domingo, 2 de octubre de 2011

DICCIONARIO DE LA CORRUPCIÓN; LOS PRICIPALES PROTAGONISTAS Y TÉRMINOS DE LAS TRAMAS DEL "CASO BRUGAL"

REPORTAJE

S. N. - A. B. Alicante

Alicante. La sociedad alicantina ha pasado en un año del ficticio glamur dimanante de la burbuja inmobiliaria a ver como los tres pilares básicos del sistema (político, empresarial y financiero) resultaban salpicados por supuestos casos de corrupción, en su mayoría por tramas vinculadas al urbanismo.

Una decena de policías se turnaron durante la investigación

Pagos, regalos y viajes a cuerpo de rey fueron las contraprestaciones

La investigación apunta a la comisión de siete tipos de delitos

Ángel Fenoll está imputado en una decena de casos de corrupción

Brugal. Nombre con el que la Policía comenzó en marzo de 2007 a investigar en La Vega Baja una supuesta trama vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Las iniciales pesquisas policiales desembocaron en una mayúscula confabulación, con una veintena de ramificaciones y más de un centenar de implicados, entre imputados y acusados. El sumario ocupa más de 40.000 folios.

Contratas. Las contratas de la basura protagonizan la mayor parte de las tramas destapadas por la investigación del caso Brugal. Las dos más relevantes son un supuesto cohecho por la planta de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja, adjudicada por la Diputación, y el amaño de la contrata del municipio de Orihuela.

Delitos. La investigación inicial apuntó a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión. A medida que avanzó, el fiscal incorporó otros tipos penales como prevaricación, uso privilegiado de información, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

Escuchas. El grueso del proceso se deriva de la incautación de grabaciones que el empresario Ángel Fenoll realizaba en la sede de su empresa y de los pinchazos telefónicos posteriores a los investigados entre mayo de 2007 y junio de 2010.

Fenoll. Ángel Fenoll es el empresario hegemónico del negocio de la basura en La Vega Baja y está imputado en al menos diez de la veintena de causas en las que se desgajó el sumario principal. Su principal imputación se deriva del supuesto regalo de dos pisos o su equivalente en un millón de euros al expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll.

Gregori. Rafael Gregori es el intermediario clave, según la investigación. Estuvo en contacto con Fenoll, Ortiz y Ripoll para conseguir el cambio de ubicación del vertedero del plan zonal y entregar la contraprestación al político. También es empresario de la automoción y está imputado en otra causa por una supuesta estafa de 12 millones de euros.

Hermanos. La trama del caso Brugal incluye la participación de familiares directos de los implicados, entre los que destaca el abogado hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo. En esta línea se encuentran las esposas de Ripoll y Ortiz y Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como casi todo el clan familiar de Fenoll.

Instituciones. Las dos principales instituciones salpicadas por el caso son el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, además de otra docena de Consistorios de la provincia, entre los que destacan Orihuela, Benidorm y Calp.

Gutiérrez. Exedil socialista de Alicante que se asoció con el hermano de la alcaldesa de la ciudad para convertir Salvetti Abogados en el puente entre Alperi y Ortiz y el Ayuntamiento y, supuestamente, obtener información privilegiada del Plan General.

Díaz Alperi. El exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP es considerado por la Policía y el fiscal como uno de los instigadores de la trama para amañar el PGOU. Alperi todavía no está imputado por el juez dada su condición de aforado. La investigación sostiene que se valió del despacho Salvetti para consumar sus propósitos a cambio de jugosas dádivas de Ortiz. Entre los regalos sobresale un viaje a Creta en avión privado.

Ministerio público. La acusación del caso Brugal la inició y la ejerce en las causas más relevante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El registro del despacho de Castedo y Gutiérrez descubrió la existencia de un archivo con datos sobre la vivienda particular del acusador público.

Ortiz. El empresario Enrique Ortiz es uno de los cabecillas de las dos principales tramas del caso, la de la basura y la del PGOU de Alicante. Está imputado en ambos, en el primero por un supuesto cohecho de un millón de euros a Ripoll y en el segundo por un amplio abanico de cohechos a diferentes cargos del PP, entre ellos Alperi, Castedo o el exconsejero de Infraestructuras, Mario Flores.

