miércoles, 1 de julio de 2009

LOS EX DIRECTIVOS DE LA EMPRESA FUNERARIA PÚBLICA DE PALMA, IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN

La Fiscalía les acusa de monopolizar de manera irregular el mercado

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de varios delitos de corrupción en las actuaciones del ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma de Mallorca Óscar Collado y la ex concejal del PP local Marina Sans en lo que respecta a su gestión en esta empresa. Ambos han declarado ya como imputados, acusados de haberse lucrado a través de negocios con procedentes de la funeraria relacionados con la venta de ataúdes y féretros en régimen de monopolio. El ex gerente y la ex concejal habrían impedido a otras funerarias desarrollar su negocio, pese a que el sector está liberalizado desde 1996.

Según acusa la Fiscalía Anticorrupción de Palma, la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de la ciudad balear fue presuntamente utilizada por sus responsables para obtener cuantiosos beneficios económicos de manera irregular. El diario El País recoge hoy que el fiscal ve indicios de supuesto tráfico con las tumbas, facturas falsas, cobro de comisiones ilegales, desvíos de fondos y cobros por proyectos no ejecutados en las actuaciones de Óscar Collado y Marina Sans relacionados con la funeraria municipal.

Venta irregular de ataúdes
Collado fue gerente de la EFM entre 1983 y 2007 y, según la acusación del fiscal, negoció de manera irregular con la venta de tumbas y ataúdes y con el transporte de difuntos. El juez le imputa cinco presuntos delitos de corrupción relacionados con sus actividades en la empresa e incluso ha pasado ya 15 días en prisión preventiva.

Sanción en marzo de 2009
Por su parte, la ex concejal del PP Marina Sans, que fue presidenta de la EFM, ha declarado ya también como imputada. Ambos dirigentes ya fueron sancionados por la Comisión Nacional de Competencia en marzo de 2009. El organismo interpuso entonces una multa de medio millón de euros a la EFM y al Ayuntamiento de Palma por ostentar de manera ilegal un monopolio de mercado en un sector liberalizado desde 1996 y por “obstaculizar la competencia potencial o real”.

El resto de funerarias, "ilegales"
Según la crónica de Andreu Manresa, la edil había contactado con clínicas y residencias privadas de la ciudad para pedirles que impidiesen las actividades de otras funerarias de la zona, declarando que eran “ilegales”. Además, solicitó por carta a los centros que solo la empresa municipal se encargase del transporte de los cadáveres. Según un portavoz del sector, aquellas medidas provocaron una caída del 60 por ciento de la facturación de las empresas funerarias locales.

Negocio en monopolio
Además, la EFM vendió unos 4.000 féretros bajo la gestión de Sans y Collado en régimen de monopolio, lo que proporcionó grandes beneficios a la empresa. Este monopolio del negocio provocó el cierre de otras empresas de la zona, como la carpintería de ataúdes de la isla, que no quiso ceder a las peticiones de la EFM y perdió la mayoría de su clientela. Ello propició que la Asociación de Agencias Funerarias de Baleares interpusiera una denuncia ante el tribunal de Competencias que subrayaba como varias empresas habían sido expulsadas de la ciudad y cómo la EFM bloqueaba en los tanatorios el acceso de los féretros que perteneciesen a otras compañías.

ELPLURAL.COM

EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX DIPUTADO DEL PP DEL OJO

TRIBUNALES

Contrató obras 'a dedo' como alcalde en funciones de Ogíjares


Belén Hernández | Granada

La Fiscalía de Granada acusa de un delito continuado de prevaricación al ex teniente alcalde del ayuntamiento de Ogíjares y diputado nacional del Partido Popular José Luis del Ojo Torres, en el escrito de acusación que ha presentado hoy solicitando la apertura del juicio oral.

El fiscal Javier García Rull pide para el acusado una pena de 11 años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público, además de asumir las costas procesales, según consta en el escrito que se ha presentado en el proceso abreviado que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Granada.

En el documento, el fiscal detalla los motivos por los que se acusa al diputado de presunto delito continuado de prevaricación. En la argumentación se esgrime que durante el mes de julio de 2005, como alcalde en funciones, encargó "verbalmente" a la empresa constructora García Mejías las obras de la Casa de la Cultura de Ogíjares, además de la plaza del pueblo y diversas calles, que fueron adjudicadas, de la misma manera, a la empresa DH2G Reparaciones Estructurales S.L.U., sin cumplir los requisitos necesarios, ya que las obras se adjudicaron "directamente".

La tramitación de los contratos, que tenían la condición de "contratos menores", al ser su cuantía menor a la de 30.020,60 euros, según se dispone en el artículo 57 de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, exigía la aprobación del gasto y la incorporación de las facturas correspondientes y el presupuesto de las mismas.

Del Ojo, como alcalde en funciones, contrató sin "informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación y de la Intervención, eludiendo de esta forma los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación", y de esta manera garantizarse la objetividad en la contratación pública.

ELMUNDO.ES