramitación de la causa- en que se declara que UDC recibió cantidades de dinero desviadas de las subvenciones europeas para los cursos de formación.

Pero esa situación podría cambiar, y mucho, si esa colaboración que los partidos políticos invocan se tradujera en una conducta más activa y colaboradora. Si se comprometen real y materialmente, aportando los datos y los documentos que puedan ayudar a jueces y fiscales a esclarecer los delitos. Porque entonces, y por muy hábiles que sean sus tramas delictivas, será mucho más eficaz la lucha contra los corruptos, cercados, entonces, por todas las instituciones, y desprovistos de cualquier posible cobijo "oficial" en que esconderse.

La corrupción política, dada la proporción que ha alcanzado, y la demostrada falta de diligencia real al perseguirla,  no puede ya soslayarse con una mera declaración de principios y/o el anuncio de un pacto entre partidos.

El único pacto posible hoy es el que conduzca a un cambio radical de las leyes y las prácticas que restablezca controles que se han ido eliminando e impongan la absoluta trasparencia en las actuaciones de cualquier Administración.

Y que quienes tengan alguna implicación o responsabilidad ayuden, de verdad, a que se esclarezcan y enjuicien los hechos que hoy se están investigando en las distintas causas, y denuncien, además todas las ilegalidades de que puedan tener conocimiento.

Porque si no se castiga a los culpables, el reproche lo terminaremos pagando todos. Las instituciones y hasta el propio crédito de un sistema que, con todas sus imperfecciones, es el sostén de la democracia.
 

lunes, 28 de enero de 2013

6.839 MILLONES, POR EL SUMIDERO DE LA CORRUPCIÓN DESDE 2000

puebla
La corrupción en España, el saqueo de las instituciones, no solo agrieta los pilares de la democracia, sino que es un lastre más que agrava la crisis
La corrupción política, económica e institucional es el cáncer de nuestra democracia. Lo atestiguan las encuestas de opinión y lo demuestra la realidad. Desde el año 2000, y en la quincena de casos más llamativos y que más han golpeado a nuestras instituciones, la corrupción se ha cobrado 6.839 millones de euros, el equivalente por ejemplo al valor de Twitter (6.700 millones de euros, según «The Financial Times») o mil millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013 (5.900 millones de euros).

Se trata además de un cálculo muy conservador, pues a lo largo de todos estos años desde 2000 se han producido muchos más episodios de corrupción -de alcance económico menor, es cierto- que no están incluidos en este informe de ABC. También, en algunos de los casos recogidos en estas páginas, las investigaciones judiciales aún están en marcha, por lo que la cifra defraudada podría incluso aumentar. Además, no se reflejan otro tipo de tramas delictivas en las que están implicados políticos supuestamente corruptos. La operación contra la mafia rusa del pasado viernes, con la implicación política de al menos un diputado de CiU, es el último ejemplo, e indudablemente la triste «factura de la corrupción» en España crecerá.

El caso Palau, el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía, la trama Gürtel, las supuestas estafas del Forcem, la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos... Episodios de sobra conocidos por las revelaciones que prácticamente a diario se publican en toda la prensa nacional y que demuestran que la corrupción es transversal, de modo que afecta a todos los partidos políticos -más a los más grandes porque son los que ocupan mayores parcelas de poder- y a todas las administraciones: central, autonómica y local. Y hay otra característica: siempre es utilizada como arma política contra el adversario.

Las reacciones de los partidos, sindicatos e instituciones afectados ante los casos de corrupción son también muy similares: primero se apela a la presunción de inocencia, luego se recuerda al resto de formaciones políticas sus propios casos de corrupción; se afirma que se trata de casos aislados, y se anuncian medidas más o menos llamativas para evitar nuevos casos en el futuro. Pero a menudo todo queda reducido a agua de borrajas.

