miércoles, 10 de junio de 2009

EL JUEZ IMPULSA EL "CASO MALAYA" CON SEIS NUEVAS IMPUTACIONES


Declaran hoy por presunto blanqueo.

Muñoz, Pantoja y Zaldívar están acusados



Juan Antonio Roca llega al juzgado para declarar el pasado mes de diciembre. EFE




El PP lleva a la Fiscalía la contabilidad del Parque de las Ciencias y pide una auditoría

J. M. CAMACHO. MÁLAGA

El instructor del «caso Malaya», Óscar Pérez, tomará hoy declaración a seis nuevos imputados en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella por delitos de blanqueo, en el que se encuentran imputados, entre otros, el ex alcalde Julián Muñoz, su ex pareja Isabel Pantoja, y su ex mujer, Mayte Zaldívar.

El instructor de la trama de corrupción marbellí ha citado también a siete testigos, la mayoría relacionados con el mundo de la ganadería, para investigar la venta de más de un centenar de cabezas de ganado en el 2003 a Julián Muñoz y la compraventa de casi 300 reses. Los testigos serán interrogados el próximo 16 de junio.

En esta pieza separada se encuentran imputados, entre otros, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, su ex pareja Isabel Pantoja, y su ex esposa Maite Zaldívar, que fue detenida en noviembre en el 2007 y quedó en libertad tras abonar una fianza de 90.000 euros. También figura el ex concejal del GIL Manuel Calle por su presunto papel de «intermediario» en la compraventa del chalé Mi Gitana, situado en la urbanización La Pera.

Procedencia ilícita
Según la policía, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar conocían la procedencia ilícita de los beneficios logrados por Julián Muñoz y colaboraron para «ocultar» el origen de ese dinero sin que ambas puedan «alegar en modo alguno desconocimiento del origen de los fondos que han contribuido a ocultar y disfrazar».

La Policía considera «suficientemente acreditada» la participación de Muñoz «en numerosos hechos presuntamente delictivos, que le generaron un importante beneficio económico».

Los investigadores mantienen que Muñoz lavó el dinero ilegal utilizando su estructura familiar, primero con su ex cónyuge, Maite Zaldívar, y su entorno familiar, y después con Isabel Pantoja.

Por otra parte, el juez también investiga al ex alcalde de Marbella por otorgar una licencia de primera ocupación al hotel Guadalpín un día después de que Isabel Pantoja comprara un apartamento en dicho inmueble por 330.000 euros.

Muñoz concedió por decreto a la entidad Confira, que pertenece al grupo Aifos, la licencia de primera ocupación el 25 de febrero de 2003, un día después de haberse formalizado la escritura de esta suite de 180 metros cuadrados, a pesar de los informes en contra de los técnicos de Urbanismo. El entonces alcalde de Marbella ya pensaba en Isabel Pantoja para que fuera la imagen de la ciudad. El 28 de febrero, Día de Andalucía, Muñoz hizo público que la tonadillera se vincularía al Ayuntamiento para promocionar la localidad.

El 24 de febrero de 2003, Franbel Artis, S.L., una de las sociedades de la cantante Isabel Pantoja, compró por 330.556,66 euros (unos 55 millones de pesetas) el apartamento 105 del Hotel Guadalpín Marbella, según figura en el Registro de la Propiedad número 3 de Marbella.

La operación fue muy ventajosa para la tonadillera, ya que los precios de los apartamentos en el hotel, similares a los que compró la cantante, estaban valorados «entre 480.000 y 600.000 euros», según fuentes del sector de la construcción. El depósito de cuentas de Franbel Artis del Registro Mercantil de Málaga no reflejó en sus balances contables de ese año ninguna transacción o movimiento por esta suma, ni en el apartado de inmovilizados, ni en el apartado de compras.

Al respecto, se da la circunstancia de que esta empresa tuvo pérdidas en ese mismo ejercicio de 2003 de 6.419,44 euros, que ascendieron a 137.860,84 en 2004. Cantidades considerables para afrontar la adquisición de un inmueble de esas características y tamaño en un hotel de cinco estrellas.