PGOU. El Gobierno del PP alicantino comenzó a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante hace una década. Sin embargo, tras despedir al primer redactor, Lluís Cantallops, en 2008 comenzó la recta final de su elaboración hasta que fue aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2010. En este periodo de tiempo, la Policía y el fiscal destaparon el intento de amañarlo para favorecer intereses particulares de Ortiz.

Quesada. Jesús Quesada fue el arquitecto a quien se le adjudicó en febrero de 2007 la finalización del Plan General a través de la empresa Laboratorio de Proyectos. Este profesional esta imputado en la causa y reconoció haberse reunido con Ortiz atendiendo los requerimientos de la alcaldesa, Sonia Castedo.

Ripoll. El juez que instruye la causa de la adjudicación de la contrata del plan zonal de basura de La Vega Baja imputa al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, cinco delitos derivados de la concesión de la planta de basura comarcal. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias, uso privilegiado de información, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Fue arrestado por la Policía y registrado su domicilio en julio de 2010.

Castedo. La alcaldesa de Alicante está acusada por el fiscal por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada tanto en su condición de edil de Urbanismo como de regidora desde septiembre de 2008. Su imputación, al igual que la de Alperi, depende del TSJ porque su condición de diputado autonómica desde mayo de este año la mantiene aforada.

UDEF. Esta unidad policial, especializada en delitos fiscales y económicos, asumió la carga de la investigación. Una decena de agentes llegados de Madrid se repartieron los horarios para realizar un minucioso seguimiento de los pasos de los principales investigados.

Viajes. El modus operandi más común de los dos principales empresarios implicados en la trama, Ortiz y Fenoll, era agasajar a los políticos con una aluvión de regalos. Fenoll optó preferentemente por la entrega de dinero en efectivo y Ortiz, en cambio, prefirió colmarlos con regalos de lujo coincidiendo con las fiestas de Navidad o viajes, en el caso de Sonia Castedo. La regidora mostró la factura de uno de ellos a Andorra, pero lo hizo un día después de que trascendiera la acusación del fiscal.

Yates. En el yate de Enrique Ortiz, llamado Elena, viajaron a cuerpo de rey Alperi, Castedo y Ripoll por las Islas Baleares. El empresario colmó de detalles las travesías en su lujoso barco, que incluso sirvió como base de peraciones estando atracado.


HACIENDA EJECUTÓ A DÍAZ ALPERI UN AVAL DE 886.032 EUROS POR MOROSO

S. NAVARRO - Alicante

La Agencia Tributaria ha ejecutado un aval bancario por 886.032, 07 euros que Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, consignó para hacer frente a deudas pendientes con el erario público derivadas de su actividad privada. El exregidor ha declinado comentar cómo gestionó la garantía, si con sus bienes o través de terceros, y, caso de haber optado por esta segunda vía, si ha devuelto las cantidades a los supuestos avalistas.

Consignó la garantía bancaria en 2004 y el fisco la ejecutó en 2007

Alperi presentó el aval el 17 de mayo de 2005 para hacer frente a las deudas de la inmobiliaria Champka de Promociones SL., firma constituida en 1990 de la que llegó a ser vicepresidente antes de llegar a la alcaldía en 1995. Hacienda reclamó al exalcalde un total de de 592.303,70 euros por impagos del IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

El exalcalde inició el litigio para eludir los pagos en mayo de 2001 ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia. La batalla judicial de Alperi para evitar pagar concluyó el 26 de abril de 2007, cuando la sección 1ª de la sala tercera del Tribunal Supremo condenó finalmente al exalcalde a ingresar el dinero a Hacienda. El alto tribunal declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto por los abogados del entonces alcalde contra la sentencia de 23 de junio de 2005 de la sección 7ª de la Audiencia Nacional, que ya falló en contra de Alperi. El Supremo declaró firme la resolución de la Audiencia y le condenó a pagar las costas. La Agencia Tributaria ejecutó finalmente el aval el 11 de septiembre de 2007 por un importe total de 886.032,07 euros, esto es, la deuda inicial más 293.307,70 en concepto de intereses de demora. La comunicación oficial de la ejecución del aval iba notificada a nombre de Luis Díaz Alperi y dirigida a su domicilio particular.

El exalcalde ha eludido hacer comentarios a este periódico sobre el aval y la decisión final de Hacienda de ejecutarlo. "No tengo ninguna declaración que hacer", dijo secamente.