Las encuestas son demoledoras. La última de ellas, publicada el pasado 20 de enero por ABC, revelaba que el 74 por ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en España, y más de la mitad que es un fenómeno que afecta más a nuestro país que al resto de Europa. Hay otro dato inquietante: el 89 por ciento de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos; es decir, consideran que el castigo para esas conductas no es suficiente, lo que abona la tesis permanente de que los miembros de instituciones, o los cargos públicos, pertenecen a una casta privilegiada sobre la que no existe una percepción real de justicia. Además, las encuestas muestran el camino a los partidos sobre cuál debe ser su respuesta ante este tipo de casos. Así, el 86 por ciento de los españoles cree que todo aquel cargo público que sea imputado debe dejar sus responsabilidades.

El hartazgo ciudadano, con casi seis millones de personas en paro en España, es cada vez más evidente. Los estudios de opinión reflejan que los españoles se fían cada día menos de sus cargos públicos, de los sindicatos o de las entidades bancarias, hasta el punto de que, según el último estudio del CIS sobre este asunto, de octubre pasado, para el 26,9 por ciento de los encuestados, los políticos, por ejemplo, son uno de los tres principales problemas. Es el mayor porcentaje de la historia de la democracia.

Tras hacerse públicas en las últimas semanas cifras tan escandalosas de la corrupción, como los 22 millones hallados al extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, los principales partidos políticos están apelando a grandilocuentes pactos contra la corrupción. Pero de momento, sin una sola firma.
 
Afinsa y Fórum. 4.400 millones
 
 Un agujero patrimonial de 4.400 euros y medio millón de personas afectadas es el balance de una de las mayores estafas piramidales de la historia: la que llevó a la intervención judicial de las empresas filatélicas Fórum y Afinsa. Cuando están a punto de cumplirse siete años de la apertura de sendos procedimientos contra sus responsables por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, la Audiencia Nacional sigue tramitando ambas causas, que suman más de 3.000 tomos y en las que hay un total de 38 imputados, entre ellos Albertino Figueiredo, expresidente de Afinsa. Todavía hay en marcha varias comisiones rogatorias para localizar el dinero.

Caso de los ERE. 900 millones
 
 Las irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla fueron destapadas por una denuncia del comité de empresa. El asunto desembocó en un caso de corrupción de grandes proporciones que salpica a altos cargos de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan a 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta. Hay más de medio centenar de imputados, entre ellos el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Nueva Rumasa. 500 millones
 
 Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011 pagarés por valor de 385,3 millones de euros a 4.110 inversores, a los que ofrecían un interés de hasta el 12% anual. Pero las principales empresas del grupo, como Dhul y Clesa, quebraron en febrero de 2011 con una deuda de 700 millones. En ese momento los inversores privados solo habían cobrado algo menos de cien millones de euros, por lo que aún se les deben unos 300. Además, la «caja B» de la familia tenía anotaciones por otros 200 millones.

Caso Gürtel. 201 millones
 
 Un exconcejal del PP de Majadahonda dio las claves para desmontar una trama de pago de comisiones a políticos del PP de Madrid y Valencia a cambio de contratos. En 2009 fueron detenidos Correa, Pablo Crespo —exsecretario de Organización del PP de Galicia—, y Álvaro Pérez «El Bigotes». La investigación terminó con la carrera política del presidente valenciano Francisco Camps, tres alcaldes, dos diputados madrileños y un senador, Luis Bárcenas, entre otros. La investigación le costó la carrera al juez instuctor, Baltasar Garzón.

Palma Arena. 110 millones
 
 El caso Palma Arena, que hoy consta ya de más de veinte piezas separadas, entre ellas la de Noos que afecta a Iñaki Urdangarín, comenzó tras analizarse las obras del velódromo Palma Arena, ordenado construir por el entonces presidente balear, el popular Jaume Matas. Solo en esa instalación hubo unos sobrecostes de 110 millones de euros, aunque la cifra de lo saqueado en el conjunto de las investigaciones supera con mucho esa cifra. El caso, aún abierto, puso al descubierto una administración corrupta al servicio de Matas, imputado en la casi todas las piezas.

