domingo, 20 de febrero de 2011

EL JUEZ DEL "CASO DE LOS TRAJES" TUMBA OTRO RECURSO DILATORIO DEL PP

Camps pretendía que Hacienda "aclarase" su informe

A. G. MADRID

El juez José Flors, instructor del llamado caso de los trajes, acaba de tumbar otro de los recursos planteados por el PP para demorar la más que previsible apertura de juicio al president valenciano, Francisco Camps, por presunto soborno. En un auto fechado el jueves pero difundido ayer, Flors rechaza el recurso con el que los abogados de Camps pretendían que los peritos de Hacienda "aclarasen" en el juzgado el contenido de su informe sobre los trajes regalados por la red Gürtel.

Flors, que cerró la instrucción el 27 de enero, replica al PP que esa ratificación o aclaración puede producirse: pero en la audiencia preliminar, donde acusaciones y defensas expondrán sus posiciones en presencia de los imputados y tras la que Flors decidirá si abre o no juicio. El magistrado subraya en su auto que el PP pide la declaración de los peritos "sin mencionar, por cierto, qué extremos o cuestiones debieran o necesitaran ser aclarados por los mismos"

La defensa del president intenta demorar el juicio por soborno

Aunque el PP no lo ha confirmado, se da por seguro que impugnará la decisión de Flors ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La Sala tiene pendiente también resolver un recurso de los conservadores para que declare Cándido Herrero, considerado el contable de Orange Market e imputado en la rama principal del caso Gürtel, la que instruye en Madrid el juez Antonio Pedreira.

Tras el relevo de Juan Luis de la Rúa, el juez amigo de Camps, por Pilar de la Oliva al frente del TSJCV, el tribunal valenciano ha validado las resoluciones de Flors frente a los recursos de Camps y los otros imputados. La Sala Civil y Penal ya ha rechazado un recurso con el que el PP buscaba forzar al juez Flors a entregar otra vez las grabaciones policiales a todas las partes personadas.

Pero el cambio de rumbo es aún tímido. Como ya hizo De la Rúa, el tribunal se ha negado a aceptar la tesis de Anti-corrupción sobre la imposibilidad de investigar el regalo de trajes de forma separada a la financiación del PP y el otorgamiento de contratos a la red por al menos 14 millones.

La Sala del TSJCV tiene pendiente otra apelación de los conservadores

Sobre ese asunto, cabe todavía la opción de que el tribunal suscriba los postulados del ministerio público y decida acumular en un solo caso todo lo concerniente al caso Gürtel en Valencia. Fuentes conocedoras del asunto creen, no obstante, muy improbable esa opción. El TSJCV calcula que, antes de las elecciones del 22 de mayo, habrá decidido ya si investigará la conexión entre los contratos a la trama y la presunta financiación ilegal del PP, que en 2007 ocultó al fisco 2,5 millones, según Hacienda.


público.es

"CASO MAQUILLAJE"; UM ENTREGÓ SOBRES DE 25.000 EUROS A LOS LÍDERES GITANOS PARA QUE COMPRARAN VOTOS

En su sede

* Gratificó de esta manera a dirigentes de Son Roca o Son Banya
* Los cabecillas dentifican a miembros del equipo de Nadal como 'cajeros'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Unió Mallorquina (UM) repartió sobres con 25.000 euros entre los dirigentes de las principales congregaciones gitanas de Palma para que compraran votos durante las pasadas elecciones autonómicas y municipales. El partido que presidía Maria Antònia Munar emplazó en su propia sede a los líderes de estos colectivos para realizar las entregas de dinero y se concentró en captar los sufragios de las barriadas de Son Gotleu, La Soledad, Son Banya, Son Roca o Coll d’en Rabassa, que aglutinan el grueso de las familias gitanas de Mallorca.

Según aseguran a EL MUNDO/El Día de Baleares algunos de los dirigentes de estos colectivos, y tal y como desveló ayer este periódico, los líderes de UM mantuvieron diversas reuniones con los cabecillas gitanos en la taberna vasca El Botxo, ubicada en la calle Velázquez de Palma, donde se acordaban las cantidades a abonar en función del número de miembros con capacidad para depositar en la urna la papeleta de UM.