Franbel Artis, S.L., la sociedad de Isabel Pantoja constituida en 1999, recibió subvenciones de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz destinó 38.571,71 euros (6.417.793 pesetas) para la «construcción de un hotel en el medio rural», como refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía numero 6 del 15 de enero de 2002. Esta empresa tiene como cometidos de su objeto social la explotación de estaciones de servicio para el suministro de carburantes y combustibles y el desarrollo de negocios referentes a productos textiles.

¿De quién es el chalé «Mi gitana»?
El empresario Roberto C. M, declarará hoy ante el juez por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Este nuevo imputado en el «caso Malaya», amigo de Julián Muñoz, a través de su sociedad, Hamurabi S.L., podría haber prestado 235.596,74 euros a la sociedad Panriver 56 S.L., propiedad de Isabel Pantoja, para pagar el impuesto de IVA correspondiente del chalé «Mi gitana», cuyo precio fue escriturado en 3,3 millones de euros. El inmueble fue vendido a la tonadillera sevillana por la sociedad Huracán del Oeste Inversiones S.L., propiedad de los promotores inmobiliarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, procesados en el «caso Malaya» y relacionados con el ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca. La administradora única de la sociedad Huracán del Oeste, María A. B., testaferro de Sánchez y Liétor, declarará también por su «intervención» en la adquisición del citado chalé. Otros imputados son Paula V., Alicia V., y Gonzalo V, familiares del empresario procesado en la «Malaya» José Miguel Villarroya Villar, por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. El juez interrogará a estos nuevos imputados en la «Malaya» por «la venta de sus participaciones en la entidad Senior Servicios Generales Madrid S.L. a María Teresa Zaldívar». Varios de los bienes inmuebles, así como un vehículo de la familia Muñoz-Zaldívar figuran a nombre de la sociedad Senior Servicios. La sociedad Value S.L., propiedad del empresario Villarroya, fue adjudicataria de contratos por parte de la sociedad municipal marbellí Patrimonio Local S.L. cuando Muñoz fue alcalde de Marbella.

ABCDESEVILLA.ES

EL INTERVENTOR DE IBI ACUSA A UNA EX EDIL DEL PP DE HACER FACTURAS ILEGALES


Admite ante el juez que no se fiscalizó la recaudación del polideportivo

LUCÍA GADEA - Alcoi

El interventor del Ayuntamiento de Ibi, gobernado por el PP, Pedro García Vargas, aseguró ayer al juez que no se fiscalizó la recaudación del polideportivo municipal y responsabilizó de esa "ocultación" a la ex edil de Deportes, la popular Ana Sarabia, a la que acusó de presentar al cobro facturas irregulares. El funcionario, con más de 30 años de antigüedad en la corporación, compareció como testigo ante el titular del Juzgado número 2 de Ibi, que dirige la investigación por supuesta malversación de caudales públicos del Ayuntamiento.

El juez investiga el desvío de dinero público para uso privado de ediles

El testigo, según fuentes judiciales, calificó ante el juez de "auténtico descontrol" la contabilidad del polideportivo municipal. Reconoció que no se fiscalizó la recaudación y que la responsable política del polideportivo, la mencionada Sarabia, presentaba factura "irregulares" en algunos casos sin incluir el preceptivo IVA. El funcionario también se ratificó en la documentación sobre la contabilidad del Ayuntamiento que remitió a la Fiscalía.

El interventor, no obstante, señaló al magistrado que no sabía nada en torno a una supuesta caja B desde la que se desviaban los fondos del polideportivo para supuestamente financiar actividades privadas de la ex concejal Sarabia.

La declaración del interventor está en consonancia con la realizada el pasado 21 de mayo por el gerente del polideportivo. Éste aseguró al juez que "hubo desvío voluntario de dinero" de la recaudación de la instalación. El gerente fue más allá, y llegó a asegurar al magistrado que la alcaldesa, la campista Maite Parra, era conocedora de esas irregularidades.

