miércoles, 1 de septiembre de 2010

EL TSJM: VARIOS IMPUTADOS DE GÜRTEL BUSCAN PARALIZAR LA CAUSA CON RECURSOS

CORRUPCIÓN | Tribunales

Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco. | Roberto Cárdenas

* El tribunal se refiere a López Viejo, Bosch y Martín Vasco

Efe | Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) asegura que "un sector" de los imputados en el "caso Gürtel", en el que se investiga una trama de corrupción ligada a cargos del PP, pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos".

El tribunal se pronuncia así en un auto en el que rechaza el recurso que varios de los imputados -encabezados por los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

En ella, y después de que el TSJM declarara "ilícitas" las intervenciones de las comunicaciones que los considerados cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- mantuvieron en prisión con sus abogados, Pedreira acordaba dar a éstos traslado de las grabaciones para que pidieran la práctica de las diligencias que estimaran oportunas en relación con las mismas.

A pesar de no estar afectados por las escuchas declaradas ilícitas, López Viejo, Martín Vasco y Bosch recurrieron ese auto, pidiendo su nulidad y solicitando que todas las partes tengan acceso a las grabaciones, pretensión que el TSJM considera "totalmente improcedente" en una resolución que no ahorra calificativos a los recurrentes.

"Varios de los recurrentes ejercitan un petitum que, totalmente improcedente, debe desestimarse en su integridad: en su afán de recurrir todo, incluyen la pretensión de 'nulidad de pleno derecho' del auto recurrido", señalan los magistrados del Tribunal Superior.

La sala añade: "Suscita perplejidad que soliciten (...) que se declare la nulidad de pleno derecho del auto de 27 de abril pasado, cuando la resolución ejecuta y lleva a puro y debido efecto el de la sala de lo civil y penal" que declaró ilícitas las escuchas de Garzón.

La resolución notificada hoy subraya que, pese a esa declaración de ilicitud, "el material probatorio anulable es mínimo" e insiste en que "subsiste material probatorio", por lo que no hay motivos para "pretender declarar el proceso nulo".

Al recurso de los tres ex diputados autonómicos del PP se sumaron otros imputados, como el ex alcalde popular de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero o el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente, cuyas pretensiones también son rechazadas por el TSJM.

Además
* La trama Gürtel en Madrid

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; UN NUEVO INFORME POLICIAL DICE QUE EMPRESAS VALENCIANAS FINANCIARON AL PPCV

Informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales

Efe | Madrid

Un nuevo informe policial incorporado al sumario del 'caso Gürtel' insiste en que varios empresarios, entre ellos el alicantino Enrique Ortiz, implicado en el 'caso Brugal', financiaron actos del PP valenciano pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con la sociedad Orange Market.

El informe ha sido elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, está fechado el pasado 20 de julio y consta de 104 folios.

Sus conclusiones son las mismas que las de uno anterior -difundido por Efe el pasado 6 de abril- en el que se aseguraba que hubo "financiación irregular" de actos del PP valenciano (PPCV) con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política".

El nuevo informe señala que "no existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios" de la Comunidad Valenciana "efectúen el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL, cuyo importe íntegro pasa a descontar la deuda existente entre esta sociedad y el PPCV, así como su Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas".

Las empresas citadas en el escrito son el Grupo SEDESA, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios S.A. y Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL, de las que la Policía recuerda que "resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos en dicha Comunidad".

La única explicación que la UDEF encuentra al hecho de que las citadas empresas se hagan cargo de la deuda del PPCV es "que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo".

El contenido de las grabaciones

Durante la investigación se han intervenido conversaciones telefónicas "referidas a las gestiones llevadas a cabo para conseguir el cobro de una cantidad de dinero por parte de Orange Market del empresario alicantino Enrique Ortiz Selfa a través de una de sus empresas (Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL)".

Las grabaciones ponen de manifiesto las "dificultades contables de liquidez" de Orange Market -sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes', que supuestamente operaba en Valencia como hombre de confianza de Francisco Correa, considerado el máximo responsable de la "trama Gürtel"- debido a la "elevada deuda" contraída con ella por el PP.

El informe actual destaca, como ya hiciera el de abril pasado, el papel del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, "para conseguir fondos que disminuyan la deuda", labores en las que también intervino el vicesecretario de Organización del partido, David Serra.

La UDEF afirma que entre febrero y septiembre de 2008 Orange Market recibió del PPCV, "sin justificación contractual de ningún tipo", 405.450 euros, que pasaron a engrosar la "caja B" de la sociedad.

Respecto a las empresas antes citadas, el Grupo Sedesa abonó a Orange Market facturas por un total de 150.800 euros; Lubasa pagó una de 58.000 euros y Enrique Ortiz varias por un total de 232.232 euros.

El objetivo: minorar la deuda del PP

En todos los casos, señala el informe, el importe íntegro "pasa a minorar la deuda existente entre Orange Market y la formación política PP, por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen el carácter de ficticio".

Para justificar la relación comercial entre Orange Market y esas empresas se establecieron unos "acuerdos de colaboración ficticios", dándose la circunstancia de que el supuestamente suscrito con Ortiz, con fecha de diciembre de 2007, "no se encuentra firmado, a pesar del tiempo transcurrido, por parte del representante de la sociedad Enrique Ortiz".

Ortiz, máximo accionista del club de fútbol Hércules, se encuentra imputado por varios delitos, entre ellos el de cohecho, en la llamada "operación Brugal", en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja.

Además
* Lea íntegro el informe policial (12 MB)
* Claves para entender la trama 'popular'

elmundo.es