Posteriormente se emplazaba a los representantes de estas agrupaciones en las oficinas del partido para que recogieran el dinero en metálico. La condición que se exigía por parte del partido que acabó otorgando el gobierno de Baleares al PSOE de Francesc Antich radicaba en que se lograse el máximo número posible de votos por correo para intentar garantizar que la inversión no fuese en vano. Uno de estos dirigentes gitanos detalla a este periódico que sus interlocutores en las negociaciones por parte de la formación nacionalista eran varios destacados miembros del equipo de Miquel Nadal para optar a la Alcaldía de Palma.

Entre ellos, Antoni Moragues, Baldomero Oliver y Jaume Almendro. A los tres se refiere este representante, uno de los más importantes de este colectivo, como «los cajeros» del partido.
 
La implicación del resto
Al mismo tiempo, si bien admiten las fuentes consultadas por este periódico haber mantenido contacto con el que fuera jefe de campaña de UM en Palma Mateu Cañellas o con las dos caras visibles de la candidatura, Nadal y Cristina Cerdó, subraya que éstos no materializaron ningún pago. Asimismo añaden los dirigentes gitanos a los que ha tenido acceso este periódico que desde UM se les prometió que si obtenían buenos resultados en las elecciones, se les proporcionarían puestos de trabajo en las empresas municipales.

En el caso de estas agrupaciones, la Empresa Municipal de Limpieza de Palma (Emaya) ha acogido durante esta legislatura a una treintena de miembros de familias gitanas que contribuyeron a que UM obtuviese tres diputados y recuperase la representación en el Consistorio palmesano.

La estrategia encaminada a captar a los gitanos de Palma presenta por lo tanto características comunes con la empleada por UM para hacerse con el voto de los que rebautizó como Nuevos Mallorquines. Esto es, los principales colectivos inmigrantes con nacionalidad española y, por lo tanto, derecho a voto en las elecciones de 2007.

A los cabecillas del colectivo argentino, el más numeroso de todos los radicados en la Isla, UM les puso a sueldo sin prestar servicio alguno en la productora audiovisual Video-U que adquirieron Munar y Nadal, controlaban a través de familiares suyos que hacían las veces de testaferros, y a la que desviaron desde el Consell de Mallorca que gobernaban más de cinco millones de euros públicos con contratos ficticios. Asimismo, algunos de los principales miembros de la Federación Casa Argentina de Baleares ya han declarado ante la Policía Judicial que recibían, además, sobres con dinero en efectivo para sufragar sus fiestas; subvenciones públicas para costear el alquiler y los gastos de su sede; así como sobres con 80 euros a cambio de su voto el mismo día de las elecciones.

Es la misma cifra que también aseguran haber recibido los gitanos así como decenas de miembros de los colectivos de la tercera edad de Palma. Tras los comicios autonómicos y municipales del 27 de mayo de 2007 UM procedió a través de Cristina Cerdó a la colocación masiva de activistas inmigrantes del partido en Emaya. Se incorporaron de golpe los argentinos que se habían encargado de cocinar las paellas de los mítines, el que amenizaba los actos de UM con tangos y un amplio repertorio musical y hasta las argentinas a las que se encomendó la preparación del cátering de los principales eventos electorales con su colectivo. Las pesquisas judiciales de la denominada Operación Maquillaje han acreditado ya que con cargo al Consell de Mallorca se llegaron a pagar hasta las paelleras y las viandas de los actos electorales o que se gratificó a los dirigentes con fondos públicos tras falsear expedientes sobre la celebración de coloquios sobre inmigración que jamás tuvieron lugar.

Esta compleja red clientelar que permitió a la formación de Munar dejar al PP de Jaume Matas a las puertas de la mayoría absoluta se ha resquebrajado después de que el PSOE de Antich decidiese, hace ahora un año, expulsar al partido de todas las instituciones debido a sus casos de corrupción.