El juez, a instancias de una denuncia de la Fiscalía, investiga el pago de facturas de viajes, ropa y comidas con cargo a la recaudación del polideportivo municipal. El ministerio público considera responsable de estos hechos a la ex edil de Deportes Ana Sarabia. Ésta dejó el cargo nada más tener conocimiento de que la Fiscalía había abierto una investigación. El magistrado, no obstante, ha optado por iniciar la instrucción con el interrogatorio de los testigos, y aún no ha acordado ninguna imputación. En las diligencias está personado como acusación popular el Grupo Socialista municipal.

La declaración del interventor como testigo es una de las 17 que había propuesto el fiscal en el escrito que dirigió al juzgado de Ibi para la apertura de diligencias el pasado abril. El interventor ya remitió al fiscal seis carpetillas con la documentación contable oficial del Ayuntamiento de Ibi, referida al polideportivo municipal entre los años 2004 y 2008.

ELPAÍS.COM

EL SUPREMO ADMITE UNA QUERELLA CONTRA UN SENADOR DEL PP


Eugenio Gonzálvez, también alcalde de Gádor, adjudicó obras sin licencia

JULIO M. LÁZARO - Madrid

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella contra el senador del PP y alcalde de Gádor (Almería), Eugenio Jesús Gonzálvez García, por hechos relativos a las "adjudicaciones de un contrato administrativo de obras sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación"

El fiscal había interesado que se pudiese trasladar íntegro un procedimiento contencioso al juzgado de lo contencioso número 2 de Almería y tras examinar el mismo ha aprobado la admisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha designado instructor al magistrado Miguel colmenero.

La Fiscalía vio indicios de delito en la adjudicación de un contrato de obras que ascendió a 144.837 euros pero que se tramitó pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local expresó su "reparo", informa EP. Según subraya el auto del tribunal, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ ENCARGA OTRO INFORME PERICIAL SOBRE LAS FACTURAS FALSAS DE BAENA


CÓRDOBA | Reclama que el perito sea experto

Toñi Caravaca | Córdoba

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad cordobesa de Baena ha ordenado la realización de un nuevo informe pericial independiente a un especialista en arquitectura y urbanismo sobre las facturas que han dado lugar al llamado caso de las 'facturas falsas' presuntamente emitidas por el Ayuntamiento baenense, cuyo alcalde es el senador del PSOE Luis Moreno. Conviene recordar que, según informes de la Policía Judicial, dichas facturas habrían servido para financiar juergas de personal de confianza del regidor en el club de alterne de Marbella: el Milady Palace.


El famoso informe elaborado por un técnico de la empresa Tinsa, con el que el Consistorio y todos los acusados confiaban en que se procediera al archivo inmediato de la causa, está más en entredicho que nunca. En este sentido, resulta sintomático que antes incluso de que su autor acuda hoy jueves a declarar como testigo y a justificar el contenido de su trabajo, el juez ya haya ordenado la realización de un segundo informe independiente, exigiendo además a quien lo realice que pueda demostrar una titulación acorde al trabajo técnico realizado, según confirmaron a EL MUNDO de Andalucía fuentes cercanas al caso.


La clave para que ha hecho tambalear ese primer informe es otro presentado por la acción popular, elaborado por un arquitecto superior y urbanista que también comparecerá mañana en el juzgado de Baena, que acreditaría «la falta de rigor y veracidad» del elaborado por el técnico de Tinsa, quien curiosamente no explicitaba su titulación profesional en el dossier que remitió al juzgado.

Mientras tanto, la instrucción del caso sigue en marcha. Ayer testificaron otras tres personas, entre ellas J.C.L., el funcionario que hizo –por orden directa del alcalde– el informe remitido al juzgado por el Ayuntamiento acreditando la veracidad de las facturas; informe contaminado, ya que este trabajador era el mismo que dio el visto bueno a los citados recibos entre junio de 2005 y junio de 2007. Si acreditara a día de hoy su falsedad, estaría abriendo las puertas a su propia imputación.

