martes, 22 de diciembre de 2009

"CASO GÜRTEL"; LA CONTABILIDAD B DE CORREA SUMA 20 MILLONES ENTRE SOBORNOS Y "MORDIDAS"

Los escándalos que afectan al PP
LA INVESTIGACIÓN ACLARA PARTE DE LOS 105 ARCHIVOS HALLADOS A LA RED

El líder de la trama gastó 127.000 euros en un viaje a Venezuela donde figura Agag
Constructores pagaron ocho millones de euros en comisiones a la trama


JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

La investigación de la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP ha llegado al corazón mismo de los manejos financieros del cabecilla de la red, Francisco Correa. Un total de 105 archivos almacenados en una memoria digital y una carpeta llena de documentación que tenía en su poder el contable de la red, José Luis Izquierdo, donde apuntaba los movimientos de dinero que le ordenaban sus jefes, acreditan al menos 20 millones de euros que la trama ingresó en dinero negro y que gastó en parte en sobornos.

Parte del dinero de los constructores servía para pagar sobornos en el PP

Un archivo refleja pagos del partido en 'dinero negro' a empresas de la red

La información de los 105 archivos, incorporada al sumario que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge numerosas anotaciones sobre sobornos a dirigentes del PP (alcaldes, diputados y un consejero de la Comunidad de Madrid), el cobro de comisiones ilegales a constructoras y promotoras a las que Correa había favorecido con sus tareas de intermediario ante Gobiernos del PP, y la facturación a este partido por actos electorales.

Además, en la carpeta con documentación escrita hallada en poder del contable aparecen consignados pagos a la trama corrupta por más de ocho millones de euros que hicieron distintos constructores, promotores y contratistas, favorecidos por concesiones de Gobiernos del PP.

Parte de ese dinero -los ocho millones corresponden sólo a dos años de actividad, entre 2002 y 2004- sirvió para pagar favores a dirigentes del PP (en el sumario se citan, entre otros, a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional; Gerardo Galeote, ex eurodiputado; Alberto López Viejo, ex consejero madrileño, y varios ex alcaldes).

Los archivos encontrados al contable en su dispositivo de almacenamiento portátil (pen drive) prueban algunas relaciones anómalas entre la trama corrupta y el Partido Popular, según un informe policial que figura en el sumario del caso.

- Cohechos. Los archivos incautados al contable de la trama (véase el gráfico) reflejan pagos de cientos de miles de euros a Alberto López Viejo, ex consejero de Esperanza Aguirre, a Benjamín Marín Vasco (diputado autonómico), a Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey), a Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte) y a Gerardo Galeote (ex eurodiputado), entre otros.

Además, los archivos registran al menos tres cuentas abiertas por la trama corrupta a nombre de Alejandro Agag, ex eurodiputado del PP y yerno del ex presidente José María Aznar.

El contable José Luis Izquierdo declaró al juez que creía que las deudas que Agag mantenía con una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes, habían sido canceladas. Hay un apunte de 127.000 euros por un viaje de Francisco Correa a Venezuela en mayo de 2008. En ese viaje, según la documentación incautada, estuvo presente Alejandro Agag con un gasto de 6.072 euros facturado al PP.

- Financiación ilegal. Entre los 105 archivos que guardaba el contable de la trama corrupta figura uno, al que el sumario ha dado el número 45, donde se refleja una supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

El contable registra un movimiento de fondos de 240.000 euros, de los que 150.000 son supuestamente abonados por el PP valenciano en dinero negro. Otro de los archivos refleja un gasto de 50.000 euros en viajes para Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) y Gerardo Galeote, pendientes de cobro por parte de la trama corrupta.

El contable apuntaba detalles nimios en las relaciones de Correa con el PP. En uno de esos detalles se daba cuenta de la negativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN, marca electoral del PP en Navarra hasta hace un año) a pagar a la trama corrupta por un acto electoral. En los apuntes se reflejaba que lo abonaría el PP de Madrid.

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Las cuentas secretas de la 'red Gürtel'
GRAFICO - El Pais - 22-12-2009

La contabilidad B de Correa suma 20 millones entre sobornos y 'mordidas' - EL PAÍS




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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; DIMITE EL PRESIDENTE DE UNIÓ MALLORQUINA POR CORRUPCIÓN

Miquel Àngel Flaquer (en la foto a su llegada al Juzgado) dejará de ser consejero de Mallorca.- Prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Tomeu Vicens

ANDREU MANRESA - Palma

Tercer presidente de Unió Mallorquina (UM) que abandona el cargo desde las elecciones de 2007. Las investigaciones judiciales por los escándalos por corrupción que afectan a la cúpula del partido bisagra de Baleares han precipitado esta noche la renuncia del líder de la formación Miquel Àngel Flaquer -que dejará de ser consejero del Consell de Mallorca-, tras declarar como imputado en la Operación Maquillaje de supuesto desvío de fondos públicos a una red de empresas del entorno de UM. Flaquer ha anunciado que abandona su cargo para cumplir con el código ético del partido y que se retira de la vida política.

El juez ha retirado el pasaporte a Flaquer, una medida cautelar solicitada por el fiscal anticorrupción. Idéntica cautela se dictó, días atrás, contra el anterior presidente de UM, Miquel Nadal, quién dimitió como consejero de Turismo. La presidenta del Parlamento Maria Antònia Munar, presidenta de honor y hasta 2007 presidenta del partido, fue imputada en este mismo caso pero se negó a declarar ante el juez por ser aforada y fue citada de nuevo por aquél para enero.

"Unió Mallorquina no puede tener un presidente imputado y con medidas cautelares", ha afirmado Flaquer, al tiempo que agregaba que lo que hace es "lo más prudente" y "lo mejor" para su partido. "Es necesario un cambio en UM, hay que ir quitando cargas", ha añadido durante la rueda de prensa que ha ofrecido, en la que ha reiterado que es inocente y que siempre ha obrado "con honestidad y rectitud".

Flaquer, Nadal y Munar controlaban el Consell de Mallorca la pasada legislatura 2003-2007 cuando UM gobernó con el PP. En el caso Maquillaje se investiga a políticos, empresarios y testaferros del grupo mallorquinista sobre una posible trama que manejó fondos públicos del Consell. La investigación judicial se basa en el rastreo de empresas a las que se encargó la producción de la programación de la radio y televisión pública de Mallorca. Diferentes compañías participadas por personas vinculadas a los imputados efectuaron operaciones inmobiliarias y de recalificación de terrenos y, según la fiscalía, blanquearon comisiones y beneficios ilegales.

Prisión eludible bajo fianza para Tomeu Vicens
El juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el ex diputado de Unió Mallorquina y ex consejero de Territorio balear, Tomeu Vicens, condenado a cuatro años y medio de cárcel por corrupción. Vicens, que estará sometido a vigilancia policial, era el diputado bisagra que permitía la estabilidad del Gobierno balear y dimitió el pasado viernes tras exigírselo el presidente autonómico, Francesc Antich.

La fiscalía había solicitado una fianza de 250.000 euros por la gravedad de los hechos que se le imputan al ex diputado plurimputado en el caso Maquillaje, una trama corrupta que desviaba fondos públicos del Consell de Mallorca a través de las productoras que explotan la radio y la televisión mallorquina. Vicens tiene además otras tres causas abiertas.

Para el testaferro de Vicens, Alfredo Conde, directivo de la cadena autonómica IB3, el juez ha impuesto una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión, también en el caso Maquillaje. El fiscal anticorrupción había pedido una fianza de 300.000 euros. Por su parte, la esposa de Conde, que estaba también citada para comparecer ante el juez hoy por la misma causa, se ha acogido a su derecho a no declarar.

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"CASO MERCASEVILLA"; EL EX GERENTE DICE AHORA QUE DESCONOCE LA GRABACIÓN EN LA QUE PIDE COMISIONES

Dice que declaró bajo presión policial

* Recurre contra el auto de incoación del procedimiento de la Ley del Jurado

Sebastián Torres | Sevilla

El ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet dice ahora que no reconoce la grabación en la que, presuntamente, pide comisiones ilegales a dos empresarios y denuncia que recibió presiones de la Policía Judicial cuando admitió haberla escuchado, reconocido su contenido y declaró actuar siguiendo instrucciones del delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

En el recurso de reforma contra el auto de incoación del procedimiento de la Ley del Jurado, la defensa de Mellet niega que su cliente haya escuchado jamás esa grabación y afirma que ante la Policía Judicial dijo haberla oído debido a «la presión a que fue sometido por la investigación». El día que prestó declaración, el 27 de marzo de 2009, en la Jefatura de Policía de Andalucía Occidental, Mellet fue asistido por un abogado.

Del acta de la declaración se infiere que el ex director gerente de Mercasevilla estuvo detenido y en ella se recoge: «En este acto se procede a la audición del CDR que contiene la grabación (...) reconociendo íntegramente su contenido, así como identificando a las personas que en la misma se citan».

Casi un mes después, el 23 de abril, en su declaración ante la Fiscalía, Mellet matizó que nunca oyó el CD en las dependencias de la Policía Judicial, sino «dos pequeños trozos» en los que reconoció su voz y que los agentes «se limitaron a explicar el sentido de la reunión» grabada. Ahora, casi un año después, la defensa de Mellet no reconoce la grabación que el alcalde conocía, aunque no lo denunció.