Caso Forcem. 100 millones

La Fiscalía pidó el procesamiento de seis cargos de UGT por el fraude de cien millones de euros en la Fundación para la Formación Continua (Forcem), formada por sindicatos y patronal. Las ayudas procedían de fondos de la UE y eran concedidas por el Inem. Algunas de las empresas receptoras del dinero carecían de actividad, empleados y hasta de alumnos. El Tribunal de Cuentas envió un informe al Congreso en el que se afirmaba que en el caso había responsabilidades penales y civiles en al menos dos sindicalistas. Tras la denuncia, que en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una brigada policial adscrita al Ministerio de Trabajo investigó el 5 por ciento de los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el 95 por ciento de ellos.

Gescartera. 88 millones
 

En junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero patrimonial de unos 100 millones. Fue el principio de un escándalo que se saldó con un total de 52 años de cárcel para ocho de los acusados (entre ellos, Antonio Camacho) y con la condena a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables subsidiarios de un perjuicio de 88 millones. La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, condenada a 3 años, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique GiménezReyna, que dimitió.

Caso Pretoria. 45 millones
 

La «operación Pretoria», contra la corrupción urbanística y el blanqueo de dinero, estalló en 2009 en Barcelona. Se detuvo a nueve personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluis Prenafeta. El presunto cerebro de la trama es Luis Andrés García Sáez, un exdiputado del PSC expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones.

Caso Millet. 35 millones
 

Félix Millet y Jordi Montull están acusados de la desaparición de más de 35 millones de euros del Palau de la Música, el mayor expolio de una institución cultural que se habría realizado tanto para enriquecimiento propio como para financiar ilegalmente a CDC, el partido de Artur Mas. Millet y su mano derecha gobernaron el Palau durante 30 años, aunque el desfalco que se ha podido acreditar sólo se refiere a los diez últimos. Millet reformó inmuebles de su propiedad y pagó gastos de su familia con esos fondos.

Caso Bárcenas. 22 millones
 

El extesorero y exsenador del PP, imputado en el caso Gürtel, se ha convertido en una caso en sí mismo tras conocerse que amasó 22 millones de euros en cuentas suizas. Bárcenas, que trabajó para el PP casi 30 años, compatibilizó estas tareas con sus negocios privados. La Audiencia Nacional investiga el origen de estos fondos y también se le acusa de haber cobrado una comisión de al menos 1,3 millones.

Caso ITV. 10 millones
 
Un grupo de empresarios ofrecía concesiones públicas de ITV a cambio de quedarse con una parte del negocio. Contaban con el apoyo del secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, al que los investigadores definen como «colaborador necesario», y tenían a sueldo al político convergente Josep Tous, al que la Generalitat le había encargado rehacer el mapa de las ITV del tripartito. Pujol proponía a los empresarios que contrataran los servicios de la consultora de su amigo Sergi Alsina.

Caso Malaya. 10 millones
 

Es una de las mayores tramas de corrupción política y empresarial desarticuladas en España. Con epicentro en Marbella, cuyo ayuntamiento tuvo que ser disuelto, a José Antonio Roca, considerado cerebro de la trama, le fueron intervenidos bienes por valor de 2.600 millones de euros. En estos días se ha celebrado el segundo juicio, dirigido contra la tonadillera Isabel Pantoja y su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Durante la instrucción le fueron requeridas fianzas que alcanzan un total de 10 millones.

Caso Noos. 8,2 millones
 

El caso Noos implica a un miembro de la Familia Real, el Duque de Palma, quien ya ha tenido que declarar ante el juez como imputado y volverá a hacerlo el próximo 23 de febrero. Tanto Iñaki Urdangarín como su socio, Diego Torres, habrían utilizado la imagen del primero para firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas de Valencia y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos una fianza civil de 8,2 millones de euros.