Según fuentes consultadas por este periódico, J.C.L. recalcó ante el juez «que cuando daba el visto bueno a esas facturas es porque las obras estaban ya hechas o los materiales comprados».


Las mismas fuentes puntualizan que el trabajo del técnico municipal se limitaba a firmar los recibos que recogían las cuantías que se tenían que pagar por la ejecución de una reforma o la compra de materiales. Cómo se pagaban después lo desconocía. De esto se encargaba el Ayuntamiento, quien «cargaba a una u otra partida el gasto que esto conllevaba en función del dinero que hubiese disponible en cada una de ellas». Por tanto, la forma de pago tendrá que ser aclarado por el propio Consistorio.


Por su parte, el gerente de la Mancomunidad Guadajoz y Campiña Este, José Rafael Martos, también tuvo que declarar ayer ante el juez en calidad de testigo para justificar el pago de ciertas obras relacionadas con el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa) en Baena. Según estas mismas fuentes, Martos precisó cuáles son los trámites que se siguen para abonar una obra que está subvencionada por el Aepsa y corroboró que, efectivamente, estas obras se han realizado conforme a los datos de las facturas emitidas.

«Cuando se empiezan a comprar materiales para poner en marcha una obra del Aepsa, el dinero del INEM aún no ha llegado. Por esta razón, el Ayuntamiento lo coge de otras partidas que sí disponen de liquidez, y luego reponen cuando llega la subvención», explicaron fuentes cercanas al caso.


ELMUNDO.ES

EL PORTAVOZ PARLAMENTARIO DE AGUIRRE TRABAJÓ CODO CON CODO CON LOS IMPUTADOS DE LA GÜRTEL EN LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO


La mujer de David Pérez fue jefa de Gabinete del alcalde imputado Panero, y ahí sigue


MARCOS PARADINAS

La familia: un término que en Italia está ligado a la mafia. Por el contrario, en España está estrechamente ligado al Partido Popular. Y no sólo por la defensa a ultranza que el PP hace de esta “piedra angular” de la sociedad. Basta con hurgar un poco en las entrañas del partido para encontrarse una extensa red de matrimonios, primos, sobrinos, hijos y demás parientes. Un ejemplo: David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid (y número cuatro de Aguirre) y su esposa, Elena Cerezo, jefa de Gabinete de Arturo González Panero, El Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, y, por ende, de su sucesor, Juan Siguero

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Sin embargo, el hecho de ser matrimonio no implica, ni mucho menos saber a qué se dedica el otro, sobre todo cuando se habla de política. Y es que, después de una jornada de trabajo similar, a ninguna pareja le apetecería hablar de su día a día en la “cosa pública”. El ejemplo más claro es el de Ana Mato, número tres del PP, quien dijo que no le constaba que su marido, Jesús Sepúlveda y ex alcalde de Pozuelo, tenía un Jaguar supuestamente regalado por Correa.

Jefa de Gabinete de El Albondiguilla
Vayamos por partes. Elena Cerezo es jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde el año 2003, cuando fue nombrada por El Albondiguilla, el ex alcalde de la localidad epicentro de la Gürtel y a quien el juez impuso ayer una fianza de 1’8 millones de euros, la más alta del caso. Cerezo, sin embargo, sigue en su puesto, ratificada por el nuevo alcalde, Juan Siguero.

¿La mujer de Pérez no sabía nada?
Elena Cerezo cobra 55.000 euros anuales. Fue El Albondiguilla quien le subió el sueldo un 24% en 2008, lo que le valió la denuncia del partido Alternativa por Boadilla. Esto, junto a su nombramiento en 2003 y 2007 como jefa de Gabinete, demuestra que era de la máxima confianza de Panero. De hecho, tenía acceso directo a su agenda. ¿No sabía nada Cerezo de la trama Gürtel? Y de saberlo, ¿no le comentó nada a su esposo, habida cuenta de su relación con Esperanza Aguirre?