Aparte de no reconocer la grabación, la defensa de Mellet basa su recurso contra el auto en dos argumentos básicos. El primero, que el ex director gerente de Mercasevilla no es funcionario ni cargo público, por lo que no se le podría imputar cohecho; el segundo, que no estaba en sus manos conceder la subvención por la que, presuntamente, pidió las comisiones ilegales, por lo que no existiría el cohecho.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA CONSIDERA LA GRABACIÓN DE DECLARACIONES UNA "CORTINA DE HUMO" PARA DISTRAER

Deniega la petición de las defensas y del letrado del PSOE

* La magistrada subraya la "curiosa manera de ejercitar una acción popular" del representante socialista, que ha hecho causa común con las defensas
* Sospecha que el contenido aparecería en internet

Efe | Sevilla

La juez que investiga presuntas ilegalidades en la venta de los terrenos de Mercasevilla ha denegado la petición de las defensas y del letrado del PSOE de que se graben las declaraciones, al considerarlo "un argumento mediático" y "una cortina de humo" para "distraer la atención" sobre la investigación.

Aunque ya la rechazó verbalmente el día 17 durante la declaración de Domingo Enrique Castaño, ex asesor del Grupo Municipal del PSOE y décimo imputado en la causa, la juez ha fundamentado por escrito su decisión en un auto donde responde además a "la protesta colectiva" que hicieron constar los abogados de las defensas y del PSOE, por denegar las grabaciones y por el tono inquisitivo de sus preguntas.

El auto de la juez, con fecha de este lunes 21, indica en el caso del representante del PSOE que éste "hasta ahora ha hecho causa única" con los letrados de las defensas, lo que constituye "una curiosa manera de ejercitar una acción popular".

La jueza destaca que algunos letrados han insistido en que "pregunta frecuentemente por opiniones y no sobre hechos"

Además de reiterar que la petición de grabación de declaraciones "carece de cobertura legal", aunque la Ley Procesal no lo prohíbe y en su juzgado se han hecho cuando se ha visto necesario, la juez alude a que en este caso esa exigencia se plantea "a modo de control de la labor de esta titular para despejar cualquier duda sobre el supuesto perfil inquisitivo de los interrogatorios".

Entiende que "esta cortina de humo, cuya finalidad es distraer la atención sobre el objetivo de la investigación judicial", carece de "trascendencia procesal a la vista del contenido de las actas, de las aseveraciones en ellas del secretario como fedatario público y la absoluta conformidad" de testigos o imputados con lo reflejado.

Añade que dicha solicitud es "un argumento mediático", que "es lo que fundamentalmente parece que aquí importa", pues "el calificativo de inquisitivo tiene mayor calado que el de exhaustivo", en alusión a lo alegado por esos letrados respecto al tono de sus preguntas.

En este sentido, la juez de Instrucción 6 de Sevilla les indica que "deberían tener mayor cuidado al utilizar los adjetivos", al precisar que inquisitivo significa "el que inquiere y averigua con cuidado y diligencia las cosas" según la Real Academia de la Lengua.

Considera que la repercusión mediática del caso llega a "límites verdaderamente escandalosos" por motivos "espurios"

En cuanto a que algunos letrados han insistido en que "pregunta frecuentemente por opiniones y no sobre hechos", el auto recuerda que la investigación tiene "varias piezas clave" en torno a la adjudicación de los terrenos de la compañía publica Mercasevilla.

Así, cita "el pliego de condiciones, la fórmula previa de baremación, el informe de valoración de las ofertas y la votación unánime de los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Ejecutiva a favor" de adjudicar el concurso a Sanma, "pese a existir una oferta más ventajosa tanto en el aspecto económico como social".

La juez considera por ello "meridianamente lógico" que deba "investigar sobre los criterios personales que han formado la convicción de cada uno de los intervinientes para realizar tales informes, el pliego y las respectivas votaciones".

Ha denegado además las grabaciones por la "importante repercusión mediática que tiene la causa, en la que se está llegando a límites verdaderamente escandalosos", pues durante las declaraciones y estando inacabadas "la mayoría de estos letrados que ahora protestan aprovechan" los recesos "para trasladar a la prensa" su contenido "de acuerdo con sus respectivos intereses procesales y políticos".

Ese hecho y la "retransmisión en directo" de ellas "por motivos absolutamente espurios" darían lugar "indudablemente", según el auto, a que las grabaciones "aparecieran en cualquier espacio de internet, como si de cualquier vídeo de sobremesa se tratara, contribuyendo a una morbosidad innecesaria y a convertir este procedimiento en una absoluta comparsa".

La juez recuerda, "sin ánimo de dar lecciones a nadie", el principio de "la buena fe procesal", que "en modo alguno está reñida con el derecho de defensa" y permite que el proceso "evolucione con la normalidad y prudencia necesaria, y no con la crispación con la que últimamente se está desarrollando por tratar de trasladar esa tensión", a su juicio "absolutamente teatral, a los medios de comunicación".

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ ORDENA QUE SE INVESTIGUE LA SOCIEDAD AMERICANA DE MATAS

Investigan un enriquecimiento ilícito

* Pide al banco que aporte los movimientos bancarios de Aremas LLC en España
* Matas y su esposa están citados a declarar por el caso Palma Arena

Eduardo Colom | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma que investiga el patrimonio particular del ex presidente balear Jaume Matas ha dictado una providencia en la que requiere al Banco de Valencia que entregue a la Guardia Civil todos los movimientos bancarios en relación a una cuenta de la que es titular Aremas LLC. El juez y la Fiscalía, que impulsa la causa, quieren saber qué movimientos ha tenido en España.

Una sociedad que figura a nombre de Jaume Matas y que está radicada en Washington DC, ciudad en la que residió el ex dirigente balear tras emigrar a Estados Unidos en 2007. Según ha podido confirmar este diario, esta sociedad fue creada el 7 de enero de 2008 y no antes, como se llegó a apuntar durante uno de los últimos interrogatorios en los Juzgados a testigos relacionados con la reforma de la vivienda de Matas en la calle San Felio.

Y es que es precisamente esa reforma la que volverá a centrar esta semana las pesquisas del juez José Castro. Está previsto que mañana declaren ante el magistrado otros tres empresarios que trabajaron o vendieron mobiliario al ex president para amueblar su vivienda, popularmente conocida ya como el palacete por estar ubicada en una antigua casa señorial del casco histórico de Palma.

Hasta el momento, media docena de personas que trabajaron en la rehabilitación y equipamiento del piso han admitido ante el juez que cobraron buena parte de sus trabajos en efectivo y sin que mediara factura alguna. En negro, como coloquialmente se conoce al dinero no declarado al fisco. Algunos de ellos, como el encargado de las obras de albañilería, han declarado haber percibido hasta 70.000 euros mediante esta fórmula.

El ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, tendrá que prestar declaración como imputado el próximo 23 de marzo de 2010 por su presunta implicación en el llamado 'caso Palma Arena'. Su esposa y su cuñado están citados el mismo día.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas un cohecho de, "al menos, 1.527.550 euros en especie" al comprar su actual vivienda en un palacete de Palma: un piso en pleno centro histórico de la ciudad de "465 metros cuadrados" situado en la planta noble de una "casa señorial y exclusiva, con elementos escultóricos y una fachada muy trabajada de un estilo ecléctico muy cercano al renacentista".

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL PRESIDENTE DE UM DIMITE DE TODOS SUS CARGOS Y SE RETIRA DE LA VIDA POLÍTICA

Tras retirarle el pasaporte el juez

Flaquer (izq) junto a sus abogados tras declarar. | Jordi Avellà

* 'Firmé un código ético en el que creo y lo he cumplido'
* La Ejecutiva de la formación regionalista ha intentado convencerle
* Todavía no se sabe quién le sustituirá ni el sistema para elegirlo
* El juez le retira el pasaporte y le prohíbe abandonar el país

Mariona Cerdó | Palma

"Son las últimas fotos de vuestra vida hacia mi". Con estas clarificadoras palabras se ha dirigido a los fotógrafos poco antes de anunciar su dimisión el ya ex presidente de Unión Mallorquina (UM), Miquel Ángel Flaquer.

Poco después y tal y como se preveía, ha anunciado a los medios su dimisión como presidente de UM y como diputado en el Consell de Mallorca -donde era el portavoz del partido- después de haber declarado ante el juez por la Operación Maquillaje y de que el juez Lope Sola haya decidido retirarle el pasaporte como medida cautelar, así como prohibirle abandonar el territorio nacional sin autorización judicial.

El ya ex presidente de UM ha anunciado también que ha decidido retirarse de la vida política además de abandonar todos su cargos. "Firmé un código ético en el que creo, y lo he cumplido", ha afirmado después de decir que presentaba su dimisión "por mi familia". Todavía no se sabe quién será su sustituto ni el sistema que se empleará para elegirlo.

Preguntado por los periodistas sobre si Miquel Nadal va a hacer lo mismo que él, el ya ex presidente uemita ha dicho que "no lo sé, lo que menos me precupa ahora mismo es lo que haga Nadal, él actuará de acuerdo a su conciencia".

Pese a la dimisión, la Ejecutiva de la formación regionalista ha intentado hasta el último momento impedir que abandonara la dirección del partido y ha tratado de convencer al líder de UM de que echase marcha atrás en su decisión.

