viernes, 16 de diciembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; GUÍA PARA NO PERDERSE ENTRE TRAJES Y COHECHOS

Camps y Costa en el banquillo de los acusados. / CARLES FRANCESC
Después de tres días de juicio van encajando las piezas del complejo mecanismo utilizado para la apropiación ilegal de fondos públicos

José Manuel Romero

Tres días después de que se iniciara el juicio a una etapa de Gobierno (2004-2008) en la Comunidad Valenciana, van encajando las piezas del complejo mecanismo utilizado para la apropiación ilegal de fondos públicos. Son las que siguen:

1.- Los jefes del PP valenciano (que manda en esa comunidad desde hace 18 años) y del Gobierno valenciano, se vestían en una tienda de ropa de Madrid por recomendación de quien era su amigo, Álvaro Pérez, El Bigotes.

2.- El Bigotes llegó a Valencia a finales de 2003 para dirigir una empresa de nueva creación llamada Orange Market, perteneciente al imperio de Francisco Correa, con negocios en numerosas administraciones gobernadas por el PP. Desde el primer día, El Bigotes hizo caja con Orange Market gracias a la generosidad del Gobierno valenciano (ocho millones de euros de facturación en cuatro años). Casi todas las consejerías del Gobierno del PP le adjudicaron contratos, la mayoría a dedo. Además, El Bigotes y su empresa organizaron en exclusiva todos los actos que celebraba el PP valenciano (varios millones de euros en facturación cada año).

La persona que vivía de los contratos que le adjudicaba el Gobierno valenciano y de los actos que le encargaba el PP valenciano, se hizo muy amigo del presidente valenciano y del secretario general del PP valenciano, a los que asesoraba sobre trajes y agasajaba con otros artículos exclusivos.

3.- Francisco Camps adquirió trajes en la tienda de Madrid que aconsejaba El Bigotes. Era austero en su vida -“racanillo”, según su abogado- pero no en su indumentaria. Compraba sus trajes habitualmente en El Corte Inglés a una media de 1.500 y 2.000 euros la pieza. Pero en Madrid (Milano o Forever Young) costaban la mitad y por eso se animó a seguir los consejos de El Bigotes, según explicó él mismo al juez. Cuenta que los pagó siempre en efectivo con dinero que la mujer sacaba de la caja de la farmacia que regenta en el centro de Valencia. En toda la causa (19.000 folios) no existe ni un solo testimonio de personal de la tienda de ropa que así lo acredite. Además, no guarda ninguna factura porque nunca las pide para que nadie piense que las carga al erario público. Aunque los establecimientos comerciales no necesitan que el cliente pida el recibo, pues lo emiten, se lo dan en mano o lo meten en la bolsa donde va la mercancía adquirida. Pero tampoco las tiendas guardan copia de los recibos emitidos a Camps.

4.- La tienda Forever Young guarda numerosos documentos (albaranes, hojas de pedido, certificados de pago, trasferencias bancarias) con la historia comercial del cliente Camps. Ninguno de esos documentos acredita que el ex presidente valenciano pagara sus trajes, sino todo lo contrario. Hay trasferencias bancarias y apuntes manuscritos de la propia tienda que probarían que esos trajes se pagaron con fondos de las empresas de la denominada red Gürtel.

5.- Con Ricardo Costa pasa lo mismo. Hay múltiples documentos de la tienda de ropa sobre varios trajes, pero el ex secretario general del PP valenciano asegura que solo compró uno y para acreditarlo muestra que sacó 1.000 euros de una cuenta corriente de su propiedad. Sus conversaciones con El Bigotes destapan una relación de compadreo muy especial.