De pronto, decenas de contratos de activistas de UM argentinos, uruguayos, peruanos y gitanos en las empresas públicas comenzaron a ser rescindidos y los hasta entonces silentes colaboradores del partido se han vuelto progresivamente en su contra al considerar que ha incumplido su parte del trato. Tanto el juez Juan Ignacio Lope Sola como la Fiscalía Anticorrupción consideran que existen ya poderosos indicios de la comisión por parte de los principales líderes de UM de un delito electoral y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, en un informe sobre estas prácticas, implica a la plana mayor del partido durante la era Munar en la financiación ilegal de la campaña a la vez que ha certificado la compra de votos con dinero en metálico.

Además
    * Compra de votos con billetes de 500

elmundo.es

LA JUEZA CITA A DECLARAR A LA DENUNCIANTE QUE DESTAPÓ EL "CASO PEAJE"

CORRUPCIÓN | El próximo miércoles

* La ex contable de la UTE halló facturas de obras en domicilios particulares

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, interrogará el próximo miércoles en calidad de testigo a la denunciante que destapó el caso Peaje, Magdalena M., quien puso en conocimiento de los investigadores las presuntas irregularidades que se produjeron durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, al desviarse fondos y materiales a obras privadas que fueron facturados como si se tratasen de trabajos de la antigua C-715.

Según informaron fuentes jurídicas, la que entre 2004 y 2008 fuera contable de la UTE encargada de los trabajos de la vía será interrogada de nuevo por los hechos que dieron pie a las pesquisas y al procedimiento judicial que se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía en marzo de 2009, cuya operación policial se saldó con la detención de un total de 18 personas, entre ellas ex altos cargos del Consell y empresarios que intervinieron en la reforma y modernización de la carretera.
 
Facturas sospechosamente elevadas
En su declaración en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, la testigo señaló que fue supervisando diversas facturas en su puesto de trabajo cuando se apercibió de la presencia de unos albaranes que le resultaron "extraños" por sus elevados importes, lo que le llevó a preguntar al jefe de producción Javier Navarro, quien le instó a que se "preocupara de nada" ya que él y el jefe de obra Jerónimo Gutiérrez -ambos imputados en la causa- "estaban al corriente".

Así, relató que entre las facturas halladas se encontraba una de 215.000 euros de la empresa Electrohidráulica -perteneciente a la UTE- y que no se correspondía a ningún trabajo de la obra sino a trabajos de instalación eléctrica que se estaban efectuando en el domicilio del ex ingeniero jefe de Carreteras del Consell, Francisco Orejudo. También el nombre del ex celador insular de Carreteras, Gabriel Mestre, aparecía entre las facturas al haberse facturado a la UTE un pozo levantado en su domicilio.

Magdalena M. hizo referencia en concreto a tres carpetas relacionadas con Orejudo, Mestre y el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, que contenían todas las facturas de las obras que se habían realizado a través de la UTE en los domicilios de estos encausados, y en cada una de las cuales había una relación escrita a mano por Navarro donde se detallaba cada uno de estos trabajos con su importe correspondiente.

Sin embargo, tanto Aguiar como el ex vicepresidente del Consell, Antoni Pascual (UM), también imputado, han negado un desvío a fines particulares y han negado que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr), que se encargó finalmente de las obras.

En concreto, la causa investiga el presunto desvío de unos 23 millones de euros sobre los 140 millones presupuestados para el desdoblamiento de la actual MA-15, unos hechos que apuntarían a la posible comisión de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, entre otros. La obra se llevó a cabo en la pasada legislatura por parte del Consell de Mallorca cuando esta institución estaba gobernada por UM, iniciándose el 11 de junio de 2004 con la colocación simbólica de la primera piedra.

Entre algunas de las obras investigadas se encuentra el levantamiento en Búger de una vivienda como templo de meditación presuntamente con cargo a los fondos públicos destinados a la ejecución del desdoblamiento, instalación perteneciente a la asociación Pachi Tanglang. Según defienden algunos de los imputados de la causa, fueron los socios de esta entidad quienes aportaron las donaciones necesarias que permitieron la construcción del templo de filosofía china en un solar de la compañera sentimental de Orejudo.


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