El juez le retira el pasaporte
La decisión se produce después de que Flaquer haya declarado durante aproximadamente dos horas en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Maquillaje, Juan Ignacio López Sola, quien le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el país.

Tras su declaraciónjudicial, Flaquer ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania en torno a las 19.15 horas acompañado por sus abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, aunque ha eludido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación congregados.

Durante la época en la que se investigan los hechos, que hacen referencia a la pasada legislatura, Flaquer era el secretario general del Consell de Mallorca y como tal, según las investigaciones, habría firmado las órdenes y la adjudicación del servicio para la ejecución de una emisora de radio en catalán a través de Studio Media.

Junto a Flaquer, también han comparecido ante el juez como encausados en el caso que investiga el presunto desvío de caudales desde el Consell de Mallorca en la pasada legislatura hacia productoras audiovisuales mediante contratos y subvenciones irregulares, el ex-conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens; el presunto testaferro de éste y socio de Studio Media, Alfredo Conde, y la mujer de éste y funcionaria de la Seguridad Social, Elisabeth Diéguez, todos ellos asistidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.

Además
* Flaquer decide dimitir y el juez le retira el pasaporte

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL JUEZ DICTA PRISIÓN BAJO FIANZA DE 100.000 EUROS PARA VICENS

La mitad que a su testaferro

Vicens se dispone a coger un taxi 'escoltado' por la Policía. | Pep Vicens

* La fiscalía pedía una fianza de 200.000 euros
* Vicens no ha hecho declaraciones tras abandonar los juzgados
* Esta mañana se le ha impuesto a Vicens otra fianza de 100.000 por Son Oms

Daniel Álvarez | Palma

El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, José Ignacio Lope Sola, ha decretado esta noche prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Bartomeu Vicens, por su implicación en la Operación Maquillaje, una pieza separada del caso Son Oms en la que se investiga la concesión de ayudas a dedo por parte del Consell de Mallorca a productoras de radio y televisión.

La decisión judicial se produce después de que el fiscal anticorrupción solicitara esta tarde una fianza de 150.000 euros. Se da la circunstancia de que la fianza impuesta es justamente la mitad que lo que el magistrado ha dictado esta mañana para el presunto testaferro de Vicens, Alfredo Conde, a quien había pedido 300.000 euros aunque finalmente el juez lo ha dejado en 200.000.

Vicens, que ha llegado escoltado por dos agentes de la Policía Nacional alrededor de las 17.00 horas acompañado por su abogado, Eduardo Valdivia, ha comparecido ante el juez durante poco más de media hora y ha abandonado las dependencias judiciales de Vía Alemania sin responder a las preguntas de los periodistas.

Vicens y Conde han declarado esta mañana en el marco de la investigación que se está realizando en torno a la conocida como "Operación Maquillaje", Vicens, que se ha librado esta mañana de nuevas medidas cautelares en su contra por su declaración en relación a este caso, tendrá que volver a comparecer a las 17.00 horas ante el juez, en una declaración en la que está previsto que la Fiscalía también pida medidas cautelares contra él. El Parlament no ha acreditado la renuncia de Vicens al acta de diputado a tiempo, presentada ayer, por lo que en el momento de su declaración aún mantenía su condición de aforado.

El Fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, ha querido dejar constancia de que su intención era pedir ciertas medidas cautelares que no ha podido solicitar dada la situación, sin aclarar que tipo de medidas habría solicitado. Así las cosas, el ex conseller de Territorio ha sido emplazado a una nueva vista oral a las 17.00 horas.

Vicens ha prestado declaración durante 40 minutos en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Palma y ha abandonado las dependencias judiciales escoltado por siete agentes de a Policía Nacional que han acudido para evitar una posible alteración del orden público.

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* El juez le impone 200.000 euros de fianza a Alfredo Conde
* Vicens podría ingresar hoy en prisión | Deja su escaño
* Adjudicaron la radio a una empresa sin local ni trabajadores

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL PRESIDENTE DE UNIÓ MALLORQUINA DECIDE DIMITIR

Tras pedir la Fiscalía medidas cautelares

Miquel A. Flaquer (izq.) junto a sus abogados tras declarar. | Jordi Avellà

* La Ejecutiva de UM trata de impedir que abandone la dirección
* Ha declarado durante aproximadamente dos horas en calidad de imputado
* El juez decreta la retirada del pasaporte para el líder uemita

Mariona Cerdó | Eduardo Colom | Palma

El presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Ángel Flaquer, ha decidido dimitir como presidente de UM y abandonar su escaño en el Consell de Mallorca -donde es el portavoz del partido- después de haber declarado ante el juez por la Operación Maquillaje y de que el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, haya solicitado la retirada de su pasaporte como medida cautelar, y que ha sido aceptada por el juez que lleva el caso.

No obstante, la Ejecutiva de la formación regionalista está intentando impedir que abandone la dirección del partido y trata en estos momentos de convencer al líder de UM de que eche marcha atrás en su decisión.

Flaquer ha declarado durante aproximadamente dos horas en calidad de imputado ante el juez que instruye el caso Maquillaje, Juan Ignacio López Sola, quien ha decidido, tal y como le había solicitado el fiscal anticorrupción, retirarle el pasaporte y prohibirle abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.

Tras su declaración, Flaquer ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania en torno a las 19.15 horas acompañado por sus abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, aunque ha eludido hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación congregados.

Durante la época en la que se investigan los hechos, que hacen referencia a la pasada legislatura, Flaquer era el secretario general del Consell de Mallorca y como tal, según las investigaciones, habría firmado las órdenes y la adjudicación del servicio para la ejecución de una emisora de radio en catalán a través de Studio Media.

Junto a Flaquer, también han comparecido ante el juez como encausados en el caso que investiga el presunto desvío de caudales desde el Consell de Mallorca en la pasada legislatura hacia productoras audiovisuales mediante contratos y subvenciones irregulares, el ex-conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens; el presunto testaferro de éste y socio de Studio Media, Alfredo Conde, y la mujer de éste y funcionaria de la Seguridad Social, Elisabeth Diéguez, todos ellos asistidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.

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"CASO SON OMS"; DECRETAN PRISIÓN COMUNICADA BAJO FIANZA DE 100.000 EUROS CONTRA EL EX DIPUTADO VICENS

Tiene 24 horas para pagarla

El ex diputado Bartomeu Vicens a su salida de los juzgados | Efe

* Tendrá vigilancia policial permanente hasta que abone la fianza
* Tiene prohibido abandonar el país
* A las 17.00 tiene otra vista por otra causa, la 'Operación Maquillaje'
* La Fiscalía había solicitado una fianza de 250.000 euros

Europa Press | Palma

La Sala de lo civil y lo penal del Tribunal ha decretado prisión comunicada eludible bajo fianza de 100.000 euros para el ex parlamentario del Grupo Mixto Bartomeu Vicens, una cantidad inferior a la que pedía el Ministerio Fiscal, que ha exigido 250.000 euros como medida cautelar, al considerar que existe riesgo de fuga por su calidad de 'pluriimputado' en otras causas judiciales.

El tribunal de la sala también le ha prohibido abandonar el país y tendrá vigilancia policial permanente hasta que abone la fianza.

Así, Vicens tiene un plazo de 24 horas para abonar esta fianza, acordada por el tribunal, que integran el presidente, Antoni Terrasa, y los magistrados Javier Muñoz y Felisa Vidal.

De esta forma, si el ex diputado no hace efectiva entre hoy y mañana la fianza de 100.000 euros ingresará en la cárcel provincial de Palma. En este sentido, su abogado, Eduardo Valdivia, advirtió en la vista celebrada en el TSJB de que Vinces no cuenta con patrimonio para hacer frente a esta fianza, por lo que calificó de "desmesurada" la medida cautelar solicitada por el Fiscal y aceptada por el tribunal.

Cabe recordar que paralelamente esta tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar en el Juzgado una comparecencia en la que el fiscal Juan Carrau también solicitará medidas cautelares contra Vicens por otra causa, el caso Maquillaje, después de que esta mañana declarara por este caso, que investiga el presunto desvío de caudales públicos desde el Consell de Mallorca a productoras audiovisuales a través de contratos supuestamente irregulares, entre las que se encuentran Studio Media y Vídeo U.

La vista tendrá lugar esta tarde, ya que esta mañana el Ministerio Público no pudo solicitar ninguna medida debido a que el Juzgado aún no había recibido la notificación de la Cámara autonómica que acreditaba que Vicens había abandonado su escaño en el Parlament como diputado del Grupo Mixto, y por tanto, seguía gozando de la condición de aforado.

Vicens fue condenado el pasado jueves a cuatro años y medio de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz del pago de de 12.020 euros públicos a su contable, Tomás Martín, para elaborar un estudio sobre el valor del suelo a cambio y que fue plagiado íntegramente de Internet.

Además
* El abogado dice que Vicens pagará la fianza 'si puede'
* El abogado de Vicens considera 'desmesurada' la fianza
* Detalles de la declaración de Vicens por Maquillaje

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"OPERACIÓN PRETORIA"; BARTOMEU MUÑOZ CERCA DE RECAUDAR LOS 500.000 EUROS DE LA FIANZA IMPUESTA POR GARZÓN

CORRUPCIÓN | Ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet

* Lo ha logrado con donaciones de amigos, familiares y conocidos en 24 horas

Europa Press | Barcelona

El abogado del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, ha asegurado este martes que su cliente ya ha conseguido recaudar a través de aportaciones de amigos y vecinos y en unas 24 horas casi 400.000 euros de los 500.000 que le reclama el juez Baltasar Garzón para poder salir en libertad bajo fianza.