Codo con codo con los imputados
Quizá no hubiera hecho falta. Porque, antes de llegar a ser el portavoz del PP en la Asamblea, y el encargado de lavarle la cara a Aguirre en la Comisión de los espías, David Pérez ya había trabajado duro en el partido, en el área de organización. Y lo hizo, codo con codo, con Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, ambos imputados en el caso Gürtel. David Pérez, proviene de las filas del Ayuntamiento de Madrid, de donde fue reclutado por el entonces concejal de personal del PP, José Ramón Pin Arboledas.

Un equipo bien engrasado
Corría el año 2003, en el mes de mayo. Aguirre preparaba su primer asalto a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que curiosamente acabó con el bochornoso espectáculo del tamayazo. En aquella campaña, todos formaban un equipo bien engrasado: David Pérez hacía las notas de prensa; López Viejo, imputado por contratar a empresas de Correa, se encargaba de la “infraestructura” y Alfonso Bosch se encargaba de las convocatorias de prensa. ¿Se acuerda Pérez de sus compañeros de campaña?

ELPLURAL.COM

LOS TRES NUEVOS TESTIGOS DICEN QUE LAS FACTURAS SON AUTÉNTICAS

CÓRDOBA | Declaración en el caso de supuestas facturas falsas

Europa Press | Córdoba

Los tres nuevos testigos que hoy prestaron declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de la localidad cordobesa de Baena en relación con el caso de las llamadas 'facturas falsas', por el que dicho juzgado abrió diligencias previas en 2007, coincidieron en confirmar la autenticidad y legalidad de las facturas que, según el caso, emitieron o verificaron.

En concreto, según dijeron hoy acudió al juzgado el gerente de la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña Este, en la que se integra Baena, municipio que, además, acoge la sede de dicho organismo supramunicipal. También prestaron declaración como testigos un fotógrafo y un técnico municipal del Consistorio baenense. Todos ellos a petición de la acusación particular, que ejerce la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz.

Los dos primeros detallaron en razón a la prestación de qué trabajos o servicios cobraron diversas facturas al Consistorio de Baena, mientras que el funcionario municipal ratificó el visto bueno que ya dio a dichas facturas en su momento y también posteriormente, cuando, en el desarrollo de sus tareas habituales, se le pidió que comprobase de nuevo que las facturas eran auténticas y que se correspondían con obras o servicios reales por los que pagó el Consistorio, el cual, además, encargó una auditoría externa, que tampoco detectó ninguna irregularidad.

Así, en relación con este caso, el juzgado baenense ya dispone de un informe municipal que certifica que las facturas emitidas al Consistorio por el empresario cuya denuncia originó el caso son auténticas y se corresponden con obras ya acabadas y con costes ajustados a los precios de mercado, algo que también confirmaron ya otros dos informes periciales, encargados por el juzgado a petición de la acusación, que fueron elaborados por la empresa especializada independiente Timsa.

Dado que en dichos informes se asegura que no se ha cometido ninguna irregularidad, la acusación particular presentó después otro informe pericial propio, con el que pretende cuestionar, no sólo el informe municipal, si no también los informes emitidos por los peritos independientes.

La acusación intenta demostrar, también con la práctica de nuevas pruebas testificales, como las de hoy, que se han podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y estafa, cuestión que investiga el titular del juzgado baenense, al que hoy la fiscal del caso ha solicitado que encargue una nueva prueba pericial de las facturas, la cual, por tanto, sería ya la quinta.

En concreto, la fiscal quiere disponer de un nuevo informe elaborado por otro perito independiente, que sea experto en arquitectura y urbanismo, con la pretensión de que esa sea la prueba pericial definitiva en este caso.

Por su parte, los abogados de los imputados en este caso, dos trabajadores municipales, el presidente de una sociedad de cazadores de Baena y dos empresarios, siendo uno de éstos últimos el mismo que denunció, aunque luego se retractó, entienden que las pruebas periciales y testificales practicadas hasta ahora únicamente demuestran la inconsistencia de las acusaciones y sólo pueden llevar a un punto, el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por el juzgado, y así lo han pedido ya.