Caso Cooperación. 22 millones
 

El caso, instruido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la presunta implicación del portavoz parlamentario del PP en esa comunidad Rafael Blasco, investiga el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación. La investigación judicial, iniciada en mayo de 2011, se saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, entre ellas la de Blasco.

Caso Pallerols. 388.483 euros
 

Tres lustros de investigación y en unos minutos se alcanzó una conformidad. La trama de financiación irregular de Unió consistió en un desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols. Unió Democrática de Cataluña era responsable civil subsidiario. Pallerols y los otros tres imputados han evitado ir a la cárcel al aceptar la devolución de forma conjunta de 388.483 euros. Sin embargo, no es todo lo defraudado.

6.839 millones equivalen a...

121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas. La subvención anual que Cáritas y Cruz Roja disponen cada año es de 56 millones, y con ella atienden a un millón de personas. Con lo robado por los corruptos podría darse esta subvención 121 veces.

Presupuesto del Ministerio de Defensa. El Presupuesto de un Ministerio como el de Defensa se eleva a 5.900 millones, mil euros menos que los 6.821 millones que suman las cantidades que se han llevado los casos de corrupción.

El valor de la red social Twitter. 6.700 millones es el valor de la red social Twitter (9.000 millones de dólares), más o menos lo que suma el desfalco en las arcas públicas que han implicado los distintos casos de corrupción.

15 veces la plantilla del Real Madrid. Los 6.821 millones de la corrupción son 15 veces el valor de la plantilla de un club de fútbol como el Real Madrid, cuyos jugadores están valorados en 517 millones de euros.

viernes, 25 de enero de 2013

LA JUSTICIA CONDENA A UDC POR RECIBIR APORTACIONES DIRECTAS EN EL "CASO PALLEROLS"

La Audiencia de Barcelona declara que el partido de Duran se lucró con 38.900 euros de subvenciones públicas.
Los jueces dicen que un acusado, dirigente de Unió, actuó "procurando un beneficio para el partido".

Pere Ríos Barcelona



La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ha declarado la responsabilidad civil, en calidad de partícipe a título lucrativo, de Unió Democrática de Cataluña (UDC) en el caso Pallerols al constatar que hubo "aportaciones directas al partido", según se indica en la sentencia que se ha hecho pública esta mañana.

En concreto, la resolución indica que el partido de Josep Antoni Duran Lleida deberá responder del perjuicio económico de 388.483 euros causado a las arcas públicas por los acusados. Uno de ellos es Vicenç Gavaldà, que era secretario de organización y relaciones institucionales cuando ocurrieron los hechos, entre 1994 y 1999. En esos años las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols cobraron más de ocho millones de euros para cursos de formación de parados procedentes de la Unión Euroea.

La sentencia relata que los ausados pactaron el desvío del 10 % de las subvenciones “a fines ajenos a las actividades formativas” y que en esa actuación jugó un papel decisivo, Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió.

El presidente de UDC ha pedido perdón después de que se haya conocido la sentencia, pero ha dejado claro que no dimitirá. "Reitero, no hay financiación irregular, que es aquello que en su día dije yo. Si hubiera financiación irregular, yo debería pedir perdón y yo debería dimitir. Yo pido perdón porque (...) soy muy consciente de que daña la credibilidad de la política ante la sociedad", ha afirmado Duran en Santiago de Chile. Duran Lleida ha agregado que la actitud del partido "fue ejemplar" una vez "conoció lo que conoció", informa Efe.

La justicia declara que el partido se benefició de 158.306 euros, en concepto de nóminas de empleados que fueron abonadas con cantidades desviadas de las subvenciones y de otros 38.978 euros que se emplearon para la compra de material de oficina e informática en las sedes de Unió. Los jueces explican que no se ha podido probar que terceras personas que gestionaron o aprovecharon el dinero "tuvieran cabal conocimiento de que la aportación que les hacía el acusado Pallerols procediera de las subvenciones públicas y fuera fruto del acuerdo alcanzado entre los acusados".