El letrado Fermín Morales ha indicado que en cuanto obtengan el medio millón de euros de fianza estipulado por Garzón para que Muñoz consiga la libertad provisional, se dirigirá al juzgado de Martorell a entregar el dinero.

Una vez abonado el medio millón de euros, el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet podrá salir de la prisión de Can Brians 2, donde está ingresado desde mediados de noviembre.

Numerosos profesionales de medios de comunicación se encuentran haciendo guardia a las puertas de la cárcel, a la espera de la salida de Bartomeu Muñoz, que dejará solo en el interior del centro penitenciario, una vez esté en libertad, al presunto 'cerebro' de la operación Pretoria, Luis García, 'Luigi'.

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* Quién es quién en la trama de 'Pretoria'
* Paralizan tres de sus proyectos

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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA; LA TENTACIÓN DE GONZÁLEZ DE CALDAS

La Fiscalía que lleva la acusación de la ‘operación Malaya’ señala a José María González de Caldas como autor del soborno al principal imputado en la trama de corrupción urbanística, Juan Antonio Roca.

“Para saldar tu deuda, te damos una parcela de 2.000 millones de pesetas. Los técnicos municipales la valoran en 1.800 y los otros 200 para mí”. En esos términos le habló Juan Antonio Roca, principal imputado en la Operación Malaya, al empresario José María González de Caldas. O al menos eso declaró el ex presidente del Sevilla ante el juez encargado del caso, Miguel Ángel Torres, tras su detención el pasado 14 de noviembre. Según sus palabras, Roca le ofreció el sustancioso convenio para saldar una deuda pendiente. La mordida era de 1,2 millones de euros, que corrían a cuenta de las arcas municipales, con una valoración fraudulenta de los terrenos entregados a De Caldas.

Pero el empresario sevillano no pasó por el aro. Eso es lo que asegura en su comparecencia, en la que niega por completo cualquier relación con el pago de sobornos al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella. Frente al juez, De Caldas reconoció que se marchó de la ciudad de las grúas ante las constantes peticiones de Juan Antonio Roca y que “la mayoría de los promotores han tenido que pagar”. De Caldas, ex pareja de la modelo Sofía Mazagatos, dejó además otro apunte en su testimonio para José María del Nido, su sucesor al frente del Sevilla: “También le han dicho que en la época de Julián Muñoz y José María del Nido, la cosa era todavía peor, porque se tenía que pagar más dinero que con Roca”, registra el funcionario encargado de transcribir la declaración.

Dentro del maletín
Su nombre estaba entre los invitados. José María González de Caldas aparece por primera vez en la operación Malaya en un registro informático de Juan Antonio Roca. El 20 de marzo de 2006, el empresario estaba invitado a una comida en el conocido restaurante marbellí El Rodeíto. Un año después, la mayoría de los asistentes –una veintena– están entre los 83 detenidos en la operación Malaya. Pero la prueba fundamental para su detención llegó un mes después, cuando la policía apresó a Salvador Gardoqui. En el momento de su detención, éste último, testaferro de Roca, portaba un maletín con documentación. En ella, aparece reflejado en febrero de 2006 un pago de 60.000 euros con la leyenda “Aportación Miguel López [Caldas]”.

La policía cruzó la información con la agenda de direcciones de Roca. Así identificaron a los supuestos donantes: Miguel López Benjumea y José María González de Caldas. Ambos aparecen vinculados a la misma dirección en la sevillana calle del Silencio, donde se encuentran domiciliadas 25 empresas relacionadas con González de Caldas, según los datos de la Agencia Tributaria. Además, Miguel López Benjumea, arquitecto de profesión, formó parte del Consejo de Administración del Sevilla FC en la época en la que el empresario detenido estaba al frente del club.

Los informes policiales relacionan el pago de 60.000 euros atribuido a De Caldas y López Benjumea con la obtención de una licencia de primera ocupación para una promoción urbanística realizada fuera de ordenamiento. El empresario y su socio, acusado de cohecho, construyeron dos bloques de pisos en una zona destinada a 18 viviendas unifamiliares. La licencia de primera ocupación es un documento vital para los edificios construidos de forma ilegal en Marbella, una garantía de supervivencia. Hasta el momento, ningún juez ha ordenado la demolición de viviendas o edificios con residentes en ellos, ya que la ejecución de la sentencia perjudicaría a un tercero que no cometió el delito, el particular que compró el inmueble.

La operación comenzó en 1997. González de Caldas asegura en su declaración jurada que Jesús Gil le propuso la permuta de un edificio, valorado en 1.500 millones de pesetas, por varios terrenos municipales. El inmueble era propiedad de dos sociedades vinculadas al empresario: Huelva Business General y Marina del Rey. Para hacerse con la completa titularidad del edificio, ambas sociedades tuvieron que comprar varios pisos a una empresa del entramado societario de Roca, llamada Vanda Agropecuaria, por 1.6 millones de euros. Esta compró las propiedades a CCF21, controlada por Carlos Sánchez, otro de los empresarios imputados en el caso Malaya, por cuatro veces menos. González de Caldas reconoce ante el juez que compró varios locales a CCF21, pero asegura que nunca supo que Juan Antonio Roca estaba tras Vanda Agropecuaria. “Si lo hubiera sabido, no hubiera verificado la permuta”, destaca.

Las sospechas sobre el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Marbella y las sociedades de González de Caldas comenzaron con el Tribunal de Cuentas. El informe de fiscalización del organismo para los años 1990 a 1999 detecta varias irregularidades en el acuerdo. Como ejemplo, varios inmuebles fueron adquiridos por Huelva Business General después de que se firmara el acuerdo, que los traspasaba a titularidad municipal. El mismo día, el consistorio marbellí empleó el edificio para abonar una deuda pendiente con La Caixa. El Tribunal de Cuentas encontró también varias irregularidades en ese convenio, como el incumplimiento de los trámites administrativos o las contradicciones en la valoración de los inmuebles. Según los agentes encargados de la investigación del caso, “ambos convenios, tanto el de La Caixa como el de Huelva Business y Marina del Rey se formalizan el mismo día [27-2-97] cuando ni las sociedades de González de Caldas ni el Ayuntamiento disponían de la propiedad de los bienes permutados”.

El que calla, otorga
El silencio administrativo equivalía en Marbella a un permiso en toda regla. Y sobre todo en lo referente a las licencias de primera ocupación. Para no incurrir en delito (la concesión de autorización para una vivienda construida fuera de ordenamiento es perseguible en los juzgados), el Ayuntamiento decidió no pronunciarse cuando un constructor pedía este documento, así que simplemente se olvidaban del asunto. En diciembre del 2005, el Ayuntamiento instauró la concesión de licencias por silencio positivo. Así, todos contentos. Los políticos no se manchaban las manos y los constructores podían ver sus pisos habitados. Pasado un tiempo prudencial, la licencia se concedía por dejadez de las instituciones.

El 12 de julio de 2005, Huelva Business pide la licencia de primera ocupación para los edificios construidos por González de Caldas y sus socios. Los inmuebles pasan a manos de Hoturan SL, representada por el empresario Rafael Márquez Carrascal y domiciliada en la misma dirección que la mayoría de las empresas de González de Caldas. “A juicio policial –explica un informe que figura en la Operación Malaya–, ha de entenderse como un intento de González de Caldas de ocultar tras el velo societario de Hoturan SL las maniobras para la consecución de la Licencia de Primera Ocupación de su interés por silencio positivo”. El último documento sobre esta licencia se tramita en el Ayuntamiento el 11 de enero de 2006. Ese día, la petición pasa a los servicios jurídicos. A partir de ahí, no hay nada. No hay resolución positiva, ni negativa. Simplemente silencio. El 16 de marzo del mismo año, la contabilidad de Roca registra el pago: 60.000 euros. Como concepto, la leyenda ya mencionada “Aportación Miguel López [Caldas]”.

Nada que ver
En su testimonio judicial, el ex presidente del Sevilla asegura desconocer el motivo de la anotación en la contabilidad del principal imputado en la Operación Malaya. Su socio, Miguel López Benjumea, reconoce ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, que el 16 de marzo visitó el despacho de Roca, pero niega que le entregara dinero alguno. El ex directivo del Sevilla apunta como posible causa del pago la relación amistosa y comercial entre Roca y González de Caldas: “Se prestan animales y tienen negocios entre sí, e incluso recuerda que un semental de Roca estuvo cubriendo yeguas en la finca de González de Caldas”, comentó Benjumea en su declaración. Ambos empresarios fueron imputados por un delito de cohecho y quedaron en libertad bajo fianza. Los abogados de González de Caldas aseguran que “en el supuesto hipotético de que lo que se le imputara fuera real, hecho que niega, estaríamos hablando de un supuesto claro de extorsión, tal y como se desprende de la declaración efectuada. Y que además dicho supuesto sería también extrapolable a muchísimos empresarios de esta misma causa”. Una extorsión con beneficios millonarios.

