martes, 5 de febrero de 2013

"OPERACIÓN CLOTILDE"; CRESPO PROMETIÓ A PETROV PERDONARLE TRIBUTOS EN UN VIAJE A RUSIA

La Guardia Civil entra por tercera vez en el Ayuntamiento de Lloret de Mar
El juez de la Audiencia Nacional pide al TSJC la imputación de Crespo

Antía Castedo Lloret de Mar

El ex alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, prometió al presunto cabecilla de la red de blanqueo de la mafia rusa, Andrei Petrov, perdonarle 133.000 euros en tributos municipales correspondientes a unas obras durante un viaje de lujo en Rusia. Petrov pagó en efectivo a Crespo, su esposa y un hijo de ambos los vuelos en clase ‘business’ y les agasajó una vez allí “con viajes en helicóptero privado, lujosas comidas y espectáculos”, según el escrito que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para solicitar la imputación de Crespo, aforado en este tribunal al ser diputado autonómico por CiU.

La Guardia Civil ha vuelto esta mañana al ayuntamiento de Lloret de Mar, por tercera vez desde que estalló la operación Clotilde. Dos agentes se han presentado alrededor de las 10:45 de la mañana en el Consistorio para solicitar información en la Intervención. Los agentes han entregado dos citaciones, una al interventor municipal y otra al actual concejal de urbanismo, Jordi Martínez, para que declaren como testigos en la causa, según fuentes municipales. El Consistorio no ha querido realizar declaraciones.

Según el escrito enviado por Velasco al TSJC, el entonces alcalde y actual diputado por CiU en el Parlament conoció en ese viaje a Rusia a Viktor Kanaikin y Sergei Nalinov, los “propietarios reales” de DDC, la empresa que Petrov utilizó supuestamente para lavar dinero de la mafia rusa en Lloret, y líderes de la trama internacional de blanqueo. Fue esa misma empresa la que construyó un polémico centro comercial y un aparcamiento en los terrenos de la antigua plaza de toros de Lloret y se benefició, para ello, de una rebaja del 50% en impuestos aprobada por el pleno municipal. Con mayoría absoluta de CiU, el pleno aprobó en 2009 ‘perdonarle’ a la empresa de Petrov 133.000 euros por tratarse de obras de “interés general”. Las protestas de la oposición no sirvieron para frenar la medida.

Según el escrito del juez, fue durante ese viaje a Rusia cuando Crespo y Petrov hablaron del asunto y el primero le prometió al segundo la rebaja en el impuesto. El presunto capo de la mafia rusa guardaba fotos de ese viaje en su ordenador de casa, registrado por agentes de la guardia civil el viernes 25 de enero, cuando fue detenido. Crespo y Petrov hablaron también en Rusia de la esponsorización de los equipos de fútbol y hockey de Lloret, a los que DDC destinó en total 270.000 euros durante cuatro años. Dos hijos de Crespo y su esposa, Guadalupe Oliva, juegan en el equipo de hockey de Lloret. Oliva es además la vicepresidenta. El presidente, Joan Pernarnau, que está también imputado en la causa por cohecho, ha dimitido esta mañana del cargo.

Petrov también regaló a Crespo un reloj de 3.000 euros, botellas de vino, cestas de Navidad y un segundo viaje a Rusia, esta vez con el actual alcalde de Lloret, Romà Codina, el concejal de Urbanismo imputado en la causa, Josep Valls, y varios empleados municipales. El presunto ‘capo’ se habría hecho cargo de los costes del viaje en clase 'business' y de los gastos del viaje así como de abonar habitaciones de hotel más caras de las previstas. Codina negó con rotundidad que Petrov hubiese pagado parte o la totalidad de ningún viaje a Rusia de miembros del equipo municipal actual o de la época de Crespo y declaró que todos los viajes a las ferias de turismo los ha pagado el organismo municipal Lloret Turisme.

En las conversaciones estuvo presente Pilar Gimeno, la arquitecta que trabajaba para Petrov, a quien este también invitó junto con toda su familia. Gimeno, que se encuentra en prisión y a quien se atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil, es una “gran amiga personal” de Crespo, según el juez. Se da la circunstancia que una de las arquitectas municipales de Lloret de Mar ha trabajado en el pasado para Gimeno.