6.- Una directiva de la trama, Isabel Jordan, fue el primer hilo que dirigió la investigación hacia la Comunidad Valenciana y Francisco Camps. En una conversación que le grabó un compañero, Jordan se quejaba de que la empresa que dirigía (Easy Concept, una firma de la red corrupta) tenía que asumir en sus cuentas el pago de regalos de trajes al ex presidente valenciano, Francisco Camps. Ella ha declarado ante el juez que lo dijo porque así se lo dijo quien llevaba las cuentas, Javier Nombela, otro trabajador de la trama, pero que no puede confirmarlo. La confirmación de eso que ella dijo sin tener las pruebas, solo la sospecha, llegó a través de la investigación judicial, que recabó los documentos y los testimonios que acreditan aquello que declaró en su día Jordan a un compañero que la grabó.

7.- Francisco Camps aseguró que su única relación con El Bigotes tenía que ver con los actos que organizaba para el PP de la Comunidad Valenciana. Las grabaciones escuchadas en el juicio demuestran cómo El Bigotes tenía poder e influencia en el Gobierno valenciano, al que le preparaba numerosos actos y le gestionaba entrevistas con distintas personas.

8.- Los acusados demostraron en sus años de negocio en la Comunidad Valenciana un criterio muy lucrativo para elegir a los corrompidos. Los que recibieron trajes, según la investigación judicial fueron:

- Rafael Betoret era jefe de gabinete de la consejería de Turismo del Gobierno valenciano. Tenía un cargo muy menor pero fue el que logró más trajes gratis. Su departamento fue el que más dinero adjudicó a la trama corrupta (más de la mitad de todo lo facturado en cuatro años). Desde que El Bigotes llegó a Valencia no hubo ninguna empresa distinta a la suya que hiciera para la Comunidad Autónoma el pabellón turístico con el que presumían en las distintas ferias.

- Ricardo Costa era jefe del PP valenciano, un cliente seguro con el que Orange Market facturaba varios millones de euros al año.

- Y Francisco Camps y Victor Campos eran presidente y vicepresidente del Gobierno autónomo.

9.- Los empresarios corruptos que supuestamente sobornaron a políticos se han sentado en el banquillo de los testigos, porque los jueces que instruyeron en Valencia esta causa saparada de la rama general del caso Gürtel, consideraron que no se podían sentar en el mismo banquillo de los juzgados por cohecho impropio. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia celebra un juicio donde se sientan unos políticos por aceptar regalos. Y sin embargo, quienes pagaron esos regalos para sobornar a los políticos, acuden como testigos. Pero estos empresarios corruptos, obligados por la Ley a decir la verdad como testigos, han preferido guardar silencio para evitar que su testimonio pueda ser utilizado en su contra en los juicios que tienen pendientes por idéntico motivo en otros tribunales.

10.- Lo que olía a podrido antes de comenzar el juicio, sabe a podrido tres días después. Quedan algunas sesiones para que concluya la primera causa importante abierta a un presidente autonómico desde 1998, cuando el socialista Gabriel Urralburu, jefe del Ejecutivo navarro, fue condenado a 11 años de prisión y casi cinco millones de euros de multa por cohecho y fraude (cobró comisiones millonarias por adjudicar obras públicas a determinadas constructoras). A Camps, la acusación particular le pide tres años de cárcel y la fiscalía una multa de cinco meses y 15 días (41.250 euros).

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"CASO GÜRTEL"; LA PUNTA DEL ICEBERG DE LA TRAMA

José Luis Peñas, el jueves, declarando ante el TSJ valenciano, que sigue el juicio contra Camps. EFE
El jurado escucha las cintas que implican a los imputados en la 'Gürtel'

SERGI TARÍN Valencia

Soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales o malversación de fondos públicos. Estas son algunas de las pestilencias más penetrantes de la Gürtel y que aparecen descritas con minuciosidad en las 17 horas registradas clandestinamente por José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda.

Durante dos años, entre 2005 y 2007, Peñas mantuvo largas conversaciones con los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. El material fue depositado en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2007 y, un año y medio después, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, hizo estallar toda la dinamita.

El hedor de la Gürtel cubrió por completo varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, especialmente la valenciana y la de Madrid. Una onda expansiva que dejó decenas de imputados por corrupción y un sinfín de ramificaciones delictivas que se investigan en diversos juzgados.