Denunciado en 2007

Fue la denuncia de un empresario en julio de 2007 la que dio origen al caso, aunque unas semanas después cambió de abogado y se retractó, alegando que denunció bajo presiones, amenazas y engaños lo que ahora investiga el juzgado, es decir, el presunto pago de facturas falsas por el Consistorio a varias empresas que, supuestamente, luego devolvían al Ayuntamiento el dinero, sin el IVA, para así obtener trato de favor en adjudicaciones de obras.

Sin embargo, el empresario se desdijo poco después, alegando que denunció por las citadas presiones y que lo hizo también para ocultar a su entorno familiar determinados gastos personales, asegurando desde entonces, y así lo ratificó en su última declaración en el juzgado el pasado 12 de marzo, que las facturas no son falsas, pues recibió los pagos del Ayuntamiento por ejecutar obras reales, "que están hechas, presupuestadas y con su correspondiente expediente".

Las declaraciones del pasado 12 de marzo en el juzgado del empresario y de su primer abogado, lo mismo que la de su hermano, su contable y la de los guardias civiles que llevaron la investigación y le acompañaron a denunciar al juzgado, tuvieron por objeto aclarar si el empresario fue presionado para que denunciara y también sobre las amenazas que supuestamente recibió cuando se retractó.

Se da la circunstancia de que la contable del empresario es también la esposa del cabo de la Guardia Civil que abrió la investigación y cuñada de la concejala de IU en el Ayuntamiento de Baena María Jesús Muñoz, que está personada en este caso como acusación particular. Las diligencias previas por el caso de las facturas las abrió el juzgado baenense en 2007, como pieza separada del caso de urbanismo, que también lleva desde ese año el mismo juzgado.

ELMUNDO.ES

EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONDENA A CRESPO Y A DOS EX EDILES POR PAGOS INDEBIDOS


ESTEPONA | Según Los Verdes

Europa Press | Málaga

El Tribunal de Cuentas ha condenado al concejal del PES de Estepona, Ignacio Crespo (en la foto), y a los ex concejales Antolín González y Víctor Sánchez Pinazo (miembros del Consejo de Administración de la sociedad Obras Estepona XXI, S.L.) al pago de 199.689 euros por una serie de pagos indebidos que produjeron "daños en los fondos municipales por importe de 521.501 euros", según informó este martes Convocatoria Los Verdes.

Una primera condena, de 112.689 euros se basa en el concepto de pagos por asistencias a unos comités de coordinación que fueron creados por el citado Consejo de Administración para pagar a cada uno de sus 14 miembros la suma de 300 euros, ya que, según indicaron Los Verdes a través de un comunicado, la sentencia recoge que no se ha probado la existencia de esos comités ni su funcionamiento.

De igual modo, se ha condenado a los miembros del Consejo de Administración como "responsables subsidiarios" a abonar 87.000 euros por los pagos realizados a un concejal y a dos sociedades, "sin que existiera contrato ni prestaran ningún servicio".

De una de estas sociedades era administrador único el también consejero de la sociedad, González Quintana.

La sentencia ha estimado el recurso formulado por el Ministerio Fiscal, que se adhirió a las pretensiones de la acción pública ejercida por Convocatoria Los Verdes, entendiendo que "ha existido daño en los fondos municipales por pagos indebidos, como los realizados a Agrojardín y a ciertas agencias de viajes o injustificados".

Los Verdes insistieron en el hecho de que "en el momento de formularse las demandas para resarcir el daño causado a las arcas públicas por parte de los ahora condenados, gobernaba el PSOE de Antonio Barrientos en coalición con el PES de Crespo".

Además, añadieron que el ex alcalde socialista "nombró abogado de las sociedades municipales al que en aquel momento lo era también de Crespo, y le instruyó mediante decreto las líneas de defensa que ahora se demuestran como lesivas para el interés público".

ELMUNDO.ES