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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA; POBRES ANTE EL FISCO

Acciones en bolsa, tasaciones falsas, cheques al portador, testaferros… Los concejales marbellíes implicados en la ‘Operación Malaya’ emplearon un abanico de trucos para ocultar su patrimonio.

David Montero

Todavía faltaban dos años para que estallara la Operación Malaya cuando, en 2004, el Tribunal de Cuentas declaró el Ayuntamiento de Marbella en quiebra técnica. Mientras la deuda crecía, los concejales hacían caja. Sus sueldos se aumentaron un 20 por ciento tras la moción de censura a Julián Muñoz que llevó a Marisol Yagüe a la alcaldía, y las cuentas empezaron a cantar. Acciones en bolsa, fondos de pensiones, cuentas en el extranjero e incluso inversiones en Fórum Filatélico: todo servía para disimular un patrimonio conjunto superior a los 25 millones de euros (4.000 millones de pesetas). Ésa es la cantidad que suman los distintos bienes que declararon ante el Fisco los 18 ediles y la esposa del ex alcalde, Mayte Zaldívar, según los datos que obran en poder del juez tras una investigación patrimonial de Hacienda y de la policía. Es, claro, sólo la punta del iceberg. Los peones de Roca en Marbella sólo declaraban las migajas del botín que estaban consiguiendo.

Las investigaciones elaboradas por agentes de la policía para la Operación Malaya desvelan las irregularidades contables y los mecanismos empleados por numerosos concejales para evadir la acción del Fisco y no levantar sospechas por una vida ostentosa. Pero el dinero siempre deja rastro. Y más con gastos como los coches deportivos o la compra de relojes millonarios. Las cuentas no casan: muchos de los concejales detenidos hasta ahora gastaban cada año mucho más de lo que declaraban ingresar. El mayor desfase lo protagonizaba Julián Muñoz, que gastó en 2003 la cantidad de 155.354 euros por encima de su renta declarada. Pero el dinero hace milagros y sirve para contratar buenos gestores: a los peones del caso Malaya las declaraciones del IRPF les salían negativas. Pese a las cifras que figuran en el recuadro de las páginas siguientes, es difícil encontrar entre ellos alguien a quien, tras la declaración de la renta, el fisco no le devolviera menos de mil euros al año.

Un sistema empleado por varios ediles para encubrir el patrimonio es inscribir la compra de viviendas o la fundación de sociedades a nombre de los hijos. La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, registró varias propiedades en la ciudad a nombre de sus hijos Antonio José, Jorge y Roberto. Los tres, de 20, 21 y 17 años, carecen de ingresos durante la época investigada (2004 y 2005). El mayor, Jorge Becerra Yagüe, hipotecó a su nombre en 2004 una casa de 152 metros cuadrados. Para su compra pidió un crédito de 422.000 euros, lo que supone una cuota de 2.070 euros al mes. Un gasto fijo insalvable para un joven sin una fuente oficial de ingresos. Y ellos no la tenían. Los especialistas tributarios de la Policía destacan en sus informes “la temprana atribución de cuentas bancarias, inversiones en acciones o hipotecas (…) a pesar de que los datos indican que ninguno de los tres hijos ha trabajado ni vivido independientemente de sus padres”. También figuraba a nombre de los hijos un paquete de acciones de Metrovacesa.

El mismo escondite emplearon Julián Muñoz y Mayte Zaldívar para la compra de la vivienda familiar. Las hijas de la pareja –de 16 años de edad en aquel momento– fueron inscritas como compradoras en 1997 de una vivienda en la urbanización marbellí Las Petunias. Para ello, pese a su corta edad, aparecen como peticionarias de un préstamo de 14,5 millones de pesetas. En todo el proceso, la pareja implicada en la Operación Malaya aparece como representante de la operación. Años después una de las hijas, Eloísa Muñoz Zaldívar, compró con su marido una finca en Ubrique (Cádiz) por 154.000 euros. No figura hipoteca alguna sobre la casa, por lo que cabe deducir que pagara al contado.

El desfase en las cuentas de la familia Muñoz-Zaldívar llama la atención de los investigadores. El último año de Muñoz al frente del Ayuntamiento arroja pagos de 52.000 euros en una conocida joyería de Marbella e inversiones en Fórum Filatélico por 41.000 euros. Los movimientos bancarios del ex edil reflejan el cobro continuado de cheques bancarios a cuenta del Ayuntamiento. Esa era otra práctica extendida entre los concejales. Como ejemplo, Carlos Fernández cobró durante años de esta manera todo su sueldo municipal. Además, el concejal fugado retiró en la Navidad de 2003 un total de 200.000 euros en dos cheques a cuenta del Ayuntamiento. El ex responsable del Partido Andalucista de Marbella carece por completo de propiedades o participaciones accionariales a su nombre, por lo que la policía ha analizado con lupa su entorno familiar.

Isabel García Marcos declaró el incremento de su patrimonio como fruto de una herencia. Además, entre sus ingresos figuran, por ejemplo, 6.300 euros por apariciones en televisión. Las cuentas de la ex responsable del PSOE en Marbella cuadran… en apariencia. La implicada en la Operación Malaya mantiene cuentas conjuntas con su ex marido, Moisés González García. El 29 de diciembre de 2005, González, empleado de la Junta de Andalucía, remitió desde una de sus cuentas 100.000 euros a Bélgica para una inversión en obligaciones del tesoro. Veinte días después, envió 36.000 euros a Luxemburgo.

La policía sospecha además que Isabel García Marcos utilizó la Fundación Plan de Innovación de Marbella para encubrir parte de su patrimonio. A la Agencia Tributaria no le consta quiénes son los patrocinadores y financiadores de la Fundación, que no ha presentado cuentas desde su nacimiento, en 2001. El análisis de esta entidad afecta también a otro de los concejales, José Jaén, que aparece también en su junta directiva. Además, los cónyuges de ambos ediles son socios al 50 por ciento en la firma Icara Málaga SL, creada en marzo de 2005 para elaborar estudios jurídicos.

Dinero bajo los ladrillos
La construcción es la segunda actividad para muchos de los concejales detenidos. Y en algunos casos, parece ser la primera, a juzgar por el número de empresas que controlan en el sector. Más de la mitad de los concejales detenidos participan o tienen intereses en empresas de este campo. Es el caso de Victoriano Rodríguez Martínez, que tras sus comienzos como agricultor ha amasado un patrimonio a su nombre que ronda los 1,4 millones de euros. La policía vincula directamente una de sus sociedades –Dilar SL– con los negocios de Juan Antonio Roca, principal imputado en la trama de corrupción urbanística. Además, el concejal del GIL cobraba su sueldo municipal siempre mediante cheques bancarios, hasta un total de 40.683 euros al año. Era común que varios concejales dispusieran de dinero en efectivo con cargo a las arcas municipales. En 2005, Francisco Javier Lendínez cobró ocho talones del banco de Andalucía, entidad con la que trabaja el Ayuntamiento de Marbella. Cada cheque ascendía a más de 3.000 euros y fueron girados sin causa justificada, según reza el sumario. El dinero no podía proceder del sueldo del político, que era de 6.224 euros brutos al año, ya que no ostentaba un puesto de responsabilidad. La empresa Incoservice Marbella SL, propiedad de Lendínez y sus padres a partes iguales, operó hasta 2003 con el consistorio marbellí como principal cliente. Cuando el edil y propietario salió del equipo de gobierno, la sociedad dejó prácticamente de tener actividad.

El trato de favor en los bancos alcanza también a varios concejales. Es el caso de María José Lanzat. La concejala del Partido Andalucista pidió una hipoteca de 164.000 euros para la compra de una vivienda que le costó mucho menos, según las escrituras. La Policía invita en su informe a investigar el paradero de 44.000 euros del préstamo, que al parecer no fueron destinados al pago del inmueble. Belén Carmona, ex integrante del Grupo Socialista y con un sueldo anual cercano a los 60.000 euros brutos, accedió a la compra de una vivienda de protección oficial en Marbella por 22.292 euros. Una ayuda municipal para una persona que cobra un 700 por cien sobre el salario mínimo interprofesional.

Coque `veloz´ Calleja
La investigación patrimonial de la policía recoge once multas de tráfico que acumula el ex concejal de Urbanismo de Marbella, Rafael Calleja Villacampa, conocido como Coque Calleja. El político del GIL es aficionado a los coches de alto nivel, y parece que también a la velocidad. Una de las infracciones a su nombre fue cometida con un BMW M-3, que el concejal del equipo de Marisol Yagüe conducía a 198 kilómetros por hora. Otra de las sanciones de tráfico fue interpuesta en 2003, cuando Calleja conducía un todo terreno matriculado a nombre de Construcciones Salamanca, “empresa constructora que ha realizado aportaciones monetarias para el cohecho de los miembros del Ayuntamiento”, según figura en el sumario de la Operación Malaya.

Los agentes encargados de investigar su patrimonio analizaron los pedidos de material veterinario de Calleja al extranjero para obtener indicios de la existencia de una actividad económica encubierta relacionada con los caballos, otra de las aficiones del ex edil de Marbella, socio del exclusivo club de polo Santa María, ubicado en Sotogrande (Cádiz). En 2004 y 2005, el concejal de urbanismo con Marisol Yagüe cobró varios cheques girados desde dos cuentas del Banco de Andalucía. El dinero provenía de Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 SL, una sociedad municipal. Para los efectivos policiales, las cifras no casan, ya que Calleja no tenía atribución salarial alguna en esta empresa.