En una grabación, Jordán confirma que abonó 30.000 euros para los trajes Peñas acudió el jueves al Tribunal Superior de Justicia valenciano para testificar en el caso de los trajes. Camps siguió con la nariz la llegada del testigo, como si olisqueara las purulencias que estaba a punto de escuchar. La primera se refirió a una conversación de hora y media, de la que se escuchó un largo fragmento en la sala, en la que Isabel Jordán, responsable de la empresa Easy Concept, matriz de la trama, explicaba con tono enojado que hubo de abonar “30.000 euros para pagarle los trajes al presidente Camps”.

No fue el único diálogo con salpicaduras para el exjefe del Consell. Peñas argumentó que, en al menos dos conversaciones con Francisco Correa, este le recomendó un sastre que le podía dejar los trajes a “buen precio” y que era el mismo que realizaba “todas las cosas para la Comunidad Valenciana, para el señor Camps y Costa”.
 
Parabienes y ascendencia
A preguntas de la Fiscalía, el exedil de Majadahonda desgranó la estructura de la trama, un iceberg de compactas y graves corruptelas con el vértice en la superficie del presunto soborno a los políticos. “Un relaciones públicas, muy agradable, muy cercano”. Así fue el perfil que trazó Peñas de Álvaro Pérez, el lugarteniente de Correa en Valencia, “quien hablaba de su trabajo aquí como si fuera un chiringuito”. “De hecho –subraya Peñas–, su maniobrabilidad en Valencia era inmensa, entraba y salía de donde quería, sobre todo en la televisión autonómica”.

El exedil del PP que destapó la trama desgrana su estructura Tal era la ascendencia de la trama sobre los políticos valencianos, según cuenta Peñas, que hasta llegaron a proponerle trabajar en la Feria de Valencia. “Ellos venían de un momento crítico del PP en Madrid [la derrota electoral de Rajoy en 2004] y obtuvieron en Valencia un cobijo muy importante. Tenían toda la facilidad del mundo y sólo escuché parabienes sobre sus gestores [los políticos valencianos]”.

Por su parte, el abogado defensor de Camps, Javier Boix, intentó desacreditar a Peñas ante el jurado. El letrado dejó caer que el exedil conservador se habría movido por venganza tras ser expulsado del PP de su localidad al no aceptar la disciplina interna del partido.

También atacó el hecho de que Peñas consiguiera las grabaciones aprovechando su estrecha amistad con Correa, dejando entrever que alguien que traiciona a sus íntimos no es de fiar.

Peñas se revolvió contundente: “Veía irregularidades que consideraba que debía comunicar. Podría haberme ido a mi casa y dormir un poquito mal. Todo lo que he aportado ha sido comprobado, más tarde, por la Policía y la Agencia Tributaria”.


público.es

"CASO URDANGARÍN"; CAMPS COMPROMETIÓ EL PAGO DE SEIS MILLONES A NÓOS POR UN EVENTO SIN FECHA

El convenio para los inexistentes Juegos Europeos quedó truncado pero, aun así, la ONG de Urdangarin cobró 382.000 euros

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID

Quince meses después de garantizar en 2004 al Instituto Nóos 3,1 millones por el montaje de tres minicumbres turístico-deportivas, las llamadas Valencia Summit, el Gobierno de Francisco Camps comprometió otros seis millones en favor de la ONG de Iñaki Urdangarin. Lo hizo a través de un convenio de contenido aún más difuso que el anterior y cuyo objetivo era el diseño de unos Juegos Europeos cuya celebración no daban por segura los firmantes del acuerdo y para los que ni siquiera se fijó una fecha estimativa.

Suscrito el 23 de diciembre de 2005, víspera de Nochebuena, "a propuesta" de Camps, el convenio nunca llegó a ejecutarse. Aun así, Instituto Nóos cobró 382.203 euros en 2006 en pago a trabajos relacionados con ese convenio y de cuyas características nunca ha informado la Generalitat.