Sin embargo, al principio de la sentencia se dice que Vicenç Gavadà, actuó "procurando un beneficio para el partido y alguno de sus miembros". La Audiencia de Barcelona destaca que Gavaldà ocupaba  "dos de los más destacados cargos en la estructura organizativa del partido" y que por eso actuó “procurando vías de financiación para las actividades y gastos de Unió.”.

En relación al empresario Fidel Pallerols, que también era militante de Unió, se dice que se encargó de “la negoaiación de los importes de las subvenciones, contactos y concierto con los demás acusados del Departament de Treball y del partido Unió Democrática, presentación y tramitación de solicitudes", así como el "desvío de parte de las subvenciones”.

También se relata que Pallerols “colaboraba, al menos de forma ocasional, en actividades de Unió….dándose la circunstancia de que las subvenciones que percibían sus empresas se tramitaban y decidían el Departamento de Treball y especialmente en la Dirección General de Ocupación, cuyos máximos cargos de dirección eran ocupados en aquellas fechas por militantes y responsables del mismo partido UDC”.

La sentencia hecha pública hoy es el reflejo del pacto alcanzado entre la fiscalía y las defensas de los acusados con el fin de evitar el juicio que debía iniciarse el pasado 7 de enero y en el que debía declarar como testigo Duran Lleida.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

lunes, 21 de enero de 2013

EL TS REVISA EN VISTA PÚBLICA EL 7 DE FEBRERO LA EXCLUSIÓN DEL DELITO DE COHECHO EN EL "CASO FABRA"


JUSTICIA | Decide si declara nula la apertura de juicio oral
La pena aparejada a ese delito podría alcanzar los seis años de prisión

Europa Press | Castellón

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará en vista pública el próximo 7 de febrero la decisión de la Audiencia Provincial de Castellon de devolver al juzgado de instrucción de Nules la causa contra el expresidente provincial del PP en la provincia Carlos Fabra por el denominado caso Fabra.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón data del pasado 18 de mayo, y fue adoptada tras haber resuelto previamente otro tribunal de este órgano, el de la Sección Segunda, que los hechos imputados al ex dirigente del PP no eran constitutivos de un delito de cohecho.

La decisión que se revisará por el alto tribunlal es, concretamente, la de declaración de nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, que obliga al instructor de Nules a que redacte otro en el que se concreten los delitos sobre los que debe seguirse la causa y sobresea los que no lo son.

Todo este embrollo procesal tiene su origen en el recurso que la defensa de Carlos Fabra presentó contra un auto en el que se basó el juzgado de Nules para determinar la apertura de juicio contra su patrocinado, su ex mujer y otros dos acusados, con la descripción de hechos, que las acusaciones calificaron con posterioridad como cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

La Sección Segunda excluyó el cohecho
El juzgado de Nules, sin esperar a conocer la decisión del recurso de los imputados y al haber dictado ya el auto de apertura del juicio oral, remitió el 20 de abril el procedimiento completo a la Audiencia Provincial, que fue turnado a la Sección Primera. Esta sala acordó, con carácter previo a cualquier otro trámite, esperar a lo que resolviera la sección Segunda respecto del recurso de apelación, y esta segunda sala excluyó el cohecho.

La pena aparejada a ese delito podría alcanzar los seis años de prisión, por lo que al excluirse, la competencia para el enjuiciamiento de la causa no sería de la Audiencia sino del juzgado de lo penal por el resto de acusaciones.

Recurso de la Fiscalía
El recurso del Miniterio Público que será revisado el próximo 7 de febrero se presenta por dos motivos: la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y por infracción de ley.

