martes, 29 de junio de 2010

EL FISCAL ACUSA A FABRA DE COBRAR 300.000 EUROS POR UNAS GESTIONES

El presidente del PP de Castellón trató de agilizar licencias para Vicente Vilar

MARÍA FABRA - Castellón -

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, es autor de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Así lo explicó Luis Pastor el viernes ante el titular del juzgado número 1 de Nules, que presidió la vista en la que las partes debían concretar las imputaciones, previa a la decisión de archivar la causa o seguir con el procedimiento.

Según el fiscal, Fabra recibió cerca de 300.000 euros por las gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad con el fin de tratar de agilizar las autorizaciones para los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, el mismo que después le denunció y acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el fiscal, Vilar le pidió a Fabra que "valiéndose de su cargo, intermediara y tratara de influir ante los ministerios para la obtención de permisos y licencias".

Luis Pastor afirmó que Vilar entregó dinero a Fabra "en atención por las actuaciones desplegadas por aquel [el presidente de la Diputación] ante la Administración central a fin de agilizar la tramitación y conseguir las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios". Y concretó las gestiones en "diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos".

El fiscal apuntó que, por este motivo, Fabra recibió, entre septiembre y octubre de 1999, más de 150.000 euros. Posteriormente, y "con el mismo motivo", recibió otros pagos a través de la sociedad Carmacas, que facturó al grupo de empresas de Vilar. "So pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo", entre 2000 y 2001, Fabra recibió otros 150.000 euros, con lo que el montante total del dinero entregado por Vilar al dirigente del PP asciende a más de 300.000, según el fiscal.La Unión de Consumidores, que representa la acusación popular, también concretó el viernes las imputaciones del caso Fabra. En su informe, la acusación desgranó la trama y concluyó que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, llegó a recibir más de 500.000 euros de Vicente Vilar, el empresario que acusó al dirigente del PP de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. A los primeros 150.000 euros que supuestamente le entregó en 1999, la acusación popular suma otros 66.000 que presuntamente Vilar "pagó" en 2001 "en una bolsa de plástico". En su relato detalló, además, cómo, a través de distintas empresas de Vicente Vilar, Fabra recibió otros 330.000 euros como "contraprestaciones económicas", "emitiendo facturas falsas por trabajos inexistentes".

La fiscalía mantuvo la imputación contra Fabra, Vilar y contra la ex esposa de este, Monserrat Vives, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, pero consideró que no hay motivos suficientes para acusar al resto de imputados como autores, cómplices o encubridores, por lo que pidió el sobreseimiento para ellos, excluyendo también de la acusación de dichos delitos a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández.

Por el contrario, la acusación popular sostiene que los imputados a los que la fiscalía no quiere procesar "generaron presiones e influencias, cada uno a su nivel" y que entre todos crearon una "trama criminal" con la "perfecta coordinación de todos sus integrantes".

El actual titular del juzgado, Jacobo Pin, tiene así dos opciones: aplicar la doctrina Botín, que establece que si el ministerio fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular (que en el caso Fabra no existe), no es posible iniciar un juicio exclusivamente a instancias de la acusación popular; o la doctrina Atutxa, que sostiene que cuando se carece de perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular (como en el caso Fabra), la acusación popular basta para instar la apertura del juicio aunque el ministerio fiscal no acuse.

En lo que sí coincidieron tanto la fiscalía como la acusación popular es en la imputación del matrimonio Fabra por fraude fiscal. Ambos hicieron referencia al informe pericial que destapó ingresos millonarios en las cuentas de Fabra y su esposa y una cantidad defraudada a Hacienda, entre 1999 y 2004, de 1,7 millones de euros. La acusación popular consideró, además, que estos movimientos "no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias", por lo que pidió la imputación de siete de ellos.

elpaís.com

DETENIDO EL EX ALCALDE DE SAN JAVIER Y TRES EMPRESARIOS DE LA ZONA

Una operación anticorrupción investiga delitos contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación

JAVIER RUIZ - Murcia -

La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil ha detenido esta mañana a cuatro personas, entre las que se encuentra el ex alcalde de San Javier José Hernández (PP) y tres empresarios: el propietario de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, Jaime Navarro, de Grimanga y Antonio Javier Sanchez, de Ladera dos mares. Los tres tienen importantes negocios inmobiliarios en la zona de la Manga del Mar menor y San Javier y la fiscalía lleva varios años investigando sus relaciones con el ex alcalde, que es constructor.