Su última declaración de bienes, en junio de 2011, declaró bienes no inmobiliarios por 510.000 euros y un pasivo de 210.000 euros. No declaró bienes inmuebles. Y en cuanto a su actividad privada, la declaración recoge que es consejero de Aguas de Alicante, de Emarsa, consejero general de la CAM y administrador de Andarx Bussiness SL.

La investigación del caso Brugal recoge que Alperi compró en abril de 2008 el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solona. Al mes esta sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. Esta embarcación y un segundo yate que tambien tiene la empresa pasaron a manos de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% de las accicones restantes por 1.502 euros. Esta firma está embargada, según el Registro Mercantil.

Luis Díaz Alperi es, según el fiscal anticorrupción, uno de los ejes de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del promotor Enrique Ortiz. El exregidor está acusado en el sumario por el fiscal, pero todavía no ha sido imputado, dada su condición de aforado.

Además
 * Un pelotazo verde de 120 millones

elpaís.com

CAMPS Y COSTA PRESENTAN ESTE LUNES SUS ÚLTIMAS ALEGACIONES EN LA "CAUSA DE LOS TRAJES"

Los abogados están citados a puerta cerrada

Europa Press | Valencia

Los abogados del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, y del ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, presentarán este lunes ante el magistrado presidente del tribunal del jurado constituido por el 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Climent, sus últimas alegaciones.

Los letrados de Camps y Costa, el ministerio fiscal y la acusación particular -que ejerce el PSPV- están citados a las 10 horas en una vista a puerta cerrada -regulada en el artículo 36 de la Ley del Jurado- para que expongan todo lo que consideren oportuno. Al acto no tendrán que asistir los abogados de los otros dos acusados del delito de cohecho impropio pasivo en este procedimiento -el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia Rafael Betoret- ya que fueron condenados al pago de 9.600 euros tras haber admitido su culpabilidad y conformarse con los hechos imputados.
 
Según consta en el artículo 36 de esta normativa, en esta vista las partes podrán plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia e inadecuación del procedimiento.

Asimismo, podrán aludir a la vulneración de algún derecho fundamental; pedir la ampliación del juicio a algún hecho; la exclusión de otros; o impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer nuevos medios. En este último caso, la ley establece que se deberá dar traslado a las demás partes para que en el término de tres días puedan instar por escrito su inadmisión.

Tras este paso, y resueltas las cuestiones propuestas -si ello no impide el juicio oral-, el magistrado presidente dictará auto de hechos enjuiciables, tal y como fija el artículo 37 de la misma ley. En concreto, el juez deberá precisar el hecho o hechos justiciables -incluyendo tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa-. Pero, si la afirmación de uno supone la negación del otro, sólo se incluirá una proposición.

Seguidamente, con igual criterio, se expondrán los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación de los acusados, así como la posible estimación de la exención, agravación o atenuación de la responsabilidad criminal. A continuación determinará el delito o delitos que dichos hechos constituyan.

Asimismo, resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipación de su práctica. Contra la resolución que declare la procedencia de algún medio de prueba no se admitirá recurso. Así, si se denegara la práctica de algún medio de prueba, las partes podrán formular su oposición a efectos de ulterior recurso. El magistrado también señalará en este auto el día para celebrar la vista del juicio oral.

'Le corresponde al Supremo'
El abogado de Francisco Camps presentó a mediados de este mes un escrito de alegaciones al auto de apertura de juicio oral en el que apeló al Estatuto de Autonomía para alegar que el tribunal al que le corresponde la causa de los trajes derivada del 'caso Gürtel' es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, puesto que los hechos imputables, "de ser ciertos", se produjeron en Madrid.

En concreto, señala que, tal y como indica el instructor y las acusaciones, los hechos, de ser ciertos, se produjeron en Madrid, con lo que, según determina el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía, el tribunal al que le correspondería la causa sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Además, afirma que, según la Constitución española, el juez o el tribunal debe de estar predeterminado por la ley, por lo que, tal y como afirma en su escrito, la elección errónea del tribunal anularía todo el procedimiento.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; JULIÁN MUÑOZ, YAGÜE Y GARCÍA MARCOS VOLVERÁN AL BANQUILLO EN EL ÚLTIMO BLOQUE DEL JUICIO

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A partir del 17 de octubre

Efe | Málaga

El tribunal que enjuicia el caso 'Malaya' contra la corrupción en Marbella ha anunciado que cuando se reanude el juicio en la Ciudad de la Justicia de Málaga se celebrará el cuarto bloque y que éste será el último debido a que englobará todo lo que esta el momento no se ha juzgado.