Respecto a la primera cuestión, la Fiscalía entiende que la Audiencia Provincial acordó una nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral elevado por el juzgado de instrucción, decretando el sobreseimiento respecto del delito de cohecho, una situación procesal que, a juicio del ministerio público, "genera indefensión, puesto que se adoptó sin dar audiencia ni al fiscal ni al resto de las partes".

Además, el fiscal plantea recurso por infracción de ley, ya que considera que los hechos que se describen en el auto de apertura de juicio oral son "constitutivos del delito de cohecho, y no de tráfico de influencias, como lo califica la Audiencia Provincial en un auto anterior".

La decisión de Sección Segunda de la Audiencia castellonense que ahora hay que revisar se fundamentaba en que el cohecho exige que la actuación pretendida de la autoridad o funcionario público y ofrecida por éste sea "en el ejercicio de su cargo".

Al respecto, defendía que el hecho de que "alguien, abusando de su cargo y fuera de las competencias del mismo, vaya constantemente investido de tal y lo pueda utilizar para alcanzar contactos que de otra manera no podría conseguir como privado, sería tráfico de influencias, pero no cohecho".

domingo, 20 de enero de 2013

"CASO GÜRTEL"; BETORET CULPA A CAMPS DE SUS RELACIONES CON "EL BIGOTES"

Rafael Betoret, a la derecha, con su abogado en el 'caso de los trajes', en 2011 / JORDI VICENT
El exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo está imputado en el 'caso Gürtel'
Su abogado mantiene que el expresidente dio instrucciones sobre el pabellón de Fitur
Ve “muy razonable” pensar que presentó Orange Market como empresa “a tener en cuenta”

EP / Valencia

Archivado en:


El exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret, ha recurrido su procesamiento dentro de la investigación que se sigue en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market en relación con Fitur, incluida en el caso Gürtel, al alegar que no tenía capacidad de contratación. Asimismo, ha atribuido su “buena empatía” con uno de los presuntos cabecillas de la trama, Alvaro Pérez, El Bigotes, a la amistad que mantenía éste con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Así consta en el recurso presentado por el abogado de Betoret, al que ha tenido acceso Europa Press, al juez instructor de este procedimiento, José Ceres. Recientemente en este caso, tanto Fiscalía como el PSPV han presentado sus escritos de calificación provisionales. En concreto, el ministerio público pide para el acusado una pena de 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, otro de falsedad de documento oficial, y como cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

El defensor de Betoret se muestra convencido de que la conformidad a la que llegó Betoret en la causa de los trajes, en la que aceptó pagar una multa de 9.600 euros por un delito de cohecho pasivo impropio, ha sido “determinante” a la hora de deducir indicios de cargo contra él en este procedimiento. “Y ello no sería justo ni garante”, asevera.

Al respecto, recuerda que Betoret, en su última declaración, explicó que su defensa anterior alcanzó un acuerdo procesal “con todas las demás” para conformarse y declararse culpable. Indicó que quería evitarse un juicio “extenuante”. También dijo que contra esas prendas regaladas no había habido ninguna contraprestación lesiva para nadie. En este sentido, el abogado reitera que no hubo “nada más” que “amabilidad”, porque nunca estuvo entre sus cometidos el de contratar, fiscalizar, seleccionar o adjudicar cualquier oferta de cualquier proveedor.

Por este motivo, defiende que la “buena empatía” que mantuvo su cliente con El Bigotes, además de tratarse éste de un “encantador de serpientes”, “se debió al conocimiento generalizado de que el citado gozaba de una estrecha amistad y de toda la confianza del presidente de la Generalitat, lo que le convertía en un interlocutor totalmente fiable”. En esta línea, mantiene que resulta “muy razonable” pensar que Camps presentó Orange Market como empresa “a tener en cuenta” por su “excelencia o su buena ejecutoria”, y de hecho, indica que Betoret pudo constatar que los montajes de esta entidad eran “excelentes”.