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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA; LADRILLAZO NACIONAL

La fiebre por el ladrillo y el cemento sube imparable. Y al mismo ritmo, las denuncias en los tribunales, los casos de corrupción y los desmanes urbanísticos. Sólo en 2005, la Guardia Civil denunció la existencia de casi 13.000 viviendas ilegales.

A. GAYO/ C. SUÁREZ / J. VIDAL

Cuando algo es inabarcable, es necesario tirar de comparaciones. Por ejemplo, pensar en 570 kilos de cemento cada año para cada español. Éste es el consumo de nuestro país del elemento clave en la construcción. El de mayor incremento de demanda en términos absolutos de toda la Unión Europea. El fenómeno del ladrillo en España ha ido convirtiéndose en una bola de nieve que ha acabado estrellándose en los tribunales de Justicia.

La Guardia Civil denunció el año pasado 12.832 construcciones ilegales, por medio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Sin embargo, la actuación estrella de la policía ha sido la operación Malaya. Además de los programas del co- razón, esta investigación policial y judicial ha llenado las cárceles de Málaga de políticos, constructores y urbanistas de Marbella. Se ha descubierto una trama de corrupción de hondas raíces que probablemente se desarrolló con plenitud bajo la alcaldía de Jesús Gil. Marbella ha roto los esquemas: el 95 por ciento del suelo está urbanizado y hay abiertos más de 330 expedientes sancionadores. Marbella es la punta de un iceberg formado por más de cien casos abiertos por la Justicia por corrupción que afectan a alcaldes y concejales por todo el país. Es el efecto pernicioso de un consumo desaforado de cemento y ladrillos que se va a convertir, en 2006, en casi un millón y medio de viviendas, 303 campos de golf y 116 puertos deportivos que se han aprobado para este año. No hay habitantes para tanto despliegue, ya que la población española sólo creció en la última década un 5 por ciento, mientras que la construcción lo hizo en casi un 26 por ciento. Pero es que una tercera parte del primer kilómetro de litoral Mediterráneo está ya construido. El 59 por ciento de la costa andaluza está urbanizada, aunque no sin coste: hay 4.000 expedientes abiertos. Evidentemente no se trata de casas para que los jóvenes tengan su primera vivienda. Expertos como Domingo Jiménez Beltrán alertan del disparate de esta enloquecida carrera urbanizadora. El modelo de desarrollismo y urbanización a toda costa no es sostenible en un país con severas carencias de un recurso indispensable: el agua. Aunque ya se ha logrado construir ciudades en lugares que carecen de agua. Lo hizo Francisco Hernando, El pocero, con su macrourbanización en Seseña para 40.000 personas, aprobada por gobiernos socialistas a pesar de que no tiene previsto el suministro de agua. Ahora, un ayuntamiento y un Gobierno del PP (Cullera y la Generalitat de Valencia) aprueban un Manhattan de 35 rascacielos junto al mar. Y estos dos ejemplos, también, son sólo la punta del iceberg de un mapa con cada vez más ladrillos.

Murcia, la familia y uno más
Si algo bueno se puede decir del urbanismo en Murcia, es que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel siempre dejó claras sus intenciones. Y si algo puede resumir el urbanismo en esta comunidad, es la investigación de la Fiscalía sobre por qué el padre del arquitecto municipal de la capital, Joaquín Peñalver, ha tramitado la casi totalidad de las urbanizaciones de la región, hasta un total de 460. Peñalver es socio de uno de los hombres bandera del ladrillo murciano: Pedro García Meroño. Un nombre que sólo dice algo acompañado de su empresa: Polaris Golf. ¿Por qué no ha engañado el PP en Murcia? Su plan estratégico turístico preveía, desde mediados de los 90, un ciclópeo esfuerzo para construir campos de golf y urbanizaciones por todo el territorio. Y así está pasando, sin cortapisa alguna por los angustiosos apuros por falta de agua –acaban de recibir de urgencia del Tajo para abastecer a la población–, y a pesar de que el proyecto de trasvase desde el Ebro –el Plan Hidrológico Nacional del PP– fue derogado. Urbanizaciones, campos de golf. Recalificaciones, alguna salpicada por el escándalo, como la de Alhama de Murcia, en donde se denunciaron las presiones de una empresa, Polaris Golf, para que se aprobara un plan nuevo por el que ya había pagado al Ayuntamiento. Además, un caso único. El propio Gobierno autónomo promueve nuevos proyectos faraónicos, incluso por encima de sus propias leyes. En Cabo Cope, el Gobierno de Valcárcel ha desafectado casi el 40 por ciento de un parque natural para edificar 11.000 viviendas, 23.000 plazas de hotel, cinco campos de golf y una marina interior. En un espacio protegido. La conexión constructoras-poder político es tan grande que el PP ha cedido la televisión autonómica a una empresa neófita en la materia que han creado los constructores de la región. En Murcia hay una autopista que se desvía a un bosque para poder hacer 20.000 viviendas; un padre firmador; ya sólo faltaba uno más: Juan Antonio Roca. Y, efectivamente, en otra polémica actuación, en el término de Lo Poyo, ha aparecido como intermediario el principal implicado en la operación Malaya.

Baleares de isla a isla, chanchullos a la vista
Un ex ministro de Medio Ambiente –Jaume Matas– gobierna un archipiélago donde las mayores críticas se dirigen a la escasa protección, curiosamente, del medio ambiente. Además, la ruta por las viviendas ilegales, los pelotazos millonarios y los desórdenes urbanísticos lleva camino de alcanzar más fama que sus calas y las noches de desenfreno discotequero. Ahora se ha unido la polémica autopista de Ibiza, con una importante oposición ciudadana y la sombra de las empresas de Matutes planeando. La Fiscalía hace horas extra desde hace años intentando empapelar a un nutrido grupo de dirigentes locales –la mayoría del PP– especializados en saltarse leyes urbanísticas y también las éticas. En Mallorca, el municipio de Andratx es conocido como territorio comanche: las construcciones en zonas protegidas y las viviendas irregulares campana sus anchas. El alcalde, el popular Eugenio Hidalgo, acumula al menos cuatro causas judiciales. En Ibiza, dos alcaldes en activo del PP y otro que lo fue hasta 2003 están imputados en causas penales por corrupción urbanística. La crisis en el sector turístico y el incremento del suelo edificable (urbano pero también superficies en estado virgen) no auguran un futuro esperanzador por mucho estudio que se haga desde el Gobierno central sobre el número de fincas que incumplen la Ley de Costas.

Cornisa Cantábrica, comienza la cuenta atrás
Esa imagen paradisiaca de una costa verde y rocosa, sazonada con construcciones tradicionales y pocas veces saturada por el ladrillo invasor puede tener los días contados. Si desde Cataluña a Huelva el índice de suelo urbanizado crece al mismo ritmo que el de la corrupción, en la cornisa cantábrica y Galicia la cuenta atrás ha comenzado ya. Cantabria parece la mejor situada para convertirse en el santuario norteño de especuladores y compinches. Planes urbanísiticos anulados, urbanizaciones levantadas en espectaculares y protegidos parajes naturales han sido declaradas ilegales por los tribunales e incluso hay órdenes de demolición que afectarían a más de 400 viviendas y a más de 2.000 personas. Según Greenpeace, “Cantabria no valora la riqueza que aporta su costa, lo que se ha traducido en políticas irracionales que han permitido desmanes urbanísticos en su litoral”. En Asturias, 18 pequeños municipios gestionan más del 80 por ciento del litoral, lo que supone una disparidad total de políticas urbanísticas y una buena presa para constructoras y promotores. Por el momento, un proceso lento de urbanización le salva de la quema, algo parecido a lo que ocurre en el País Vasco, a pesar de que algunas poblaciones costeras cercanas a los grandes núcleos urbanos comienzan a sentir la presión. Los tribunales y las condenas han empezado a caer en la castigada Galicia, donde asusta la recalificación de suelo no urbanizable –y sus consiguientes pelotazos– y la actuación de alcaldes-promotores.

España interior: bajo el síndrome de Madrid
Todo marchaba de perlas hasta que los tribunales declararon ilegal la recalificación que permitía al promotor Francisco Gómez, alias El paloma, construir en un pinar protegido 1.600 viviendas, tres campos de golf y dos hoteles: un proyecto lleno de sombras, apoyado por las administraciones pese a varios informes técnicos en contra y adjudicado después de un concurso irregular. El hecho de que un bello paraje de Las Navas del Marqués (Ávila) ostentara la clasificación de Zona Especial de Protección de Aves no supuso un obstáculo para pergeñar la ambiciosa operación. En la sierra de Gredos, a una hora de Madrid por carretera, el complejo se pensó como reducto de madrileños pudientes. Un patrón que se repite en Villanueva de Gómez (Ávila), donde además de planear 7.800 viviendas se construye un campo de golf en un pinar protegido. “Castilla y León no puede ser una reserva”, señala la Junta para defender estos proyectos. En el municipio toledano de Seseña, justo en la linde con la Comunidad de Madrid, se alza en medio del páramo manchego un foco de construcción aislado de cualquier otro núcleo urbano. La controvertida ciudad dormitorio de Francisco Hernando, El pocero, tendrá 13.000 viviendas en bloques de hasta diez plantas. Tres datos: una empresa de El pocero tenía en nómina a dos concejales del PSOE; el 44 por ciento del terreno se compró 14 días antes de su recalificación; la macrourbanización se ha proyectado sin planificación de servicios públicos en un lugar con graves problemas de abastecimiento de agua.