Debido a ello, la Sala ha anunciado en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, que "todos los procesados que aún no han sido interrogados en Sala, que en este cuarto y último bloque tienen que estar presentes durante la celebración de esta fase de juicio oral".

Para ello, todos los acusados serán citados a través de sus respectivas representaciones procesales el 17 de octubre a las 10.00 horas, para el inicio del bloque relativo a los delitos de cohecho y otros.

Las sesiones se dividirán en diferentes apartados, el primero de ellos, tratará la "tenencia ilícita de armas" por el que está acusado el ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, al que le seguirá el apartado "Roll Royce" por la que esta acusada la ex alcaldesa, Marisol Yagüe y el empresario Ismael Pérez.

El tercer apartado corresponderá a la "supuesta entrega de vehículos a la ex alcaldesa", siempre según la providencia.

Posteriormente se tratará el apartado de empresarios por presuntos pagos a Roca y ex ediles del Ayuntamiento de Marbella por supuestos cobros.

Fuentes judiciales han asegurado a Efe que este último bloque está previsto que vuelva a ser muy mediático debido a que junto al cerebro de la trama se sentarán los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe así como la ex edil Isabel García Marcos, considerada durante muchos años el "azote" del fallecido Jesús Gil.

El tribunal ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción, acusaciones particulares y defensas de los tres mencionados apartados que en un plazo de cinco días presenten escrito delimitando la prueba documental, testifical o pericial en su caso.

La Sala ha solicitado con antelación estos escritos para que "el funcionario que tramita la prueba y el informático tenga previsto el acceso informático a la misma".

De la misma manera también ha requerido al fiscal que presente un escrito delimitando la acusación respecto de los procesados no interrogados para que posteriormente sus defensas también delimiten su prueba.

El juicio se inició hace un año y ya se han celebrado cerca de un centenar de sesiones, con diferentes fases, las cuestiones previas y los bloques relativos a blanqueo de capitales, que permitían que sólo tuvieran que acudir al juicio los acusados imputados de ese delito.

Los magistrados que componen la Sala tienen previsto que el juicio pueda quedar visto para sentencia antes del próximo verano.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea toda la información sobre el juicio

elmundo.es

EL "CASO ACINIPO" REABRIRÁ PROCESOS ARCHIVADOS PROVISIONALMENTE EN LOS JUZGADOS

RONDA | Contra el ex alcalde Marín Lara

Efe | Málaga

Las investigaciones del caso 'Acinipo' reabrirán procesos archivados provisionalmente contra el ex alcalde de Ronda Antonio María Marín (PSOE) en los juzgados de Málaga, según han asegurado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

Las numerosas denuncias que ha tenido el ex alcalde durante los últimos años y que fueron archivadas en los juzgados "cobran sentido" con las investigaciones del caso 'Acinipo', en referencia al yacimiento arqueológico situado a unos veinte kilómetros de la ciudad, en la zona conocida como Ronda La Vieja.

Según las fuentes, debido a que fueron archivos provisionales se pueden reabrir con los nuevos indicios, por lo que los próximos días los investigadores estudiaran todo lo incautado para determinar hasta donde pueden llegar.

Los agentes de la Udyco se centran en analizar la documental incautada, operaciones urbanísticas aprobadas por el ex alcalde, obras ya ejecutadas, expedientes de contratación y numerosos informes de tesorería, entre otros.

Además, los agentes especializados estudiarán los soportes informáticos para darle cuenta al instructor de la causa y a la Fiscalía Anticorrupción.

El caso lo instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ronda (Málaga), que ha declarado secretas las actuaciones.

Los agentes de la Udyco intentan determinar si los arrestados han podido cometer los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional estudia varios convenios urbanísticos suscritos en la etapa del ex alcalde de Ronda (Málaga), Antonio María Marín (PSOE), en los que se podrían haber cometido diversas irregularidades penales desde 2003.

Pese al volumen de lo incautado los investigadores han explicado a Efe que no está previsto que la instrucción se prolongue mucho, ya que los agentes de la UDYCO llevan meses trabajando y en los registros "no se han producido grandes incautaciones", respecto a dinero y documental.

Hasta el momento hay siete personas procesadas, aunque no se descartan nuevas imputaciones tras el análisis de toda la documental incautada.

Además
* Dimiten los cuatro ediles imputados
* El camaleón político