El acuerdo preveía que Presidencia hiciera directamente los pagos

El acuerdo, del que informaron ayer a Público fuentes del caso, establecía que los fondos para la entidad sin ánimo de lucro saldrían directamente del presupuesto de la Presidencia de la Generalitat. Su firma se produjo el mismo día en que el Consell de la Generalitat dio su aprobación previa al proyecto "a propuesta" de Camps.

Rubricado por el entonces vicepresidente valenciano, el hoy condenado en el caso de los trajes Víctor Campos, la primera cláusula del convenio ilustra la distancia entre la vaguedad de lo pactado y la envergadura de la contrapartida económica. El texto dice lo siguiente: "El objetivo principal consiste en el fomento de todas las actuaciones que se lleven a cabo por parte de Instituto Nóos que contribuyan al diseño y elaboración del dossier de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, así como al conocimiento de las posibilidades reales de la Comunidad Valenciana como sede, a la presentación del proyecto a las instituciones olímpicas y europeas y, en su caso, a recabar los apoyos que pudiesen ser necesarios".

Es decir, que la Generalitat firmó un acuerdo por el que se disponía a abonar seis millones con cargo a los presupuestos de 2006 y 2007 sin saber si el proyecto era viable y con una sola coletilla como cláusula de salvaguarda: "La vigencia y efectividad del presente convenio quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de dicho ejercicio". De los seis millones prometidos, 4,8 serían para gastos corrientes y 1,2 para gastos de inversión.

Su firma se produjo el mismo día en que el Consell autorizó el proyecto

Al enumerar las actividades asignadas a Nóos, cuyo presidente acababa de abandonar el Comité Olímpico Español (COE), el convenio incluye un párrafo también vago pero sugerente sobre cómo el perfil lobbista del yerno del rey interesaba a Camps. La misión era esta: "Asesoramiento en la puesta en marcha de las acciones que puedan contribuir a la potenciación y optimización de las ventajas estratégicas para la Comunidad Valenciana en el ámbito internacional derivadas de la celebración en la ciudad de Valencia de la Copa América 2007". Así comienza el párrafo. Y acaba así: "De un modo particular, se tendrán en cuenta las repercusiones de estas ventajas en los países de abanderamiento de las embarcaciones que compiten en este evento y, de modo singular, en China". Qué tenía que hacer exactamente Nóos con el Gobierno chino o cualquier otra institución del gigante asiático es algo que el convenio no detalla.

En teoría, Instituto Nóos no desarrolló ningún proyecto directamente ligado a la Copa América. Pero, como ya publicó este diario, un antiguo empleado del Instituto Nóos desveló recientemente en una entrevista que la ONG había mediado en el contrato por el que Valencia obtuvo la 32ª edición de la competición de vela.

Con una vigencia de dos años del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007, el convenio anticipaba la opción de una duración mayor. "Se podrá prorrogar anualmente a su vencimiento si ambas partes muestran su conformidad y existe disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente".

La Generalitat admitió en el texto que no sabía si la idea era viable

El hecho de que se trate de un convenio bienal choca de plano con otra cláusula: la que señala que "la justificación del gasto se llevará a cabo [...] siempre antes del día 31 de diciembre de 2006". Si los firmantes del convenio creían que promover Valencia como sede de unos inexistentes Juegos Europeos requería dos años, no se entiende por qué el gasto debía acreditarse en la fecha reseñada.
 
Compromiso firme de gasto
En mayo de 2006, cinco meses después de la firma del convenio para los Juegos, la Generalitat incorporó al texto una adenda para "concretar la aportación" de la Generalitat en lo relativo al ejercicio 2006. El nuevo texto cifraba en tres millones de euros su aportación de ese año para "gastos corrientes" de Instituto Nóos en relación al convenio. Por qué la Generalitat cerró el grifo es una incógnita. Y ya se ha resuelto otra: más de dos tercios de los 382.000 euros que cobró Nóos fueron a parar a la empresa subcontratista que realmente montó la oficina del proyecto y comenzó a preparar los dossieres.