La policía actúa por orden del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier que mantiene desde 2008 un procedimiento abierto contra estas personas y seis más por delitos contra la Hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros.

Se investiga un presunto trato de favor que Hernández, en su etapa como alcalde de San Javier, habría deparado a estas empresas con la adjudicación de obras públicas y contratos públicos y el beneficio que el primer edil habría obtenido de ello, ya que presuntamente estaba asociado en otros negocios con estas empresas.

Las detenciones se producían esta mañana, e igualmente se practicaban siete registros en domicilios particulares y profesionales de los detenidos en Murcia, Cartagena y San Javier.

El procedimiento se inició en 2008, tras una querella de la Fiscalía. José Hernández estaba siendo investigado por un presunto trato de favor a dos constructores. Entonces, la Cadena SER de Murcia desveló que eran socios suyos en al menos una empresa llamada Nueva Valencia al mar SL. Los empresarios investigados, que participaban con Hernández en la construcción de viviendas en Valencia, eran los responsables de las sociedades Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, y Peinsa 97, Juan Gracia Jiménez.

Por sus relaciones con estas empresas y dentro de este procedimiento José Hernández ha declarado en varias ocasiones ante el juzgado de San Javier negando en todo momento que estuviera cometiendo ninguna ilegalidad y recordando que su trabajo es el de constructor. En una ocasión, a la salida del juzgado, les dijo a los periodistas presentes: "¿Es que creéis que soy La Pantoja?".

Sobre la relación societaria que mantiene con ambos promotores, el alcalde Hernández se ha limitado a reconocer que forma parte de esa sociedad y a recordar su condición de promotor, "que es la forma en que me gano la vida".

Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en el Mirador) y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf). La segunda ha promovido a su vez una importante urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción de unas 300 viviendas en San Javier.

Son varios los casos de presunto trato de favor por parte de Hernández a esta empresa, investigados por la justicia:

En San Javier se investiga la compra venta de terrenos donde después se ha construido el nuevo hospital del mar menor. En Murcia, se investiga la urbanización denominada Señorío de Roda, de unas 350 viviendas, que, según la denuncia del Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y con la presunta connivencia del alcalde, constructor de profesión. Según esta misma denuncia, el regidor ni siquiera había aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos y tampoco el proyecto de urbanización, por lo que no se había especificado ni dónde iban a ubicarse las calles ni las zonas verdes.

También se investiga si el alcalde aprobó el Plan Parcial de Roda Golf, que implicaba la reclasificación de un millón de metros cuadrados de terreno rústico de interés agrícola a Urdemasa para construir un hotel, un campo de golf y 1.800 viviendas. Este suelo tenía esa calificación por recibir el agua del trasvase Tajo-Segura desde hace 26 años.

El PP de Murcia abrió -y luego cerró sin resultados- una investigación interna para aclarar un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de San Javier.

elpaís.com

TODOS LOS CASOS DE MATAS Y DEL PP BALEAR POR SUPUESTA CORRUPCIÓN

Corrupción en Baleares

Índice de asuntos judiciales abiertos contra cargos políticos de Baleares


A. M. - Palma -

CASOS

* La red Gürtel se extendió en el Gobierno de Matas

Caso Palma Arena: Por los delitos de malversación de 41 millones de euros, cohecho, prevaricación, electoral, blanqueo, fraude a la administración, delito fiscal y negociaciones prohibidas durante la construcción del velódromo. Divido en 25 piezas distintas para otros tantos juicios.

Caso Scala/Cola Cao: Por los delitos de malversación de cuatro millones, apropiación, cohecho, negociaciones prohibida y prevaricación en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares.

Caso Bomsai: Por los delitos de prevaricación, malversación de 600.000 euros y cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni a través del pago de comisiones en la adjudicación de edificios públicos.

Caso Turismo Joven: Por los delitos de apropiación indebida de 300.000 euros, cohecho y prevaricación en un consorcio público para la juventud.