Petrov ya había pedido en 2007 al ayuntamiento que cambiase el plan de ordenación urbana para modificar los usos de los terrenos de la antigua plaza de toros, que estaban destinados en un principio a una residencia para deportistas. El capo ruso “se vio obligado” a aceptar el patrocinio de los clubes de fútbol y hockey porque era “la única forma” de conseguir que el ayuntamiento modificase los usos del terreno. Fue el propio Crespo quien hizo la propuesta e incluso sugirió la forma de pago mediante cheques. El presunto mafioso tuvo también que construir unos vestuarios de 300 metros cuadrados para el equipo de fútbol, una obra que le costó 24.000 euros. El club de fútbol está presidido por el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls, y actual teniente de alcalde, imputado por prevaricación y soborno. Sus hijos y los de Gimeno jugaban en los clubes de fútbol y hockey.

El pleno municipal de Lloret terminó aprobando el cambio de usos propuesto por Petrov y una serie de medidas que beneficiaron a DDC, entre ellas la reducción del espacio destinado a oficinas a favor del uso comercial. Todo a pesar de las protestas amargas de la oposición, que ya en ese momento denunció que se estaba haciendo un “traje a medida” de la empresa. El juez Velasco destaca que el trato de favor que el concejal Valls, por órdenes de Crespo, dispensó a Petrov, también se le dispensó a dos promotores inmobiliarios de Girona

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IMPUTADO POR CORRUPCIÓN EL ALCALDE QUE GOBERNÓ 23 AÑOS CASTELLDEFELS


INVESTIGACIÓN EN EL BAIX LLOBREGAT
Marina, dos cargos municipales y un empresario declararán por las presuntas irregularidades

CARLES COLS / MAYKA NAVARRO (Barcelona)

Los focos del triste espectáculo de la corrupción iluminarán a partir de mañana un nuevo escenario: Castelldefels. Agustín Marina, alcalde socialista durante 23 años, relevado discretamente del cargo por el PSC en el año 2003, declarará mañana como imputado en un hasta ahora desconocido caso en el que, según el informe elaborado por la Guardia Civil, una ilícita connivencia entre cargos públicos y un empresario pudo haber causado un perjuicio económico de 15 millones de euros en las arcas municipales. La magnitud de la cifra se comprende mejor si se tiene en cuenta que la deuda total de Castelldefels es actualmente de unos 77 millones de euros. Marina declarará mañana ante el juez, pero en el centro de la presunta trama de corrupción destacan sobre todo otros tres imputados, el matrimonio formado por Antonio Gomà y María Dolores Irún, ambos empleados municipales que, según la investigación, acumulan «un patrimonio no acorde con sus ingresos por sus profesiones, cargos y empleos en el ayuntamiento», y Manuel Marín López, empresario supuestamente beneficiado por la trama, que terminó por contratar a Marina cuando dejó la alcaldía.

Durante la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo del 2011, según revela la investigación, el PSC, CiU y el PP recibieron una serie de cartas anónimas en las que se denunciaba muy detalladamente el caso, tanto que la sospecha general era que la garganta profunda de esas gruesas acusaciones era en realidad un funcionario municipal muy bien informado. Nadie, sin embargo, le hizo caso entonces. Pasados unos meses, Manuel Reyes, actual alcalde de la ciudad y militante del PP, recibió de nuevo esos anónimos, esta vez en su domicilio particular. Los remitió a la Guardia Civil, que, aunque con reservas iniciales, investigó a fondo las acusaciones.

EL JUEZ ENVÍA AL TSJC INDICIOS QUE VINCULAN AL EX ALCALDE DE LLORET CON LA TRAMA RUSA


CORRUPCIÓN | Está aforado al ser diputado en el Parlament


Europa Press | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) los indicios que vinculan al exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo (CiU), con la mafia rusa que habría blanqueado 56 millones de euros en el municipio, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha remitido al tribunal catalán una exposición razonada en la que detalla las actividades que vinculan a Crespo con esta trama, ha adoptado esta decisión por la condición de aforado de Crespo, que es actualmente diputado en el Parlamento de Cataluña, y después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido su imputación por los delitos de prevaricación y cohecho en su actuación.

En su declaración ante el juez del pasado 28 de enero, Petrov admitió que pagó dos viajes a Moscú a Crespo y su familia, uno de los cuales tenía como objetivo su participación en una feria de turismo que se desarrolló en la capital rusa. También reconoció pagos en concepto de esponsorización al Club Hoquei Lloret.

Crespo y el teniente de alcalde de Lloret de Mar, Josep Valls, que también está imputado, habrían adjudicado el 35 por ciento de la gestión del centro comercial construido en la antigua plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de garaje. La Administración local gestionaba el 65 por ciento restante.