El acuerdo mostraba interés por que Nóos hiciera trabajo de lobby en China

En septiembre de 2004, y mientras ocupaba el cargo de vicepresidente en esa gran plataforma de poder fáctico que es el Comité Olímpico Español (COE), Urdangarin había organizado con el Instituto Nóos la primera cumbre Valencia Summit. Aquellas primeras jornadas de 2004, cuyo objetivo declarado era buscar sinergias entre turismo y deporte, reportaron al Instituto Nóos 1,04 millones de euros, pese a que el grueso de los gastos fue soportado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Hubo dos ediciones más, a razón de 1,04 millones para Nóos cada una.

Y, como en el caso de Valencia Summit, no fue Urdangarin quien firmó el convenio para los Juegos Europeos. Estampó su rúbrica Diego Torres, entonces número dos de Instituto Nóos, luego sucesor de Urdangarin al frente de la ONG y ahora imputado por el juez que investiga dentro del caso Palma Arena los manejos del aristócrata y su socio para "apoderarse" dice uno de sus autos de fondos públicos.

Los hechos demostraron que los Juegos Europeos eran una carísima quimera. Fuentes políticas valencianas conocedoras de aquel episodio aseguran que sectores del PP presionaron a Camps para que desistiera de la idea y dejase así camino libre a Madrid en su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2016.

Cuando quedó signado, el yerno del rey acababa de abandonar el COE

Hasta la fecha, la Generalitat se ha negado a facilitar a la oposición los acuerdos suscritos con Instituto Nóos. Desde que estalló el escándalo, el Gobierno de Alberto Fabra se ha limitado a repetir que los convenios son legales y fueron validados por la Sindicatura de Cuentas, pese a que el órgano fiscalizador valenciano dijo todo lo contrario y censuró la opacidad aplicada y la vulneración del principio de libre competencia.

Haya o no nexo causal, lo cierto es que, como informó ayer Público, también la candidatura olímpica madrileña pagó al conglomerado Nóos: 144.000 euros fueron a parar, entre 2007 y 2009, a las cuentas de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS) gracias a un convenio sugerido por Urdangarin y Torres al Consistorio madrileño.

Formalmente capitaneada por Diego Torres, la fundación DCIS es la propietaria de la empresa De Goes Center Stakeholder Management SL, a la que los investigadores del caso atribuyen el desvío a cuentas extranjeras opacas de fondos captados por el Instituto Nóos. En 2007, De Goes Center transfirió 50.000 euros a Reino Unido. Lo hizo un día después de que el Instituto Nóos comenzara a enviar a ese mismo país 11 remesas que sumaron 420.000 euros. Quienes siguen el caso sospechan que Londres era el puente en la ruta del dinero hacia una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Belice.

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"CASO MAQUILLAJE"; MUNAR Y NADAL SE SENTARÁN EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS EL 14 DE MAYO

En la sección segunda de la Audiencia

ELMUNDO.es | Palma

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha señalado para los días del 14 al 18 de mayo y del 28 de mayo al 1 de junio de 2012 el juicio por la pieza separada del caso Maquillaje por el presunto desvío de 240.000 euros de las arcas de la Institución insular a la realización del programa radiofónico 'Temps d'Esport' a sabiendas de que nunca sería emitido.

En esta pieza, el Ministerio Fiscal acusa a diez personas, entre ellas la ex presidenta del Consell de Mallorca y del Parlament Maria Antonia Munar, y el ex conseller Miguel Nadal, de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, abrió esta pieza en el marco de un complejo procedimiento que a nivel global investiga un presunto desvío de fondos públicos desde la administración supramunicipal a empresas audiovisuales afines a UM. Una vez finalizada su instrucción, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron su escrito de calificación contra un total de diez acusados.

En este contexto, el Ministerio Público sostiene que una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal, defendido por José Zaforteza, se hicieron con el control mayoritario de la productora Vídeo U intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" a fin de otorgarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Así fue como la Institución tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones no llegó a difundirse.