Madrid: el ‘Lobby’ del tiralíneas
Dice un veterano investigador de la corrupción urbanística que los órganos financiadores de los partidos políticos “van a por los billetes grandes: las millas de oro de las ciudades”. Ya no hay muchas de éstas en las ciudades de la Comunidad de Madrid. Quedan dos mirlos blancos por explotar en las cercanías de la capital de España: las zonas naturales y las ciudades dormitorio. En estos contextos han surgido algunos de los escándalos que han retumbado en la vida política madrileña. Quizá la ola de sospechas de corrupción naciera con dos sonoras ausencias: las de los dos diputados tránsfugas del PSOE que dieron la espantada en la que iba a ser investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid en 2003. Hasta la fecha había un nombre grande en el urbanismo madrileño, Leopoldo Arnaiz. Arquitecto y consultor, está detrás de operaciones que fueron polémicas, como la de la Ciudad Financiera del BSCH, en Boadilla del Monte. Pero a Arnaiz le ha sucedido otro arquitecto, Enrique Porto. El responsable del Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por un pelotazo de su sociedad y familia en Villanueva de la Cañada. Una localidad que une cercanía a Madrid y a un parque natural. Para qué pedir más. Los nombres y las sospechas se han ido desgranado, poco a poco: Ciempozuelos, Tres Cantos, Torrelodones... Y otros que surgen a la sombra de una autopista, otro mecanismo recalificador. Una autopista polémica, porque los ecologistas aseguran que perjudicará al lince. Gallardón no quiso hacerla. Y ahora Aguirre ha dado un golpe de autoridad y ha comenzado a construir: la carretera de los pantanos. Cerca de ella, en sus cunetas, crecen los planes recalificadores. De momento, un pueblecito, Quijorna, ya está en los tribunales. También en Brunete hay sospechas. Es la última oleada especuladora, cerca de la sierra.

Canarias urbanizando la isla bonita
Los palmeros andan muy agitados en los últimos meses ante los planes urbanísticos que el Cabildo y varios municipios quieren poner en marcha en su isla, que es Reserva de la Biosfera. El Plan Turístico Especial (PTE) proyecta la construcción de cuatro campos de golf. El más grande –y el que más apoyo ha recibido de los redactores del plan– va a construirse en el Paisaje Protegido de Tamanca. “El campo de golf es una excusa para construir hoteles donde no se puede”, apunta Pedro Díaz, de Ecologistas en Acción. Y es que el PTE permite la construcción de quinientas plazas hoteleras en las inmediaciones de este campo de golf. “Los espacios protegidos no son santuarios –defiende el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, de Coalición Canaria–. Además, los promotores tenían un acuerdo anterior para construir 8.000 plazas hoteleras, y las que hemos permitido serán muchas menos”. Otro proyecto polémico es el puerto deportivo de Fuencaliente –600 amarres y un centro comercial anejo–, proyectado por el alcalde del municipio, que alberga la única Reserva Marina de la isla. El Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha advertido al edil de que “el puerto es incompatible con la condición de reserva natural de la zona”, porque “atenta contra la regeneración de los recursos pesqueros y contra las condiciones de un litoral muy bien conservado”. Éste es uno de los espacios en los que se ha fundamentado la Unesco para distinguir a La Palma como Reserva de la Biosfera.

Andalucía, alcaldes en el banquillo
L os cuatro últimos alcaldes del Ayuntamiento de Marbella han dado con sus huesos en la cárcel. Es el paradigma de un urbanismo feroz: 95 por ciento del territorio municipal urbanizado, 20.000 viviendas ilegales. Pero la metástasis se ha extendido por la región: los alcaldes de Manilva, Camas, Benalmádena y Rota están también imputados por delitos urbanísticos. Recientemente, el fiscal de Medio Ambiente de Almería ha imputado a ediles de seis municipios de la provincia por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Los consistorios de Albox, Zurgena, Partaloa, Cantoria y Oria han hecho la vista gorda a la construcción y venta irregular de al menos 6.000 villas –chalés con piscina– destinadas a un mercado boyante: el de los ingleses que buscan su residencia junto al Mediterráneo. Las villas se construyen en terreno rústico barato urbanizado sin permiso y se venden a ingleses incautos con garantía de legalidad. Ahora los compradores se enfrentan a la posible demolición de sus viviendas.

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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA; ANTICORRUPCIÓN ACTÚA EN QUIJORNA

La Fiscalía Anticorrupción encuentra indicios de delito en la venta de terrenos entre el Grupo San Román y varios concejales del municipio de Quijorna (Madrid). El fiscal jefe de Madrid ha trasladado al caso a los juzgados de Móstoles.

Daniel MONTERO

La Fiscalía Anticorrupción tenía dos opciones. Podía archivar la documentación presentada por la oposición municipal en el Ayuntamiento de Quijorna, o darle curso. La segunda opción implica que los fiscales especializados en asuntos de corrupción urbanística ven indicios de delito en las relaciones comerciales entre los varios cargos electos del Ayuntamiento de Quijorna y el Grupo San Román.

Tras meses de estudio de la documentación, presentada por el Grupo Independiente de Quijorna, la Fiscalía Anticorrupción ha dado luz verde a la instrucción judicial del caso, que ha pasado al Juzgado número 4 de Móstoles, según una orden firmada el pasado 13 de febrero por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix Blázquez. La fiscalía considera conveniente su traslado a esta sala, ya que instruye otras diligencias previas sobre supuestos delitos relacionados con el equipo de gobierno municipal.

Se abre así un nuevo frente en los juzgados para la alcaldesa del municipio madrileño, la popular María de las Mercedes García, que ha sido denunciada además por prevaricación y malversación de fondos en relación con la contratación del bufete del abogado Javier Gómez de Liaño para su defensa personal en otra querella criminal sobre cuestiones urbanísticas. Gómez de Liaño defiende a la ex concejala marbellí Isabel García Marcosoperación Malaya al igual que el empresario Fidel San Román, vinculado a una de las constructoras con mayor actividad en Quijorna.

En agosto de 2006, la alcaldesa se vio envuelta en un caso de especulación inmobiliaria por la aprobación de 37 convenios urbanísticos, que reducían en un 40 por ciento el número de viviendas protegidas de las zonas afectadas. Parte de los terrenos eran propiedad de una empresa vinculada al Grupo San Román. Uno de sus responsables, Fidel San Román, ha sido procesado por supuestos pagos a Juan Antonio Roca en el transcurso de la operación Malaya, instruida desde hace ahora más de un año. interviú se hizo eco de la noticia con un extenso reportaje, publicado en el número 1.582 (21-8-2006). El caso terminó en los juzgados y la alcaldesa contrató los servicios legales del ex juez Gómez de Liaño. María de las Mercedes García autorizó una factura de 29.696 euros para la contratación del letrado, cerca del límite estipulado por ley para requerir una licitación pública, fijado en 30.000 euros. La denuncia presentada por la oposición municipal explica que “con cargo a los presupuestos del ayuntamiento no puede contratarse la defensa y representación de uno de sus concejales”, ya que la defensa no es para el ayuntamiento, sino para uno de sus miembros en particular y por una responsabilidad personal en el ejercicio de sus funciones. El texto aduce además que “los hechos son mucho más graves porque la contratación del letrado, el reconocimiento del gasto y el pago de su importe lo ha hecho la alcaldesa al margen de todo procedimiento y vulnerando su deber de abstención”. La misma denuncia, presentada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, explica que la alcaldesa quiso “aprovechar la mayoría municipal para adoptar un acuerdo que de modo flagrante pretende utilizar fondos públicos en beneficio directo de los propios concejales que adoptan el acuerdo”.

La denuncia cursada por la Fiscalía Anticorrupción alude de forma específica a la venta de varios terrenos protegidos por parte de la alcaldesa y dos concejales socialistas de Quijorna a una sociedad perteneciente al Grupo San Román, de nombre Sanedi. Con posterioridad, ese mismo suelo fue propuesto para una recalificación municipal.

Según la documentación en poder de la Fiscalía, Mercedes García era propietaria de una alameda de 3.750 metros cuadrados, calificada por el actual ordenamiento del municipio como zona protegida por su valor ambiental. La regidora vendió el suelo a la promotora de San Román
La alcaldesa del municipio ha asegurado públicamente que la venta de estos terrenos ha cumplido siempre con la máxima legalidad, y que se encuentra “harta” de las denuncias del Grupo Independiente de Quijorna. Sin embargo, sus comparecencias en el juzgado continúan, y el apoyo de los concejales socialistas a sus decisiones urbanísticas ha abierto un cisma en las filas del partido, controlado en Madrid por Rafael Simancas.

Los dos concejales socialistas firmantes de los polémicos convenios –Juan José Cerrato y Fernando Díaz Guerra– han sido expedientados por su partido por apoyar decisiones “poco éticas y que contradicen las líneas seguidas por el partido”, según explican los responsables socialistas. Ambos concejales apoyaron los planes parciales de tres sectores urbanísticos de Quijorna. En ellos, la vivienda protegida se reducía un 40 por ciento. A cambio, el ayuntamiento obtenía el 22 por ciento de aprobechamiento lucrativo en lugar del portentaje estipulado por ley, marcado en un 10 por ciento.