A cambio de estas concesiones Valls habría recibido pagos de la organización criminal a través de la esponsorización del club de fútbol de la localidad, del que era presidente.

Otros 13 imputados
Además de Crespo y Valls, el juez Velasco ha imputado a un total de 13 personas en el marco de esta operación. En prisión se encuentran Petrov; su cuñado y lugarteniente, Constantin Mischanin; y la arquitecta Pilar Gimeno. A todos les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. A Petrov, además, le imputa por integración en organización criminal.

Además, quedaron en libertad aunque imputados el padre del presunto jefe de la organización, Boris Petrov; el presidente del club de hockey patines de la localidad, Joan Perarnau; la responsable inmobiliaria Teresa Gimeno; y la secretaria de Petrov, Jessica Holgin.

Finalmente, imputó por blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal y falsedad documental a dos contables externos de la organización de nacionalidad española y otros tres trabajadores de la trama, dos de ellos ucranianos y uno ruso.

EL JUEZ PABLO RUZ PIDE A HACIENDA DATOS SOBRE JORDI PUJOL FERRUSOLA


TRIBUNALES | Primogénito del ex presidente de la Generalitat
Pregunta a la Agencia Tributaria si se ha acogido a la amnistía fiscal
Y por la existencia de 'percepción de rentas' obtenidas fuera de España

María Peral | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado hoy preguntar a la Agencia Tributaria si Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha acogido a la amnistía fiscal.

El instructor también ha solicitado a Hacienda los datos de que disponga referidos a "la existencia de percepción de rentas obtenidas fuera del territorio nacional, bien como persona física, bien a través de persona jurídica".

El magistrado ha atendido, así, la petición que le formuló la Fiscalía Anticorrupción tras la declaración judicial prestada por M.V.A., ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, que relató al juez que acompañó al empresario en viajes a Andorra y Londres en los que él llevaba grandes cantidades de dineror.

En una resolución que se acaba de conocer, Ruz señala que la diligencia solicitada por la Fiscalía "no puede ser considerada como impertinente o innecesaria en el presente estadío procesal, en el que los indicios de criminalidad existentes sobre el denunciado siguen en fase incipiente y se encuentran pendientes de corroboración o desvanecimiento a tenor del resultado que pudieren arrojar diligencias" como la acordada.

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EL JUEZ SOSPECHA QUE IMPUTADOS DE "GÜRTEL" SE ACOGIERON A LA AMNISTÍA FISCAL


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Tras constatar que al menos lo hizo el constructor García Pozuelo
La lista incluye a Correa y otros cabecillas, así como políticos
Pide también datos sobre el ex marido de Ana Mato y la mujer de Bárcenas

Agencias | Madrid

El juez que instruye el 'caso Gürtel', Pablo Ruz, ha preguntado a la Agencia Tributaria si el presunto líder de la trama de corrupción, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa se han acogido a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno.

Las sospechas del magistrado de la Audiencia Nacional comenzaron después de que el ex presidente de la Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, aportase al juzgado el pasado 4 de diciembre un escrito en el que daba cuenta de que se había acogido a la amnistía fiscal.

El magistrado ha dictado una resolución en la que ordena a la Agencia Tributaria que informe de este extremo. Además de Correa, el juez pregunta por las declaraciones tributarias realizadas por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo; el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los ex diputados del PP en la Asamblea regional Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; la ex esposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

El juez también se interesa por las declaraciones del empresario José Luis Ulibarri; los ex alcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Majadahonda Guillermo Ortega, Arganda del Rey Ginés López, y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, todos del PP; el ex diputado Jesús Merino; y el ex concejal en Boadilla José Galeote.

El juez también está investigando los movimientos que realizó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para acogerse a la amnistía fiscal, con la que regularizó parte de los fondos que tenía ocultos en Suiza.

Por petición de la Fiscalía Anticorrupción
También figuran en esta lista el ex presidente de Fadesa Fernando Martín, César Tomás Martín Morales, Elena Villarroya, Manuel Salinas, Amando Mayo y las sociedades UFC y Grupo Begar.

El juez ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que le solicitó la práctica de esta diligencia para verificar las "actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente" que pudieron realizar los imputados "durante el tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente procedimiento penal".

En su auto Ruz también traslada a la Intervención General del Estado (IGAE) otra documentación remitida por el ex presidente de Fadesa, a fin de que "sea valorada en ejercicio de las funciones encomendadas".