En concreto, la acusación pública considera que estos hechos constituyen delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas a funcionarios, de falsedad en documento oficial y de falsedad en documento mercantil. Junto a Munar y Nadal, también se encuentran acusados los presuntos testaferros de ambos en Vídeo U, Miquel Sard y Víctor García, los socios originarios de esta empresa, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullán, los administradores de Studio Media Elisabeth Diéguez y Alfredo Conde, y la ex directora insular de Comunicación, Margarita Sotomayor.

Munar defendió en la declaración que prestó ante el juez instructor que si las subvenciones del programa se otorgaron "es porque se podían dar", ya que "otra cosa es que se haya hecho un mal uso de la subvención y nadie me advirtió de ilegalidad ni había ningún informe en contra, y si no hay informe, lo más normal es firmar". Además, negó haber adquirido el 25 por ciento de Vídeo U, una de las productoras a las que presuntamente el Consell desvío más de cuatro millones de euros la pasada legislatura mientras Munar era máxima responsable de la Institución.

Cabe destacar que ésta no es la única causa en la que la ex dirigente 'uemita' está siendo investigada. Contra ella la Fiscalía también solicita seis años de cárcel dentro del caso Can Domenge, que indaga la venta del solar palmesano por la mitad de su valor en el mercado, mientras que también se encuentra imputada en el caso Voltor, que trata de averiguar si durante la legislatura recién finalizada se desviaron fondos desde el Inestur a empresarios próximos a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares.

Además
    * Los protagonistas de Maquillaje

elmundo.es

"OPERACIÓN BABEL"; ESTÉBAN GONZÁLEZ PONS FIRMÓ EL CONVENIO DE CINCO MILLONES CON IÑAKI URDANGARÍN

INVESTIGACIÓN | Novedades del 'caso Nóos'

* Suscribió el proyecto de Juegos Europeos otorgado cuando era 'conseller'
* Aunque Nóos no realizó ningún trabajo, el duque de Palma cobró 382.000 €
* Diego Torres justificó gastos con facturas ya cobradas al Gobierno balear

Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta | Madrid

El portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, firmó cuando era conseller del Gobierno valenciano el convenio suscrito con Iñaki Urdangarin para que "consiguiera" y "organizase" los Juegos Europeos. El presupuesto de este proyecto adjudicado a dedo en 2005 era de cinco millones de euros. El duque de Palma se llevó finalmente 382.000 euros, pese a que el evento jamás se celebró ni pasó de ser una mera idea sobre el papel.

El socio de Urdangarin Diego Torres justificó ante la Generalitat valenciana estos 382.000 euros y los otros tres millones percibidos por los dos congresos Valencia Summit con facturas reales, pero también con un sinfín de justificantes de los congresos sobre Turismo y Deporte (Illes Forum) cobrados anteriormente al Govern balear.

González Pons firmó de su puño y letra el convenio por el que la Generalitat valenciana se comprometía a pagar a Iñaki Urdangarin cinco millones de euros públicos si conseguía que Valencia albergase los Juegos Olímpicos Europeos. Este documento, que ha sido intervenido por la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción en la denominada 'operación Babel', data del 23 de diciembre de 2005.

Este acuerdo se concretó posteriormente con la firma de un apéndice el 26 de mayo de 2006, en el que se fijaba la aportación dineraria de la Generalitat de acuerdo con la línea de Presupuestos de dicho ejercicio. Finalmente, el Instituto Nóos que presidía el marido de la Infanta Cristina no consiguió que Valencia fuera la sede del evento deportivo.

El juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin, considera, y así lo ha argumentado en los autos mediante los que ordenó la entrada y registro en Nóos y sus empresas satélites el pasado 7 de noviembre, que los políticos del PP tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana se aferraron ilegalmente a la fórmula del convenio para otorgar a dedo los fondos al marido de la Infanta Cristina y anular cualquier posible competencia.

Se da la circunstancia de que el propio González Pons se ha pronunciado públicamente en relación al caso Urdangarin durante los últimos días para destacar que "la Justicia tiene que llegar hasta el final en todos los casos".