En resumen, sobre este asunto, el abogado alega que Betoret nunca tuvo funciones de contratar a cualesquiera proveedores ni pudo decidir sobre los eventos que pudiera realizar la AVT. “Todo ello dependía y depende de decisiones políticas o trámites administrativos en los que no pudo tener intervención”, incide el letrado, quien subraya que cualquier adjudicación “correspondía de la Mesa de Contratación y, a la postre, a la propia consejera”.

El abogado dedica una parte del recurso a explicar cómo fue el nombramiento de Betoret y a justificar sus cometidos. Así, recuerda que fue nombrado jefe de gabinete de la AVT a finales de septiembre de 2004, tras la remodelación del Consell. Ese verano, Milagrosa Martínez tomó posesión de su cargo como consejera “en una calurosa tarde”. Betoret interrumpió sus vacaciones para acudir al nombramiento, acto en el que ofreció un abanico a Martínez.

Al finalizar la toma de posesión, reanudó sus vacaciones y no regresó hasta mediados de septiembre. Paralelamente, Martínez hizo averiguaciones para devolver el abanico a su propietario, y averiguó la identidad y la “eficaz ejecutoria” previa de Betoret, se indica en el escrito. Por ello, cuando Betoret se reincorporó de vacaciones a su trabajo, fue llamado por la consejera y le ofreció, entonces, con ocasión de devolverle el abanico, la jefatura de gabinete de la AVT, con las funciones propias de dicho puesto, principalmente de gestión, control y coordinación de la agenda de la Presidencia.

Tras su nombramiento, desde la Generalitat se dio importancia a la promoción turística. Así, el nuevo equipo se puso a trabajar inmediatamente en el próximo Fitur, “que había de ser impactante, mucho más elaborado y, por tanto, más gravoso que los anteriores”. Y todo ello “siguiendo expresas instrucciones políticas de la propia Presidencia de la Generalitat”. Betoret afirma que se acordó, en beneficio del resultado final del evento, ofertar de manera conjunta el diseño y la ejecución del espacio con que se contaba para exponer, y defiende la contratación con Orange Market.

Al respecto, señala que “de la propia valoración que realiza la Mesa de Contratación, y de las puntuaciones que alcanzaron las distintas ofertas, se aprecia que aún en el supuesto de que el peso de la oferta económica hubiera sido otro, la adjudicataria habría resultado igualmente Orange”. Respecto al almuerzo organizado en Fitur en 2005, el letrado indica que la realidad del gasto “resulta incuestionable”, y mantiene que no solamente el precio del catering resultó ajustado, “sino que incluso lo fue con precios muy inferiores a los normales de mercado”.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO GÜRTEL"; BETORET ATRIBUYE SU "EMPATÍA" CON "EL BIGOTES"; A LA AMISTAD DE ÉSTE CON CAMPS

Recuso en el caso Fitur
El ex jefe de gabinete de la AVT afirma que no podía contratar
Achaca su procesamiento a la condena por el 'caso de los trajes'
La Fiscalía le pide 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación

Europa Press | Valencia

El exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret, ha recurrido su procesamiento dentro de la investigación que se sigue en la pieza sobre contrataciones de la Generalitat con Orange Market S.L. en relación con Fitur, incluida en el 'caso Gürtel', al alegar que no tenía capacidad de contratación. Asimismo, ha atribuido su "buena empatía" con uno de los presuntos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', a la amistad que mantenía éste con el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Así consta en el recurso presentado por el abogado de Betoret al juez instructor de este procedimiento, José Ceres. Recientemente en este caso, tanto Fiscalía como el PSPV han presentado sus escritos de calificación provisionales. En concreto, el ministerio público pide para el acusado una pena de 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, otro de falsedad de documento oficial, y como cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

El letrado alberga la "convicción" de que la conformidad a la que llegó Betoret en la 'causa de los trajes', en la que aceptó pagar una multa de 9.600 euros por un delito de cohecho pasivo impropio, ha sido "determinante" a la hora de deducir indicios de cargo contra él en este procedimiento. "Y ello no sería justo ni garante", asevera.