El portavoz de urbanismo del PSOE en la Comunidad de Madrid, Modesto Nolla, presentó una serie de alegaciones al plan, que no fueron atendidas. Y pese a ello, los concejales socialistas votaron a favor de la iniciativa, presentada por los ediles del Partido Popular. La dirección del PSOE consideró entonces que la decisión de sus concejales contradecía la línea política marcada por el partido en materia de urbanismo y vivienda pública. La documentación remitida por el Grupo Municipal de Quijorna a la Audiencia Nacional cuestionaba también la adjudicación de la reacción del Plan General de Ordenación Urbana de Quijorna, concedida a la empresa Plarquin Consultores, sociedad vinculada con el ex director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA; LOS INTOCABLES DE MURCIA

El PP arrasó en Murcia en las elecciones europeas. Seis de cada diez votantes confiaron en ese partido, comandado por el presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel. Nada importa la larga lista de escándalos judiciales que acumula el partido.

Daniel Montero

Torre Pacheco es la zona cero de la crisis económica. Allí donde el espejismo inmobiliario creó riqueza en los eriales, el frenazo de la construcción ha dejado sin trabajo a miles de familias. Algunos no trabajan desde hace meses. Son las cinco de la tarde y las tiendas están abiertas. Pero nadie compra. No se mueve ni un alma en este pueblo de 30.000 habitantes. Javier cruza una esquina: “Yo de toda la vida soy del PP”, reconoce sorprendido por la pregunta, mientras juguetea con sus anillos, anillos de oro. El joven es cristalero. Y no encuentra trabajo desde que el PSOE llegó al poder. Crisis económica y gobierno socialista: dos conceptos que Javier liga sin remisión. “Desde que está Zapatero en el Gobierno yo no he tenido trabajo. Y tengo la FP y carné de conducir”, explica. “Así que por eso voto al PP”, afirma seguro.

Hace 14 meses que la Guardia Civil llegó al pueblo de Javier a buscar al alcalde. El popular Daniel García Madrid fue arrestado el 3 de abril de 2008 y acusado de participar en una presunta trama de corrupción urbanística que supuso importantes pérdidas para el patrimonio del ayuntamiento. Junto a él fueron imputadas otras 13 personas. El escándalo salpicó también a los principales constructores de la zona: Facundo Armero y José Luis Hernández, presidente de la firma de turismo residencial Polaris World. La Justicia le echó mano al motor económico de la región. Y el caso todavía está a la espera de juicio.

Las elecciones europeas del 7 de junio fueron el primer examen electoral para Torre Pacheco tras el escándalo. Al contrario de lo que cabría esperar, el PP arrasó. El alcalde pasó por el calabozo, pero no sufre desgaste electoral ni de popularidad en su pueblo. Está por encima del 69 por ciento. Sólo dos de cada diez personas confían en los socialistas en el pueblo. “Yo veo normal que la gente vote al PP, porque el alcalde sólo está imputado. Y mientras la Justicia no diga nada, él sigue siendo inocente. Aquí no se ha condenado a nadie”, argumenta Noelia, vecina de Torre Pacheco, sentada en un banco frente al ayuntamiento.

La situación se reproduce en toda Murcia. Y es que en 26 municipios de la comunidad autónoma –sobre un total de 45 ayuntamientos– tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus cargos, la inmensa mayoría del PP. Hasta 26 cargos populares acumulan imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental. También hay dos imputados que pertenecen al PSOE murciano. Algunos alcaldes llevan años a la espera de juicio. Años con la sospecha de corrupción. Y años sin la confirmación o rechazo de esas sospechas que aporta la Justicia. Pero poco importan las sospechas. En las pasadas elecciones europeas, la formación del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, se consolidó como la más votada de España con el 61,55 por ciento de los votos. Por el contrario, el PSOE de Murcia es el segundo grupo socialista menos votado del país, sólo detrás de los vascos, comunidad con fuerte peso nacionalista inexistente en Murcia. La campaña electoral de los populares se basó en dos pilares: la relación entre la crisis económica y el Gobierno socialista y su apuesta tajante por el trasvase del Ebro. “El agua se ha convertido en un tema determinante. Y mientras el PSOE tiene que ser tibio en sus declaraciones porque el Gobierno derogó el trasvase del Ebro, el PP se puede permitir ser tajante y apostar desde Murcia por el trasvase”, explican fuentes ecologistas. “Al final, los votos que el PSOE pierde en Murcia los recupera en Castilla-La Mancha, contraria al trasvase”, añaden.

Polémica regional
El 24 de junio se celebró en Cartagena el debate sobre el estado de la región. Allí, PP y PSOE volvieron a enfrentarse en el asunto del agua: “¿Usted no se ha enterado de que no soy un político felpudo?”, preguntó el presidente Valcárcel a Pedro Saura, líder de la oposición socialista. Valcárcel incluso presumió de rebeldía ante el PP nacional: “Ya le he dicho a [María Dolores de] Cospedal [contraria al trasvase del Ebro, como el PP de Castilla-La Mancha] no, no y no. Aprendan ustedes a decir que no, que es muy fácil. ¿O acaso el gobierno de Zapatero no tiene competencia sobre el tema?”.

Sobre la gestión de Ramón Luis Valcárcel –presidente autonómico desde 1995– suma con fuerza el hecho incontestable de que Murcia haya sido la región de España que más ha crecido económicamente en los últimos diez años, con un incremento del Producto Interior Bruto del 3,94 por ciento desde la entrada del nuevo siglo, medio punto por encima de la media nacional. Un crecimiento empujado por la construcción y que se ha frenado de golpe con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se ha doblado en Murcia en los primeros tres meses de este año. Según la Encuesta de Población Activa, la comunidad cuenta ya con 28.800 desempleados. “La especulación inmobiliaria ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones. Eso ha calado en la gente, que aquí todo el mundo se creyó el espejismo de que se iban a hacer ricos con las tierras”, explican fuentes ecologistas. “Y ahora echan la culpa a los socialistas de que esa burbuja se rompa”, sentencian.

Un cartel de “agua para todos” pende del balcón municipal de Totana. Y obreros vestidos con colores chillones sudan la mañana en la plaza del pueblo. Es la resaca del Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como el plan Zapatero. El Gobierno ha inyectado 7.999 millones de euros en toda España para realizar obras públicas que fomenten el empleo. Y ha dejado cinco millones en el pueblo. El Ayuntamiento de Totana se ha convertido en el principal empleador de la región, azotada por el paro. Quinientas familias locales tienen alguno de sus miembros trabajando y cobrando de la corporación, sacudida en 2007 por la operación Tótem de la Guardia Civil.

Allí fue detenido hace 19 meses el alcalde, José Martínez Andreo, pendiente de juicio por nueve presuntos delitos relacionados con la corrupción: desde prevaricación hasta violación de correspondencia. La misma instrucción terminó también con la carrera política del ex edil y diputado autonómico del PP Juan Morales y puso de relieve la bonanza económica de su novia, una joven brasileña sin empleo conocido. En aquellas fechas, desde las filas populares se tachó la actuación de la Guardia Civil como un ataque al pueblo. Los ciudadanos afines crearon incluso una plataforma en defensa del alcalde, mientras el sumario destapaba las presuntas irregularidades. El juzgado que lleva el caso está a menos de quinientos metros de la oficina del alcalde. Año y medio después, la instrucción todavía no está cerrada.

Tras pasar dos meses en prisión y pagar una fianza de 70.000 euros, Martínez Andreo se incorporó de nuevo a su puesto de alcalde. Pidió la baja temporal del partido, pero ha participado en la campaña de las elecciones europeas, donde el PP ha vuelto a ganar. Y con más votos si cabe. A pesar de la mancha sobre los dos últimos alcaldes, el 63,5 por ciento de los electores en Totana confiaron en los populares el pasado 7 de junio.

“Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos”, considera Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana. Tras salir de prisión, el equipo de gobierno retiró las dos plazas de liberado para los concejales de la oposición, mientras ocho ediles del PP siguen dedicados en exclusiva al ayuntamiento, y cobrando por ello. El consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones a las que acceden las asociaciones locales, las agrupaciones de fiestas e incluso las entidades de recreo para la tercera edad, muy importantes en los municipios con población envejecida. Totana será incluso la sede del encuentro mundial de peñas del Fútbol Club Barcelona en septiembre. El presidente de la peña barcelonista es el número dos del ayuntamiento, Juan Carrión, que prepara una exposición en el pueblo con los tres trofeos que ha ganado el Barcelona esta temporada.

“Aquí la gente se ha hecho toda del PP”, constata Paco mientras departe en una terraza de Librilla. Es la hora de comer y el calor ataca. El alcalde de este pueblo, José Martínez García, ha sido el único retirado del partido tras su detención, en noviembre de 2008. Martínez García sigue como alcalde, pero ha quedado fuera de las listas populares. En Librilla, el apoyo electoral al PP ha bajado, pero de una forma muy leve. Todavía cuenta con el 60 por ciento de los votos. “¿Sabes lo que pasa? Que aquí el PSOE no pinta nada”, constata Paco. “Así que muchos socialistas no fuimos a votar. La mayoría de la gente que puede votar eso se fue a la playa”.

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