Caso Bitel-2: Por los delitos de apropiación de 700.000 euros, cohecho, prevaricación y fraude falsedad en la empresa pública de tecnología Bitel.

Caso Funeraria: Por los delitos de apropiación de 300.000 euros, malversación, cohecho y falsedad en la empresa funeraria municipal de Palma.

Caso Andratx / Sant Elm: Investigación de la fundación de Gabriel Cañellas. Además, se investiga el aviso de su detención que recibió el alcalde de Andratx que alude al ex consejero José María Rodríguez y al propio Jaume Matas.

Caso Plan Territorial: Por los delitos de tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación.

Caso Ibatur: Delitos de falsedad, malversación y apropiación de caudales en el instituto de turismo.

CARGOS IMPUTADOS

José Juan Cardona, ex diputado, ex consejero de Industria y ex presidente del PP de Ibiza, está imputado por cinco delitos en el caso Scala-Cola Cao. Fianza civil de 2,9 millones. Ha causado baja del PP.

Antonio Serra, diputado, ex director general del Gobierno y del Consell de Mallorca, imputado en el caso Palma Arena por prevaricación y malversación.

Jaume Font, diputado y consejero de Mallorca, ex consejero de Medio Ambiente, imputado por supuesto tráfico de influencias en el caso Plan Territorial.

Jaume Matas, ex presidente de Baleares, ex ministro de Medio Ambiente, imputado por siete supuestos delitos. Bajo fianza de 3 millones de euros. (Su esposa Maite Areal también está imputada).

Fernando Areal cuñado de Matas, ex gerente del PP, caso Palma Arena.

Joan Martorell, ex jefe de Prensa del PP balear destituido; ex director de Comunicación del Gobierno, imputado en el caso Palma Arena.

María Umbert, ex directora general del Gobierno y del canal de televisión IB3, imputada en el caso Palma Arena.

Dulce Linares, ex directora general de Presidencia, caso Palma Arena.

Jane King, ex secretaria técnica de Presidencia ,caso Palma Arena.

Pepote Ballester, ex director general de Deportes, caso Palma Arena.

Rafel Durán, ex líder y ex concejal del PP de Palma, caso Palma Arena. Dimitió.

Jorge Moisés, ex gerente del velódromo, caso Palma Arena.

Raimundo Alabern, ex director gerente del Ibatur, caso Palma Arena.

Antonio Palerm, ex director de Deportes de Mallorca, caso Palma Arena.

Pedro Álvarez, consejero de Mallorca, ex concejal de Palma, caso Palma Arena.

Bartolomé Reus, ex consejero del Gobierno, caso Palma Arena.

Antònia Ordinas, ex gerente del Consorcio Cdeib, dos meses en prisión, expulsada del PP. Cinco delitos de corrupción en caso Scala-Cola Cao.

Kurt J. Viaene, ex director general de Industria, expulsado del PP, dos meses encarcelado por su implicación en el caso Scala-Cola Cao por cinco supuestos delitos.

José Manuel Alcaraz, presidente del PP de Formentera Ex jefe de Gabinete del consejero Cardona, caso Scala-Cola Cao.

Felipe Ferré, concejal del PP de Lloseta, caso Scala-Cola Cao.

Jaume Gil Cuenca, ex director general de Cultura. Caso Scala-Cola Cao.

Jaime Fernández, ex asesor de Calvià, caso Scala-Cola Cao.

Francisco Gálvez, ex director de Juventud, imputado por tres delitos en el caso Turismo Joven.

Damià Amengual, ex administrador de Turismo Joven y ex concejal.

Juanfrán Gosálvez, gestor, encarcelado bajo fianza por su implicación en el caso turismo joven.

Damián Vidal, ex gerente de la empresa implicada en el caso Bitel 2. Bajo fianza por cohecho, prevaricación, fraude, falsedad.

Ramón de la Iglesia, de Nuevas Generaciones del PP por el caso Bitel 2.

Miguel Ángel Bonet, asesor jurídico, imputado por falsedad, malversación y apropiación en el caso Ibatur.

Oscar Collado, ex gerente de la Funeraria de Palma. Encarcelado y bajo fianza por malversación, apropiación, cohecho, falsedad.