Al respecto, recuerda que Betoret, en su última declaración, explicó que su defensa anterior alcanzó un acuerdo procesal "con todas las demás" para conformarse y declararse culpable. Así, indicó que quería evitarse un juicio "extenuante". También dijo que contra esas prendas regaladas no había habido ninguna contraprestación lesiva para nadie.

En este sentido, el abogado reitera que no hubo "nada más" que "amabilidad", porque nunca estuvo entre sus cometidos el de contratar, fiscalizar, seleccionar o adjudicar cualquier oferta de cualquier proveedor.

Por este motivo, defiende que la "buena empatía" que mantuvo su cliente con 'El Bigotes', además de tratarse éste de un "encantador de serpientes", "se debió al conocimiento generalizado de que el citado gozaba de una estrecha amistad y de toda la confianza del presidente de la Generalitat, lo que le convertía en un interlocutor totalmente fiable".

En esta línea, mantiene que resulta "muy razonable" pensar que Camps presentó Orange Market S.L. como empresa "a tener en cuenta" por su "excelencia o su buena ejecutoria", y de hecho, indica que Betoret pudo constatar que los montajes de esta entidad eran "excelentes".

En resumen, sobre este asunto, el abogado alega que Betoret nunca tuvo funciones de contratar a cualesquiera proveedores ni pudo decidir sobre los eventos que pudiera realizar la AVT. "Todo ello dependía y depende de decisiones políticas o trámites administrativos en los que no pudo tener intervención", incide el letrado. Así, incide en cualquier adjudicación "correspondía de la Mesa de Contratación y, a la postre, a la propia consellera".

La historia del abanico
El abogado dedica una parte del recurso a explicar cómo fue el nombramiento de Betoret y a justificar sus cometidos. Así, recuerda que fue nombrado jefe de gabinete de la AVT a finales de septiembre de 2004, tras la remodelación del Gobierno valenciano. Ese verano, Milagrosa Martínez tomó posesión de su cargo como consellera "en una calurosa tarde".

Betoret interrumpió sus vacaciones para acudir al nombramiento y éste ofreció un abanico a Martínez. Tras el acto, reanudó sus vacaciones y no regresó hasta mediados de septiembre. Paralelamente, Martínez hizo averiguaciones para devolver el abanico a su propietario, y averiguó la identidad y la "eficaz ejecutoria" previa de Betoret, se indica en el escrito.

Por ello, cuando Betoret se reincorporó de vacaciones a su trabajo, fue llamado por la consellera y le ofreció, entonces, con ocasión de devolverle el abanico, la Jefatura de Gabinete de la AVT, con las funciones propias de dicho puesto, principalmente de gestión, control y coordinación de la agenda de la Presidencia.

Tras su nombramiento, desde la Generalitat se dio importancia a la promoción turística. Así, el nuevo equipo se puso a trabajar inmediatamente en el próximo Fitur, "que había de ser impactante, mucho más elaborado y, por tanto, más gravoso que los anteriores". Y todo ello "siguiendo expresas instrucciones políticas de la propia Presidencia de la Generalitat".

Betoret afirma que se acordó, en beneficio del resultado final del evento, ofertar de manera conjunta el diseño y la ejecución del espacio con que se contaba para exponer, y defiende la contratación con Orange Market.

Al respecto, indica que "de la propia valoración que realiza la Mesa de Contratación, y de las puntuaciones que alcanzaron las distintas ofertas, se aprecia que aún en el supuesto de que el peso de la oferta económica hubiera sido otro, la adjudicataria habría resultado igualmente Orange".

Respecto al almuerzo organizado en Fitur en 2005, el letrado indica que la realidad del gasto "resulta incuestionable", y mantiene que no solamente el precio del catering resultó ajustado, "sino que incluso lo fue con precios muy inferiores a los normales de mercado".

Además