"CASO GÜRTEL"; MILANO REGISTRABA LOS TRAJES DE CAMPS A NOMBRE DE LOS CABECILLAS DE GÜRTEL

Según un empleado de la tienda de moda

* El empleado incluso dice haber visto a Camps en Forever Young y Milano
* 'El Bigotes' tenía una cuenta con deudas de Camps y Costa que pagaba Crespo
* Avala que había dos tiques a su nombre pendientes de pago en enero 2006
* Las fechas no coinciden con el relato de los hechos del ex presidente
* La deuda se acabó registrando con la anotación 'Comunidad Valenciana'

R. Terrasa | F. Álvarez | I. Pérez | Valencia

El quinto día del juicio contra Camps y Costa, el cuarto de declaraciones, se ha quedado sin 'famoseo'. Algo menos de prensa en el interior del TSJ, menos fotógrafos en la entrada y ningún manifestante (ni a favor ni en contra) en los accesos al Tribunal. Turno para los testimonios de los empleados.

Los interrogatorios han dado frutos para la acusación. Especialmente el de Víctor Sanfelipe, ex trabajador de Milano y Forever Young, que ha narrado sin tapujos cómo funcionaba la trama corrupta.

El encargado ha explicado, a preguntas de la fiscal, que 'El Bigotes' tenía una cuenta en la que le apuntaban deudas de Francisco Camps y Ricardo Costa, los dos imputados en la causa. "El traje era Camps, pero la factura se registraba a nombre de Pablo Crespo", ha apostillado.

Según esta misma versión, era el 'número dos' quien abonaba a la firma de moda dicha cuenta o bien por transferencia bancaria o bien con cheques.

Sanfelipe ha dado más detalles. Ha asegurado haber visto en Milano y Forever Young al ex presidente valenciano, al que ha definido como "una persona muy especial para las medidas". Además, según el testigo, el sastre José Tomás se desplazaba a Valencia para tomárselas a todos.

Por la mañana, se ha sentado ante el juez Elena Victoria Rodríguez, empleada de Milano durante más de tres horas. Fue cajera y vendedora en el establecimiento y ha soportado un largo interrogatorio que, por parte de las acusaciones, pretendía desmadejar el sistema de facturación de la tienda que regentaba el sastre José Tomás y de donde, presuntamente, salieron las prendas regaladas.

La fiscal ha conseguido entender que cada encargo generaba un tique con un número que servía a la empresa para seguir el recorrido de la cuenta pendiente cuando no se pagaba en el momento.

Para llegar ahí se han visualizado cuadernos de ventas, notas de gastos, facturas, recibos y códigos como el 946 (prendas a medida). Se han visto inventarios con los nombres de Ricardo Costa, Rafael Betoret, Víctor Campos o Pedro García. La empleada ha dicho que Álvaro Pérez era cliente habitual, pero nunca vio por allí ni a Costa ni a Camps.

Sí ha avalado que en la tienda existían dos tiques de ropa pendientes de pago en enero de 2006 con un papelito grapado en el que ponía Camps. La deuda se acabó registrando con la anotación "Comunidad Valenciana". Las fechas no coinciden con el relato de los hechos del ex presidente, que dijo que no encargó ningún traje hasta "finales de la primavera" de ese año.

Le han preguntado si conocía facturas de ropa a las que se cambiaba el concepto y pasaban a ser compras de "mantelería, cristalería o tapiz". Ha dicho que ella nunca las vio pero sí oyó rumores de esa práctica.

Antes la defensa de Camps también ha reconocido que oyó a alguien decir que Camps había devuelto los trajes. Tanto Javier Boix como Juan Casanueva han tratado de responsabilizar a José Tomás, el sastre, de los tiques a nombre del ex presidente. "¿Puede ser que en un tique se pusiera un nombre que no correspondiera?" "¿Pudo hacerlo José Tomás?".

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* A la espera del sastre en el 'juicio de los trajes'
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