Marina Sans, concejal de Palma del PP, ex presidente de Funeraria, imputada por supuesta malversación.

Gabriel Cañellas, ex presidente balear, imputado por un contrato de su fundación Illes Balears y en el caso Bomsai.

Luís Ramis de Ayreflor. Ex consejero de Hacienda, imputado caso Bomsai por malversación, prevaricación y cohecho.

Jorge Sáinz de Baranda, ex director de Tributos, imputado y bajo fianza en el caso bomsai por malversación y prevaricación.

Joan Pol, ex director de Emergencias, imputado y bajo fianza por el caso Bomsai por cohecho, prevaricación y malversación.

elpaís.com

LA RED GÜRTEL SE EXTENDIÓ EN EL GOBIERNO DE MATAS

Corrupción en Baleares

Una nueva operación de la Fiscalía Anticorrupción relaciona la empresa Easy Concept con la Consejería de Turismo balear

ANDREU MANRESA - Palma -

Empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel, ligada al PP, extendieron su red de contrataciones millonarias al ámbito del Gobierno de Baleares que dirigía Jaume Matas, ex ministro de Medio Ambiente con Aznar.

La Fiscalía Anticorrupción y el grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial en combinación con la Agencia Tributaria desarrolla hoy una operación de registros de sedes de empresas en Palma de Mallorca y Madrid tras haber detectado numerosas facturaciones y contratos supuestamente irregulares desde la administración autonómica balear con la empresa Easy Concept, entre otras.

Pau Collado, que era director gerente de la Fundación Balears Sostenible del Gobierno de Matas entre 2003 y 2007, pasó a trabajar en la trama de Francisco Correa al cesar en su cargo político y se situó al frente de la gestión de Easy Concept, una de las empresas que más ha facturado al Gobierno de la Comunidad de Madrid dirigido por Esperanza Aguirre.

Precisamente, en algunos de los registros se han decomisado facturas con esta empresa de 2008, cuando Collado dirigía Easy Concept y Unió Mallorquina la Consejería de Turismo.

Las autoridades indagan también posibles ilegalidades en la gestión del PP del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), con 20 millones de facturación anual. Otra de las empresas ligadas a la red Gürtel bajo la lupa es Over, implicada en una posible financiación irregular de campañas electorales.

El caso Ibatur, nacido de la Operación Pasarela, es un nuevo escándalo de corrupción que salpica al Gobierno que dirigió Jaume Matas. Los agentes buscan pruebas que demuestren un supuesto desvío de fondos de manera irregular desde el Instituto Balear de Turismo, Ibatur, cuando era presidente balear el propio Matas, imputado por otro caso de corrupción, y se encontraba al frente de la Consejería de Turismo Juan Flaquer.

Los registros se efectúan en las sedes de la empresa de publicidad Over MCM y de la Fundación Balears Sostenible que creó la conocida como tarjeta verde, un sustituto de la ecotasa que impuso el primer Gobierno del socialista Francesc Antich y que funcionaba con fondos procedentes de entidades bancarias. La Fundación Balear Sostenible tiene su sede en Costa Nord, una institución creada por el actor Michael Douglas y comprada en 2005 por el Gobierno de Matas.

También se producen registros en las oficinas del grupo Clave y en la empresa que gestiona el campo de golf Pulagolf. A esta instalación, situado junto a la costa de los Pinos y dirigida por el empresario Romero Sala, el Gobierno de Matas destinó hasta cuatro millones de euros anuales para la celebración de un torneo internacional de golf.

El complejo turístico de Pula fue un ámbito de encuentro de políticos del PP de la época de José María Aznar que alternaron el coloquios sociales y torneos deportivos con periodistas de su entorno, como Pedro J. Ramírez -vecino de Pula y amigo de Romeo Sala- y Luís Herrero. Una empresa de Pula y Sala Match Golf facturó hasta 17 millones de euros al Gobierno de Baleares.

* Todos los casos de Matas y del PP Balear por supuesta corrupción


Jaume Matas Palou
A FONDO
Nacimiento:
05-10-1956
Lugar:
Palma de Mallorca

Caso Gürtel
A FONDO

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